A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por Bogotá y miembro del partido Liberal, retó al presidente Iván Duque a “que le cumpla a sus electores y a todos los colombianos de este país cuando juró que no habría ninguna explotación minera en Santurbán”.

Revisamos si en efecto Duque hizo esta promesa durante su campaña presidencial y calificamos el reclamo de Losada como “verdadero, pero”.

La promesa

Colombiacheck contactó al congresista Losada y a su asesora de comunicaciones para saber en qué documentos soporta su reclamo. Se comprometieron a entregar la información, pero a la fecha de publicación de este chequeo no lo habían hecho.

Sin embargo, revisamos las promesas que hizo Duque cuando era candidato.

El 11 de abril de 2018, en un Foro por la Democracia organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, Duque dijo: “No vamos a permitir minería en ninguna zona delimitada de páramo de Colombia, eso tiene que ser categórico”.

En el mismo evento, ante una pregunta por el proyecto Soto Norte de Minesa, planeado a realizarse en inmediaciones de Santurbán, el entonces candidato dijo: “yo sé para dónde va su pregunta y yo he escuchado con mucha atención las preocupaciones de la comunidad de Santander. Es que eso no es si es aquí abajito o aquí arribita o acá… lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”.

El proyecto de Soto Norte

En su página web, la Sociedad Minera de Santander explica que es una empresa de minería de oro enfocada en el desarrollo del proyecto aurífero Soto Norte, que cuenta con el respaldo de Mubadala Investment Company, grupo empresarial del gobierno de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. También anuncia que en la fase de construcción invertirá “un millón de dólares por día” y que durante el tiempo de dure la concesión (12 años y medio, prorrogables por 30 años más) proyecta dejar en Colombia unos “cien millones de dólares por concepto de impuestos y regalías por cada año de vida del proyecto”.

Sobre la operación del proyecto, en un video publicado en su canal de YouTube en marzo de 2017, Minesa explica que su objetivo es construir una mina subterránea para explotar una veta de minerales preciosos. El material o roca se desprende de la veta mediante el uso de explosivos y será triturado para trasladarlo por un túnel de cinco kilómetros hasta una planta de beneficio de minerales donde será procesado. La mina estará ubicada en el municipio de California y la planta en Suratá, ambos en el departamento de Santander.

El diseño de la mina tiene dos kilómetros de largo por 900 metros de ancho y 780 metros de profundidad. La proyección inicial de Minesa es extraer aproximadamente 68 millones de toneladas de roca con minerales durante el tiempo de la concesión.

En la pieza audiovisual se aclara que el producto final extraído de la mina no serán gramos de oro o de cobre como tal, sino concentrados polimetálicos, una mezcla de varios metales que requiere ser procesada para extraer el oro y el cobre. Dicha mezcla, según el video de Minesa, no es tan valiosa como el oro o el cobre puro, pero tiene mucho más valor que la roca sacada de la mina. 

Luis Álvaro Pardo, economista de la Universidad Nacional, especialista en derecho minero y constitucional, publicó en la edición de abril de la revista Encuentros, ciudad, medio ambiente y territorios una fuerte crítica sobre este contrato de concesión y señaló que “no obliga a reconocer ninguna clase de contraprestaciones al Estado, además del pago de regalías e impuestos. La propuesta de exportar polimetálicos anula la capacidad de control y fiscalización de la autoridad minera y tributaria en la determinación de los minerales que se explotan en el país y de calcular el pago de regalías e impuestos”.

Este proyecto es considerado estratégico por el gobierno para la reactivación económica del país ante la crisis generada por el coronavirus, como lo explicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, a la revista Dinero: “Soto Norte y otros dos proyectos mineros atraerían $4.500 millones de dólares adicionales en inversión extranjera directa y producirían más de 12.000 empleos”.

Como mencionamos más arriba, Duque se comprometió a no realizar proyectos mineros en zonas delimitadas de páramo. Y, en efecto, este proyecto no entra dentro de esa zona. Pero el área de influencia indirecta del proyecto Soto Norte en algunos puntos se sitúa apenas 20 metros por debajo del límite del páramo de Santurbán, como contó la periodista Ana León de La Silla Vacía. 

Además, el área de influencia del proyecto de Minesa sí afecta las subcuencas de los ríos Angosturas y Páez, que a su vez tienen una parte de su territorio dentro del páramo de Santurbán. La empresa árabe explica que el área de influencia se encuentra por fuera de la línea actual de páramo y separada por una zona de “tránsito de bosque alto andino”. Sin embargo, esto podría cambiar porque la Corte Constitucional pidió al Ministerio de Medio Ambiente que adelante una nueva delimitación de Santurbán y que tenga en cuenta el bosque alto andino dentro de su límite. “Si la nueva línea protegiera más territorio el proyecto corre el riesgo de que el impacto previsto toque zona prohibida para explotación minera”, concluye el artículo de La Silla Vacía.

Las críticas ambientales

El riesgo de contaminación de las fuentes hídricas se produce porque, según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Minesa para obtener la licencia ambiental, durante la concesión dispondrá un total de 34 millones de toneladas de material contaminante que está compuesto, además de la roca sobrante de la mina, por concentraciones tóxicas de hierro, arsénico, cadmio, bismuto, antimonio, plomo, molibdeno y uranio; y en el caso de los lixiviados, además de presentar acidez, pueden contener altos niveles de arsénico, cadmio, cobre, hierro, níquel y zinc.

Por otra parte, el rechazo al proyecto minero en Soto Norte tiene una de sus expresiones más organizadas en el Comité Santurbán, un colectivo que se presenta en Twitter como una “plataforma cívica con más de 10 años defendiendo el agua y el páramo de Santurbán, fuente hídrica de Santander”.

El Comité Santurbán ha dado una dura batalla jurídica para lograr que se haga una nueva delimitación del área protegida y se tenga en cuenta la postura e información de las comunidades afectadas durante el estudio de la licencia ambiental que adelanta la Anla.

En esa extensa lucha por visibilizar el tema y proteger el páramo han organizado desde marchas (en 2017 hicieron una que contó con más de 50.000 asistentes) hasta preparar documentación jurídica, como las más de 20.000 solicitudes de terceros intervinientes que presentaron ante Anla y que deben ser atendidas en audiencias públicas.

Una de las últimas movidas en defensa del páramo de Santurbán la dio el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas quien, en asocio con el Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana, presentaron el pasado 24 de julio el primer informe con observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de Minesa. 

Entre las observaciones que plantea el informe llama la atención, por ejemplo, que los impactos negativos del proyecto superan ampliamente los favorables. De los 32 impactos que según el estudio generaría la actividad extractiva de Minesa, 26 son negativos, es decir, el 81% del total. Además, el 46% de los impactos socioeconómicos, también son negativos, pese a que, según el estudio, a Santander le llegarían en promedio 16.000 millones de pesos anuales en regalías.

“Digamos que fueran 20.000 millones lo que llegara de regalías, dividido en los dos millones de habitantes, serían aproximadamente 10.000 pesos al año para cada uno. Ni siquiera así es significativo para la economía regional. Pero si se hace el proyecto y nos quedamos sin agua, tendríamos que ejecutar una nueva iniciativa que costaría 200 millones de dólares, y ¿de dónde los vamos a sacar?”, le dijo Carlos Sotomonte, asesor ambiental de la alcaldía de Bucaramanga, al diario Vanguardia.

Otro hallazgo del informe de observaciones señala que “el Estado no cuenta con estudios propios para definir si en la región donde se localizan los títulos mineros vigentes es viable o no hacer minería, ni para confrontar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por Minesa, en su dimensión socioeconómica, de manera que cualquier decisión respecto de la licencia ambiental se adopta sobre la base de información de una fuente interesada”.

Recientemente, la polémica por el proyecto ha resurgido. Entre las voces que se han unido al rechazo del proyecto Soto Norte en inmediaciones de Santurbán, se sumó la de Claudia Bahamón, arquitecta, modelo, presentadora y activista en redes sociales, quien publicó el sábado 1 de agosto un hilo en Twitter con varios videos. En uno de ellos se observa al presidente Duque diciendo enfáticamente: “Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta, tenemos 37 ecosistemas de páramos y uno de ellos es el páramo de Santurbán, mi compromiso es proteger el páramo”. El trino de la Bahamón acumula ya 129.000 visualizaciones y 1.571 comentarios.

El tema sigue candente pues el 6 de agosto se surtió un debate de control político en la Cámara de Representantes que duró más de once horas y que fue considerado fallido en este artículo de El Espectador por la poca profundidad del cuestionario enviado al Gobierno por parte de los congresistas citantes, así como por la falta de compromiso y de información en las respuestas por parte de los Ministros citados.

Hasta la fecha de publicación de esta verificación, el presidente Duque no se ha pronunciado acerca de estos reclamos.