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Verdadero pero...

Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?

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