Pasar al contenido principal

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Martes, 22 Enero 2019

Disidencias de Farc no son principales responsables de asesinatos de líderes sociales

Por Sania Salazar

Organizaciones que hacen seguimiento de esos homicidios dicen que en la mayoría de los casos no se conoce la identidad de los asesinos.

Durante una entrevista con la W Radio, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez aseguró que “la mayor parte de todos estos líderes sociales han sido asesinados por esas disidencias de las Farc”.

Colombiacheck le preguntó al equipo de prensa de la Vicepresidente en qué fuente basó su afirmación, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos obtenido respuesta.

Tras consultar varias fuentes, calificamos la frase de la Vicepresidente como falsa, pues las disidencias no aparecen como las mayores responsables de la autoría material ni intelectual de la mayoría de esos crímenes, según las fuentes expertas que consultamos.

Las disidencias están conformadas, como lo explica la Fundación Ideas para la Paz, FIP, por “exintegrantes de las Farc que decidieron formar nuevas facciones armadas”. Son personas que no estuvieron de acuerdo con la negociación con el Gobierno y se apartaron del proceso de paz, por lo que hoy no forman parte del partido político en el que se convirtió esa guerrilla.

Por otra parte, como explicamos hace unos meses, hay discrepancias entre el gobierno y varias organizaciones que monitorean crímenes contra líderes sociales sobre quién, exactamente, clasifica como “líder social”.

Pero, además, tanto las cifras oficiales como las extraoficiales sobre los asesinatos de líderes sociales concuerdan en que en buena parte de los casos no se ha podido establecer la identidad de los responsables.

Por ejemplo, el 10 de enero, tras la entrega de un informe de la Fiscalía a la Justicia Especial para la Paz, JEP, sobre la victimización a líderes sociales por parte de agentes del Estado, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aprovechó para aclarar cifras del fenómeno en general.

Según Martínez, entre 2016 y 2018, la Fiscalía había determinado la autoría en 126 de los 231 casos reconocidos por la entidad en ese período de tiempo. Es decir que en el 45,5 por ciento de los casos no se ha podido establecer quién fue el perpetrador. En los casos en los que sí se pudo determinar un responsable, Martínez dijo que los principales perpetradores eran el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.

El 11 de enero, el mismo Fiscal informó en una rueda de prensa que hubo "238 líderes asesinados entre los años 2016 y 2018, según las cifras entregadas por Naciones Unidas (siete más a partir de la noche del día de ayer)” y que “el Estado colombiano ha logrado el esclarecimiento, a la fecha del 53 por ciento de estos casos de homicidio”.

En la rueda de prensa, Martínez dijo que, “en un 65 por ciento de los casos [de asesinatos de líderes sociales], los homicidios se deben a organizaciones criminales” como “grupos armados organizados residuales, el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, la organización criminal que más está afectando en el territorio a nuestros líderes sociales y los Caparrapos [una facción que se separó del Clan del Golfo]”.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, aseguró en una columna de opinión titulada “Líderes sociales: en exterminio”, publicada el pasado 9 de enero, que desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, se han producido 229 homicidios de líderes sociales y que “el 30 por ciento de los homicidios fueron cometidos por las disidencias de las Farc, grupos posdesmovilización paramilitar, como el Clan del Golfo, el ELN, es decir, actores identificados”.

Ávila señaló además que “hay agentes legales, como supuestos empresarios, políticos, agentes estatales o élites locales, así como actores criminales que contratan sicarios para asesinar líderes sociales. Muchos sicarios no saben ni siquiera quién los contrata”.

El informe “Cómo va la paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de paz”, publicado por Pares en enero de 2019 señala que “los datos de victimarios aparecen en su mayoría registrados bajo la categoría “actores no identificados”, en realidad no se conoce quién los asesinó. En un 85 por ciento son agentes no identificados. (Actor no identificado + estructura armada criminal no identificada).

Grafico1

 

Estas cifras indican una tendencia opuesta a la que afirma la Vicepresidente, pues la responsabilidad de lo que en Pares denominan “Grupos armados pos Farc” es menor que las de otros grupos armados ilegales.

Finalmente, el informe de la Fundación Ideas para la paz, FIP, “Agresiones y homicidios de líderes sociales”, coincide en que no hay claridad sobre qué actores están detrás de las agresiones a líderes sociales. El informe indica que los homicidios representan el 30 por ciento de las agresiones contra líderes y que en el 58 por ciento de las agresiones en general no se conoce al responsable, mientras que en el 35 por ciento se responsabiliza a las facciones criminales y los grupos armados ilegales. El 3 por ciento de los señalamientos recae sobre las disidencias de las Farc.


Grafico2

 

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Miércoles, 28 Junio 2017

¿La amnistía garantizaba la libertad de los presos de las Farc en 10 días?

Por Sania Salazar

En la entrega final de armas de las Farc, el comandante de esa organización, Rodrigo Londoño, se quejó porque aún hay guerrilleros presos cuando la Ley de amnistía prometía libertad en 10 días.

En la ceremonia en la que se dio por terminado el proceso de dejación de armas individuales de las Farc el comandante de ese grupo, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, aprovechó para recriminar al Gobierno por lo que considera como incumplimientos de lo pactado en el Acuerdo Final.

“Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a seis meses de la expedida una Ley de amnistía e indulto que les garantizaba libertad en 10 días”, fue uno de sus reclamos.

La Ley de Amnistía e Indulto entró en vigencia el 30 de diciembre de 2016, cuando el Presidente Santos la sancionó. Efectivamente, el próximo 30 de junio se cumplen seis meses. Hay que recordar que esta ley aplica solo para delitos políticos y conexos, no para quienes hayan cometidos delitos graves y de lesa humanidad.

Colombiacheck revisó el decreto que detalla la manera como se debe aplicar esta ley. Ese documento deja claro que en el caso de guerrilleros privados de la libertad, con procesos en curso o condenados, el trámite no debe demorar más de 10 días “contados a partir del momento en que se presente la solicitud de amnistía o de que inicie el trámite de oficio”.

Además la Ley de amnistía precisa que “respecto de los integrantes de las Farc que por estar encarcelados no se encuentran en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente”.

Esto precisamente es lo que al parecer no tiene claro ‘Timochenko’: Que los procesos son individuales, así que ese término de 10 días se vence en diferentes fechas según cada caso, que son jueces de ejecución de penas los que tienen en sus manos el análisis de esos casos, aparte de los demás procesos que ya tenían pendientes cuando se aprobó esta ley y que, según las Farc, son 3.400 los prisioneros de esa organización que esperan que se estudien, lo que requiere tiempo.

Si se trata de lo que dice literalmente el papel, Londoño tiene razón, pero consideramos que desconocer el contexto de la aplicación de la ley da para mal interpretar el espíritu del decreto, por lo que Colombiacheck califica la afirmación de Londoño como aproximada.

Del papel a la realidad

A la hora de aplicar la Ley de amnistía hubo inconvenientes, como en otros aspectos de la implementación del Acuerdo Final, escollos que han tenido ambas partes del proceso, y por las que se han acusado mutuamente de incumplir.

“No creo, honestamente, que esto sea un incumplimiento del Acuerdo. Las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo político, el Gobierno hace todo lo que está en sus manos para cumplir con lo pactado. La Ley de amnistía se adoptó en tiempo récord, esa ley enfrentó dificultades en su aplicación por algunas interpretaciones de los jueces, el Gobierno inmediatamente se puso a la tarea de expedir un decreto reglamentario que explica varias cosas. Luego está en manos de los jueces la aplicación de la amnistía”, argumentó Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Díaz resaltó que se trata de decisiones judiciales que no están en manos del ejecutivo, ni del Gobierno, ni en manos del Alto Comisionado para la Paz, sino de los jueces. Recordó además, que quienes toman estas decisiones son jueces de ejecución de penas con una carga de trabajo alta que están revisando en detalle cada solicitud, lo cual, enfatizó, le da mucha seriedad y legitimidad a las decisiones.

La directora de Justicia Transicional del Minjusticia aseguró que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos en el marco de la independencia de la rama judicial para que se garantice lo acordado, incluso talleres con los jueces para explicarles en detalle el funcionamiento de la ley.

Díaz recordó que para acelerar el proceso en el Minjusticia indultaron alrededor de 221 miembros de las Farc privados de la libertad (por delitos amnistiables e indultables) con la ley 418, la ley vigente antes de la Amnistía pactada en el Acuerdo Final. “Eso también muestra el compromiso”, concluyó.

En un chequeo titulado Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía contamos el pasado 25 de enero que el proceso estaba sufriendo demoras debido a que se estaba sometiendo a consenso de las partes involucradas un documento que deben firmar los beneficiados con la amnistía y que bautizaron como acta de compromiso.

Precisamente, antes del acto de cierre de la entrega de armas de las Farc, se conoció que Seusis Pausivas Hernández, cuyo alias es Jesús Santrich, se declaró en huelga de hambre en solidaridad con los presos de las Farc que no han sido beneficiados todavía con la ley de amnistía e indulto. Según explicó, la ley solo ha beneficiado a 832 de los 3.400 prisioneros reconocidos por la que hasta ayer fue la guerrilla de las Farc.

Según cifras del Ministerio de Justicia, hasta el pasado 23 de junio se habían concedido 295 libertades condicionales, beneficio que se otorga a guerrilleros con investigación o condena por delitos no amnistiables siempre y cuando lleven cinco años privados de la libertad y hayan firmado el acto de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En este caso la libertad se obtiene bajo ciertos compromisos y obligaciones.

Hasta la misma fecha se habían trasladado a Zonas Veredales Transitorias de Normalización a 226 exguerrilleros. En este caso se trata de personas con investigaciones o condenas por delitos no amnistiables con menos de cinco años privadas de la libertad a los que se traslada a las zonas veredales para que continúen allí su detención.