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Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?

Viernes, 01 Febrero 2019

Excombatientes de las Farc, ¿los matan por haber sido guerrilleros?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Eso afirmó el Consejero para el Posconflicto, y aseguró que en la mayoría de los casos los grupos ilegales están detrás de los asesinatos. Pero hasta ahora, no ha sido probado.

Comenzando 2019, el ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Luciano Marín (conocido como “Iván Márquez”) reapareció en la escena política. Lo hizo el 12 de enero, a través de un video en el cual criticó la implementación del acuerdo de paz.

 

Marín dijo que en solo dos años que tiene de vigencia el acuerdo (desde el 24 de noviembre de 2016), “los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado han sido desalentadores. En ese lapso han sido asesinados más de 400 líderes sociales y más de 85 guerrilleros” (vea: Explicador: ¿Qué es un líder social?).

Ese mismo día, en la noche, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, publicó en la página web de la entidad una carta titulada “Iván Márquez no dice la verdad”.

En ella señaló que es mentira que exista desprotección de los excombatientes y que “las condiciones en que han fallecido alrededor de 85 excombatientes muestra que la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas”. La fuente de Archila, según cuenta en el comunicado, es el último informe publicado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, un día después, Archila fue entrevistado en revista Semana, donde se le preguntó por su desacuerdo con Marín y, en particular, sobre los 85 excombatientes de la guerrilla que han sido asesinados.

Según Archila, “ninguno ha sido asesinado por su condición de excombatiente. La absoluta mayoría han sido asesinados por otros grupos ilegales ELN, EPL, Los Pelufos, el Clan del Golfo, eso lo que nos dice es que muy posiblemente se trataba de personas que habían vuelto a la ilegalidad”.

Puesto que al día siguiente, el 14 de enero, Archila fue nuevamente interrogado sobre el tema, pero ahora en RCN Radio, y una vez más afirmó que “no hay ninguno de ellos [los excombatientes] que haya sido evidenciado que hubiera sido muerto en razón de su condición de excombatiente”, en Colombiacheck decidimos verificar qué tanta verdad había en esa afirmación y en otra que mencionó Archila en la entrevista radial: “más de la mitad han sido muertos a manos de grupos armados y en enfrentamientos, lo cual da el indicio de que estaban dedicados nuevamente a actividades delictivas”.

Naciones Unidas

Acudimos directamente a la oficina de prensa del Alto Consejero para el Posconflicto para consultar cuál fue la fuente en la cual se basó Archila en su afirmación y nos confirmaron que se trata del informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia publicado el 26 de diciembre de 2018.

En referencia a la seguridad de los excombatientes de las Farc, el informe señala que “las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguen prestando servicios de seguridad en el perímetro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y las zonas circundantes”.

Pero el informe también asegura que, a pesar de ello, “continúan existiendo problemas significativos de seguridad en los nuevos puntos de reagrupamiento de exmiembros de las FARC-EP participantes en el proceso de reincorporación fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, muchos de los cuales se encuentran en zonas con una fuerte presencia de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”.

A su vez, el informe confirma que desde la firma del acuerdo de paz y hasta el 26 de diciembre de 2018 (fecha de su publicación), 85 excombatientes de las Farc fueron asesinados.

Señala, además, que en las investigaciones “de un total de 87 casos, incluidos los 85 asesinatos, la Unidad Especial de Investigación ha informado de avances significativos en 48. Se ha dictado sentencia en 3 casos; 8 se encuentran en la etapa de enjuiciamiento, 17 están siendo investigados y se han practicado las detenciones, 18 están siendo investigados y las detenciones están pendientes y 2 se encuentran en otras etapas de indagación”.

De esos 48, “36 están vinculados al Clan del Golfo, al ELN, a grupos disidentes de las FARC-EP y al Ejército Popular de Liberación”.

Es decir que, a diferencia de lo que señala Archila, el informe de Naciones Unidas confirma que solo 36 de 85 de los asesinatos, en las investigaciones preliminares, están relacionados con Grupos Armados Organizados (GAO como los llama el gobierno). Se trata de menos de la mitad de los asesinatos y no de la “inmensa mayoría”, como dijo el consejero.

Por otro lado, el informe no confirma que, de los casos ya investigados o de los que aún están en proceso de investigación, alguno de los excombatientes haya sido asesinado por el hecho de haber pertenecido a la guerrilla de las Farc.

Otras organizaciones

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) también ha hecho seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y en su informe ‘Cómo va la paz. La reestructuración unilateral del acuerdo de paz’, publicado en noviembre del año pasado, registró la situación de los excombatientes de las Farc asesinados.

Según Pares, “los obstáculos del proceso de reincorporación también se manifiestan en las fallas a la seguridad física de los y las ex combatientes de FARC, que también incluyen a sus familiares… de ahí que se tenga registro de 83 excombatientes asesinados y 24 familiares, desde la firma del Acuerdo hasta el 10 de noviembre de 2018”.

Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política de Pares, sin embargo, confirmó a Colombiacheck que para este momento, el número de asesinados del cual tienen registro es 85, el mismo número señalado por Naciones Unidas.

Jiménez, además, dijo que hasta el momento no tienen información concluyente sobre las razones o motivaciones de los asesinatos, pero que se mantienen algunas hipótesis.

“La primera de ellas tiene que ver con la negativa de parte de estas personas a engrosar las filas de nuevos grupos ilegales, o de los ya existentes, en las regiones donde antiguamente ejercían algún control armado durante su paso por la guerrilla”, dice el informe de Pares. Esto porque, según Jiménez, son personas que tienen entrenamiento militar, conocen el territorio y por eso son muy útiles para engrosar otras filas.

Sobre este mismo punto Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma que esto se debe también a que los desmovilizados están en zonas de economías ilegales donde el tema de la violencia es importante, por eso “se presentan amenazas a exmiembros para presionarlos a que se involucren a bandas delincuenciales”.

En ese sentido, los dos investigadores coinciden en que no se puede decir que los exmiembros de las Farc asesinados por bandas delincuenciales necesariamente estaban incurriendo en actividades ilícitas, como señaló Archila.

Por el contrario, según Garzón, esto “libera la responsabilidad del Estado en términos de seguridad para los excombatientes, que es compleja, pero que el gobierno no ha podido resolver”.

La segunda hipótesis de Pares tiene que ver con situaciones de venganza particulares o por su antigua filiación a la insurgencia armada. “En algunas regiones hay cuentas pendientes en términos de lo que sucedió en la guerra entre ellos o fuera de la organización”, agrega Garzón.

Y estos hechos hacen que en este punto no haya total claridad de si los asesinatos se dieron por asuntos personales o familiares, de acuerdo Jiménez. O si por el contrario, refutando lo dicho por Archila, sí tienen que ver con el hecho de que estas personas hayan pertenecido a las Farc.

¿Qué dice la Farc?

Camilo Ernesto Fagua, miembro de la Comisión Nacional de derechos humanos del partido Farc, le dijo a Colombiacheck que desde la primera firma del Acuerdo Final han registrado 93 exintegrantes asesinados y que han podido establecer que detrás de esos homicidios están grupos paramilitares, fuerzas estatales, grupos de narcotraficantes y el Ejército de Liberación Nacional ELN.

(Lea: El ELN no aumentó acciones violentas durante mesa de negociación)

Aunque no han podido determinar cuántos de los homicidios han tenido como móvil la calidad de reinsertado de la víctima,“hemos encontrado que la principal causa de esas muertes es el incumplimiento en materia de garantías de seguridad y protección porque a mucha gente no se le ha cumplido con la puesta en marcha de los proyectos productivos o el proceso de la reincorporación integral, lo cual hace que mucha gente se disperse del proceso colectivo y se vuelva vulnerable a hechos como retaliaciones por hechos anteriores como por hechos relacionados con el proceso de conformación del partido”, indicó el abogado.

En este sentido hay coincidencias con lo que le dijo Garzón a Colombiacheck, pues según él los lugares adónde están llegando los exguerrilleros (que pueden ser sus lugares de origen o donde se encuentra su familia y que no hacen parte de las zonas establecidas en el marco de la implementación del acuerdo) son espacios de alta vulnerabilidad para ellos, pues no cuentan con la protección que establece el acuerdo de paz. Y ese hecho puede estar incidiendo en los homicidios de los cuales están siendo víctimas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Cumpliendo los pasos del chequeo de Colombiacheck y como el informe de Naciones Unidas cita a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, intentamos contactarnos también con esta entidad para conocer en qué están las investigaciones frente al caso, pero hasta el momento de publicar este chequeo, la oficina de prensa de la Fiscalía no nos ha suministrado ninguna respuesta al respecto.