La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reconoce que la coca es una planta sudamericana originaria de los Andes amazónicos, que crece en un rango de altitud que va desde los 800 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar en tierras cálidas y húmedas.

Sobre su sacralización en la cultura inca, el libro “Mitología Inca” del doctor en sociología Javier Tapia indica que, si bien en el sistema de creencias de esta civilización se adoraban principalmente a tres o cuatro deidades, había “dioses menores” relacionados con “diferentes aspectos planos de la vida”; entre ellos se encuentra Kuka Manka, “el espíritu o huaca de las hierbas mágicas y alucinógenas, como la coca y la ayahuasca”.

“Kuka Manka conecta los mundos interiores y exteriores, eleva y altera la consciencia, permite el conocimiento con otras realidades (…) Experimentar sin su consentimiento, según las leyendas incas, puede ser más que peligroso, ya que al hacerlo se puedo perder la mente, el conocimiento y hasta la propia vida. No basta con rezarle, hay que aprender su arte”, señala el documento.

Para esta cultura, que ocupó principalmente Los Andes, extendiéndose por el territorio de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, incluso sur de Colombia, la coca adquirió una relevancia primordial en los rituales y ceremonias, de acuerdo con el artículo “Sobre la coca y la cocina” de la Universidad de los Andes, el cual especifica que, antes de un viaje, los sacerdotes arrojaban hojas al viento para propiciar a los dioses.

También describe que, en el Coricancha (Recinto Dorado), la Corte de Oro y el Templo del Sol, se ofrecían sacrificios a la planta y los suplicantes solo se podían acercar a los altares si en sus bocas llevaban coca. “Los augures y los adivinos leían el futuro en las venas de la hoja y en la forma en que la saliva verde se derramaba sobre los dedos”, detalla.

La investigación “El uso de la coca entre los incas”, publicado por la Revista Española de Antropología Americana, asegura que los monarcas llegaron a restringir su utilización para el pueblo, pero no porque “tuvieran conocimiento de su toxicidad, [ya que] no existe una sola prueba histórica a favor de ese supuesto”, sino para limitarlo al exclusivo uso en cultos y como presente para aquellas personas que se distinguían por sus servicios especiales al imperio.

“Es más verosímil que su limitación fuera de origen religioso, ya que el pueblo peruano atribuía un origen divino a todos los productos del suelo. Los peruanos creían que todas las plantas útiles estaban animadas por un ser divino que ocasionaba su crecimiento”, aclara.

Sobre el cultivo de esta especie, los incas crearon un sistema complejo conformado por campos en regiones húmedas y calientes, “las más propicias para el crecimiento de la planta”, según la revista National Geographic en su artículo “La coca, planta sagrada de los antiguos incas”, escrito por Ariadna Baulenas i Pubill, del Instituto de Culturas Americanas Antiguas.

Durante este proceso había un especial cuidado, apunta el texto, ya que las hojas debían mantener su aspecto plano y monocolor, por lo que aquellas que fueran imperfectas, con roturas o manchas, eran desechadas. “Gran parte de la cosecha se estropeaba a lo largo del proceso”, apunta la publicación.

Destaca, además, que la hoja de coca se llegó a convertir en medio de pago y un “manjar” reducido solo a las élites, aunque a finales del imperio se comenzó a emplear como complemento nutricional e inhibidor del hambre. Ya con la conquista española se generalizó su consumo.

En Colombia, la hoja de coca también ha tenido un uso antiguo pasando por culturas ancestrales y hoy en día se mantiene como elemento de ritual, médico y simbólico dentro de comunidades como la nasa, en el Cauca. Luis Severo Atillo, miembro de este pueblo, refirió, desde el resguardo de Toez Caloto, que la coca ha estado presente en su pueblo con fines medicinales, nutricionales y espirituales.

“Nos permite conectar con los espíritus mayores y también con los espíritus de este medio terrenal que son serviciales y que ayudan a que haya equilibrio entre hombre y naturaleza, en términos del clima, la lluvia y cosechas”, expuso.

“La usamos en rituales para hacer refrescamientos o armonizaciones a las familias y a los territorios, cultivos y en comunidades en general, para que haya armonía y no se desequilibre la tranquilidad humana”, agregó.

Por otra parte, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sostienen que esta es una planta sagrada que representa la visión que une a todas las naciones indígenas del mundo con la madre naturaleza. “El áyu (hoja de coca) es una de las primeras plantas sagradas, es el pensamiento, es el espíritu, es el eje, es todo, es la esencia misma de la naturaleza para poder dialogar, para poder entrar en comunicación con otros seres de otras dimensiones”, afirmó el mamo (líder espiritual) Zarey Maku (Karmen Pérez) para la compilación “Tratados e Historias Primitivas. Universo Arhuaco. Mamos Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

En resumen, Petro acertó al decir que la coca era una planta sagrada para los incas y así lo reiteran múltiples investigaciones y artículos; además, su sacralización se mantiene todavía en pueblos indígenas en territorio colombiano.

En el mismo discurso, Petro habló de la destrucción de la selva y de la hoja de coca, y manifestó que los cultivadores de la planta son detenidos y encarcelados. Luego, afirmó lo siguiente: “Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados”.

Pero la afirmación no tiene sustento pues no hay informes oficiales o independientes que ofrezcan cifras de homicidios en Latinoamérica por tenencia o erradicación de la hoja de coca. Las personas expertas* en este tema a las que consultamos también determinaron que la frase es ambigua y, por lo tanto, no hay fuentes que permitan contrastar lo que dijo el presidente.

Preguntamos al equipo de prensa del presidente por la fuente de la frase para así poder definir, por lo menos, el periodo de tiempo al que se refiere Petro, pero no obtuvimos respuesta. Otra dificultad es que Petro habla de la hoja de coca y no de sus derivados, como la cocaína, la pasta base, el crack o el basuco.

Pero también es necesario aclarar que en el discurso en su posesión del 7 de agosto, Petro dijo: “Que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes –nuestro Estado ha cometido crímenes– y ha evaporado el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos anuales por sobredosis en Estados Unidos? ¿Vamos a esperar que en los próximos 40 años otro millón de latinoamericanos caiga bajo el homicidio y 2 millones 800.000 norteamericanos mueran por sobredosis?”

En esa ocasión no hablaba solo de la hoja de coca sino de la guerra contra las drogas. Sin embargo, esta afirmación también es inchequeable.

Como exponemos a continuación, las herramientas disponibles que recopilan datos sobre homicidios a nivel global y nacional solo se encargan de mostrar el número o la cuenta de homicidios que ocurren al año en cada país con base en en informes como el que proporciona la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) o las entidades oficiales nacionales.

Estas fuentes entregan solamente el número de homicidios y, en algunos casos, los clasifican, pero no los relacionan directamente con la guerra contra las drogas.

Katherin Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, señala que es imposible tratar de verificar la frase, pues aunque se pueda conocer el total de homicidios al año en la región, no es posible saber cuántos de estos se deben a la lucha contra las drogas.

El Monitor de Homicidios de este instituto es la plataforma de datos más completa sobre asesinatos en el mundo. Es una herramienta que permite visualizar las cifras, su distribución y sus dinámicas en 219 países y territorios a partir de una interfaz interactiva. El monitor también incluye datos a escala regional y municipal de más de 40 territorios y países en Latinoamérica, la región más violenta del planeta.

Esta plataforma muestra que cada año se presentan alrededor de 150.000 homicidios en Latinoamérica, pero la experta reitera que aunque en 10 años, o menos, estos sumen 1 millón, no es posible saber por qué causas son.

La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) también se encarga de recopilar cifras relacionadas con homicidios o drogas, pero no como lo propone Petro. La organización contabiliza, por ejemplo, el número de homicidios en el mundo y también los desagregan en categorías como sexo, lugar y año, pero estos son datos generales que no están relacionados con drogas.

El anexo estadístico del Informe Mundial sobre Drogas de 2022 cuenta con una tabla con datos de delitos relacionados con las drogas y, aunque sí categoriza el tipo de sustancias, esta base de datos tampoco tiene cifras de homicidios sino de delitos relacionados con el porte, uso o tráfico de estas.

Otro informe es el Estudio Global sobre el Homicidio de 2019 publicado por la misma agencia, en el que se exploran las causas de los homicidios, y aunque indaga sobre las circunstancias relacionadas con los homicidios, este informe solo describe cómo las sustancias psicoactivas influencian a los individuos que cometen homicidios.

Ana María Rueda, investigadora sénior de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asegura que los homicidios de erradicadores o de eventos de erradicación sólo pueden ocurrir en tres países de Latinoamérica en donde se encuentra el cultivo de coca: Colombia, Perú y Bolivia.

En efecto, en el Informe Mundial sobre Drogas de 2022 de la UNODC, es posible observar cómo el mercado global de cultivo de hoja de coca se presenta únicamente en estos tres países.

La politóloga estima que el presidente puede referirse a erradicadores asesinados o personas asesinadas en medio de situaciones de conflicto en medio de las campañas de erradicación. En el caso colombiano, el Ministerio de Defensa registra cifras de heridos y asesinados a las que solo es posible acceder por medio de derechos de petición.

Un archivo con los datos desde 2009 hasta 2020 muestra que durante esos años se reportaron, en medio de erradicación manual de cultivos de uso ilícito, 112 personas asesinadas, entre ellas 20 civiles y 92 miembros de la fuerza pública.

En su artículo ‘¿Más coca, más homicidios? Mejor piénselo dos veces’, el investigador de la FIP Juan Carlos Garzón apunta a que sí existe una correlación entre homicidios y cultivos de coca, pero es inversa: “Esto quiere decir que, mientras el número de cultivos de coca subió, la tasa de homicidios descendió y viceversa”, señala el politólogo.

Asimismo, el economista y profesor de la Universidad Externado Óscar A. Alfonso argumenta en el texto ‘Homicidios y coca: ¿hay una relación?’ que, aunque en el 2016 subieron las tasas de homicidios en los municipios en los que se cultiva coca (porque acabaron las fumigaciones con glifosato), esto no es suficiente para afirmar que hay un nexo causal entre los dos fenómenos. Y mostró cómo en el año 2018 en distintos grupos de municipios disminuyeron las tasas de homicidios a pesar de que en estos aumentó el cultivo de hoja de coca.

En conclusión, calificamos como inchequeable la afirmación “Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados” que pronunció el presidente Petro en la Asamblea General de la ONU, pues no hay datos concretos que permitan respaldar o desmentir lo que aseguró.

*Katherin Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil; Ana María Rueda, investigadora sénior de la Fundación Ideas para la Paz; Paula Aguirre, directora de Elementa DDHH en Colombia; y David Restrepo, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

En Colombiacheck le seguimos la pista a esta afirmación y encontramos que es falsa, primero porque la coca y la cocaína no son sinónimos, ya que la primera es una planta con propiedades medicinales analgésicas, propia de las culturas andinas y en especial de los pueblos indígenas latinoamericanos, que la conciben como una planta sagrada con valores culturales, curativos y alimenticios excepcionales, mientras la segunda es una sustancia adictiva que, mediante un proceso químico, toma el alcaloide derivado de la coca y lo convierte en un potente estimulante del sistema nervioso, que genera serías afectaciones en quien la consume.

Ahora, la cifra de afros encarcelados por posesión de coca es falsa porque, a pesar de que la tasa de arresto de población afro en los Estados Unidos fue de 873,3 por cada 100.000 afros en 2019 (el dato más reciente disponible), lo que equivale a unas 400.000 personas, esto no corresponde la cifra dada por Petro. El dato del presidente tampoco coincide con el total de afros encarcelados, pues de hecho equivale a toda la población carcelaria de Estados Unidos. En relación a Canadá, sí existe un registro del número de afros que están en centro carcelario, pero no está el cruce con el tipo de delito.

Encarcelamiento por drogas en Estados Unidos

La investigación del Centro para el Progreso Estadounidense “Poner fin a la guerra contra las drogas: en números” afirma que cada 25 segundos, alguien en Estados Unidos es arrestado por posesión de drogas. En la mitad de los casos de detenidos por tenencia, la acusación más grave es la posesión de marihuana para uso personal. A pesar de que las leyes sobre drogas se aplican principalmente para combatir la distribución de sustancias, la cantidad de personas detenidas por tenencia de drogas es cuatro veces superior a la de aquellas detenidas por su comercialización.

El sesgo contra las personas negras

La investigación “Arrestar, Liberar, Repetir: Cómo se utilizan mal la policía y las cárceles para responder a los problemas sociales” de la Prisón Policy Initiative afirma que los estadounidenses negros están sobrerrepresentados entre las personas que fueron arrestadas en 2017. Por su parte, el trabajo “Tendencias en el control penitenciario por raza y sexo” del Consejo de Justicia Penal, un grupo de expertos juristas independientes de ese país, asegura que, aunque las personas negras y blancas muestran tasas similares de consumo de drogas, las personas de la comunidad negra hasta 2019 eran encarceladas por delitos relacionados con drogas, cinco veces más que las personas blancas.

El 8 de agosto de 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, conformado por Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentó un informe conjunto en donde afirmaron que en todo los Estados Unidos hay casi dos millones de personas recluidas en cárceles y prisiones estatales y federales, y millones más en libertad condicional y vigiladas, por todos los delitos. La cantidad de personas negras que están en prisión triplica la cantidad de personas blancas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en su informe sobre el numero de prisioneros en 2020, detalla que la tasa de encarcelamiento para los residentes negros fue de 938 por cada 100.000 habitantes. “La tasa de encarcelamiento para los residentes negros de EE. UU. en todos los delitos disminuyó un 37 %, de 1489 por 100.000 en 2010 a 938 por 100.000 en 2020”.

El Sentencing Project afirma que la tasa de encarcelamiento de mujeres negras es 1,7 veces mayor a la tasa de mujeres blancas, aun cuando la comunidad negra representa solamente el 12 % de la población estadounidense total; por ello recomendaron que el gobierno estadounidense adopte medidas inmediatas y tangibles para eliminar el racismo estructural en el país.

Para el analista e investigador en seguridad John Gramlich, el Pew Research Center, una organización no partidista dedicada al análisis de datos, a pesar de que la población penitenciaria ha disminuido de forma constante, las estrategías hasta ahora implementadas no han logrado desmantelar sustancialmente el sistema de encarcelamiento masivo. “El aumento abrumador del encarcelamiento, atribuido a la guerra contra las drogas, ha afectado desproporcionadamente a las comunidades negras en América del Norte”, afirma.

Número de afros encarcelados por posesión de drogas en Estados Unidos

The Pew Charitable Trusts, organización no gubernamental global que busca mejorar las políticas públicas, informa que los arrestos por posesión de drogas se mantuvieron estables desde 2008, en más de un millón al año. Además agregan que alrededor de 9 de cada 10 (87%) arrestos por drogas fueron por posesión; el resto estaba para la venta o fabricación. Del millón de encarcelados, el 27 % de los arrestos por drogas en 2019 eran de hombres adultos negros.

Según el estudio “Tendencias penitenciarias mundiales 2022” de la organización Penal Reform International en los Estados Unidos, las personas negras son encarceladas a un ritmo cinco veces mayor que las personas blancas con casi la mitad condenadas por delitos relacionados con drogas.

La investigación El Viejo Jim Crow: Segregación Racial Residencial y Encarcelamiento Vecinal de la doctora en ciencia politica Traci Burch, de la Universidad de Northwestern detalla los patrones persistentes de segregación residencial e incluso de perfilamiento racial, que viven las comuniedades afros en medio de una exagerada vigilancia institucional, lo que según la doctora incrementa la probabilidad de paradas y registros policiales.

Human Rights Watch aseguró para su informe mundial 2020 que a pesar que se han dado algunas reducciones en las tasas de encarcelamiento de la población negra, ésta sigue estando enormemente sobrerrepresentada en las cárceles y prisiones. El informe afirma que los afroamericanos tienen el doble de probabilidades de ser encarcelados por delitos relacionados con las drogas que sus homólogos blancos, a pesar de que cuentan con las mismas tasas de consumo de sustancias; los datos analizados por las organizaciones muestran que los adultos negros tienen dos veces y media las posibilidades que tienen los blancos de ser detenidos por tenencia de drogas, y casi cuatro veces las probabilidades de ser detenidos por tenencia simple de marihuana. Para Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), esta aplicación normativa es racialmente desigual y equivale a discriminación racial según las normas internacionales de derechos humanos.

ACLU afirma en su informe Disparidades raciales extremas, que aun hoy las personas negras son objeto de perfilamientos por parte de las fuerzas del orden, ya que en ocasiones la policía a menudo se enfoca en las personas (para detener, registrar y arrestar) en función de su raza real o percibida en lugar de sospechas razonables de actividad delictiva. Según afirman en el informe, los delitos menores, incluida la posesión de marihuana, se aplican de manera agresiva en las comunidades afro, mientras que estos mismos delitos rara vez se aplican en las comunidades más prósperas, predominantemente blancas.

El Consejo de Justicia Penal tiene un registro en el que permite notar las disparidades raciales en las tasas de arresto que se han reducido entre los tipos de delitos con el tiempo, aunque las personas negras siguen siendo mucho más propensas a ser arrestadas por delitos violentos y de drogas que las personas blancas, por ejemplo en relación a la tasa de arrestos por posesión de droga entre 2005 hasta 2019 en Estados Unidos, los afros (873.3) han sido arrestados al doble que los blancos (435.1), por cada 100.000 habitantes, así en 2019 arrestaron a unas 400.000 personas afros por tenencia de droga en ese país, si tenemos en cuenta que la población negra allí es de unos 46,8 millones de habitantes de este grupo racial.

Tasas de arresto por tipo de delito y raza- Delito de posesión de Droga

Fuente: Estudio Vigilancia por los números-Consejo de Justicia Penal

Número de afros encarcelados por posesión de drogas en Canadá

Los cambios de la reglamentación sobre el cannabis y las medidas de descriminalización del consumo de drogas en general siguen sucediendo a ritmo acelerado en América del Norte. Canadá y los Estados Unidos tienen un Plan de Acción Conjunto sobre los Opioides, que se puso en marcha oficialmente en 2020, aunque Canadá está trabajando para desviar a las personas que usan drogas del sistema de justicia penal y hacia la construcción de relaciones de apoyo y confianza en los servicios sociales y de salud. En Canadá está en curso el proyecto de Ley C-5: Penas Mínimas Obligatorias que busca derogar 14 delitos del código penal, entre ellos la posesión de bajas dosis de drogas, una decisión bastante alejada de las altas cifras de encarcelamiento estadounidense. De momento, cuenta con la Ley del Buen Samaritano para Sobredosis de Drogas de 2017, para la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento por delitos menores relacionados con las drogas.

Ahora, en relación a los datos de arrestos desglosados ​​por raza, es algo extraño en el contexto canadiense, aunque los datos disponibles muestran que las personas negras también están sobrerrepresentadas en los arrestos por delitos menores que involucran un alto nivel de discreción policial. En 2020, estos representaron el 7 % de la población presente en las cárceles por delitos federales, a pesar de que son tan solo el 3 % de la población canadiense. Según el Servicio Correccional de Canadá entre 2018 y el 2019 el total de personas negras encarceladas era de 1,692 representados en 7,2%. El estudio Raza y encarcelamiento: la representación y las características de los negros en los establecimientos penitenciarios provinciales de Ontario, Canada, que en los arrestos por posesión de cannabis, por ejemplo, encontró una representación excesiva de personas negras en cuatro de las cinco ciudades canadienses examinadas.

En 2023 la provincia de Columbia Británica, despenalizará la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras en un proyecto piloto que busca atajar una crisis de opioides que deja miles de muertos, buscando tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores.

Disparidad racial a la hora de capturas a la población afroamericana

En 2019, un grupo de expertos de la ONU reunidos en la Comisión de Estupefacientes en Ginebra señalaron que los estados que luchan contra el problema mundial de las drogas deben reconocer el impacto devastador de sus métodos en las personas afrodescendientes y modificarlos según sea necesario. Esto dijeron: “La guerra mundial contra las drogas se ha centrado desproporcionadamente en los afrodescendientes y ha ignorado los costos masivos para la dignidad, la humanidad y la libertad de estas personas”.

Además agregaron: “los estados necesitan abordar la discriminación racial en la aplicación de las leyes de drogas y la negación sistemática a los derechos humanos y la continua aceptación de marcadas disparidades raciales en el enjuiciamiento y encarcelamiento que no se corresponden con las tasas reales de tráfico o uso de narcóticos u otros delitos legítimos prioridades de la justicia”.

Para Human Rights Watch, “la lucha contra las drogas ha funcionado más eficazmente como un sistema de control racial que como un mecanismo para combatir el uso y el tráfico de narcóticos". La aplicación de las leyes de drogas ha llevado a encarcelamientos masivos, arrestos y detenciones arbitrarias y una brutalidad policial devastadora, cuyo impacto ha recaído desproporcionadamente sobre las personas de afros en todo el mundo. Toda esta represión ha tratado de eliminar el tráfico ilegal de drogas, sin embargo, año tras año, los propios datos de la ONU muestran un mercado global cada vez mayor, diversificado y robusto y el Informe Mundial sobre Drogas de este año, publicado hoy, confirma la tendencia una vez más.

Según la encuesta de la primera y más grande organización de base de derechos civiles del Estados Unidos NAACP, el 87 % de los adultos negros dice que el sistema de justicia penal de EE. UU. es más injusto con los negros; El 61% de los adultos blancos está de acuerdo.

La investigación Violencia Policial contra Afrodescendientes en Estados Unidos de la Organización de Estados Americanos OEA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en compañía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el sesgo racial constituye la espina dorsal de muchos de los problemas de abuso policial, en el marco de las detenciones de afros en el sistema penitenciario, ya que muchos de ellos denuncian un acceso desigual a la justicia.

Desde 2020 Human Rights Watch viene haciendo un llamado ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU para que se respete el Derecho de las personas afroamericanas de estar libre de vigilancia policial y encarcelamiento racialmente discriminatorios e innecesarios.

Para esta organización, la vigilancia policial abusiva también incluye detenciones y registros innecesarios y hostigadores, a menudo motivados por prejuicios raciales. ​​Dado que las personas negras son detenidas de manera desproporcionada, soportan de esta manera la peor parte de las multas y tarifas penales impuestas como parte del sistema penal, lo que puede obligar a las personas a dejar de satisfacer sus necesidades básicas, incluidas las relacionadas con su bienestar. Además denuncian que las personas afros son sistemáticamente abordadas por motivos de raza para requisas y arrestos (perfiles raciales) y, a menudo, son víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, llevando en muchos casos a la muerte (1.025 personas han sido asesinadas a tiros por la policía en el último año).

“Las significativas desigualdades raciales en el tratamiento a los afroamericanos en el sistema de justicia penal traen como consecuencia un acceso desigual a la justicia y su sobrerrepresentación en el sistema penitenciario. Esto equivale a un patrón de discriminación estructural que impregna la actuación de la fuerza pública y del sistema de justicia penal, así como también muchos aspectos de la vida política, social y económica de los Estados Unidos”, dijeron.

Además concluyen su declaración diciendo que tanto el encarcelamiento y la criminalización también crean más barreras para acceder a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, atrapando a las personas en ciclos de pobreza y agravando aún más las disparidades estructurales que hacen que las personas de negras sean más vulnerables.

Con lo anterior en Colombiacheck podemos afirmar que lo dicho por el presidente es falso porque esa no es la cifras ni siquiera de detenidos por posesión de drogas en los Estados Unidos, el país de América del Norte con Mayor encarcelamiento por posesión de drogas, además el presidente Petro es inexacto al decir que esa es la cifra de personas encarceladas por poseer hoja de coca, que no es explícitamente cocaína, metanfetaminas, fentanilo o alguna otra droga semisintética, de las que hoy controlan el alto tráfico de sustancias prohibidas en los países del Norte.

Ahora, en relación al sistema penitenciario y judicial en América del Norte, Estados Unidos reporta en su tasa de arrestos por posesión de drogas 873,3 por cada 100.000 habitantes afros para 2019, unas 400.000 personas, y Canadá no tiene reporte de tenencia de droga por condición de raza, pero sí reporta que son 1.692 las personas negras encarceladas en sus centros penitenciarios, lo que evidentemente no corresponde con lo dicho por Petro durante su intervención ante la ONU.

En su discurso, Petro le pidió a los líderes del mundo que dejaran de envenenar la selva amazónica, y sentenció que la guerra contra las drogas había fracasado.

La Guerra contra las Drogas es una política pública que los Estados Unidos impulsó en los años 70 cuyo objetivo fue reducir el tráfico ilegal de drogas hacia ese país a través de acciones como la prohibición y la intervención militar. Este cambio de paradigma también implicó la imposición de penas más severas para los consumidores, como el encarcelamiento.

El término fue acuñado por primera vez el 17 de junio de 1971 en una conferencia de prensa que ofreció el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en la cual declaró al abuso de las drogas como el enemigo público número uno del país. “Para combatir y derrotar a este enemigo es necesario emprender una nueva ofensiva total”, expresó en ese entonces. Este año, esa política cumplió 52 años y no 40 como afirmó el presidente colombiano.

Esa ofensiva, dijo Nixon, tenía que traducirse en un “esfuerzo mundial” que se ocupara de las fuentes de suministro y para eso le pidió al Congreso 350 millones de dólares.

El profesor de historia latinoamericana y autor de libros sobre crimen y tráfico de drogas en México, Bejamin Smith, escribió, en un artículo de la revista TIME de agosto de 2021, que el anuncio de Nixon derivó en encarcelamientos en masa de los usuarios de drogas desde la década de los 80, brutalidad policial y olas de violencia que aún hoy viven los países productores en Latinoamérica y Centroamérica.

De acuerdo con la oenegé Drug Policy Alliance, la policía de los Estados Unidos arresta a 1'500.000 personas cada año, 500.000 personas son encarceladas por violar alguna ley relacionada con prohibición de drogas y las poblaciones negras son impactadas desproporcionadamente. El gobierno norteamericano gasta aproximadamente 47.000 millones de dólares cada año para reforzar el prohibicionismo que ha amparado la guerra contra las drogas.

El 24 de junio de este año, dos días antes del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, un grupo de personas expertas entre quienes están relatores de derechos humanos y grupos de investigación sobre discriminación racial o de género, ejecuciones extrajudiciales, tráfico de personas y otras áreas de estudio a las que se dedica la ONU, le pidieron a la comunidad internacional que se acabara la llamada guerra contra las drogas, y que promuevan nuevas políticas que se basen en los derechos humanos.

“Esta guerra ha engendrado narco-economías a nivel local, nacional y regional en detrimento del desarrollo nacional”, se lee en un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

El sistema prohibicionista que ha sido acogido globalmente pudo haber comenzado con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es decir, hace 60 años, como señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), quienes han dicho que el espíritu de esa Convención, a pesar de qué garantizó el uso de estupefacientes para usos médicos, fue punitivo y prohibicionista.

El periodista Enrique Santos Calderón también advirtió, en una columna de opinión, que la guerra contra las drogas ha durado cincuenta años y no cuarenta, como dijo Petro.

La política pública que trasladó al país la retórica de la ‘guerra contra las drogas’ fue el Plan Colombia, un acuerdo bilateral concertado en 1999 entre los expresidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Bill Clinton, de Estados Unidos. A través de este plan el gobierno colombiano recibió ayuda militar del país norteamericano durante varios años para construir una estrategia antinarcóticos que permitiera el desarrollo en el país.

Según el documento oficial de la política pública, el plan se proponía, entre varios puntos, reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y de policía “para que estos recuperen el estado de derecho”, y también ser una estrategia antinarcóticos involucrada “en todos los eslabones de la cadena: distribución, producción, comercialización, consumo (...), para combatir todos los componentes del ciclo de las drogas ilícitas”.

En el año 2000 Amnistía Internacional temía sobre la repercusión que el Plan Colombia podría tener sobre la situación de los derechos humanos y el conflicto armado en el país. Un balance de los primeros cinco años del Plan Colombia elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) muestra que en total se invirtieron, durante ese periodo, 10.732 millones de dólares, de los cuales el 57,5% fue destinado a la “lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado”.

En un encuentro de febrero de 2016 por el aniversario 15 del plan, los expresidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama comunicaron que ahora se llamaría ‘Paz Colombia’ y que los recursos de los Estados Unidos estarían destinados para el posconflicto.

La Comisión de la Verdad ha dicho en ‘Hallazgos y recomendaciones’, uno de los volúmenes de su informe, que el narcotráfico se ha considerado como “un problema de criminalidad organizada que tiene poca relación con el conflicto armado” y al que solo se hace referencia cuando se discute la financiación de grupos ilegales, como las guerrillas y los paramilitares.

Poca atención se le ha prestado al vínculo que existe entre las políticas de lucha contra las drogas y el conflicto armado, “el cual generalmente se ha medido a partir del aumento de las hectáreas con cultivos de coca, cuya persistencia muestra el fracaso de la llamada «guerra contra las drogas». Una visión que se ha convertido en parte del problema que espolea la violencia, en especial contra el campesinado y las comunidades étnicas en las regiones”, dice el informe.

En conclusión calificamos como falso que la guerra contra las drogas ha durado 40 años, como dijo Petro en la Asamblea General de la ONU, la retórica de la “guerra” fue introducida por el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon en 1971, es decir, hace 51 años, y la agenda global de lucha contra las logras data de antes, con la Convención Única de Estupefacientes, que se firmó en 1961, hace 61 años.