Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Viernes, 29 Enero 2021

DIAN no multará a pensionados que no hayan actualizado el RUT el 31 de enero

Por Laura Rodríguez Salamanca

Varios usuarios, entre ellos Matador, compartieron la desinformación. La entidad aclaró que está haciendo la actualización automática para los pensionados que hayan declarado renta en 2020. También amplió el plazo hasta el 30 de junio para otros usuarios que deben hacer el trámite.

En los últimos días han circulado en redes sociales diversas imágenes y mensajes (1 y 2) en los que se alerta a la ciudadanía sobre posibles sanciones de “35.697 pesos diarios” o “más de un millón de pesos mensuales” que impondría la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a los pensionados que no hayan actualizado el Registro Único Tributario (RUT) el 31 de enero de 2020. 

Incluso, el caricaturista Matador publicó, en la tarde del 27 de enero, una caricatura en la que se refería a la supuesta multa como la "vacuna de los pensionados". La imagen fue retuiteada 142 veces y ha sido replicada en Facebook

En algunas de las publicaciones se sostiene que “en la Resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020, la DIAN dispuso, por primera vez, que los pensionados deberán empezar a usar el código de actividad económica 0020”. Así mismo, que “no actualizar oportunamente el RUT implica exponerse a la sanción del artículo 658-3 del ET [Estatuto Tributario]”. 

Pero aunque estas informaciones se basan en la emisión de una resolución real por parte de la DIAN, y a pesar de que es cierto que el Estatuto Tributario contempla multas por incumplimiento en la inscripción del RUT, las publicaciones son engañosas. 

Por ejemplo, en la siguiente imagen que se ha compartido en redes se usó el logo de la DIAN, pero no se trata de un comunicado oficial de la entidad y la información que contiene no es exacta.

actualizacion_dian_multas_cuestionable

El 22 de enero la entidad aclaró que se está actualizando automáticamente el RUT de los pensionados que presentaron la Declaración de Renta durante 2020 y que solo reportaron ingresos por pensión (hay pensionados que, por ejemplo, también reciben salario). Además, que el objetivo no era imponer multas masivas, sino que se actualizara el registro. 

Así mismo, el 25 de enero la entidad amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2021 para la actualización del RUT de aquellas personas que deben hacerlo virtualmente. 

Tal como se explica en algunas de las publicaciones en redes sociales que alertan sobre las multas, el pasado 21 de diciembre la DIAN emitió la Resolución 000114, por medio de la cual se adoptó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que implica unos cambios de código, y se establecieron otras clasificaciones. Entre estas últimas, llamó la atención que la entidad creó el código 0020 para diferenciar a los pensionados de los asalariados, que están identificados con el código 0010. 

Además, en el artículo 2 del documento se explica que el plazo para la actualización del RUT “a más tardar el 31 de enero de 2021”. 

Sin embargo, a pesar de que en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario se establece “una multa de una (1) UVT [Unidad de Valor Tributario, que para 2020 fue de 35.607 pesos] por cada día de retraso en la actualización de la información” del RUT o en la inscripción; ni en el documento ni en ninguno de los canales de comunicación de la DIAN se hizo referencia a las posibles sanciones económicas por no actualizar el documento. 

Hicimos tanto búsquedas avanzadas en Google como en la cuenta de Twitter de la entidad y no encontramos referencias sobre las sanciones relacionadas con la última actualización.    

De hecho, después de que empezara a circular las advertencias sobre posibles multas, como ya explicamos, la DIAN publicó un comunicado (el 22 de enero) en el que explicó que se “está actualizando automáticamente, de oficio, el RUT de aquellos pensionados que presentaron la Declaración de Renta durante el año 2020 informando ingresos por concepto de pensión y que no perciban salarios”, aunque el pensionado puede hacerlo virtualmente. También, que a pesar de que la normatividad contempla sanciones por la falta de actualización, “el principal objetivo de esta invitación es mantener actualizada la información en el RUT”. 

Hay que aclarar que, de acuerdo con la DIAN, “solamente deben actualizar el cambio de código de actividad los pensionados (aunque tengan ingresos por otras actividades) inscritos en el RUT”, que son aquellos que cumplen con los requisitos para ser declarantes de renta o deben cumplir con alguna otra obligación ante la DIAN. En este enlace puede consultar si está obligado a inscribirse en el RUT. 

Días después, el 25 de enero, la entidad emitió una resolución en la que amplió el plazo de actualización hasta el 30 de junio de 2021. Este aplica para las personas pensionadas que solo reciben ingresos por ese concepto y quieren actualizar el registro voluntariamente, para los pensionados que además reciben ingresos por otros conceptos y para aquellos que deben hacer alguno de los otros cambios que se establecieron en la norma. 

Estas actualizaciones, debido a la pandemia, solo se pueden hacer virtualmente; ya sea de forma independiente o a través de una cita, que atiende un asesor por correo electrónico. 

Debido a todas las dudas que han surgido sobre esta nueva actualización, la DIAN publicó una lista de respuestas y preguntas frecuentes sobre la actualización del RUT para pensionados que puede consultarse aquí y sobre la actualización de la clasificación de actividades económicas que puede descargarse aquí

En ese sentido, en Colombiacheck calificamos como cuestionables las publicaciones en las que, incluso después de las aclaraciones que ha hecho el DANE, se sigue replicando que esta entidad impondrá sanciones de “35.697 pesos diarios” o “más de un millón de pesos mensuales” a los pensionados que no hayan actualizado el RUT el 31 de enero de 2021. 

Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple

Chequeo Múltiple

Viernes, 23 Abril 2021

Director de la DIAN, más preciso que Carrasquilla al hablar de impuestos a las iglesias

Por José Felipe Sarmiento

Ambos acertaron sobre las normas que sustentan los beneficios tributarios a organizaciones religiosas, pero el ministro se descachó al meter a todas las entidades sin ánimo de lucro en el mismo saco.

Una de las propuestas que han surgido en el Congreso como alternativas al contenido del proyecto de reforma tributaria radicado por el gobierno el 15 de abril de 2021, con el propósito de recaudar 23,4 billones de pesos, es la de poner a las iglesias y otras organizaciones confesionales a pagar impuestos.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco Riveira, se pronunciaron al respecto en la rueda de prensa en la que presentaron la iniciativa. Ambos descartaron la posibilidad, aunque dieron argumentos diferentes: el primero se refirió a su carácter de entidades sin ánimo de lucro y el segundo, a la base constitucional de sus beneficios.

Colombiacheck revisó los argumentos de los dos funcionarios. Intentó contactarlos por medio de sus equipos de prensa para profundizar en el sustento de lo que dijeron, pero ninguno contestó. En todo caso, ambos acertaron en términos generales, aunque la intervención de Junco resultó verdadera por su precisión, mientras que la de Carrasquilla tiene un ‘pero’ porque no todas las entidades sin ánimo de lucro tienen el mismo régimen.

Sin ánimo de lucro: Carrasquilla

VERDADERA PERO...

“Las iglesias son parte de un universo que conocemos tributariamente como las entidades sin ánimo de lucro. Estas se incluyen dentro de un gran capítulo y hemos llegado a la conclusión, como sociedad, de que tengan un tratamiento especial desde el punto de vista tributario”, dijo el ministro Carrasquilla.

Según la Confederación Colombiana de ONG, las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) son todas las organizaciones de carácter civil que se rigen por el derecho privado y dedican todo su patrimonio a cumplir con una “una finalidad que atiende al interés general o beneficia a un número importante de personas, de forma tal que las mismas contribuyen a la realización de los fines del Estado, al adelantar actividades que el Estado no alcanza a desarrollar”, por lo que reinvierten sus excedentes. Entre ellas, en efecto, clasifican las iglesias.

Sin embargo, esto no quiere decir que todas tengan el mismo tratamiento tributario a pesar de que sí tienen beneficios en general desde la reforma tributaria de 1986. Unas son contribuyentes y otras no, de acuerdo con diferentes disposiciones legales que se aplican según el caso.

Hoy existe un Régimen Tributario Especial para las ESAL. Su principal beneficio es una tarifa especial en el impuesto de renta. Sin embargo, el Estatuto Tributario aclara que esta categoría “no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes”, entre estas se encuentran “las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley”.

De hecho, ni siquiera todas las no contribuyentes son iguales. Aunque no pagan, las iglesias reconocidas por el Ministerio del Interior de todas formas tienen que declarar sus ingresos y patrimonios, igual que los sindicatos, las asociaciones gremiales, los partidos políticos o los fondos de empleados, entre otros. En cambio, algunas organizaciones en esa misma categoría ni siquiera tienen ese requisito, incluídas varias entidades estatales, la Cruz Roja y las juntas de acción comunal, por poner ejemplos.

“Las entidades sin ánimo de lucro que están clasificadas como no contribuyentes no pagan renta en ningún caso. Hay otras, como las fundaciones, que son de régimen tributario especial y para no pagar renta requieren reconocimiento por parte de la DIAN. Las iglesias, por ley, son clasificadas como no contribuyentes y eso hace que nunca tengan que pagar renta”, le confirmó a Colombiacheck el contador público y docente universitario Henry Carvajal Rodríguez.

Por tanto, Carrasquilla tiene razón en que las confesiones religiosas pertenecen a las ESAL pero la calificación de su afirmación es “verdadera pero” porque esas entidades no constituyen un solo paquete con un mismo régimen tributario. Si bien es cierto que tienen beneficios en general, estos difieren según la naturaleza de cada una.

Constitución y Concordato: Junco

VERDADERA

“Las iglesias que están definidas por el Ministerio del Interior como congregaciones religiosas son no contribuyentes porque la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 19, establece la libertad de cultos y, al ver que que hay un ánimo de confesión, [...] lo protege porque tiene un tema de correlación con el Concordato de 1887 de la Iglesia Católica. En pocas palabras, el tema no es tributario, es constitucional e internacional”, agregó el director de la DIAN enseguida de Carrasquilla.

En efecto, como ya se citó, el Estatuto Tributario incluye a las iglesias en la categoría de no contribuyentes. Además, la argumentación de Junco con respecto a la relación entre estos beneficios tributarios y la libertad de cultos coincide con la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Por tanto, lo que dijo es verdadero.

El tribunal ha recordado en varias ocasiones que todas las religiones son reconocidas por el Estado en igualdad de condiciones, no solo conforme a la Carta Política sino también a la Ley 133 de 1994, que la desarrolla en esta materia. La sentencia C-027 de 1993, sobre la ley que aprobó el Concordato entre Colombia y el Vaticano, avaló que los “bienes de utilidad común sin fines de lucro” de la Iglesia Católica tengan las exenciones tributarias acordadas entre los dos estados y las extendió a las demás religiones en aras de la igualdad.

El profesor Carvajal y la abogada Lorena Ríos Cuéllar, exdirectora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, también constataron esta interpretación. “Desde la expedición de la Ley 20 de 1974, que aprobó el Concordato, la Iglesia Católica ha sido considerada como no contribuyente, tanto en renta como en otros impuestos. Esta condición fiscal ha sido extendida al resto de iglesias y confesiones por la Corte Constitucional”, señaló la exfuncionaria.

En consecuencia, las declaraciones de Junco Riveira son verdaderas e incluso más precisas que las del ministro Carrasquilla sobre el mismo tema.