De acuerdo con el más reciente Balance de Resultados del PND que entrega el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gobierno ha avanzado el 75,50% con respecto a la meta que estableció para el cuatrienio. 

Sin embargo, el crédito de este progreso no es solo del Gobierno Nacional, pues como le informó a Colombiacheck Óscar Patiño, funcionario de la Dirección de Infraestructura del DNP, la construcción de los kilómetros de corredores para bicicleta se realizan a través de convenios de cofinanciación celebrados con las ciudades en el marco de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP).

En otras palabras, el Gobierno Nacional celebra con las administraciones municipales o distritales acuerdos en los que se compromete a financiar un proyecto u obra del municipio. Los corredores para bicicleta o los kilómetros de ciclorred son construidos como un componente del sistema de transporte público por entes territoriales con recursos propios y de la Nación.

Una vez concluyen las obras, los entes gestores y los entes territoriales reportan a la Nación la suma de los kilómetros de ciclocarriles, ciclorrutas o ciclobandas construidas. De acuerdo con Sinergia, se han ejecutado y terminado obras en 10 ciudades del país. La meta aún no se cumple porque, como se detalla en el documento de empalme entre gobiernos nacionales, se encuentran en ejecución 4 obras de sistemas de transporte público que tienen componente de ciclorred: SETP de Pasto, SITM-MIO de Cali, SETP de Santa Marta y troncales alimentadoras de la primera línea del Metro de Bogotá.

De acuerdo con el último informe publicado que recopila el DNP basado en las cifras de kilómetros de ciclorred construidos en el cuatrienio que entregan los entes territoriales, en Bogotá se construyeron 8,5 kilómetros de corredores para bicicletas; en Bucaramanga, 1 km; en Barranquilla, 300 metros; en Cali, donde más se hicieron, fueron 46,4 km; en Popayán, 3,3 km; en Montería, 800 metros; en Santa Marta, 1 km; en Valledupar, 7,26 km, en Pasto, 4 km y en Neiva, 800 metros.

John Fredy Bustos, ciclista que le ha hecho veeduría a las obras de ciclorred que se realizan en Cali, en donde se han construido más de la mitad de los kilómetros del indicador, señaló que ha hecho seguimiento al proyecto de la ciclorruta que se encuentra en la Troncal Oriente del SITM-MIO: “No es nuevo (el tramo), es mantenimiento de una ciclorruta. Esa ciclorruta fue la primera de Cali de 1994-1996”. También confirmó que se desarrolla la construcción de otro tramo como un componente del Terminal Cabecera Aguablanca, como indica Sinergia.

Andrea Ordoñez, activista por la movilidad sostenible en Pasto, confirmó que el proyecto de infraestructura para bicicletas es un componente del SETP de la ciudad, “al implementar el sistema lo que se está haciendo es la renovación del espacio público, vías y se incluye en la carrera 27 un diseño de ciclorruta, pero no es más de un kilómetro”.

En suma, esta es otra de las deudas de Duque relacionadas con el transporte, pues terminado su mandato le faltó el 25% de la meta. Aún así, la Nación no entrega las obras de corredores de bicicleta sino una parte de los recursos que conviene con los entes territoriales, quienes finalmente ejecutan las obras. Por eso Colombiacheck califica esta meta como cuestionable.

El gobierno reactivó tres corredores férreos, según una nota de prensa de la entidad, en la cual insistieron en que “la meta se cumplió a falta de menos de dos años de concluir este Gobierno”. El primero es el corredor del Atlántico, que va desde Chiriguaná hasta Santa Marta, en el cual rehabilitaron 53 kilómetros. El segundo, un tramo de 341 kilómetros del corredor que va desde La Dorada hasta Chiriguaná. Y, por último, 263 kilómetros del tramo de Bogotá hasta Belencito.

Ana María Zambrano, exgerente de proyectos férreos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le dijo a Portafolio en una nota de febrero de 2020 que avanzaban “en la reactivación del modo férreo y multimodal” y que la meta del Plan Nacional de Desarrollo estaba al 94%.

En octubre de 2020, el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos García Montes, presentó un resumen de la reactivación de la red férrea en la que se ve que el gobierno ha cumplido con la meta del plan de desarrollo. El logro se repite en informes de gestión de la entidad del 2021 y 2022.

También en septiembre de 2021, en el marco de la firma de un acuerdo con el gobierno británico para la reactivación ferroviaria, la directora del DNP, Alejandra Botero, recordó la meta cumplida a dos años del término del cuatrienio.

Esta iniciativa es estratégica para Colombia, pues recordemos que el Plan Maestro Ferroviario nos ayudó a cumplir una meta del PND: pasar de 420 km a 1.077 km de red férrea en operación comercial en el cuatrienio, lo cumplimos a falta de menos de dos años de concluir el Gobierno.

— Alejandra Botero Barco (@aleboterob) September 7, 2021

Otra de las funcionarias que reiteró el logro fue la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez.

Sin embargo, los múltiples comunicados de los funcionarios desconocen que la reactivación de estos tramos se logró gracias a un proceso de estructuración que viene desde antes del 2018. En una nota de prensa de la ANI de abril de ese año, 4 meses antes de la posesión de Duque, se afirma que el corredor férreo central, específicamente el tramo de 522 kilómetros Chiriguaná - La Dorada, está “listo para operación de carga”:

“El corredor Chiriguaná – La Dorada ha tenido una inversión superior a los $212 mil millones, en dos contratos de obra pública, y durante los años 2013-2018, han sido atendidas más de cincuenta afectaciones. Esta línea férrea es estratégica para la movilización de carga desde el centro del país hacia los puertos del norte de Colombia”, señala la nota de la entidad sobre los trabajos que se realizaron en el corredor más largo de la red que el gobierno afirma haber reactivado.

En una presentación de la ANI en donde se muestra el avance de la estructuración del tramo es claro que el proceso de reactivación comenzó en el año 2017.

Por otro lado, el documento CONPES 3748 de junio de 2013, planteó “declarar la importancia estratégica del proyecto ‘Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones’, para la rehabilitación del sistema férreo en dos corredores: La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito”. Y así poder poner en funcionamiento los dos tramos mencionados, “los cuales han sido afectados por la Ola Invernal ocurrida en los años 2010 y 2011”, se apunta en el texto.

En 2017, la ANI presentó el pliego de condiciones de la licitación para la “reparación y atención de los puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito, (...) así como su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de tráfico, entre otras actividades”. Y en mayo de ese año se celebró el contrato de obra pública entre esta entidad y el Consorcio Ibines Férreo.

Duque cumplió en la reactivación de los tramos de la red férrea con operación comercial pero la política pública de rehabilitación comenzó antes de su mandato, por eso lo calificamos como ‘cuestionable’.

La reducción de la deforestación quedó consignada como meta de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se fijó el año 2017, pico más alto de la década en materia de deforestación, como línea base o punto de referencia respecto del cual la deforestación se reduciría en un 30% durante el cuatrienio. 

El porcentaje de disminución al que se refiere el indicador de esta meta según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no toma cifras reales ni compara hectáreas, sino que nace de una proyección realizada por el IDEAM a partir de los datos de crecimiento de la deforestación especialmente en 2016 y 2017. En ese último año se deforestó en el país la cifra récord de 219.552. Con esa línea base, la tendencia ascendente proyectaba alrededor de 232.000 hectáreas deforestadas en 2018, cerca de 244.500 en 2019 y casi 246.250 para 2020. Con esas cifras esperadas, se compararon las cifras reales para medir el avance.

Comportamiento de la deforestación vs tendencia. La línea punteada muestra el crecimiento esperado de la deforestación tras 2017. Los arcos rojos y el azul pronostican un posible aplanamiento de la curva tras la caída de 2018. Gráfico: IDEAM.

Con este sistema de medición, la disminución del fenómeno de la deforestación se ha calculado en un 15% para 2018 (apróx. 34.800 hectáreas menos de las esperadas), 35% para 2019 (apróx. 85.500 hectáreas menos de las esperadas) y 33% para 2020 (apróx. 81.260 hectáreas menos de las esperadas). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) no acumula los resultados año a año, sino que sugiere tomar en cuenta los resultados del último año para medir el progreso del indicador. Por esta razón, hasta la fecha de publicación de este artículo, el progreso de la meta figura en 33%, que corresponde a un cumplimiento de 110%.  

Aunque el Observatorio Global Forest Watch, cuyos cálculos se realizan mediante la interpretación de imágenes satelitales, había proyectado hace varios meses una deforestación de casi 260.000 hectáreas de bosque natural, la información oficial sobre este fenómeno está a cargo del IDEAM, institución que administra el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. El informe finalmente fue publicado el pasado 21 de julio y registró para 2021 una deforestación de 174.103 hectáreas.

Con ese dato, el acumulado de los cuatro años del gobierno de Iván Duque alcanza las 701.841 hectáreas deforestadas. En comparación, el acumulado de los cuatro años anteriores (2014 - 2017) es de 658.498, contando en la cifra el pico más alto de deforestación en la década. Por eso, aunque la meta del Gobierno de Iván Duque se cumplió al corregir la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, se deforestaron más hectáreas que en el período anterior.

Dentro de las conclusiones, el informe presenta una “reducción de 45.449 hectáreas respecto del pico histórico del año 2017, reducción del 21%”, en lugar de señalar, como indica la Doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes Sandra Vilardy que, si bien no hay una suma de grandes magnitudes de deforestación año a año, la curva de deforestación se viene estabilizando en cifras muy altas. 

“Ellos hacen un cálculo asociado a la tendencia. Ese es un dato un poco engañoso en la medida en que la realidad fáctica es que la deforestación aumentó. Y aumentó por varios motivos. No hubo un control preventivo ante la deforestación; ante un proceso que se estaba dando se prefirió actuar de manera reactiva, por ejemplo, con el plan Artemisa, pero no se llenaron los espacios de gobernabilidad en los sitios de alta deforestación, sobre todo en la zona del corredor andino-amazónico, donde se encuentran parques naturales como Picacho, Tinigua y Magdalena. Tal vez la voluntad política estuvo, pero fue superada por la comprensión de las dinámicas y la profundidad de las acciones. Faltó prevención, faltó actuar de manera mucho más amplia y se redujo al tema de Artemisa”.

El comentario de la profesora Vilardy es una de las muchas críticas que este sistema de medición ha recibido por parte de expertos del sector ambiental, en tanto no apunta a alcanzar los mínimos históricos o a la reducción completa de la deforestación, sino a compararse con el punto más crítico de la historia reciente del fenómeno. 

También han surgido cuestionamientos al sistema de medición por parte de figuras políticas. En plenaria del 26 de julio, el representante liberal a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, aseguró que el Ministerio de Ambiente considera un logro la cifra de 2021, cosa que criticó alegando que hubo crecimiento del 10% de deforestación en 2020 y del 2% en 2021, a lo que añadió: “Estamos lejísimos de la meta de 0 deforestación que ha trazado nuestro país para el año 2030”.

Ante la manipulación de la información del presidente Iván Duque y su ministro de ambiente es necesario que el gobierno de @petrogustavo fije como prioridad la adopción de medidas en contra de la deforestación. Confiamos en el compromiso de la ministra @susanamuhamad. pic.twitter.com/uaZPn2pHrT

— Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) July 26, 2022

En efecto, previo a la publicación del informe, la web del Ministerio de Ambiente publicó un comunicado titulado “Se reduce y se contiene la deforestación en Colombia durante los últimos cuatro años”, jactándose de que estrategias como la campaña Artemisa, la Ley de Delitos Ambientales y los pagos por servicios ambientales contribuyeron a tal contención. 

Así pues, si bien el gobierno Duque controló la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, las hectáreas afectadas crecieron comparativamente respecto del período anterior. Los expertos en materia ambiental cuestionan por engañoso el método elegido para realizar la medición durante el cuatrienio, y criticaron las medidas que se tomaron para estabilizar las cifras en una alta deforestación año a año. Por estas razones, calificamos esta meta como Cuestionable.

El indicador de ‘Mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas' se encuentra dentro del ‘Pacto de equidad para las mujeres’ en la línea ‘Mujeres rurales como agentes de transformación en el campo’.

De acuerdo con la Ley 731 de 2002, las mujeres rurales son aquellas “que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viven, tienen su actividad productiva relacionada directamente con lo rural”.

Según cifras del DANE, se estima que en Colombia el 21,3% de la población femenina vive en áreas rurales y que la población rural comprende el 23,4%, de la cual el 48,13% son mujeres. 

ONU Mujeres y el DANE expusieron en 2021 un informe detallado alrededor de la propiedad de la tierra, en el que afirman que “para el total nacional rural el 63,7% de los predios de único propietario tenía a un hombre como titular, y el restante 36,3% a una mujer como titular; con 18 de los 32 departamentos por debajo de esta media nacional”.

La Procuraduría en el Informe sobre el avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz, del 7 de enero de 2021, alertó que, en el periodo 2017-2020, el 65,2% de los beneficiados con la formalización de su posesión u ocupación fueron hombres y solamente el 31,6% fueron mujeres propietarias. Además, agregó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe comprometerse a expedir el plan de formalización masiva, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad, pues según su seguimiento, hasta 2020 la gestión en materia de formalización le había correspondido a la atención de rezago institucional histórico.

La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz reclamó en 2019 que en la práctica persistían barreras de acceso a la propiedad rural para las mujeres. Por lo que esta meta era fundamental para corregir el rumbo en la implementación.

Sin embargo, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Myriam Martínez Cárdenas, afirmó en la rendición de cuentas 2018-2022 que en los últimos cuatro años han desarrollado una política de enfoque de género no solamente dirigida al acceso a la tierra, sino también al fortalecimiento de las capacidades de la mujer rural. Aunque según datos de la entidad han beneficiado a 70.000 familias con la expedición de 52.000 títulos de propiedad rural. De ellos, el 51% se han emitido y entregado a mujeres.

Sin embargo, en Colombiacheck hemos explicado en varias verificaciones al presidente Duque que estas cifras son cuestionables, pues, incluso, entidades como la Procuraduría o el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que hace el seguimiento oficial de la implementación, han criticado la falta de claridad en esas cifras precisamente porque el gobierno mezclaba esos dos procesos que tienen metas diferentes: la adjudicación a quienes no tienen tierras o tienen insuficientes y la formalización a quienes la tienen sin papeles. Además, sus avances se basan en procesos que venían andando desde gobiernos anteriores con poca gestión nueva.

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), mide el indicador de las mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras tituladas y registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a través de los programas de adjudicación de baldíos a persona natural, adjudicación de bienes del Fondo Nacional Agrario, los programas de subsidio integral de tierras, compra directa y adjudicaciones especiales y formalizaciones de predios privados de pequeña y mediana propiedad rural y títulos con sana posesión ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a través de la gestión de la ANT. Este indicador responde a lo estipulado en la Ley de Mujeres Rurales (Ley 731 de 2002).

La meta inicial planteada en el PND fue de 20.628 títulos. A corte de junio de 2022, las mujeres cuentan con 31.674. Particularmente en el mes de junio se reportan 1.003 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos, representado en el 51% sobre el total de beneficiarios. Ese cálculo se hizo bajo las siguientes modalidades: 577 entregas de baldíos mediante la adjudicación y el registro de 10.448,62 hectáreas; 413 formalizaciones de predios privados en 537,33 hectáreas y 13 adjudicaciones de bienes fiscales patrimoniales por un total de 82,29 hectáreas. 

Para Sinergia, el avance acumulado desde 2018 a la fecha es de 39.163 títulos. Se aclara igualmente que, de agosto de 2018 a la fecha, se tiene un avance de 31.674 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas. El indicador logró el cumplimiento en un 252,65 % frente al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. 

Un dato extra por agregar es que según el informe de empalme 2018-2022 del Departamento Administrativo de la Presidencia, son 19.942 las mujeres rurales (en calidad de propietaria y no de copropietaria) que durante estos cuatro años lograron la formalización de sus tierras. Es decir, este número incluye a mujeres solas y no en conjunto con sus parejas, como sí se tiene en cuenta en los datos del DNP y de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

Para la trabajadora social, magíster en Ciencia Política e investigadora en violencia política, derechos humanos y paz Johanna San Juan,  los resultados del gobierno Duque con relación al otorgamiento de titularidad de la tierra a las mujeres, más allá de las cifras oficiales, tienen una alta distancia de la realidad,  ya que, según la profesional, a pesar de que eso, aún hoy son los hombres quienes imponen y deciden cuál es el uso que se les da a esas tierras.

“Las mujeres en la ruralidad históricamente hemos estado excluidas de la propiedad de la tierra y cuando hablamos de propiedad no solamente estamos hablando de la documentación que acredita a la mujer como propietaria, sino acerca de la toma de decisiones en relación a la misma, sus destinos y propósitos. Por ejemplo, en la ruralidad se ve de una manera muchísimo más marcada que en lo urbano, que las mujeres no toman decisiones sobre la tierra, sino que son los masculinos cercanos a ellas (familiares, cónyuges) quienes eligen qué hacer con ellas y eso les resta un protagonismo en definir cuál es el uso adecuado de la tierra y cómo se toman las decisiones con esa propiedad”.

La lideresa campesina y licenciada en ciencias sociales Yubitza Rovira, quien fue amenazada y exiliada en el desarrollo de sus funciones como orientadora de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afirma que otro de los elementos que no puede dejar de lado está asociado a la dinámica del conflicto armado interno del país, que a su modo de ver también ha dificultado mucho las labores de exigencia de los derechos sobre la tierra para las mujeres, puesto que las mujeres campesinas se han visto desbordadas por las agendas de movilización por la paz antes que propiamente por las agrarias.

“En relación al Pacto por la Equidad, desde el escenario nacional se expusieron unas directrices en calidad de decretos presidenciales, pero no todas las alcaldías cumplieron, en terreno todo es muy distinto. Por ejemplo, en Ciénaga como municipio PDET, los retos fueron tales que incluso vimos cómo algunos funcionarios de las dependencias de liderazgo institucional adelantaban agendas distantes de los propósitos de la agenda de la equidad. En particular en mi municipio no se diseñó una estrategia intersectorial para empoderar y favorecer la titulación de tierras, lo que evidentemente expone unos retos inmensos en la calidad del tipo de procesos que se adelantaron en lo municipal en relación a estos propósitos, más si se tiene en cuenta que un municipio como Ciénaga es uno de los territorios priorizados para estas agendas”, dijo Rovira.

Por lo anterior, en Colombiacheck decidimos calificar esta promesa como Cuestionable porque a pesar de que se han adelantado avances alrededor de la titularidad de tierras a las mujeres rurales, las múltiples inconsistencias territoriales y los fenómenos asociados a la guerra y la violencia machista no han permitido  lograr una titularidad de tierras de manera integral.