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Miércoles, 20 Julio 2022

“Errores” y “barbarie” según la Comisión de la Verdad: la desinformación de un reservista

Por Pilar Puentes Espinosa, especial para Colombiacheck

Un trino viral de un oficial de la reserva dice que la CEV calificó como “barbarie” las acciones militares y como “errores” las de las FARC. Lo primero está fuera de contexto. Lo segundo es contrario a su informe final.

Ante la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, se generó una controversia sobre la responsabilidad del Ejército durante el conflicto armado. En su cuenta de Twitter, el mayor general de la reserva Luis Ignacio Barón Casas publicó el 1 de julio de 2022 que: “Miren algo que encontré en el documento de la comisión..a las acciones Militares les llaman barbarie….pero a las acciones de las FARC las llaman ‘errores cometidos contra la población civil’, que vergüenza” (sic). 

 

 

 

Así que en Colombiacheck decidimos verificar las afirmaciones hechas por Barón, pues su publicación ya tiene más de 2.000 retuits y  4.000 ‘me gusta’.  La narrativa que la Comisión de la Verdad calificó como barbarie las acciones del Ejército Nacional es cuestionable. 

La Comisión de la Verdad, desde el 28 de junio, ha publicado cuatro de los diez tomos que componen el Informe Final. Al revisar el capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’, el testimonial, ‘Cuando los pájaros no cantaban’; el de los impactos de la guerra en los niños, niñas y adolescentes, ‘No es un mal menor’, y el último entregado, ‘Las verdades del exilio’; en ninguno se encontró que existiera la frase “errores cometidos contra la población civil”, como lo afirma el mayor Barón.

En la página 83, el subcapítulo Terminar con las valoraciones morales que estimulan la guerra explica que la falta de evaluación de las violaciones de derechos humanos y mencionarlas con explicaciones banales da paso a la repetición del conflicto. Por ello, la Comisión de la Verdad califica que las “acciones indiscriminadas de las FARC-EP no fueron errores, sino violaciones cometidas contra la población civil. El camino del reconocimiento impulsado por el proceso de paz de llamar a las cosas por su nombre y mirarse en el espejo de la verdad será saludable para Colombia y contribuirá a la democracia y a la despolarización”, se lee en el tomo ‘Hallazgos y recomendaciones’.

 

Lo que dice el Informe final sobre los delitos de las FARC

 

Las FARC cometieron sistemáticamente violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Según el Proyecto JEP-CEV-HRDAG, alrededor de 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018, de los cuales el mayor perpetrador fue la guerrilla de las FARC con el 40% de los casos.

 

 

Otro de los hechos que más cometió la guerrilla y que muestra el Informe Final es la extorsión. La Comisión documentó que en el 2000, mientras se presentaban los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastana y las FARC, aumentaron los casos de extorsión. La guerrilla decidió crear un supuesto “impuesto para la paz” del 10% de las ganancias de las empresas, como se narra en la página 165 del tomo de ‘Hallazgos y recomendaciones’.

El Informe Final describió que los hechos perpetrados por las FARC era un desprecio por la vida y del grado de deshumanización del conflicto armado causado por las FARC en “una práctica intencional y extendida” como fue el secuestro, así se muestra en la página 162.  De igual forma el documento de la Comisión resalta los hechos cometidos por las FARC relacionados con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y cómo desintegró familias y comunidades. Las consecuencias fueron especialmente graves para comunidades indígenas, “donde la socialización bélica de los adolescentes provocó afectaciones comunitarias en la autonomía, autoridad o transmisión cultural”, se lee en la página 183 del capítulo de hallazgos.

Según datos del Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, el grupo que más niñas, niños y adolescentes reclutó entre 1990 y 2017 fue las FARC-EP con 12.038 víctimas (75 % del total), seguido de los paramilitares con 2.038 víctimas (13 %) y el ELN con 1.391 víctimas (9%).  Según el Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, 4 de 10 víctimas de reclutamiento eran menores de 15 años (43 %).

 

La barbarie en el Informe Final 

El mayor de la reserva afirma que la Comisión llama las acciones de las fuerzas militares como “barbarie”, lo cual es cierto al referirse a los los llamados ‘falsos positivos’, que en realidad son asesinatos y desapariciones de civiles y personas en estado de indefensión para hacerlas pasar como supuestas bajas en combate.

El comisionado Carlos Martín Beristain explicó que el Informe usa el término de barbarie para hacer énfasis en las dimensiones del nivel de los hechos traumáticos, del uso de la crueldad y las atrocidades asociadas, especialmente en las ejecuciones extrajudiciales.

El usar el término “no tiene una connotación relacionada con un determinado actor armado sino con la expresión de terror y cómo el terror ha sido usado como una estrategia en diferentes hechos traumáticos y violaciones de Derechos Humanos, muchas veces masivas contra población contra la población civil”, afirmó el comisionado que tuvo a su cargo el capítulo del exilio en el Informe Final. 

Por ejemplo, en la página 84, dentro del subcapítulo Terminar con las valoraciones morales que estimulan la guerra, se explica que la evaluación sobre lo qué pasó incluye una lectura en diferentes aspectos, entre estos el moral, para comprender las acciones y las explicaciones. A la medida que narra la falta de evaluación de las violaciones a los derechos humanos afirma: “Las acciones supuestamente heróicas del Ejército mostraron que lo presentado como resultado de la guerra era en realidad una muestra de la barbarie”. 

Paula Villa, coordinadora jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), narró que desde la organización se le insistió a la Comisión y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en que las ejecuciones se dieron a través de una empresa criminal por la sistematicidad de los casos, la forma en que pasaron, los territorios. “Nosotros le hablamos al Sistema de Justicia, Verdad y No Repetición que se pasó de un principio de distinción a una situación de barbarie”, afirmó Villa. 

Cabe recordar que la JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país.

 

 

Para la CCJ, el Informe de la Comisión es una cara a la verdad que permite comprender las acciones de las fuerzas militares y el nivel de silencio e impunidad. “El Informe podrá determinar las actuaciones entre civiles y el reclutamiento, la complicidad de los paramilitares, las ejecuciones y después de un proceso de legalización para ser presentado  como bajas.  La actitud de la justicia penal, la fiscalía qué hizo en estos casos. Toda da efectivamente una situación de barbarie, una violación a los deechos humanos”. 

La Comisión de la Verdad explica que los Procesos de Reconocimiento de Responsabilidades llevados a cabo por la entidad con los responsables de diferentes grupos armados y miembros de las Fuerzas Militares permitió que “expresaran  públicamente su examen crítico del pasado, han reconocido el horror de las masacres o del secuestro, de la perfidia y la barbarie de las ejecuciones extrajudiciales. Todo ello muestra que el desprecio por la vida llegó en Colombia a los límites de la vergüenza y el sinsentido”. 

Como lo afirmó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe ‘Basta ya’, con la primera amnistía en el gobierno de Julio Cesar Turbay “se excluía los delitos que constituyeran  ‘actos de ferocidad y barbarie’, una categoría que carecía de una definición legal y cuyo contenido y alcance dependía de lo que los jueces determinaran”, como se lee en la página 210.

Sin embargo la definición de Corte Suprema de Justicia entendía como actos de barbarie aquellos que “reprueba el Derecho Internacional Humanitario o derecho de gentes, precisamente por evidenciar crueldad innecesaria en los procedimientos, y en los medios utilizados, o por comportar hostilidad, padecimientos, atemorización y exposición a daños también innecesarios a los niños, mujeres, personas débiles o impotentes, y en general a la población civil”.

En el articulo ‘¿Justicia frente a la barbarie? ONG, víctimas y escándalo político-mediático por los falsos positivos en Colombia’, el investigador Julio Antonio López afirma que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’ son actos de barbarie por cómo sucedieron. Además, el autor recopila lo dicho por la Corte Penal Internacional en voz de la Fiscalía del organismo al denominar las ejecuciones como “una barbarie humanitaria dados los alarmantes indicadores de impunidad”.

Por lo anterior, Colombiacheck califica de cuestionables las afirmaciones del mayor de la reserva. El Informe Final de la Comisión de la Verdad sí utiliza esas afirmaciones, pero dentro de un contexto de narrar los hechos injustificables de la guerra, como lo son las ejecuciones extrajudiciales. Todas las menciones que hay en el capítulo de Hallazgos referentes a la barbarie hacen alusión a esas acciones ilegales, que cometieron algunos miembros de las fuerzas armadas. Por otro lado, el informe no dice que las acciones de las FARC hayan sido “errores” sino todo lo contrario, que no lo son y que, en cambio, constituyen “violaciones cometidas contra la población civil”. 

 

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Falso

Miércoles, 01 Junio 2016

Santos: dos de tres frente a De Klerk

Por Miriam Forero

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc en los que, según dice, somos pioneros. Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y solo una es cierta.

Durante la conferencia ‘El futuro de un país en paz’, que organizaron la Universidad del Rosario y El Tiempo el pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una conversación con el expresidente de Sudáfrica y Nobel de Paz, Frederik de Klerk.

Además de escuchar las experiencias de ese país sobre los diálogos de paz que sostuvieron en 1993 para acabar con la opresión hacia la comunidad negra, y de aprovechar para pedirle consejos sobre cómo ganar el plebiscito, Santos se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc, en los que según dice, somos pioneros.

Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y una es cierta. Acá nuestro chequeo:
 

“El proceso colombiano va a ser la primera vez que un grupo insurgente entrega las armas y se somete a un proceso judicial”.

FALSA. En esta afirmación, con la que abrió su primera intervención, el presidente no aclaró si se refería a que el proceso con las Farc es pionero en el país o en el mundo. De todos modos, en cualquiera de los dos escenarios, ya ha habido historias de desarme y sometimiento a la justicia en el pasado.

En el ámbito nacional, en 1994, miembros de la Corriente de Renovación Socialista, una línea política del ELN que luego se convirtió en la base del Polo y de la Corporación Nuevo Arco Iris, dejó las armas tras una negociación con el gobierno de César Gaviria. Según cuenta Semana, de los 865 excombatientes y miembros de la CRS que se involucraron en el proceso, 268 no recibieron amnistía por sus delitos; de hecho, quince años después, 25 seguían aún pagando condenas en cárceles del país.

El caso más reciente de juzgamiento de delitos de guerra en el país, aunque no se trata de un grupo insurgente sino de extrema derecha, es la desmovilización los paramilitares. Luego del acuerdo al que llegó este grupo armado con el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, el congreso tramitó la Ley de Justicia y Paz, que la Corte Constitucional revisó en 2006.

La versión final de la norma establece una pena de no más de ocho años de prisión para los desmovilizados que no volvieran a delinquir, contaran la verdad y repararan a sus víctimas. Varios dirigentes paramilitares están cumpliendo condenas de ocho años basadas en esa ley; de hecho, el primero en terminar de pagar ese tiempo en la cárcel, Freddy Rendón alias 'El alemán', salió en julio del año pasado.

En el ámbito internacional, un caso que desmiente la afirmación del presidente es el de Sierra Leona, en el que el grupo rebelde Frente Revolucionario Unido -RUF, por su sigla en inglés- entregó las armas en 2002, luego de un proceso de más de ocho años, entre altibajos, rupturas e inclumplimientos.

En ese país africano no se declaró amnistía general, sino que se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona -Scsl, por su sigla en inglés- con el fin de juzgar a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. En su última decisión, antes de cerrar en 2013, esta Corte ratificó la condena de 50 años contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó al RUF. Actualmente permanece un Tribunal Residual Especial que vigila la continuidad de los procesos que llevó adelante el Scsl, en asuntos como protección a testigos, supervisión de penas de prisión y manejo de archivos.

Aunque la mayoría de los procesos de paz terminan con la dejación de armas y una declaración de amnistía -como el M19 (1989) y el EPL (1991) en Colombia, o El Salvador (1992), Liberia (2003) e Indonesia (2005), para mencionar algunos ejemplos internacionales-, no es cierto que el proceso con las Farc será la primera vez que un grupo insurgente dejará las armas y se someterá a la justicia transicional.

 

“Es el primer caso en el mundo en el que se pone a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y el respeto por sus derechos”.

ENGAÑOSA. Aunque la agenda de la mesa de conversaciones incluye la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas, hay otros procesos en el mundo que les han dado prioridad. Es el caso de Sudáfrica, expuesto por el interlocutor del presidente Santos durante el foro en el que hizo esta afirmación.

Allí, De Klerk explicó que en el caso de su país las víctimas representaban más del 90% de la población, pues se trataba de la comunidad negra sometida durante años a la opresión y la desigualdad en derechos civiles, por razones de racismo. De este modo, el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país tuvo como eje central acabar con esa distinción y concederle al partido de los negros, el Congreso Nacional Africano (ACN), igualdad de acceso al poder.

Por su parte, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - Ictj-, María Camila Moreno, expone otros ejemplos en su análisis sobre esta frase del presidente: “En el mundo procesos como el de Mindanao en Filipinas, han incluido en los acuerdos de paz el respeto y garantías de los derechos de las víctimas. En muchos acuerdos de paz se ha incluido la creación de comisiones de la verdad (Guatemala, El Salvador, Kenia, Suráfrica, entre otros) y programas de reparación (Nepal, Sudáfrica, Guatemala, etc.).

Tanto ella como Francisco Rey Marcos, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, coinciden en aclarar que lo importante no es si la retórica del proceso dice que los acuerdos se centrarán en las víctimas, sino en cómo la implementación demuestre esa relevancia que deben tener y garantice la realización de sus derechos.

Rey, incluso, va más allá en su crítica a la coordinación entre palabras y hechos: “conviene decir que no ha existido acuerdo humanitario; las partes tardaron más de dos años en reconocer su participación como victimarios y pedir, poco a poco, perdón. Las visitas de las víctimas a La Habana fueron muy importantes pero con un carácter más simbólico que real”.

 

“Es la primera vez en la historia del mundo que las dos partes (de un proceso de paz) se ponen de acuerdo (en la justicia transicional que se aplicará). Generalmente es un tercero, como Naciones Unidas, el que impone un sistema de justicia; en este caso, las dos partes se pusieron de acuerdo para crear un tribunal y un sistema en donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados”.

VERDADERA. Al conocer el acuerdo de justicia, anunciado en septiembre del año pasado y revelado en diciembre, el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, llamó la atención en un comunicado sobre la particularidad de ese tema pues, según él, es “algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores”.

Moreno, la directora del Ictj, también consideró cierta la afirmación. “Los tribunales internacionales no han sido decisión de las partes que suscriben un acuerdo de paz. En algunos casos, luego de la firma del acuerdo, por presión de las víctimas y de la comunidad internacional se han establecido tribunales internacionales o híbridos para juzgar a los responsables de crímenes internacionales. Este es el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda. El caso de Colombia es excepcional porque las mismas partes de la negociación acuerdan un sistema de rendición de cuentas que incluye la creación de una jurisdicción especial para perseguir penalmente a todos los responsables de los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado interno”.

A manera de conclusión...

Tras examinar los matices de las afirmaciones de Santos, es claro que si el presidente no llevara al extremo sus ‘sacadas de pecho’, no cometería la imprecisión de llamar al proceso con las Farc pionero en tantos aspectos en los que no necesariamente lo es.

Podría, para mayor claridad, llamar la atención sobre algunos puntos del proceso colombiano, que lo hacen particular con respecto a los que se han dado a lo largo de la historia en otros lugares del mundo, como el acuerdo en términos de justicia transicional.

En el mencionado comunicado de la Escuela de Cultura de Paz, el académico Fisas se aventuró, incluso, a decir que lo que va adelantado entre el gobierno y las Farc hace que este proceso “pueda considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo”.

Sin embargo, también es claro que no se puede hablar de gran innovación o de un caso ejemplarizante para el mundo hasta que no se dé la implementación, pues muchos países han visto enormes incumplimientos, fracasos, rearmes e impunidad tras la firma de históricos acuerdos.