La pobreza extrema es una medida que depende del nivel de ingresos de los hogares. Cuando reciben menos de lo que vale la canasta básica de alimentos, se consideran extremadamente pobres. Ese umbral varía por regiones.

Según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2018, cuando Duque llegó al cargo, había 3,96 millones de personas en esa condición. Para 2021, el dato más reciente disponible, había 6,11 millones. Así que 2,15 millones cayeron por debajo de la línea de pobreza extrema.

Esto quiere decir que el presidente saliente no logró su meta. Aunque es cierto que esto se debe en gran medida al golpe de la pandemia de COVID-19 y las cuarentenas para contenerla, pues en 2020 llegó a haber 7,47 millones de personas extremadamente pobres en Colombia, la cifra ya venía en aumento en 2019, cuando fueron 4,69 millones.

Es decir que, en el primer año de la administración Duque, no solo no empezó a salir de la pobreza extrema el millón y medio de personas prometido sino que, por el contrario, entraron 730.000 más. En otras palabras, en lugar de avanzar hacia su meta, retrocedió.

Además, solo en ese primer año, se quebró la tendencia de reducción que venía desde 2017 y alcanzó el número más alto de personas en esa condición desde 2012. Fue una promesa no cumplida desde el principio.

Así se puede ver también en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde el indicador ni siquiera está actualizado. Con corte a 2020, el año de la crisis, muestra un avance de -206,67% frente al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo.

En mayo de 2019, un comunicado del DNP anunciaba el rediseño de la Red Unidos para la Superación de la Pobreza Extrema, una articulación de actores públicos y privados para acompañar a las familias y buscar su salida de esa situación. El mismo plan del gobierno señalaba que la estrategia para la reducción de este indicador se empezaría a llevar a cabo a partir del segundo año de mandato.

Esto se basaría en el nuevo Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV), una modernización de esa base de datos a la que se le empezó a dar paso en el gobierno anterior. La focalización de esta nueva versión ya no se basa solo en las condiciones de vida sino también en la estimación de ingresos de los hogares para su clasificación.

Fue justo en 2020 cuando llegó la emergencia mundial, que golpeó con especial fuerza en América Latina. En respuesta, las transferencias sociales se ampliaron con pagos adicionales en programas como Familias y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, la creación de Ingreso Solidario y el adelantamiento de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

Para agosto de ese año, en la mitad del gobierno, el rediseño de la Red Unidos todavía no se había materializado más que en pilotos, según lo que comunicó el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en ese momento. Días después se expidió el decreto con el que se reglamentó la prometida Mesa de la Equidad que monitorea, desde diferentes entidades, las metas y avances contra la pobreza; una instancia creada con la ley del Plan de Desarrollo.

En 2021, el país se empezó a recuperar en esta materia. Eso tiene que ver, como le dijo el economista Jorge Llano a Colombiacheck para otra verificación reciente, con el crecimiento económico, pero, a la vez, se le ha contrapuesto una alta inflación que afecta más a quienes tienen menos recursos.

Sinergia señala los subsidios de Familias, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor como acciones tomadas para “evitar un mayor aumento en la pobreza extrema”, que le atribuye solo a “la caída del PIB (producto interno bruto) y deterioro del mercado de trabajo”, igual que con la pobreza monetaria en general. De todas formas, es claro que los niveles de pobreza extrema siguen mucho más altos que en 2018 y que el crecimiento empezó antes de la pandemia.

La pobreza monetaria depende de los ingresos de los hogares. Según la región del país, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene unas líneas que marcan el umbral en el las familias que están por debajo se consideran pobres.

Los registros de esta entidad muestran que en 2018, cuando Duque llegó a la Presidencia, había 16,8 millones de personas en esa condición. Desde 2016, 300.000 personas habían salido de ese grupo.

En el primer año de esta administración y antes de que el COVID-19 apareciera en el panorama mundial, casi 700.000 personas volvieron a caer por debajo de la línea. Para 2019, el país tenía casi 17,5 millones de personas en la pobreza monetaria.

Por supuesto, con las cuarentenas para enfrentar la emergencia sanitaria, la situación empeoró de forma drástica. En 2020, el país llegó a un pico de 21 millones de pobres y en 2021 logró volver a bajar la cifra a 19,6 millones. A esta reducción es a la que se refería el mandatario cuando habló en el Capitolio.

El golpe de la crisis fue mundial y la afectación fue directamente proporcional a la vulnerabilidad de los países, como lo han señalado el Banco Mundial o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, esto solo explica el aumento en la pobreza desde 2020, no antes.

A pesar de esto, esa es la única explicación que da el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación para el avance de -144,07%, con corte a 2020, frente a la meta de sacar a la pobreza monetaria a 2,9 millones de personas. “Esta situación se debe a la caída del PIB y deterioro del mercado de trabajo”, afirma, exactamente igual que con la pobreza extrema.

Enseguida, la plataforma destaca la entrega de subsidios en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor como una forma de “evitar un mayor aumento en la pobreza monetaria”. Menciona que con el primero, por ejemplo, se han atendido 2,2 millones de familias al cierre de julio de 2022.

A pesar de esto, la cifra ya iba en camino contrario al que se había planteado el gobierno desde 2019. Por eso Colombiacheck lo considera como una promesa no cumplida.

Para ese mismo momento, la entidad indica que el país tenía 22,4 millones de personas ocupadas en el mercado laboral frente a 2,2 millones sin trabajo.

El dato más reciente hasta el momento es el de mayo de 2022, cuando la medición se ubicó en 10,6% de desempleo. La cantidad de personas ocupadas también es de 22,4 millones. Se diferencia de la de agosto de 2018 en 8.000 empleos menos.

Así, en primera instancia, se evidencia que Duque no cumplió con su meta.

El mismo Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación registra un avance de -287% con corte al 31 de diciembre de 2021. El valor negativo indica un retroceso que casi triplica los 1,5 puntos porcentuales que se pretendían reducir entre la línea base de 9,5% en 2018 y la meta de 8% en 2022 registrada en esa base de datos.

Colombiacheck incluso verificó una publicación que, con datos imprecisos, le sacaba en cara al mandatario saliente el aumento del desempleo en su periodo. Además, como se explicó en ese chequeo, esta comparación fuera de contexto ignora el golpe que representaron las medidas para enfrentar la pandemia de COVID-19 en la economía.

Por otro lado, aunque el presidente se ha escudado en la crisis para presentar solo las cifras de recuperación posterior (como lo chequeamos en su discurso final del pasado 20 de julio) también es cierto que antes de la emergencia sanitaria ya estaba en aumento el desempleo. Para diciembre de 2019, la tasa era de 10,5% y en febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso de la enfermedad en el país, ya era de 11% y había 22,3 millones de personas con ocupación.

Sin embargo, en los meses siguientes empeoró el panorama de forma drástica. En marzo de ese año, el desempleo se ubicó en 12,2% pero la tasa global de participación, que es la proporción de personas en edad de trabajar que activamente participan del mercado laboral (si no tienen trabajo, lo están buscando), cayó a 63,7%, que en ese momento era su punto más bajo desde noviembre de 2008. Quedaban 20,7 millones de empleos y faltaba lo peor.

Con la cuarentena nacional más estricta en vigor, la tasa de desempleo se disparó en abril al 19,8% junto con un punto bajo de participación de apenas 55,9%. Con 16,7 millones de personas ocupadas ese mes, se registraba una pérdida de 5,7 millones de puestos en apenas tres meses.

En mayo, la tasa de desocupación alcanzó un pico de 20,9%. Sin embargo, otras cifras empezaban a mostrar los primeros signos de leve recuperación, pues quebraron las tendencias desfavorables. Las personas ocupadas subieron a 17,6 millones y la participación, a 59,4%.

Este golpe fue global. “En relación a 2019, el empleo total se redujo en 114 millones de trabajadores ya fuese porque estos se quedaron sin trabajo o porque abandonaron la fuerza de trabajo. Si no hubiera habido pandemia, se calcula que se habrían creado unos 30 millones de nuevos puestos de trabajo en 2020 en todo el mundo”, estimó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus perspectivas para 2021.

Este informe, además, identificaba a América Latina como una de las regiones más afectadas y preveía una lenta recuperación. También advertía que esta dependería de la evolución de la pandemia y la vacunación, aunque de todas formas sería insuficiente para retornar a los niveles de empleo de 2019.

En Colombia, Duque y la vicepresidenta saliente, Marta Lucía Ramírez, han sacado pecho en el pasado por el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Este fue un subsidio parcial a la nómina que creó su gobierno para que las empresas pudieran seguir pagando sueldos y evitar que despidieran personas en medio de la crisis.

En su discurso del 20 de julio de 2021 ante el Congreso, el mandatario había dicho que, por medio de esta medida, “resguardamos más de 4 millones de empleos formales, ayudando a más de 194.000 empresas”, lo que Colombiacheck calificó como cuestionable. El dato de los puestos de trabajo protegidos ha sido una constante en diferentes pronunciamientos, como en el Día del Trabajo del mismo año, en una carta a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en septiembre y hasta en su saludo de Año Nuevo para 2022.

No obstante, el programa fue tardío, pues fue decretado en mayo de 2020. La directora ejecutiva para Bogotá y Cundinamarca de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi), María Alejandra Osorio, señaló en el mencionado chequeo a Duque que esta ayuda “no llegó en el momento en que más se necesitaba”.

Una investigación del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, por ejemplo, determinó que el gobierno había descartado la implementación del subsidio a la nómina al inicio de la cuarentena. “El PAEF se creó durante el segundo Estado de Emergencia, cuando en especial las empresas micro, pequeñas y medianas ya se habían quedado sin ingresos”, señaló un análisis de su blog en marzo de 2021. 

Además, en febrero de 2021, un reportaje de W Radio reveló que 8 de cada 10 empresas grandes recibieron este beneficio hasta noviembre de 2020, mientras que esta proporción no llegó ni siquiera a 1 de cada 10 entre las micro, medianas y pequeñas, pues se le otorgó apenas al 9% de estas. Así, compañías de propiedad de magnates como Luis Carlos Sarmiento Angulo o la familia Gilinski, entre otros, se llevaron el grueso de los recursos.

Por otro lado, en el Día de la Mujer de 2021, Ramírez había destacado que este programa había permitido “sostener el empleo de 1,5 millones de mujeres” y lo presentó como un logro en equidad de género, pero esto también era engañoso. En cambio, la investigadora Paula Herrera Idárraga criticó, al ser consultada para esa verificación, que la reactivación económica estaba favoreciendo sobre todo a los sectores de la economía con mayor masculinización de su fuerza laboral.

El subsidio no tuvo ningún enfoque de género en sus primeros meses, por lo que la mayoría de sus beneficiarios fueron hombres a pesar de que las mujeres habían sido más afectadas por la crisis económica. Esto último solo se corrigió, vía Congreso, en octubre de 2020.

Al cierre del gobierno, el desempleo apenas está regresando a los niveles prepandemia. Eso quiere decir que se han recuperado los puestos de trabajo perdidos por la crisis, pero no los que desaparecieron durante el primer año y medio de la administración Duque, antes de que el COVID-19 llegara al país.

Es un resultado mejor que el esperado para el promedio mundial por la OIT en sus perspectivas para 2022. “La recuperación del mercado de trabajo seguirá siendo débil hasta 2023. Las pérdidas de empleo y la caída de la renta del trabajo marcaron 2021, al igual que el año anterior”, advirtió el nuevo informe.

Según este documento del organismo de Naciones Unidas, el promedio de América Latina seguirá este año por debajo del empleo que tenía en 2019. La recuperación colombiana se contrapone a ese pronóstico.

A pesar de esto, el economista Jorge Llano Salamanca asegura que esta también pudo ser más acelerada y que hubo acciones del gobierno que no lo permitieron. “Hubo decisiones erradas, como el incremento fuerte del mínimo por encima de la inflación, que pudo haber tenido un efecto en la creación de empleo”, le dijo a Colombiacheck para el chequeo a la publicación cuestionable de Facebook antes mencionada.

De manera que la promesa de bajar la tasa al 7,9% y crear 1,6 millones de empleos no se cumplió. Aunque en parte se debe a la crisis mundial por la pandemia, también hubo fallas al enfrentarla y la cifra ya venía mal desde antes, a pesar de que ya ha conseguido una recuperación.

Según cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de cobertura en educación superior, indicador que da cuenta del acceso de los jóvenes a este nivel de formación, en 2018 fue del 53,97% y el número de estudiantes matriculados en pregrado fue de 2’267.140.

De igual manera, en 2021, que son los datos más recientes, la tasa de cobertura en educación superior se ubicó en 53,94%, presentando un crecimiento de 2,36 puntos porcentuales frente a la registrada en 2020, que fue del 51,58%, la más baja de este cuatrienio. Pero es casi igual a la de 2018. 

El Ministerio de Educación,  a través de un comunicado, informó que para 2021 la matrícula total en educación superior fue de 2’448.271 estudiantes, “lo que representa un incremento del 3,93% respecto a 2020, revirtiendo la tendencia decreciente de los últimos años y alcanzado el máximo histórico de estudiantes atendidos en el sistema”.

“La información reportada al SNIES confirmó que el efecto de la pandemia por Covid-19 sobre la educación superior, fue menor al esperado al inicio de la emergencia. Como ya lo venían mostrando los datos del 2020, en los dos semestres académicos del 2021 se observa un crecimiento significativo del número de estudiantes matriculados en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior públicas del país, dando cuenta de la efectividad de medidas como el Fondo Solidario para la Educación, el programa Generación E y la Política de Gratuidad en el valor de matrícula para los estudiantes con mayores condiciones de vulnerabilidad”, señala el comunicado del Ministerio.

Francisco Cajiao, consultor en educación, exsecretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo,  le dijo a Colombiacheck que la meta que se puso el gobierno Duque en materia de cobertura en educación superior fue muy ambiciosa porque no se tuvo en cuenta que la matrícula en las universidades ya venía decreciendo e iba ser muy difícil incrementarla.

“La única manera de hacerlo era subsidiando enormemente la matrícula y especialmente en las universidades públicas, pero crear esos cupos no era fácil. Si uno revisa las cifras encuentra que muchas universidades privadas han tenido disponibilidad de cupos en estos momentos, pero la gente no tiene con qué pagarla. Además a eso se le sumó la pandemia que tuvo dos efectos muy graves. Primero, altas tasas de deserción o, por lo menos, de inasistencia porque muchos tuvieron problemas económicos y, segundo, pérdidas de matrículas en muchas universidades. Eso apenas se está recuperando este año, que la matrícula volvió a crecer levemente, pero no pasa del 53% y eso sumando al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que es gratis”, explicó Cajiao.

Reconoce que el gobierno Duque con el programa Generación E aseguró que muchos estudiantes pudieran mantenerse en la universidad financiando su sostenimiento, pero le faltó reformar el Icetex y destinar más recursos “para que quienes no caben en la educación pública pudieran acceder a la privada, pero la educación privada aumentó muchos sus costos y empezó a decaer la matrícula”. 

Con estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como no cumplida la meta de aumentar del 53% al 60% la cobertura en educación superior porque, aunque no están disponibles los datos de 2022, al gobierno de Duque le faltan 6,1 puntos porcentuales para cumplirla. El indicador pasó de 53,97%, en 2018, a 53,94% en 2021.

En sus cuatro años de mandato, el presidente saliente ha sacado pecho constantemente por la supuesta disminución de la tasa de homicidios. Afirmaciones que han sido cuestionables o verdaderas pero.

En sus sacadas de pecho ha asegurado: “En lo corrido del año se ha reducido en un 4% el total de homicidios en el territorio nacional” (discurso del 20 de julio de 2019),  “[Consolidamos] una de las tasas de homicidio más bajas en 40 años”, ( en el discurso del 7 de agosto de 2020), “Fuerza (Pública) nos ha permitido alcanzar las más bajas tasas de secuestro y homicidio en décadas” (discurso del 20 de julio de 2021) y “La seguridad como valor democrático nos ha guiado para reducir a sus mínimos históricos las tasas promedio de homicidio y de secuestro en un cuatrienio” (discurso del 20 de julio de 2022).

En este caso, en el que analizamos la meta del gobierno Duque acerca de la reducción de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, lo primero que hicimos fue remitirnos al portal Sinergia (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados) del Departamento Nacional de Planeación, en el que se miden las metas de este. La ejecución de esta meta aparece en el 6,15% con los siguientes indicadores.

Es que, como lo hemos explicado en los anteriores chequeos, para el 2021, año en el que está la última medición de la tasa, ya que esta es anual, los homicidios habían aumentado.

Esto lo corroboramos al revisar los propios datos oficiales, que aparecen en informes del Ministerio de Defensa. En esta tabla se puede observar como la tasa de homicidios del 2021 es la más alta desde 2014 (el error de proporción en la gráfica es del documento original).

Y en el primer semestre de 2022, también es la cantidad más alta de casos desde 2013.

Pero en el mismo informe del Ministerio de Defensa también se observa el aumento de las masacres, llamadas por el Gobierno como “homicidios colectivos”. En este caso se tienen en cuenta los asesinatos de cuatro o más personas en un solo hecho.

En el análisis ‘Mentiras Verdaderas: las cifras del gobierno Duque sobre homicidios en Colombia’, publicado por la Silla Vacía y escrito por Jorge Mantilla y Nicolás López de la Fundación Ideas para la Paz, se indica que “Duque termina su mandato con una de las tasas de homicidio más altas en los últimos siete años. Al observar la tendencia de los primeros cinco meses de 2022, con respecto al año anterior, se evidencia un incremento de 39 homicidios a nivel nacional, lo que podría mostrar el revés de la tendencia a la reducción que se presentó entre 2012 y 2020”.

Así que, lejos de corresponder con lo prometido en su plan de gobierno, esta meta de Duque no fue cumplida.

De acuerdo con un resumen del PND, en 2018 se registraron 299 municipios  (el 27% de los municipios del país) afectados por extracción ilícita de minerales. La meta del gobierno Duque era disminuir ese número de poblaciones a 198 municipios (el 18% de las poblaciones). Esto era una disminución del 34%. 

Para verificar el cumplimiento de este punto, revisamos el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA, en el que se reporta un avance de 21,74% en ese meta.

En esta tabla publicada en Sinergía se observa cómo esa meta del 18% no se cumplió.  La cifra actualizada de este indicador corresponde: “al último diagnóstico del CI3MA 2021-II equivalente al 25,2% de municipios afectados”. Según el resumen de Sinergía, “el último reporte preliminar del Centro Integrado de Información de Inteligencia Minero Ambiental (CI3MA) de 15 de febrero de 2022, evidenció que la explotación ilícita de minerales en el país en su medición por municipios disminuyó en un 0,3%, pasando de 281 municipios en el 2021-I a 280 Municipios en 2021”. 

Estas cifras también son citadas en el Informe de empalme del sector defensa que afirma que no se lograron  avances contundentes para reducir el porcentaje de municipios afectados por extracción ilícita de minerales. “En el año 2018 había 299 municipios afectados por explotación ilícita de minerales. A la fecha, conforme al último diagnóstico del Centro Integrado de Información e Inteligencia Minero Ambiental CI3MA hay 280 municipios afectados, lo cual representa un decremento del 6%”, se indica.

De acuerdo con este informe, la meta propuesta “fue bastante ambiciosa y de grandes retos, debido a que no se tuvo en cuenta que la minería sólo se logra disminuir con una transformación de los territorios, más allá de un despliegue de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con una intervención interagencial e interdependiente del conjunto de entidades del Estado que prestan servicios sociales, de administración de justicia, de salud, educación e infraestructura, cumpliendo con las expectativas de la población en torno a oportunidades de desarrollo con equidad. Adicionalmente, los altos precios del oro, la corrupción, la confluencia y financiación de grupos al margen de la ley y la minería ilícita, como una fuente de ingreso de algunas comunidades aunado a las necesidades básicas insatisfechas, dificultan lograr este objetivo”.

En el informe se resaltan los resultados de la Campaña Artemisa, como se llamó a la iniciativa de las Fuerzas Militares “entendida como una estrategia integral y sostenida para la protección de los ecosistemas estratégicos más afectados por las actividades ilegales”.  

En otra publicación del Ministerio de Defensa encontramos las cifras de las acciones realizadas contra la minería ilegal. Mientras las minas intervenidas aumentaron en este cuatrienio, las capturas disminuyeron.

Minas intervenidas  

Capturas por extracción ilícita de minerales

Para Yolvana Romero Pushaina abogada y lideresa Wayúu (Alta Guajira) de la red Nosotras, Somos Muchas y Artemisas la minería tanto legal, como ilegal en este país hace mucho dejó de ser un asunto que solo se debe atender desde esfuerzos netamente de seguridad y defensa, para la defensora ese es un asunto que requiere de una atención de fondo que integre a otros sectores tanto de la institucionalidad, como de entidades de orden social y comunitario, porque este es un fenómeno que atraviesa la vida de estas poblaciones, ya que tanto la pobreza, la inequidad, el narcotráfico y la violencia por parte de los grupos armados han llevado  lógicas distintas al territorio y es de manera intersectorial que igualmente se deben superar.

En ello coincide la defensora de derechos humanos e investigadora en asuntos de paz del bajo cauca antioqueño, Clara Navarro, quien afirma que se hace necesario que de la mano de los avances en materia operacional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para limitar afectar las estructuras criminales que se lucran de este fenómeno ilícito, se requieren acciones que mitiguen el  fenómeno de la minería ilegal.  

“El estado colombiano en cabeza de sus instituciones, debe impulsar el desarrollo de una política integral de formalización y lucha contra la minería ilegal, con un enfoque en derechos humanos, que sancione la práctica ilegal y haga pedagogía a los mineros artesanales. Se necesitan acciones contundentes que permitan a las entidades territoriales, proveerse de los recursos necesarios para su implementación efectiva.”

Por anterior en Colombia Check calificamos esta meta como incumplida, ya que la meta prometida por Duque en su plan de desarrollo no se cumplió. Los municipios afectados por minería ilegal no se redujeron en un 34%, como dijo, sino solamente en un 6%.

Si bien durante el cuatrienio no chequeamos frases del presidente saliente respecto a la inversión privada en CTeI, el mandatario hizo pronunciamientos acerca de iniciativas público-privadas que se movieron en el sector. Algunas de ellos surgieron en la inauguración de una planta de producción de vacunas, el lanzamiento de ConsejoCTI+RE y el anuncio de construcción del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá

En la página 603 del Plan Nacional de Desarrollo consta que uno de los objetivos que trazó Iván Duque en este campo fue “aumentar la inversión privada en CTel con incentivos enfocados en solucionar fallas de mercado”. Para medir los avances de esa meta, el Gobierno definió contar el porcentaje del PIB que representa la inversión privada en Innovación y Desarrollo (I+D), prometiendo pasar del 0,17% en 2018 al 0,35% en 2022.

El indicador I+D comprende el proceso de investigación en conocimientos científicos y técnicos, desarrollo tecnologías para obtener nuevos productos, materiales o procesos.

La economista Andrea Guevara, líder del Área de Inversión del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), nos explicó la importancia de la medición de la inversión en Ciencia y Tecnología: “En el mundo se reconoce la medición en actividades de CTeI como una medida del esfuerzo que lleva a cabo un país por generar y usar nuevo conocimiento para el logro del crecimiento económico.”. 

Guevara puntualizó también lo que se contabiliza como inversión privada dentro de la medición: “En la inversión privada se incluyen los recursos propios de las entidades privadas, recursos provenientes del sector empresarial, recursos de los asociados de las entidades privadas, entre otros”.

Contrario a las metas de orden social o ambiental, cuyas cifras oficiales provienen de entidades públicas como el DANE o el Ideam, los datos oficiales del sector CTeI son producidos por el OCyT, que como nos explicó Efren Romero, director de bibliometría de este organismo, es una entidad independiente nacida en 1999 con el objetivo de calcular esta información. Con el Informe anual de Indicadores CTeI, “se realizan los cálculos que a través del Ministerio de Ciencias se convierten en información oficial para organismos multilaterales”, como afirmó Romero

Según la plataforma Sinergia del DNP, la meta tiene avances del 51,43% considerando que para 2021 se estima en 0,18% la proporción del PIB invertido en I+D por el sector privado. Esta cifra correspondería al 51,43% de la meta de 0,35%, pero es apenas una centécima superior a la línea base de 0,17% con la que inició el Gobierno de Iván Duque, que prometió duplicar este indicador durante el cuatrienio.

Ahora bien, aunque el DNP ha ubicado de forma preliminar el avance en 0,18% para 2021, aún no se publica el Informe de Indicadores de CTeI 2021, de donde saldrá la cifra oficial. El ministro de Ciencia, Tito Crissien, aseguró en entrevista con Forbes que las asignaciones hechas al sector privado representarían para el 2021 un 92% de la meta. Sin embargo, a falta de datos oficiales, la cifra más reciente data de 2020, cuando el porcentaje de I+D se ubicó en 0,29%. De esa cifra, el 61,14% corresponde a inversión del sector privado, siendo así el 0,17% del PIB para ese año.

En azul, porcentaje del PIB representado por la inversión en I+D

Según el informe del OCyT para 2020, el estancamiento de la meta durante ese año podría entenderse en la medida en que el cese de actividades debido a la pandemia representó para las Instituciones de Educación Superior dificultades en los avances de procesos en investigación, visitas a áreas de experimentación, recolecciones de muestras, estudios de poblaciones e incluso acceso a laboratorios.

Según el informe de 2020, las cifras de I+D oscilan desde 2015 en el orden del 0,2% y 0,3% del PIB, con un máximo preliminar de 0,37% alcanzado en 2015. La participación del sector privado en estás cifras, por otra parte, se ha movido entre 50% y 60%. Así pues, la participación privada en inversión para I+D se ha mantenido estable durante el gobierno Duque, entre 0,17% y 0,18% del PIB. Muy lejos, sin embargo, de la meta de 0,35% contemplada para 2022, como señala el informe y como advierten expertos del sector.

Así pues, a falta de información oficial de 2021, el avance más reciente registrado por el DNP corresponde al 0,18% de lo trazado para 2022. El mismo informe de la OCyT demuestra un estancamiento de los avances en la materia, encontrándose más cerca del punto de partida que del punto de llegada esperado durante el cuatrienio. El indicador se sostiene entre 0,17% y 0,18% pero no sé aproxima al 0,35% proyectado. Por estos motivos, calificamos esta meta como no cumplida.