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Miércoles, 03 Agosto 2022

No hay datos

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 2




“Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en 36 millones de tCO2eq”

 


Durante el cuatrienio del Gobierno Duque chequeamos tres veces afirmaciones del presidente relativas a emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia. La primera en 2020, cuando dijo que el país había alcanzado una reducción acumulada de 30,9 millones de toneladas de CO2. En noviembre de 2021, durante la COP26 en Glasgow, aseguró que Colombia representa el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Afirmación que repitió en febrero de 2022 ante la Unión Europea en Bruselas.

Como quedó consignado en la página 533 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el gobierno de Iván Duque fijó la meta de reducir estas emisiones en 36 millones de tCO2eq durante el cuatrienio. Dado que plantea una línea base de 16,28 millones de tCO2eq reducidos por otros actores, la cifra que aspira alcanzar es 52,28 millones de tCO2eq reducidos al final de su mandato.  

A día de hoy, según el portal Sinergia del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el avance de la meta es del 69,86% con 720 días de rezago. Este porcentaje se refiere a lo que representarían los 41,43 millones de tCO2eq que el gobierno Duque proyecta reducidos hasta 2021 dentro de la meta de 52,28. 

La cifra de avance aparece de sumar iniciativas públicas y privadas de mitigación de GEI, proyectos de reducción de emisiones aprobados ante organismos internacionales y reducción de la deforestación, entre otros factores. Sin embargo, la validez de los cálculos que arrojan una reducción de tCO2eq en 41,43 millones son cuestionados por expertos.

La meta

El dióxido de carbono equivalente (CO2eq) es la medida universal con la que se proyecta el potencial de incidencia que un gas tiene en el fenómeno de calentamiento global. Los gases que se tienen en cuenta en estas mediciones son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), el hexafluoruro de azufre (SF6) y los perfluorocarbonos (PFC).

Para la fecha de formulación del PND, la información oficial más reciente sobre emisiones de GEI era el Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC) (BUR2, por sus siglas en inglés), documento que registra el escenario de emisiones y absorciones en el país entre 1990 y 2014, producido en respuesta a los compromisos adquiridos por Colombia en las convenciones COP16 y COP17. El resumen de este registro se halla en el siguiente gráfico.

 

Emisiones y absorciones históricas de GEI por sectores. En amarillo, sector Energía. En Azul, Procesos industriales y uso de productos. En verde, AFOLU. En morado, Residuos.

Como se evidencia en las barras verdes del gráfico, hasta 2014 hubo una tendencia decreciente de las emisiones generadas en el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU), mientras que este mismo sector era el único que presentaba absorción de GEI, contando además con una tendencia ascendente. Por estas razones, con la información existente, la meta fijada de reducción era consecuente con las tendencias históricas. 

Además, entre el año 2014 (del que provenía la información más reciente) y el año 2018 en el que Duque iniciaba su mandato, Colombia había adoptado la Política Nacional del Cambio Climático y se había aprobado en el Congreso lo convenido en el Acuerdo de París, a través de la Ley 1844 de 2017. Ya estaba suscrito, entonces, el compromiso de reducir entre el 20% y el 30% de emisiones GEI para el año 2030 y había esfuerzos gubernamentales para ese fin.

La medición

Plataformas como la del Banco Mundial o la base de datos de emisiones para la investigación atmosférica mundial (EDGAR, por sus siglas en inglés) realizan monitoreos y estimaciones sobre las emisiones de GEI a nivel global. Esto demuestra que hay diferentes organismos que producen datos al respecto. 

Sin embargo, en la normatividad colombiana se instituyó con la resolución 1447 de 2018 el  Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI (RENARE), responsable del monitoreo, reporte y verificación de datos relativos a emisiones de GEI en Colombia. El administrador de este registro es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Es decir, pese a que existan otras mediciones, la institución facultada en el país para determinar las emisiones, absorciones o reducciones de GEI, así como de evaluar los resultados de políticas de mitigación y cumplimiento de metas, es el Ideam.

Respecto al avance del 69,86% de la meta estimado por el Departamento Nacional de Planeación, su ficha técnica explica de manera muy técnica cómo se realizaron los cálculos para determinar la reducción de emisiones de GEI entre 2019 y 2021. 

Considerando que, según la normatividad, no es el DNP sino el Ideam quien certifica la reducción de emisiones de GEI, nos preguntamos si con los cálculos de la ficha técnica se puede afirmar que el gobierno Duque avanzó un 69,86% hacia esta meta. Lo consultamos con el proyecto Camino hacia Carbono Neutral (CHCN), dedicado al impulso de alternativas para la reducción de las emisiones de GEI. A continuación parte de su respuesta:

“Existe una enorme diferencia entre calcular la huella de carbono de una institución, un proyecto, una familia e incluso un individuo, versus el cálculo de un inventario y balance nacional de GEI para el territorio nacional. Son bien conocidas a nivel mundial las calculadoras de huellas de carbono, las cuales pueden ser usadas por cualquier persona o entidad que busque calcular su huella de carbono para efectos de proyectos de inversión o cálculos corporativos (...) Con relación a si estas calculadoras pueden determinar si Colombia redujo durante el cuatrienio emisiones de GEI en 36 millones de toneladas de CO2 equivalente, la respuesta es no. Por una sencilla razón: éste cálculo es complejo y requiere de mucha información, la cual solo es suministrada al IDEAM por las agencias sectoriales a partir de los mandatos legales previamente expuestos”.

Por otra parte, la información oficial del BUR2 que comprendía las emisiones de GEI entre 1990 y 2014 fue actualizada en febrero de este año con el BUR3, cuyo contenido se encuentra en proceso de traducción al español por el equipo de CHCN. En este nuevo reporte se rompe la tendencia decreciente del sector AFOLU y se presenta un crecimiento de las emisiones de GEI frente a 2014.


 

 

Finalmente, consultamos a CHCN si existen en Colombia las herramientas para medir con frecuencia anual las emisiones de GEI, de manera que, antes de terminar su período, Iván Duque pudiese constatar los datos de 2019 a 2022 que no alcanzaron a incluirse en el BUR3. 

Definitivamente no existiría la posibilidad de realizar un cálculo dentro de una misma vigencia anual de un inventario de GEI. En realidad, el compromiso con la CMNUCC y con las decisiones de las diferentes COP, es la de realizar los reportes bianuales, lo cual pareciera ser el tiempo requerido por las partes para revisar sus compromisos. En donde probablemente hay margen de mejora, podría estar en la disminución del rezago en el reporte y análisis de información. Es decir, si en el BUR3 que fue consolidado y expedido por el IDEAM a finales de 2021 y lanzado a la luz pública en febrero de 2022, se llegó a consolidar la información hasta el año 2018, se plantea un rezago en términos de captura y análisis de información de unos tres años.

Así pues, concluimos que no hay datos que demuestren una reducción de emisiones de GEI en los años del cuatrienio 2018-2022. Esto debido a que la información oficial sólo puede emitirla el IDEAM, que actualizó este año el Inventario Nacional de GEI hasta el año 2018. Los indicadores que utiliza el DNP para presentar avances en la meta son válidos en términos técnicos, pero no constituyen información oficial y no pueden presentarse como tal para proyectar una disminución en las emisiones. Especialmente cuando el BUR3 registra que estas se encuentran en una nueva tendencia creciente.




“Elevar a 4,4 el promedio de libros leídos al año por la población de 12 años o más”

En el Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" , una de las metas del presidente Iván Duque era elevar a 4,4 el promedio de libros leídos al año por la población de 12 años o más en el país. 

El gobierno de Duque tomó como línea base la Encuesta de Consumo Cultural 2017, que realiza el DANE en las cabeceras municipales a nivel nacional, cada dos años (en el segundo semestre del año). Esta encuesta reveló que el promedio de libros leídos por todas las personas mayores de 12 años y más que afirmaron saber leer y escribir y que leyeron libros en las cabeceras municipales ese año fue de 4,2. 

Igualmente, la Encuesta de Consumo Cultural de 2020, que es la más reciente, mostró que el promedio de libros leídos por todas las personas mayores de 12 años y más que afirmaron saber leer y escribir y que leyeron libros en los últimos 12 meses fue de 3,9. 

 

En el diagnóstico del sector cultural, el Plan Nacional de Desarrollo menciona las cifras de la Encuesta Nacional de Lectura 2017, realizada por el DANE entre septiembre y noviembre de 2017 y presentada en abril de 2018, que reveló que el promedio de libros leídos por todas las personas de 5 años o más a nivel nacional era de 2,7 libros al año. En las cabeceras municipales, esta misma población leía un promedio de 2,9 libros al año, mientras que en los centros poblados y rural disperso leía 1,9 libros al año.

Esta es la única encuesta sobre hábitos de lectura que se ha realizado en el país, que incluye las zonas rurales. La muestra fue de 33.995 hogares y se entrevistó a 108.383 personas. 

Para fomentar los hábitos de lectura en la población colombiana, el gobierno Duque propuso ampliar y cualificar la oferta de servicios bibliotecarios y de promoción de lectura de las bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, mediante el desarrollo de procesos formativos para tutores y promotores de lectura, continuar con la actualización de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas con materiales y contenidos impresos, audiovisuales y digitales, con énfasis en la primera infancia, niñez y juventud, e implementar el programa Bibliotecas Itinerantes. 

Consultamos la página del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la que están los avances de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y aunque el Gobierno calcula que el promedio de libros leídos al año por la población colombiana de 12 años y más tiene un avance del 88,6%, en el resumen del indicador (actualizado el 7 de julio de 2022)  indican que “durante el mes de junio el DANE envió el modelo de contratación propuesta, en estudio en el Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Educación, en reunión del 17 de junio, informó que no requiere preguntas adicionales sino incluir como grupo de interés a los maestros y de forma conjunta (Mincultura y Mineducación) se elaborarán preguntas sobre oralidad. Se realizó reunión con el DANE el 30 de junio para la revisión de todos los temas y poder recibir la comunicación formal con el valor de la encuesta, documento indispensable para las siguientes gestiones, en la cual se acordó un plan de acción tendiente a la planeación y el trámite de contratación. Así mismo, se acordó definir cronograma de trabajo y procedimiento para tener el valor de la encuesta y poder gestionar la contratación”.

Es decir, la Encuesta de Consumo Cultural 2022, que se realiza en el segundo semestre del año, se encuentra en proceso de contratación y hay que esperar los resultados correspondientes a este año, por lo tanto en Colombiacheck  calificamos esta meta como No hay datos. 

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Miércoles, 03 Agosto 2022

Cumplida, pero

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 3




“1,7 millones de víctimas ya no serán vulnerables”

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del gobierno de Iván Duque, se estableció que para este cuatrienio 1,7 millones de víctimas ya no serían vulnerables. Teniendo en cuenta el reporte anual de la Unidad de Víctimas, con corte a diciembre del 2021, 2 '892.968 víctimas superaron su condición de vulnerabilidad, lo que corresponde a un cumplimiento de la meta del gobierno Duque frente a este punto.

Así lo registra el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) de Planeación Nacional, a pesar de las críticas que hay por la manera en la que se mide esa superación de la vulnerabilidad. Por ello Colombiacheck califica la meta del presidente como cumplida, pero…

 

Cifras entregadas por la Unidad de Víctimas a Rutas de Conflicto y Colombiacheck. La entidad señala que su fuente es el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA EL POSCONFLICTO. 

La Unidad de Víctimas mide los indicadores que determinan si una persona ha superado su vulnerabilidad con base en los criterios establecidos en la Resolución 2200. Uno de estos criterios es la superación de un umbral del Índice Global de Restablecimiento Social y Económico, el cual consiste en medir el nivel de cumplimiento de los derechos como la identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, generación de ingresos y atención psicosocial.  Si el resultado de esta medición es 1, se considera que la víctima en situación de vulnerabilidad superó su condición.  

 

Fórmula establecida para medir el índice Global de Restablecimiento Social y Económico. Foto sustraída de la Resolución 2200.

Por otro lado, si la persona pertenece a un hogar cuyos ingresos mensuales son superiores a 1.5 veces por encima de la línea de pobreza estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), o cumple los criterios asociados a los derechos de generación de ingresos, vivienda y alimentación definidos a partir del puntaje Sisbén IV que identifiquen su nivel de estabilización social y económico, también salda su situación de vulnerabilidad. 

El segundo criterio corresponde a la manifestación espontánea, libre voluntaria y consciente de la superación de la vulnerabilidad. Esta manifestación voluntaria se realiza ante la Unidad de Víctimas a través de los formatos y protocolos establecidos por ellos.

El 20 de julio de 2021, Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, enfatizaba durante su discurso que en su gobierno, para diciembre del 2020, “había logrado que 700.000 víctimas superaran su condición de vulnerabilidad”. Los datos fueron verificados por Colombiacheck y coincidían con lo registrado en el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV) en Colombia para esa fecha. 

Sin embargo, hay varios puntos que se siguen cuestionando sobre cómo se mide la SSV. Recordemos que en su informe anual del 2020, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, resaltó que “faltaba mucho” para hablar de la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Eliana Díaz Lemus, delegada de la Contraloría para el Sector Social, expresó en entrevista con el medio que han existido esfuerzos y avances importantes en la superación de este indicador, pero que aún no se han tomado medidas más serias para solventar a la población víctima histórica, y a la que sigue entrando en esta condición con el pasar de los años. 

“El presupuesto no daba para cubrir las metas trazadas por el gobierno Duque. No hay un análisis total y real sobre lo que está pasando con las víctimas y la SSV. La Contraloría ha hecho un llamado constante a la revisión del costo para el cumplimiento de estos objetivos antes de la prórroga de la Ley de Víctimas”, agregó Díaz Lemus. 

La Mesa Nacional de Víctimas de Colombia le manifestó a este medio su preocupación porque ven muy lejos la posibilidad de ser reparados integralmente como lo indica la Ley 1448. Enfatizando en lo también mencionado por la funcionaria Eliana Díaz Lemus sobre el aumento continuo de personas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y cómo los índices, propuestos por el Gobierno de Iván Duque, no  apuntan a resolver esta realidad.

Además, su perspectiva como Mesa de Víctimas frente a la gestión Duque es un total incumplimiento a la Política Pública en todo el territorio colombiano, sumado a esto las falencias que existen en la implementación del Acuerdo de Paz y el asesinato sistemático de líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos. 




“Aumentaremos la erradicación de cultivos ilícitos en un 93%. Erradicar 280 mil hectáreas de cultivos ilícitos”

Esta es una de las metas del PND trazadas en el Pacto por la Legalidad, cuya cabeza es el Ministerio de Defensa.

Para realizar este informe le escribimos a Presidencia un correo con las preguntas de las metas de Duque. En ese tema nos contestaron: “A cierre 31 de mayo de 2022 se han erradicado 33.536 cultivos ilícitos, presentando un acumulado desde 2018 de 361.546 cultivos ilícitos y un avance de cuatrienio de 129,12%. Este indicador presenta 15 días de rezago para la obtención del dato por lo que sus resultados cualitativos y cuantitativos se registrarán en el mes de agosto”.

Estos datos hacen parte de la herramienta SINERGIA del DNP en el indicador de cultivos ilícitos erradicados por la Fuerza Pública. En este punto, al revisar el portal, encontramos esta tabla con el avance del indicador por año:

 

 

En el informe del Ministerio de Defensa aparecen estos datos:


 

 

Con estos datos, Duque cumplió su meta, pero se debe tener en cuenta el contexto actual del programa de lucha contra las drogas. Como se explicó la Silla Vacía, el 6 de julio de 2022, en el análisis ‘Más hectáreas de coca, el fracaso final de la lucha contra las drogas’: “a finales de 2018 Iván Duque anunció la Ruta Futuro como “una política integral” en la que se vincularían distintos ministerios, fuerza pública y entes de control para la lucha contra las drogas. De cinco objetivos, uno era reducir la disponibilidad de droga. Para eso planteó reducir los cultivos ilícitos y las vulnerabilidades territoriales. A lo que Duque apostó más capital político fue a lo primero. Perdió”.

Aunque oficialmente no ha salido el monitoreo de cultivos ilícitos SIMCI de la UNODC, dato oficial para el gobierno sobre el número de hectáreas  de cultivos para uso ilícito, la Silla Vacía reveló que a diciembre de 2021 las hectáreas de coca habían aumentado.  El Gobierno de EE.UU, que tiene sus propias mediciones, ya reveló las cifras de 2021 y reportó disminución, aunque la cifra sigue siendo mayor que la de 2018. 

 

 

En el chequeo a las afirmaciones de Duque el 20 de julio de 2022 calificamos como inchequeable la afirmación: “Quebramos el crecimiento exponencial de hectáreas de cultivos ilícitos”, pues el informe de UNODC no ha salido.  

Pero en este caso hay un elemento que también se debe tener en cuenta, aunque no ha salido el monitoreo de Colombia, la UNODC sí publicó el informe mundial de drogas, en el que en un acápite ‘Primeros datos sobre los efectos a largo plazo de la erradicación de cultivos forzosa y voluntaria’ se indicó que “se realizó un análisis de muestras pareadas con el método de diferencias en diferencias a fin de determinar los efectos de la erradicación forzosa y voluntaria en las zonas de cultivo de coca de Colombia y se extrajeron las siguientes conclusiones:
 

  • La erradicación forzosa daba lugar a una disminución inicial de los cultivos ilícitos para la producción de drogas como consecuencia de la eliminación directa de los arbustos de coca. Sin embargo, posteriormente, el cultivo aumentaba a mayor velocidad que en otras zonas similares en las que no se había efectuado la erradicación forzosa. Al cabo de diez años, según las previsiones, la “ganancia por erradicación” —es decir, la diferencia en cuanto a los cultivos ilícitos para la producción de drogas entre las zonas en las que se erradicaron cultivos y las zonas en las que no— desaparecerá por completo, de lo que se deduce que una sola erradicación forzosa no depara ningún beneficio a largo plazo.
     
  • La erradicación voluntaria, coordinada con intervenciones de desarrollo alternativo, llevaba a un aumento inicial del cultivo por el efecto del “incentivo negativo“ (ya que algunos agricultores podrían haber empezado a cultivar de manera ilícita plantas para la producción de drogas con el objetivo de participar en el proyecto). Sin embargo, con el tiempo, los cultivos ilícitos para la producción de drogas se reducían a más velocidad en las zonas de erradicación voluntaria y desarrollo alternativo que en las otras zonas. Se prevé que la “ganancia por erradicación” siga aumentando durante los próximos diez años”.

 

En conclusión, aunque Duque cumplió con la meta que propuso en su plan de desarrollo, las erradicaciones no cumplieron su objetivo en la disminución de los cultivos ilícitos.




El 70% de los municipios del país tendrían un mecanismo intersectorial para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Cuando Duque inició su mandato, en agosto de 2018, propuso el Plan Nacional de Desarrollo, en el que consignó el Pacto por la Equidad de las Mujeres, en el que se habla de la  implementación de un Plan Integral para garantizar el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres del país. Allí se planteó como una de las metas que  “el 70% de los municipios del país tendrán un mecanismo intersectorial para la prevención y atención de la violencia basada en género”.

Según ONU Mujeres, la violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo, esta violencia es  un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, sin importar si la agresión se desarrolla en el ámbito privado o público de su vidas. Para mitigar los casos de violencia basada en género, existen mecanismos tanto de prevención como de atención integral a las víctimas de este delito en el país, dispuestos incluso desde gobiernos anteriores al de Duque. 

El gobierno de Duque en el PND propuso inicialmente la implementación integral del enfoque de género para las mujeres en el marco del Plan de  Estabilización de Territorios y en la Política de Prevención, Protección y Garantía de Derechos de las Mujeres Víctimas,  y en alterno, se planteó fortalecer las Comisarías de Familia y el Mecanismo Articulador de prevención y atención a las violencias de género en los municipios.

Este último recibió sus respectivas disposiciones en el Decreto 1710 de 2020, como estrategia de gestión pública transversal a todo el gobierno. Es una coordinación intersectorial desde el nivel nacional, departamental y municipal con cuatro comités: sistemas de información, atención, prevención y judicialización.

Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, este mecanismo tiene el objetivo de buscar una respuesta técnica y operativa dirigida a la promoción del derecho a una vida libre de violencias y la atención, promoción y acceso a la justicia a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia por razones de sexo y género.

En estos cuatro años, la estrategia instituyó un trabajo en red de autoridades públicas que tienen dentro de sus obligaciones proteger la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia basada en género y, además, el prioritario compromiso de fortalecer toda la infraestructura institucional.

La Consejería diseñó la guía institucional “Pasos para introducir la paz en tu municipio”, dirigida a las autoridades locales para visibilizar e impulsar la promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres en el nivel territorial. Esta plantea tres grandes acciones esenciales: determinar la sensibilidad o disposición del municipio alrededor de la equidad de género y de los derechos de las mujeres, adelantar acciones concretas e inmediatas relacionadas y enfocadas con el empoderamiento económico, educativo, la participación, con la prevención y atención de las violencias contra las mujeres y,  finalmente, la definición de acciones estratégicas de equidad de género en el municipio. 

El mecanismo intersectorial busca acompañar las acciones coordinadas entre los Ministerios de Justicia, Educación, Trabajo, Salud; la Policía Nacional, Medicina Legal y Fiscalía, para prevenir, dar atención y garantizar justicia en casos de violencia basada en género en  contra de las mujeres. En lo municipal, los mecanismos fueron creados por acto administrativo (decreto o acuerdo) y están conformados por una articulación entre la Fiscalía, la Policía judicial, las Comisarías de Familia, los juzgados civiles o promiscuos municipales, los juzgados de control de garantías, la Policía Nacional, Medicina Legal, el Ministerio Público, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), el ICBF y  la Unidad de Víctimas. 

A continuación, sintetizamos las diferentes autoridades existentes y las competencias que tienen en materia de acompañamiento a los casos de violencia de género en el país, en lo nacional y municipal, en relación al mecanismo articulador: 

Fuente: Tomado y adaptado de “Herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conflicto armado”, FENALPER (Federación Nacional de Personeros de Colombia), FJT (Fondo de Justicia Transicional), PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

En abril de 2022 se firmó la política pública “De equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible del país”, en la que se detalla que el Mecanismo Articulador llegaba  al 76% de los municipios del país, lo que correspondía a 843 municipios.

En mayo del 2022, la Procuraduría General de la Nación requirió a 1.103 municipios de los 32 departamentos para que remitieran  actos administrativos para crear los comités territoriales del mecanismo articulador y así disminuir la violencia contra las mujeres. Recibió 689 respuestas de parte de municipios que están actualmente en medio de ese proceso.

 El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación mide el porcentaje de municipios que cuentan con una estrategia intersectorial para la prevención de las violencias de género, respecto al total de municipios. En él se contempla el abordaje integral que comprende acciones de promoción de la equidad e igualdad de género, prevención de las violencias y la atención integral a víctimas por parte de los sectores de salud, justicia y protección. 

De acuerdo con Sinergia, en el indicador “Porcentaje de municipios que cuentan con mecanismo intersectorial para el abordaje de las violencias de género”, a corte 8 de julio de 2022, la meta del gobierno de llegar al 70% de los municipios con el mecanismo articulador tiene un cumplimiento del 134%, ya que se superó ese número y se llegó al 76% de las poblaciones. El Informe final de empalme del Departamento Administrativo de la Presidencia 2018-2022 también destaca ese logro.

En agosto del 2022, en relación a la implementación del Mecanismo Articulador, la vicepresidenta y canciller saliente, Marta Lucía Ramirez, dijo en la rendición de cuentas del cuatrienio que la política de equidad de las mujeres, en su eje ‘Mujeres libres de violencia’,  sí logró el objetivo de reducir ese fenómeno. “Logramos nuestro mecanismo articulador en 32 departamentos de Colombia, bajamos la política nacional al nivel territorial, precisamente para que en los 32 departamentos del país podamos prevenir cualquier tipo de violencia contra nuestras niñas, mujeres y jóvenes”, agregó.

Pero esto contrasta con el incremento de las violencias basadas en género en el país. Medicina Legal, por ejemplo, en su Informe estadístico mensual periodo enero-junio hace un comparativo en relación a lo sucedido con las cifras de violencia intrafamiliar e interpersonal de las que fueron víctimas las mujeres en todo el territorio nacional entre el 2021 y el 2022 y detalla que en 2021 en el contexto de violencia interpersonal fueron violentadas 8.816 mujeres y 17.554 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que en este año la tendencia es a la alza pues 13.462 mujeres han sido víctimas  de violencia interpersonal y 22.787 víctimas de violencia intrafamiliar.

El seguimiento a las violencias basadas en género del Observatorio Feminicidios Colombia dice en su Boletín “Vivas nos queremos” que en 2021 se registraron 622 feminicidios, de los cuales 17 fueron trans-feminicidios, 71 mujeres afro, 41 indigenas, 18 lideresas políticas, 3  sindicalistas, 2 firmantes del acuerdo de paz y 45 mujeres migrantes venezolanas. En 2022, entre enero y mayo, según esta organización se han presentado 272 feminicidios, 55 de ellos en enero (13 fueron  tentativa), 57 en febrero (17 en grado de tentativa), 42 en marzo (2 trans-feminicidios, 16 en grado de tentativa), 62 en abril (4 trans-feminicidios y 16 en tentativa) y 50 en mayo (2 trans-feminicidios, 14 feminicidios en grado de tentativa).

 

 

Consolidado Feminicidios Enero-Mayo en el país.                                                                                                    Fuente: Observatorio de Feminicidios Colombia 

El reporte dinámico del Observatorio de Feminicidios Colombia tiene un balance que relaciona al detalle lo ocurrido en el país en estos cuatro años.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) reportó en 2021 la ocurrencia de 106 feminicidios, en el balance 2020-2021 y 2021-2022, mientras que la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional reportó la ocurrencia de 210 feminicidios. En términos de frecuencia, al menos una mujer fue víctima de feminicidio en Colombia cada 41,7 horas. 

 

 Feminicidios ocurridos entre 2017-2021                                                                                               Fuente: Sisma Mujer y Dijin


La Corporación SISMA Mujer presentó un análisis del acceso a la justicia en casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual durante 2020 y 2021, en el que se mantienen altos niveles de impunidad en casos de feminicidios, pues del total de casos, el 44,06% continúa en etapa de indagación, el 33,81% en juicio, el 13,73% en investigación y solo el 7,17% en ejecución de penas. 

En este estudio, publicado el 8 de marzo de 2022, también se evidenció un aumento en las violencias basadas en género. “Las violencias contra las mujeres durante el año 2021 reportan un aumento generalizado, con respecto a los registros de fuentes oficiales del año 2020. Como se mencionó en el Boletín No. 28 elaborado por la Corporación Sisma Mujer”, dice el informe, que tiene en cuenta tanto las cifras de violencia intrafamiliar como sexual.

Para Elena Bustos, psicóloga defensora de derechos humanos con enfoque de género y lideresa social del Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico, “a pesar de que el objetivo mismo del mecanismo busca prevenir, hacer seguimiento y disminuir la violencia contra las mujeres, las altas cifras de violencia y de feminicidios del cuatrenio ofrecen un desolador panorama, muy a pesar de que han existido estrategias para disminuir los índices de violencia, el mecanismo intersectorial no ha logrado ser efectivo en terreno”.

Para la trabajadora social y magíster en ciencia política Johanna San Juan, la atención debe estar en el nivel de efectividad de dicho mecanismo, ya que muy a pesar de que  está firmado y acordado con los gobiernos municipales, esto no ha sido garantía de implementación integral, ya que las cifras de violencia basada en género y violencia feminicida cada día se incrementan más.

Por lo anterior, calificamos como cumplida, pero la promesa que hizo el saliente presidente Duque, porque a pesar que logró la meta propuesta en el cuatrienio, son múltiples los argumentos de expertas de que el mecanismo intersectorial para el estudio, mitigación y monitoreo de las violencias no ha logrado tener el efecto para el cual fue creado.