Terminada la Minga indígena que tuvo la vía Panamericana cerrada por 29 días, Darío Tote, vocero de ese movimiento indígena e integrante del Consejo Regional Indígena, Cric, manifestó preocupación por la seguridad de quienes participaron en la protesta.

“Nos preocupa el derecho a la vida porque el departamento del Cauca es donde más se asesina a dirigentes sociales, a dirigentes de derechos humanos y esta es una de las grandes preocupaciones, que después de la Minga venga esa situación, porque se nos ha señalado como lo peor”, manifestó en entrevista con RCN Radio.

Tote le dijo a Colombiacheck que la situación de violencia contra los líderes es “oficial” y que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional saben que el Cauca es el departamento donde más asesinan líderes sociales de distintas organizaciones.

Después de revisar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de verdadero, pero, porque como ya lo habíamos explicado, hay varias organizaciones que hacen seguimiento a estos asesinatos utilizando diferentes metodologías, por lo que hay varias cifras al respecto y no necesariamente el Cauca aparece en todas como el de mayor número de asesinatos, pero sí en los primeros lugares.

Un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado en diciembre de 2018, indica que según la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total. “Estos asesinatos se concentran principalmente en tres departamentos: el Cauca, Norte de Santander y Antioquia”, puntualiza el informe.

Un trabajo que cruza la información de diversas fuentes el portal de datos Datasketch muestra las cifras que ubican al Cauca como el departamento con mayor número de víctimas, con 114 líderes asesinados desde 2016. Según ese portal, el segundo departamento con mayor número de víctimas es Antioquia, con 73 asesinados.

Según el más reciente informe del programa Somos Defensores correspondiente al primer semestre de 2018, en ese periodo asesinaron a 77 líderes. La mayoría de los casos se registraron en Cauca (13), en Antioquia (12) y en Norte de Santander (10).

Un artículo publicado por  la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en febrero pasado indica que el norte del Cauca concentra la mayor cantidad de hechos de victimización a nivel departamental en los últimos años.

“La salida de las Farc-EP de la ecuación de la guerra en 2016, la entorpecida implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de estructuras armadas enfocadas en fortalecer su capacidad de control sobre distintas economías ilegales, han contribuido en gran medida, con el recrudecimiento de los altos niveles de victimización contra líderes y lideresas sociales”, señala Pares en el documento.

Según esa Fundación, los distintos tipos de victimización, incluyendo los no letales, apuntan principalmente a quienes impulsan procesos de defensa de derechos étnicos y colectivos, a líderes y lideresas involucrados en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, a quienes trabajan por la implementación del Acuerdo de Paz y a quienes promueven o participan en candidaturas y procesos políticos alternativos.

“Los indígenas encabezan la lista de líderes asesinados con un poco más del 40% de todos los hechos registrados, la mayoría ocurridos en municipios como Corinto, Buenos Aires y Santander de Quilichao”, señala el informe de Pares, que además explica que los grupos sociales con mayor cantidad de víctimas son las comunidades afrodescendientes, y las comunidades campesinas, así como líderes y lideresas comunitarios que encabezan procesos sindicales, culturales, comunales y de defensa del acuerdos de paz.

“Tristemente, los ataques a líderes y lideresas en el caso del norte del Cauca hay que verlas, por un lado, a través del acumulado histórico de décadas de persecución a los procesos sociales que reivindican el derecho a decidir sobre sus territorios y, por otro, de cara a una realidad histórica que mezcla las nuevas dinámicas sociales y comunitarios y los viejos conflictos que siguen palpitando en la región”, concluye el informe.

Giovanny Yule, dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric y líder de la Minga, explica que el Cauca ha sido fuerte  históricamente en organización social de los pueblos indígenas, campesinos, afros, sindicatos y otros sectores sociales “eso le hace estorbo a quienes quieren perturbar el equilibrio y la armonía de la comunidad como los narcotraficantes y los grupos armados ilegales, pero también a los grandes terratenientes que quieren seguir acumulando más tierras en detrimento de las comunidades indígenas, afros y campesinas”.

Yule dice que en ese territorio los grupos armados se han puesto a la orden de los narcotraficantes y concluye que es una lucha en buena parte territorial, pero también política y cultural.

Durante la presentación del “Tercer informe del estado de la implementación del acuerdo de paz” del Instituto Kroc de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, Borja Paladini, director de la entidad, aseguró que la seguridad de los líderes sociales y los excombatientes es una de las principales preocupaciones que tienen, pues los líderes no se sienten seguros y eso pone en riesgo la implementación territorial del acuerdo de paz.

Foto portada: Fernando Acalo. Tomada de la página del Cric.