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Viernes, 06 Julio 2018

#NosEstánMatando: Los orígenes de las cifras de líderes sociales asesinados

Por José Manuel Cuevas

Colombiacheck revisa las diferentes cifras sobre los asesinatos de líderes sociales.

Colombiacheck identificó las razones de las diferencias entre algunos datos e informes sobre asesinatos de líderes sociales que se han publicado en los últimos días

Con los asesinatos recientes de Luis Barrios en Varela (Atlántico), Felicinda Santamaría en Quibdó (Chocó), Margarita Estupiñán en Tumaco (Nariño) y Ana María Cortés en Cáceres (Antioquia), el foco mediático se ha volcado sobre esta ola de violencia contra los líderes sociales.

Sin embargo, se han divulgado cifras muy diferentes sobre la cantidad de asesinatos que se han registrado en los últimos meses. En Colombiacheck les contamos de dónde surgen estas diferencias.

Aunque no es un fenómeno nuevo en Colombia, el asesinato de líderes sociales en el país volvió a estar en la agenda mediática desde finales de 2016, último año de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC y, en medio de un nuevo panorama de actores armados.

Desde entonces, los reportes oficiales y extraoficiales de líderes sociales asesinados han divergido.

Para el Gobierno, desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016, los líderes asesinados son 178 (33 de esos en 2018), cifra que dio esta mañana en una entrevista en Caracol Radio el coronel José Restrepo, director del cuerpo élite de la Policía para la protección de líderes sociales.

La cifra oficial, en la que también se apoya la Fiscalía General de la Nación, está basada en la verificación que hace la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la causa del asesinato y de la condición de líder social de la persona.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha reportado 311 líderes asesinados. Sin embargo, buena parte de la diferencia en estas dos cifras oficiales se debe a que la Defensoría del Pueblo está contando los asesinatos de líderes sociales entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año, como revela la leyenda de un mapa realizado por la entidad.

Por su parte, el Instituto de Estudios Sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) registra 385 entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de mayo de 2018 que registra en su último informe.

Esta mañana, el periódico Publimetro usó las cifras de Indepaz para publicar su historia de portada en la que se dice que “si se toma el número de Indepaz y se suman los 14 asesinatos de líderes que se han reportado desde mayo a la fecha, llegaríamos a la alarmante cifra de 399 personas asesinadas en relación a su labor”. Sin embargo, la publicación no especifica de dónde toma el dato de las 14 víctimas adicionales.

Primera plana de Publimetro sobre asesinatos de líderes sociales

Por su parte, la ONG Somos Defensores, que habla no de líderes sociales sino de “defensores de derechos humanos”, registra 46 asesinatos en el primer trimestre de lo que va de año. Para su director, Carlos Guevara, las diferencias con las cifras del Gobierno radican en que Somos Defensores lleva más tiempo en la labor de registrar las víctimas. Además tienen distintas interpretaciones del concepto que se tiene de defensor de derechos humanos. Para la ONG, se trata de una persona que se preocupa por y defiende los derechos de su comunidad. También hay diferencias en cuestiones metodológicas, como considerar la condición de defensor y el papel activista de la persona más allá de su visibilidad, impacto o filiación política. Todo esto amplía el universo de defensores de derechos humanos para la ONG.

Pero al margen de las diferencias en los datos, según resalta Guevara, el informe de Somos Defensores de 2017 da cuenta de cómo “las causas, las zonas y los actores armados son los mismos y están provocando una verdadera matanza”.

Martes, 25 Julio 2017

¿Uribe redujo los asesinatos de periodistas?

Por Sania Salazar

Aunque eso dice la dirección del partido Centro Democrático en Santander, el tema no se puede reducir a la matemática. Así que menos muertes de periodistas no garantizan una mayor libertad de prensa.

Diana Saray, subdirectora del diario Vanguardia Liberal, publicó el pasado 28 de mayo la columna Uribe, el destructor, en la que llamaba la atención sobre los ataques del senador Álvaro Uribe a varios periodistas del país. Como respuesta recibió en la redacción del periódico una carta del Centro Democrático en Santander con algunas ‘precisiones’.

 

 

En la carta, Carlos Arturo Peña Blanco, director ejecutivo del Centro Democrático en Santander, asegura que durante los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010) los índices de homicidio de periodistas “tuvieron una reducción considerable, lo cual garantizaba ese ejercicio de la prensa como un derecho fundamental”.

Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, pues si bien en esos años se redujeron los homicidios de periodistas, se desconoce el contexto de la situación, que según estudios al respecto, para nada se reflejó en garantías para el ejercicio del periodismo en el país. Las formas de acallar a la prensa cambiaron.

Llamamos a Peña Blanco para saber en qué basa su afirmación. Nos dijo que la fuente era la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

“En 2002 asesinaron 10 periodistas, en 2010, uno solo. Hay que resaltar que en el 2008 no asesinaron a ninguno, lo que no ocurría en el país desde hace mucho tiempo”, nos explicó por WhatsApp.

“Ahora, dirán que si bien los homicidios disminuyeron las amenazas aumentaron. Es cierto. Mientras que en el periodo 1998-2001 se presentaron 14 amenazas contra periodistas al año, en los periodos 2002-2005 fue de 66 y en el periodo 2006-2009, fue de 93”, aseguró el directivo.

Según Peña Blanco, el aumento de las amenazas se debe a “la confianza en las instituciones y el Programa de Protección al periodista, que incentivaron las denuncias. El programa de Protección lo montó Pastrana, pero fue en el gobierno Uribe donde se fortaleció a cargo del Ministerio del Interior”, concluyó.

El primer error de sus declaraciones es afirmar que en 2010 mataron un solo periodista, pues en realidad fueron dos. Según las cifras del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La palabra y el silencio. La violencia contra los periodistas en Colombia (1977-2015), los asesinatos pasaron de diez en 2002 a dos en 2010.

La reducción a la que se refiere Peña Blanco es del 80%. Aunque durante los ochos años de la era Uribe fueron asesinados 30 periodistas en colombia.

 

El informe de la Flip aporta cifras anuales de asesinatos de periodistas desde 1996. Entre ese año y 2001, un año antes de que Uribe llegara a la presidencia, mataron a 36 periodistas. Hay que aclarar que ese periodo abarca seis años y no ocho.

El informe compara además periodos de cinco años. Entre 2011 y 2015 segaron la vida de 6 periodistas. Estas comparaciones, aunque no abarcan periodos de ocho años, permiten vislumbrar el panorama antes y después del Gobierno Uribe.

“Entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las estadísticas de asesinatos de periodistas disminuyeron sensiblemente por medidas asociadas al desmonte del paramilitarismo, ante el seguimiento internacional de la realidad vivida por las personas que ejercen el periodismo, que atrae la atención de medios y de organizaciones de periodistas y de derechos humanos internacionales; a los mecanismos de protección diseñados por las instituciones periodísticas y el gobierno; a los esfuerzos realizados por entidades como la Flip en temas como las redes de alerta, la denuncia pública, la investigación y los mecanismos de protección de periodistas promovidos junto con otras organizaciones colombianas; a los extendidos procesos de formación de periodistas y a una mayor atención al periodismo regional”, indica el informe del Centro de Memoria Histórica.

Vivos, pero amordazados

“Como observaron en su momento los Informes de la Flip sobre el estado de la libertad de prensa en el país, mientras disminuían los asesinatos aumentaba la autocensura y otros fenómenos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la sociedad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos humanos y de algunos periodistas”, resalta el informe.

El documento también registra casos reportados por la Flip como el del periodista Gonzalo Guillén, de quien Uribe dijo que había dedicado su carrera periodística a la infamia y la mentira. O la calificación de “mentiroso” y “miserable” a Daniel Coronell. “Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, dice el informe.

Camilo Vallejo, abogado y periodista, uno de los investigadores del informe La palabra y el silencio, explicó que no porque se reduzcan los homicidios de periodistas hay más libertad de prensa. “Crecen otro tipo de agresiones, no solo las amenazas, que son las que toman protagonismo después. En el Gobierno de Uribe aparecen dos tipos de agresiones que eran muy pobres antes, el espionaje, lo que viene con las chuzadas del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), donde un gran número de periodistas sufre de interceptación de sus comunicaciones, de robos de equipos en sus propiedades. El otro es la estigmatización por parte del mismo presidente y ese es un problema de libertad de prensa en la medida en que pone en riesgo al periodista, en la que el principal funcionario, que es el presidente, pierde su posición de garante para defender a los periodistas”.

Vallejo afirma que es absolutamente falso que las amenazas se incrementen porque hay una confianza y la gente ha denunciado más. Explica que los datos de la Flip, que son los que retoma el informe, no son datos oficiales, no se toman ni de la Fiscalía, ni de la Policía, “precisamente porque desde su nacimiento la Flip documenta casos porque entiende que muchos periodistas no quieren hacerlos llegar a las autoridades. El incremento se registra en el rastreo que hacía la Flip antes del 2002”, indicó.

Además, Vallejo recordó que en esa época hubo muchos periodistas desplazados, solo en Arauca 20 periodistas tuvieron que salir del departamento. Para el investigador es muy difícil saber si el sistema de protección se fortaleció en el gobierno Uribe.

Vallejo indicó que hay una hipótesis muy fuerte y es que lo que ocurre en la era Uribe, con ese proceso de estigmatización y de recrudecimiento del conflicto, es que al aumentar la autocensura, menos agresiones se registran como noticias, pero no hay más libertad de prensa, “esa es la ecuación que no se puede perder de vista”, recalcó.

“Otra hipótesis es que la autocensura está creciendo cada vez más, hay menos agresiones, pero la situación de la libertad de expresión puede estar igual o incluso peor si hablamos en términos de cuánta información estamos conociendo”, concluyó Vallejo.