En otro de los anuncios del presidente Duque en su discurso, acerca de su programa de Paz con Legalidad, aseguró: “Más de 30.000 familias se han beneficiado de los procesos de titulación de tierras. El próximo 20 de julio, en un año, este Gobierno superará la meta de los 50.000 beneficiados y se habrá convertido en el Gobierno que más títulos de tierra habrá entregado en la historia de Colombia”.

Al verificar esta afirmación encontramos que es cuestionable por varias razones que explicaremos a continuación. 

Sobre las familias beneficiadas por titulación de predios, consultamos a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, encargada del Programa de Formalización de la Propiedad Rural. 

A manera de contexto, hay que decir que este Programa de Formalización fue creado por el Ministerio de Agricultura con una resolución en el año 2012, modificada en 2013. Esa cartera estuvo a cargo del proceso de formalización hasta el 2016, cuando pasó a ser parte del resorte de la ANT.

En esa entidad nos informaron que el mandatario se refiere a la suma de varios procesos: la formalización de predios privados de familias campesinas, y la titulación colectiva para comunidades indígenas y afro, que habitan determinadas áreas rurales.

“En el caso de los campesinos, se formaliza su título o se les da acceso a la tierra. Con las comunidades indígenas se constituyen o amplían resguardos. Y con las comunidades afro se apoya la titulación colectiva y las iniciativas comunitarias”, explicaron en su oficina de comunicaciones.

Aclararon que estos procesos no se deben confundir con la titulación de baldíos, o con la restitución de tierras, que son otras estrategias relacionadas con el contexto rural en Colombia.

De acuerdo con la Agencia, con corte a junio de 2021, el número de familias beneficiadas durante el actual cuatrienio es de “34.970, que suman 648.012 hectáreas regularizadas, a través de 24.217 títulos expedidos y registrados”.

Las cifras son similares a las mencionadas por el presidente. Sin embargo, encontramos que tienen varios puntos cuestionables.

Falta de claridad

El primer punto cuestionable es la dificultad para diferenciar a qué procesos corresponden las estadísticas, pues es distinta la formalización de propiedad privada campesina, donde se entrega un título a cada familia o la titulación colectiva a decenas de familias en resguardos indígenas o comunidades negras.

Solicitamos a la ANT la discriminación de las cifras, pero no obtuvimos respuesta.

La falta de claridad es un punto negativo que han notado los investigadores del Observatorio de Tierras (Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria), una iniciativa liderada por la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana.

“Lo que solemos ver es que la ANT maneja unas cifras poco claras, porque en un solo paquete meten adjudicación de baldíos, formalización de la propiedad privada y títulos colectivos a comunidades étnicas. Para nosotros esto es un error, pues son procesos distintos, no es lo mismo otorgar tierra a alguien que no la tenía, que darle un título de propiedad a una persona que ya estaba ahí”, nos contó el abogado Milton Valencia, investigador del Observatorio.

De acuerdo con el académico, en primer lugar, la formalización de la propiedad privada está dirigida a familias campesinas que ya cuentan con la tenencia de la tierra, pero de manera informal, o parcialmente oficial, pues la obtienen fruto de herencias o sucesiones. 

“Generalmente, sucede que las familias no gestionan el trámite de las herencias, y se van repartiendo los predios entre los cinco o seis herederos, sin documentos formales”, explica.

Al recibir su título formal, tienen acceso a servicios de créditos bancarios, subsidios de vivienda y programas de proyectos productivos.

Por otro lado, las titulaciones colectivas están dirigidas a resguardos indígenas o comunidades negras que comparten un solo predio. “Pero en este caso no es tenencia de la tierra como propiedad privada, sino colectiva, que en teoría no se puede vender, ni embargar ni hacer juicios de posesión. No obedece a una política de formalización. Los objetivos son completamente diferentes”, añade Valencia.

Por ejemplo, de las 30.000 familias que mencionó Duque, no es posible saber cuántas recibieron de forma independiente la formalización de su título privado, y cuántas corresponden a las comunidades que comparten un mismo título colectivo.

“La ANT no es clara al momento de diferenciar si está adjudicando o si está formalizando, y mete todo en un solo paquete para demostrar que está cumpliendo”, concluye Valencia.

En esto coincide un informe publicado en 2019 por varios congresistas del bloque de oposición, en el que hicieron seguimiento al proceso de formalización de tierras, como parte de los compromisos del Acuerdo de Paz.

Entre sus conclusiones, el informe advirtió: “el Gobierno está reportando, sin diferenciar, los datos de formalización y dotación de tierras, lo que no corresponde a lo establecido en el Acuerdo, ni a las metas definidas en el PND [Plan Nacional de Desarrollo]”. 

Ante esto, recomienda: “Reportar los avances de hectáreas, predios y personas beneficiadas, diferenciando entre formalización y adjudicación, en los términos establecidos en el Acuerdo y hacerlos públicos”.

Para verificar las cifras, decidimos hacer una búsqueda de estas en sus informes de gestión anual. Pero encontramos que estos números no se entregan de manera absoluta, pues las cifras de formalización a familias campesinas son manejadas por la Dirección de Seguridad Jurídica, mientras los procesos de títulos colectivos los administra la Dirección de Asuntos Étnicos. 

Es decir, año a año, no hay un consolidado de beneficiarios de la forma en la que el presidente lo presentó ante el Congreso, pues cada grupo poblacional tiene sus propias cuentas.

Intentamos entonces sumar los números entre los documentos, pero la falta de coincidencia en algunas cifras hizo difícil la operación. 

Por ejemplo, en el conjunto de informes de gestión del período 2020, un documento dice que en el trámite de formalización de predios privados a familias campesinas, se expidieron 3.316 títulos (ver aquí, p. 4); pero otro archivo señala que fueron 3.821 títulos en el mismo período (ver aquí, p. 98).

Incluso hay cifras que se contradicen dentro de un mismo documento. Este informe de 2018 primero menciona  que el número de “familias indígenas beneficiadas con legalización de tierras, por ampliación de resguardos” es de 785 (ver p. 2); pero en una tabla posterior, cuando discrimina esa cifra por departamentos, suma 506 (ver p. 7).

Fraccionamiento antieconómico

Otro aspecto cuestionable de las cifras de la Agencia Nacional de Tierra es el “fraccionamiento antieconómico” en el proceso de formalización, según este informe de la Procuraduría General de la Nación.

El documento de la Procuraduría fue publicado en enero de 2021 y revisa “el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el acuerdo de paz”.

En uno de sus puntos, revisa los avances del programa de formalización de predios privados a familias campesinas, y advierte:

“Si bien la formalización es una política necesaria para dar seguridad jurídica a las propiedades de pequeñas familias campesinas, su gestión se concentra en la titulación de microfundios, lo cual no está aportando a la reforma de la estructura agraria y, por el contrario, puede estar contribuyendo al fraccionamiento antieconómico de la propiedad a unos altos costos de transacción y largos tiempos procesales”.

En otro párrafo, cuestiona: “se están titulando de manera generalizada y sin la requerida justificación técnica, mediante la excepción a la Unidad Agrícola Familiar, UAF, en extensiones muy pequeñas de tierra, intensificando el microfundio”.

El fraccionamiento antieconómico es justamente uno de los problemas de la distribución de la tierra en Colombia. Así está incluido en el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016, en el componente ‘Reforma Rural Integral’. Y así lo explica Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz:

“El problema del microfundio es un tema muy viejo en Colombia, pero al mismo tiempo hay un problema de altísima concentración. La respuesta debe ser una política de democratización y redistribución de tierras, de asignación de más tierra para la gente que tiene menos, por lo menos para que alcancen una Unidad Agrícola Familiar. Lo que están es titulando ‘fincas de recreo’”, señala el investigador.

Asimismo, hay un importante cuestionamiento por parte de la Procuraduría sobre la calidad de las áreas que se están formalizando para las familias campesinas. 

Además, es en estos datos cuestionables en los que Duque se pasa para prometer que “el próximo 20 de julio, en un año, este Gobierno superará la meta de los 50.000 beneficiados y se habrá convertido en el Gobierno que más títulos de tierra habrá entregado en la historia de Colombia, aunque está hablando a futuro”. 

Incluso, esta afirmación tiene otro error, pues el mandatario confunde “beneficiarios” con “títulos entregados”. Al final, no se sabe a qué corresponde la cifra de 50.000.

Como hemos explicado, en el caso de la formalización de predios privados, le corresponde un título a cada familia; pero en las titulaciones colectivas, cientos de familias pueden compartir un mismo título. El término “beneficiados” también se podría referir a núcleos familiares o al número total de personas.

En todo caso, si el número de 50.000 corresponde a familias beneficiadas, los informes de gestión de la Agencia Nacional de Tierras, al terminar el gobierno anterior, indican que en su período fueron 56.000, como lo reportó la entidad ante La República. Así que, con el resultado prometido, este gobierno no superaría al anterior en ese objetivo y no podría decir, como lo está anunciando, que ha hecho la mayor titulación de la historia.

Hablamos con el anterior director de la Agencia, Miguel Samper, y nos compartió apartes de su informe de empalme al terminar su administración, en agosto de 2018. Entre las cifras se mencionan 55.000 familias beneficiadas en los 26 meses de gestión:

Samper incluso publicó este trino, en los que criticó las cifras dadas por Duque: 

Presidente @IvanDuque no tiene por qué decir mentiras para mantener a flote un gobierno sin rumbo ni norte: el Gobierno anterior tituló 63.000 familias campesinas en 2 años y medio. Su gobierno no ha sido capaz de titular ni la mitad de eso en 3 años.

— Miguel Samper Strouss (@MiguelSamperS) July 20, 2021

Volvieron las masacres y los desplazamientos masivos como el de Ituango.

Portazo a los diálogos de paz con el ELN.

El Catastro Multipropósito nada que arranca.

Han titulado en 3 años menos de la mitad de las tierras que tituló el Gobierno anterior en 2 años.#LaPazDeDuque 🤥 https://t.co/lwcldO5nJM

— Miguel Samper Strouss (@MiguelSamperS) July 26, 2021

Samper incluso publicó este trino, en los que criticó las cifras dadas por Duque: 

En conclusión, calificamos como cuestionable la afirmación del presidente Duque ante el Congreso sobre su balance de titulación de tierras y familias beneficiadas, pues es confusa la forma en la que llegó a esas sumas. Además, su fuente, la Agencia Nacional de Tierras, no presenta claridad en los informes al respecto.