3 DATOS CLAVE:

1. El portal IFM Noticias publicó en su sitio web un “análisis” con un titular engañoso que afirma que “Las cuchas no tienen razón. Los hallazgos en La Escombrera desmontan la “narrativa” sobre la Operación Orión”, dando a entender que esas desapariciones no fueron consecuencia de esa intervención militar.
2. La JEP informó la identificación de dos víctimas de asesinato y desaparición en La Escombrera en 2002 y este portal usó las fechas para afirmar que “las cuchas no tenían razón” y que los hallazgos desmontaban la narrativa sobre la Operación Orión, pero esto es cuestionable porque las desapariciones en la Comuna 13 ocurrieron en el marco de múltiples operativos entre 2001 y 2004.
3. La búsqueda de desaparecidos ha sido impulsada por organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), cuyos informes han sido respaldados por organismos internacionales y la JEP.

El pasado 31 de enero, el portal IFM Noticias publicó en su sitio web un “análisis” sobre los hallazgos de cuerpos en La Escombrera, un terreno de casi 7000 metros cuadrados ubicado en San Javier, en el que se adelanta la búsqueda de personas desaparecidas en esa zona. El portal tomó elementos del Comunicado de Prensa 012 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), publicado el 30 de enero, en el que ese tribunal reportó la identificación de los cuerpos de dos personas desaparecidas en 2002.

De acuerdo con la información de la JEP, las dos personas identificadas fueron desaparecidas, una de ellas el 30 de julio de 2002 y la otra, el 13 de octubre de ese mismo año. Con base en la información sobre las fechas de esas desapariciones, el titular de IFM asegura que “las cuchas no tenían razón”, haciendo referencia a las familias y sus denuncias sobre las desapariciones en La Escombrera. Entonces, decidimos chequear la afirmación completa que hizo ese medio en su publicación: “Las cuchas no tenían razón. Hallazgos en La Escombrera desmontan la narrativa sobre la Operación Orión”.

La primera parte del titular de IFM Noticias se refiere a “las cuchas”, es decir, a las madres y esposas, pero también a familiares y allegados de personas desaparecidas que han insistido en que en esa zona de la ciudad fueron sepultados cuerpos de personas asesinadas. Algunas de esas familias se reúnen en organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad,  un grupo de víctimas del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín, que se conformó para exigir la búsqueda de sus familiares desaparecidos y reclamar justicia y verdad ante los crímenes que allí ocurrieron durante la confrontación entre milicias guerrilleras, grupos paramilitares y agentes del Estado. 

Del grupo hacen parte familiares de personas asesinadas o desaparecidas en la Comuna 13, muchas de ellas en el marco de 34 operativos militares que tuvieron lugar entre los años 2001 y 2004 en esa zona. Esas familias, colectivos jurídicos y organizaciones de derechos humanos que acompañan el proceso han denunciado que las intervenciones fueron realizadas por miembros de la Fuerza Pública en conjunto con integrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También señalaron a La Escombrera como el lugar donde podían estar los cuerpos de sus desaparecidos, a partir de testimonios aportados por exparamilitares, como alias “Móvil 8”, y por testigos que estuvieron en la Comuna 13 en esa época. 

Parte de estas versiones han sido investigadas y confirmadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que hacen parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Existen una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales, tales como el vínculo ya acreditado por la CIDH y la Corte IDH entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública en Colombia”, se lee en el informe que la CIDH le entregó a la Corte, para juzgar a Colombia por la desaparición de Arles Edisson Guzmán Medina, cuyo caso acompaña el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos. 

En la actualidad, en Mujeres Caminando por la Verdad, además de un grupo de familiares de las personas desparecidas en la Comuna 13, también hay mujeres sobrevivientes de delitos como tortura, violencia sexual, amenazas, despojos de viviendas y desplazamientos forzados, entre otros, en el marco del conflicto armado en esa zona de Medellín. Su trabajo ha sido apoyado por otras organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad (CJL). 

Adriana Arboleda, directora de la CJL, le dijo a El Armadillo que la búsqueda y las denuncias que se hacen desde esas organizaciones van más allá del tema de La Escombrera. “Los buscamos a todos y todas sin importar la fecha de la desaparición, incluso casos posteriores al 2016 en los cuales la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ya no tiene competencia”, dijo.

La línea de tiempo y el pico de desapariciones en la 13

En el texto, IFM Noticias sostiene que el hecho de que las personas identificadas en La Escombrera hubieran sido asesinadas y desaparecidas antes de Orión —que se desarrolló el 16 y 17 de octubre de 2022—, tal y como lo anunció la JEP, “confirma que las desapariciones forzadas en la Comuna 13 no pueden atribuirse exclusivamente a la Operación Orión y al expresidente Álvaro Uribe, como lo tratan de manejar políticamente desde la retórica, los grupos quinteristas-petristas en la ciudad”. 

Sin embargo, ni las denuncias de las familias ni las investigaciones de la JEP se reducen a los crímenes ocurridos durante ese operativo militar. En el comunicado de prensa con el que anunció la identificación de las víctimas, ese tribunal explica que estos crímenes hacen parte del universo provisional de conductas investigadas en el Subcaso Antioquia del Caso 08, que aborda los delitos cometidos por la Fuerza Pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado. “Esto, debido a que ambos crímenes se inscriben en la temporalidad y territorialidad establecidas, en el marco de 34 operaciones desarrolladas por la fuerza pública en la Comuna 13 entre 2001 y 2004”, se lee en el documento. 

La hipótesis sobre las que se sustenta esta investigación, según la JEP, parte de una sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín en la que se lee que “la Sala tiene evidencia de que la desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidio de la ciudad, como una forma de ‘colaboración’ con la Fuerza Pública, y especialmente la Policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí”.

Los reportes de la UBPD para la Comuna 13 dan cuenta de 502 personas desaparecidas en un lapso de 40 años, entre 1975 y 2016. Pero más del 20 % de esas desapariciones ocurrieron en 2002. Este aumento coincide con las múltiples operaciones militares, con el contexto de violencia comprobado en esa zona de Medellín y con las denuncias de las familias de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las acompañan. Según un informe del Centro de Memoria Histórica, solo en 2002 se realizaron 11 operaciones militares en la comuna 13. 

Lo que en realidad dice el comunicado 012 de la JEP

La JEP emitió el Comunicado 012 el 30 de enero de 2025, informando sobre la identificación de dos víctimas de desaparición forzada cuyos restos fueron hallados en La Escombrera. De acuerdo con el tribunal, ambos fueron asesinados y enterrados en 2002 por el Bloque Cacique Nutibara.

La primera víctima fue interceptada por las AUC, según la JEP, el 30 de julio de 2002; la segunda víctima fue vista con vida por última vez el 13 de octubre de 2002. Estas dos fechas son las usadas para desinformar: IFM asegura que esto “desmonta la teoría de que todas las desapariciones en la zona fueron consecuencia exclusiva de dicha intervención militar, como lo vienen tratando de imponer en las narrativas de los murales de ‘Las cuchas tienen razón’”.

Esto es una tergiversación pues, como ya explicamos, las investigaciones de la JEP y las denuncias de las familias de las víctimas no se reducen a la Operación Orión. Por lo tanto, es preciso afirmar que los hallazgos recientes en La Escombrera no contradicen lo que han dicho  Mujeres Caminando por la Verdad, la CJL, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, y otras organizaciones y víctimas que no se encuentran asociadas.

En una entrevista con El Colombiano, Gustavo Salazar, el magistrado que lidera las investigaciones relacionadas con la Comuna 13, aseguró que la identificación de los cuerpos en La Escombrera solo confirma las denuncias de las víctimas desde 2003. «Identificar y poder contextualizar en un buen grado quienes son las personas nos ratifica el contexto y nos señala que estamos en el suelo histórico, que era lo que llamábamos ‘la cota 2004’. Quiere decir que estamos en el suelo de los eventos ocurridos en los años 2002 y 2003, eso nos da una gran satisfacción porque ratifica los cálculos que habíamos hecho», le dijo el magistrado a ese medio.

Salazar agregó en esa entrevista que las personas identificadas estaban ya en la lista de posibles desaparecidos en la base de datos de la JEP, y que las investigaciones continúan: “Este trabajo se ha ralentizado porque sabemos que existe una enorme posibilidad de que haya más cuerpos, y nos tocó modificar la maquinaria. Ahora se realiza una labor mucho más lenta, porque ya no es excavación, sino raspar”.

Mientras IFM Noticias aseguró en su publicación que las organizaciones de mujeres buscadoras “han sido instrumentalizadas políticamente por sectores afines a la izquierda que buscan confundir y ocultar la verdad”, el magistrado dijo que la búsqueda no es posible sin el trabajo colaborativo: “En términos de los desaparecidos, es que hay que buscar de la mano de las mujeres, de las víctimas que saben, que han averiguado, que conocieron los contextos, momentos y lugares”. 

En conclusión, el titular de IFM Noticias es cuestionable porque las denuncias sobre desaparecidos en La Escombrera no se reducen únicamente a los hechos ocurridos en el desarrollo de la operación Orión. Además, el hallazgo e identificación de dos personas que sí estaban en los reportes de personas desaparecidas no desacredita las denuncias de “las cuchas” sino que, al contrario, las refuerza.