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Verdadero

Martes, 25 Julio 2017

En masacres los ‘paras’ ocupan un horroroso primer lugar

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo ante la Corte Constitucional que hubo más de 2.000 masacres y de ellas más de la mitad fueron cometidas por los paras.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha sido tema de debate en la Corte Constitucional, uno de ellos se vivió el pasado 6 de julio cuando ante los magistrados de dicha corporación se presentaron distintas posturas frente a la JEP, por ejemplo, la de Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y la del general retirado Jaime Ruiz, presidente de Acore, Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares.

Ambos presentaron posiciones diversas frente a la JEP, por ejemplo, el general Ruiz sostuvo que “Son totalmente victoriosos ustedes junto con la extrema izquierda radical en las acciones conducidas respecto a esta guerra jurídica”. “Nos derrotaron”, añadió.

Al escuchar el término “guerra jurídica” la vocera del Movice reaccionó, pidió derecho a réplica y explicó que no se trata de una “guerra jurídica”.

“Nosotros no hacemos guerra jurídica. Precisamente esa noción de guerra jurídica es una extensión de lo que ha pasado en Colombia de doctrinas de seguridad nacional, de doctrinas del enemigo interno”, señaló Gutiérrez.

En su réplica al general Ruiz la vocera del Movice se extendió y añadió que “más de 2.000 masacres cometidas en Colombia no pudieron haberse cometido simplemente porque las autoridades no actuaron, sino que tuvo que haber una connivencia directa. Más de 1.100 masacres cometidas por grupos paramilitares tuvieron que haberse cometido con la connivencia y con la complicidad de fuerzas militares”.

Los anteriores datos los seleccionó Colombiacheck con el objetivo de verificar la veracidad de los mismos, es decir, para conocer si realmente en Colombia ha habido más de 2.000 masacres y si de ese número más de 1.100 fueron cometidas por grupos paramilitares como lo declaró Gutiérrez.

¿Cuántas masacres hay registradas en Colombia?

Consultamos con la vocera del Movice respecto a la fuente que empleó ante la Corte Constitucional para argumentar los datos expresados. Gutiérrez respondió que la información la emitió fundamentada en el informe ¡Basta Ya! del Grupo de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Revisamos dicho informe y encontramos que las cifras citadas por Gutiérrez son muy aproximadas pero no totalmente exactas. Según ella, todo se debió a no tener las cifras a mano.

En realidad el número de masacres en Colombia no son “más de 2.000” sino 1.982, es decir, 18 hechos victimizantes menos, dato que se encuentra en la página 47 del informe ¡Basta Ya!

“La distribución ya mencionada de la participación de los actores armados en las 1.982 masacres cometidas entre 1980 y 2012 (58,9%, grupos paramilitares; 17,3%, guerrillas; 7,9%, Fuerza Pública; 14,8%, grupos armados no identificados; 0,6%, paramilitares y Fuerza Pública en acciones conjuntas; y 0,4%, otros grupos) revela que de cada diez masacres seis fueron perpetradas por los grupos paramilitares, dos por las guerrillas y una por miembros de la Fuerza Pública”.

De acuerdo con el documento, la afirmación de Gutiérrez sería aproximada, sin embargo, como dicho informe tiene datos con corte a 2013 Colombiacheck buscó información más actualizada del número de masacres en el país y la encontró. Según aclaró el Centro de Memoria Histórica a este medio en la base de datos de masacres del Observatorio de Memoria y Conflicto con corte al 15 de septiembre de 2016, ya no hay 1.982 masacres registradas en el país sino 2.252, es decir, más de 2.000 como lo aseveró Gutiérrez.

La información actualizada también revela que el número de personas muertas en esas masacres es de 13.268, en promedio seis personas muertas por masacre.

Datos del horror

La afirmación de Gutiérrez sobre que los paramilitares cometieron más de 1.100 masacres también es correcta, según el informe Basta Ya, entre los actores armados que cometieron las 1.982 masacres, los grupos paramilitares lideran esa deshonrosa clasificación con el 58.9% de las masacres, lo que equivale a 1.167 masacres.

En relación al número de muertos que dejó cada masacre es fundamental explicar que los paramilitares también fueron el grupo armado que más acabó con vidas humanas.

Dice el informe que en todas las masacres estudiadas se causó la muerte a 11.751 personas, un promedio de seis personas muertas por masacre. “7.160 personas murieron en las masacres cometidas por paramilitares, lo que corresponde a un 61,8% del total; 2.069 en las realizadas por la guerrilla, un 17,6%; 870 en las perpetradas por miembros de la Fuerza Pública, lo que corresponde a un 7,4%; 1.486 en las ejecutadas por grupos armados no identificados, es decir, un 12,6%; las masacres organizadas por dos o más actores armados en acción conjunta dejaron 98 víctimas fatales, un 0,8%; y 68 (0,6%) víctimas en las cometidas por otros grupos armados”.

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Miércoles, 13 Marzo 2019

JEP sí tiene competencia para impedir la extradición de ‘Jesús Santrich’

Por José Felipe Sarmiento

El abogado Abelardo de la Espriella negó que la justicia transicional pueda decidir, ante la petición de Estados Unidos, que el exjefe guerrillero permanezca en Colombia. La Constitución lo contradice.

En una columna reciente, el abogado Abelardo de la Espriella se despachó contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la captura de uno de sus fiscales, acusado de recibir un soborno con el supuesto propósito de influir en el proceso de extradición que cursa allí contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’.

Según el texto, publicado en el portal de la firma De la Espriella Lawyers y otros dos sitios de internet, el envío del integrante de la Farc a Estados Unidos “no se ha dado, por las trabas que le ha puesto la JEP, pese a que no tiene competencia legal para impedirlo”. 

Captura de pantalla de la columna de De la Espriella en la página de su firma con la frase resaltada

Santrich es solicitado en ese país para que responda por su presunta participación en una conspiración narcotraficante que habría sido posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz. Por eso fue capturado en abril de 2018 y está a la espera de que la sección de revisión del Tribunal de Paz, máximo organismo de la justicia transicional, defina si la fecha de los hechos por los que lo acusan en efecto fue después de la firma.

Este proceso, en efecto, ha enfrentado obstáculos. Por ejemplo, la pérdida de una carta en la que Colombia le pedía a la justicia estadounidense el envío de pruebas al respecto, lo que obligó a ampliar el plazo para recibirlas.

Pero De la Espriella se equivoca en su última frase, que es falsa. El tribunal sí tiene poder constitucional para impedir que Santrich sea extraditado, en caso de que no se logre probar que la supuesta conducta delictiva ocurrió después de la firma. Eso es lo que se conoce, precisamente, como la garantía de no extradición que quedó establecida en el punto 5.1.2.42 del Acuerdo del Teatro Colón:

“No se podrá conceder extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.

Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR”.

En seguida se establece que, cuando algún exmiembro de la guerrilla sea pedido por la justicia de otro país, la sección de revisión del Tribunal de la JEP debe determinar la fecha de la conducta por la que se le acusa.

Si los hechos ocurrieron luego de la firma, el proceso pasa a la justicia ordinaria y el supuesto implicado queda expuesto a que la Corte Suprema de Justicia avale su extradición y el Presidente la firme. En cambio, si sucedieron antes de esa fecha, el caso va a la sala de reconocimiento y el presunto responsable mantiene la garantía pactada.

Este procedimiento forma parte de la Constitución por medio del artículo transitorio 19 del acto legislativo que le dio origen al Sistema. Además, pasó un examen previo de la Corte Constitucional para poder ir a sanción presidencial y entrar en vigencia. Este tribunal le dio su aval a la norma sin salvedades en esta materia.

Colombiacheck le escribió a De la Espriella al correo que pone al final de la columna y lo trató de contactar por teléfono en sus oficinas de Bogotá y Barranquilla para buscar una versión ampliada de su argumento. No obstante, al momento de la publicación de esta nota, no había contestado. Una abogada de la empresa devolvió la llamada y averiguó por el motivo de la entrevista, pero tampoco respondió a nombre de él.

Es posible que en la columna se estuviera refiriendo a la suspensión que hizo la JEP del proceso de extradición de Santrich a partir del momento en el que asumió el caso, en mayo del año pasado. La decisión de la sección de revisión se basó en el artículo 134 del reglamento interno que la jurisdicción se dio a sí misma y un protocolo que había expedido la misma sala para el trámite de este tipo de solicitudes, por medio de los cuales se atribuyó esa facultad.

Esa actuación de los magistrados fue duramente criticada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que la calificó como un “desafío al orden constitucional”. Incluso el jurista Rodrigo Uprimny, que ha sido defensor del proceso de paz, admitió en una columna para el diario El Espectador que la JEP cometió “errores” al tomar esa determinación, a pesar de que consideró “exageradas” las afirmaciones de la Fiscalía.

“Es discutible que la JEP tenga competencia para ‘suspender’ una extradición, ya que ninguna norma constitucional ni legal le atribuye explícitamente esa facultad. Y mal podría la JEP invocar, como lo hizo, su propio reglamento para tomar esa decisión, pues la reforma constitucional que creó la JEP (AL Nº 1 de 2017) expresamente prohíbe que el reglamento contenga normas procesales”, escribió el investigador del tanque de pensamiento DeJusticia.

En efecto, la disputa entre la entidad que representa Martínez Neira y la JEP fue resuelta por la Corte Constitucional a favor de la primera. El alto tribunal determinó que la suspensión y las normas en que se basó desconocían la independencia de poderes y la colaboración armónica entre ellos, consagradas en la Carta de 1991. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión y declaró inaplicables tanto el protocolo como el artículo 134 del reglamento de la jurisdicción.

Esto, sin embargo, es distinto a negar la competencia de la justicia transicional para impedir la extradición de Santrich. Se refiere solo a la suspensión del proceso mientras la JEP lo estudiaba. Por lo tanto, la afirmación que hizo De la Espriella sigue siendo falsa.