Pasar al contenido principal
Jueves, 21 Marzo 2019

De la Calle puso palabras sobre la JEP en la boca de Duque

Por José Felipe Sarmiento

Unas declaraciones del presidente sobre la ley estatutaria de la JEP causaron diversas interpretaciones en febrero. No es claro que al objetarla se haya contradicho a sí mismo, como afirmó el exnegociador.

El excandidato presidencial Humberto de la Calle, quien fue el jefe del equipo del gobierno de Juan Manuel Santos que negoció la paz con las Farc, le dijo al diario El País de España que “en el mes de febrero del año 2019 el presidente (Iván) Duque declaró que no iba a objetar la ley estatutaria (de la Justicia Especial para la Paz, JEP) porque no podía hacerlo, y porque no podía enfrentar a la Corte Constitucional”.

La versión del exnegociador hace parte una una entrevista publicada por el periódico europeo el pasado 15 de marzo. Cinco días antes, el mandatario colombiano objetó seis apartes del proyecto que consideró “inconvenientes” y, de esta manera, devolvió la iniciativa al Congreso para que decida si ratifica lo que ya había aprobado y que la Corte avaló o, por el contrario, le hace modificaciones que resuelvan las preocupaciones del Ejecutivo.

Para De la Calle, esta decisión fue contradictoria con el supuesto anuncio hecho con anterioridad por Duque. El excandidato se basó en la cita textual que trajo a colación el columnista Pascual Gaviria el pasado 13 de marzo en El Espectador. Según el texto, las palabras del presidente fueron:

“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto… Es preferible tener ley estatutaria que no tenerla porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”.

Duque sí usó esas expresiones a mediados de febrero. Primero, en el encuentro que sostuvo el 16 de ese mes con colombianos en Washington (Estados Unidos); luego, ante medios de comunicación tras su regreso a Colombia, el día 18. Las frases fueron retomadas en múltiples notas periodísticas. La mayoría se basó en un cable de la agencia Colprensa y varias titularon que el primer mandatario había descartado la objeción.

“Tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto”, señaló el presidente en referencia a la inclusión en la JEP de los delitos sexuales cometidos contra niños en el marco del conflicto armado. El registro también quedó en video y fue presentado en Noticias Caracol y Noticias Uno, aunque con interpretaciones diferentes: respectivamente, que se estaba evaluando la decisión y que era probable la objeción ante las presiones del partido Centro Democrático.

Pese a la falta de claridad en el mensaje, Duque había expresado su intención de examinar en detalle la ley durante los días que tenía para ello desde antes de irse para Washington, en entrevista con RCN Radio el 15 de febrero. Además, el comunicado de Presidencia sobre la reunión con colombianos en la capital estadounidense ignoró las declaraciones de ese día sobre la JEP, es decir que no había un anuncio oficial sobre el tema.

La oficina de prensa solo destacó una respuesta al debate el 20 de febrero. Ese día, de nuevo, el presidente enfatizó en que el proyecto era “importante”, pero advirtió que se tomaría todo el plazo para evaluar el articulado, “obrando dentro de los tiempos que me da la ley”.

El 10 de marzo, finalmente, se materializaron las seis objeciones justo cuando se vencía el plazo para la decisión y Duque hizo el anuncio en alocución presidencial. Resulta cuestionable afirmar que esto contradijo su posición previa, porque nunca anunció expresamente que la fuera a sancionar.

Domingo, 04 Junio 2017

Sanciones restaurativas de condenados por JEP deben ser consultadas con las víctimas

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc tiene previsto sanciones restaurativas para quienes aporten verdad, pero las víctimas las deben avalar. Además, si no aportan verdad, los sancionados serán privados de su libertad.

“Está previsto que las personas pueden proponer el componente restaurativo de su sanción, está previsto que las víctimas pueden opinar sobre ese componente restaurativo”, resaltó Catalina Díaz, directora de la Oficina de justicia transicional del Ministerio de Justicia en una entrevista con Claudia Palacios en Canal Capital sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Desde el Acuerdo final y así se prevé en la ley estatutaria, se incluye que para quienes reconocen verdad completa, exhaustiva y detallada ante la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad proceden las sanciones propias, sanciones que tienen un componente restaurativo y reparador y un componente de restricción efectiva de la libertad”, indicó Díaz cuando la consultamos al respecto.

La Sala de reconocimiento de verdad de la que habla Díaz hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La funcionara explicó que ese componente restaurativo puede incluir reconstrucción de infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, contribución a proyectos de interés para la comunidad y desminado, entre otros.

“Los que dicen verdad exhaustiva no van a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad porque son de cinco a ocho años en una vereda, o en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero de donde no se van a poder mover porque van a tener restricción a la libertad de movimiento y de domicilio. Si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”, explicó Juan Carlos Henao, Rector de la Universidad Externado y quien hizo parte del equipo que redactó los acuerdos jurídicos de La Habana, al programa Conversemos de Actualidad, de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y, efectivamente, está incluido en el texto pactado entre Gobierno y Farc. En el punto cinco del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto (página 172) dice:
“Los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán. Las sanciones impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”.

El documento aclara además, que “el proyecto deberá establecer un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su opinión y constatar que no se oponen al mismo”.

Según el Acuerdo, el Tribunal para la Paz tendrá plena autonomía para decidir sobre el proyecto propuesto y para ejecutarlo tendrá que haber sido aprobado por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad

Hay que aclarar, además, que estas sanciones restaurativas cobijan también a miembros de las fuerzas militares y policías, agentes del Estado y civiles sobre los cuales tenga competencia la JEP. Pero que quienes no reconocen verdad y son hallados culpables durante un juicio, van a la cárcel y su pena, que oscilará entre 15 y 20 años, no incluye sanción restaurativa.

“En el marco de un modelo de justicia restaurativa, y así quedó definido el acto legislativo, (que la jurisdicción especial para la paz está enmarcada en un modelo de justicia restaurativa), son muy importantes las necesidades de las víctimas, su voz, porque no se trata de que la justicia venga a la sociedad en el sentido de que conduce la venganza, sino que se trata de que los ofendidos son protagonistas en ese escenario de justicia y por eso la opinión de ellos sobre las sanciones es tan importante”, resaltó Díaz.

Por qué justicia restaurativa

Entre los principales argumentos que tienen los opositores del Acuerdo Final con las Farc está el que asegura que no habrá justicia porque los responsables de delitos no irán a una cárcel, lo cual no es del todo cierto, por lo que ya explicamos.

“La idea de la justicia restaurativa es buscar que se reconstruyan los lazos sociales que se pierden con el delito, cuando un delito ocurre no solamente el perpetrador se pone por encima de la víctima, sino por encima de la sociedad. La crítica de la justicia restaurativa a la justicia tradicional es que esta última se enfoca mucho en el delito y en el delincuente y muy poco en la víctima y el daño, por eso lo que busca la justicia restaurativa es crear escenarios en los cuales las personas que se vieron involucradas en el delito puedan tener un escenario de diálogo en donde, por ejemplo, los ofensores les puedan pedir perdón a las víctimas y se comprometan a su reparación”, explicó Nelson Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

El investigador indicó que el proceso debe partir de dos bases, primero, un reconocimiento genuino de aquellos que cometieron las violaciones y en segundo lugar de un compromiso a la reparación. “Dentro de esa lógica, se establece que sean quienes ofendieron los que presenten propuestas para que puedan ser discutidas con las víctimas y dentro de ese diálogo se puedan generar esos espacios de restauración, pero al final, el que va a imponer la sanción es el juez”, aclaró Sánchez.

El objetivo es que quienes cometieron las ofensas presenten propuestas que sean materialmente atractivas para las víctimas y que estas se sientan reparadas, porque si no hay voluntad de las víctimas, difícilmente va a haber un sentimiento de reparación y que eso se genere en una audiencia, resaltó el investigador.