Ante la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, se generó una controversia sobre la responsabilidad del Ejército durante el conflicto armado. En su cuenta de Twitter, el mayor general de la reserva Luis Ignacio Barón Casas publicó el 1 de julio de 2022 que: “Miren algo que encontré en el documento de la comisión..a las acciones Militares les llaman barbarie….pero a las acciones de las FARC las llaman ‘errores cometidos contra la población civil’, que vergüenza” (sic). 

Miren algo que encontré en el documento de la comisión..a las acciones Militares les llaman barbarie….pero a las acciones de las FARC las llaman “errores cometidos contra la población civil”, que vergüenza

— Mayor General rva FAC Luis Ignacio Baron Casas (@luisignacioba11) July 2, 2022

Así que en Colombiacheck decidimos verificar las afirmaciones hechas por Barón, pues su publicación ya tiene más de 2.000 retuits y  4.000 ‘me gusta’.  La narrativa que la Comisión de la Verdad calificó como barbarie las acciones del Ejército Nacional es cuestionable. 

La Comisión de la Verdad, desde el 28 de junio, ha publicado cuatro de los diez tomos que componen el Informe Final. Al revisar el capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’, el testimonial, ‘Cuando los pájaros no cantaban’; el de los impactos de la guerra en los niños, niñas y adolescentes, ‘No es un mal menor’, y el último entregado, ‘Las verdades del exilio’; en ninguno se encontró que existiera la frase “errores cometidos contra la población civil”, como lo afirma el mayor Barón.

En la página 83, el subcapítulo Terminar con las valoraciones morales que estimulan la guerra explica que la falta de evaluación de las violaciones de derechos humanos y mencionarlas con explicaciones banales da paso a la repetición del conflicto. Por ello, la Comisión de la Verdad califica que las “acciones indiscriminadas de las FARC-EP no fueron errores, sino violaciones cometidas contra la población civil. El camino del reconocimiento impulsado por el proceso de paz de llamar a las cosas por su nombre y mirarse en el espejo de la verdad será saludable para Colombia y contribuirá a la democracia y a la despolarización”, se lee en el tomo ‘Hallazgos y recomendaciones’.

Lo que dice el Informe final sobre los delitos de las FARC

Las FARC cometieron sistemáticamente violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Según el Proyecto JEP-CEV-HRDAG, alrededor de 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018, de los cuales el mayor perpetrador fue la guerrilla de las FARC con el 40% de los casos.

Otro de los hechos que más cometió la guerrilla y que muestra el Informe Final es la extorsión. La Comisión documentó que en el 2000, mientras se presentaban los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastana y las FARC, aumentaron los casos de extorsión. La guerrilla decidió crear un supuesto “impuesto para la paz” del 10% de las ganancias de las empresas, como se narra en la página 165 del tomo de ‘Hallazgos y recomendaciones’.

El Informe Final describió que los hechos perpetrados por las FARC era un desprecio por la vida y del grado de deshumanización del conflicto armado causado por las FARC en “una práctica intencional y extendida” como fue el secuestro, así se muestra en la página 162.  De igual forma el documento de la Comisión resalta los hechos cometidos por las FARC relacionados con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y cómo desintegró familias y comunidades. Las consecuencias fueron especialmente graves para comunidades indígenas, “donde la socialización bélica de los adolescentes provocó afectaciones comunitarias en la autonomía, autoridad o transmisión cultural”, se lee en la página 183 del capítulo de hallazgos.

Según datos del Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, el grupo que más niñas, niños y adolescentes reclutó entre 1990 y 2017 fue las FARC-EP con 12.038 víctimas (75 % del total), seguido de los paramilitares con 2.038 víctimas (13 %) y el ELN con 1.391 víctimas (9%).  Según el Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, 4 de 10 víctimas de reclutamiento eran menores de 15 años (43 %).

La barbarie en el Informe Final 

El mayor de la reserva afirma que la Comisión llama las acciones de las fuerzas militares como “barbarie”, lo cual es cierto al referirse a los los llamados ‘falsos positivos’, que en realidad son asesinatos y desapariciones de civiles y personas en estado de indefensión para hacerlas pasar como supuestas bajas en combate.

El comisionado Carlos Martín Beristain explicó que el Informe usa el término de barbarie para hacer énfasis en las dimensiones del nivel de los hechos traumáticos, del uso de la crueldad y las atrocidades asociadas, especialmente en las ejecuciones extrajudiciales.

El usar el término “no tiene una connotación relacionada con un determinado actor armado sino con la expresión de terror y cómo el terror ha sido usado como una estrategia en diferentes hechos traumáticos y violaciones de Derechos Humanos, muchas veces masivas contra población contra la población civil”, afirmó el comisionado que tuvo a su cargo el capítulo del exilio en el Informe Final. 

Por ejemplo, en la página 84, dentro del subcapítulo Terminar con las valoraciones morales que estimulan la guerra, se explica que la evaluación sobre lo qué pasó incluye una lectura en diferentes aspectos, entre estos el moral, para comprender las acciones y las explicaciones. A la medida que narra la falta de evaluación de las violaciones a los derechos humanos afirma: “Las acciones supuestamente heróicas del Ejército mostraron que lo presentado como resultado de la guerra era en realidad una muestra de la barbarie”. 

Paula Villa, coordinadora jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), narró que desde la organización se le insistió a la Comisión y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en que las ejecuciones se dieron a través de una empresa criminal por la sistematicidad de los casos, la forma en que pasaron, los territorios. “Nosotros le hablamos al Sistema de Justicia, Verdad y No Repetición que se pasó de un principio de distinción a una situación de barbarie”, afirmó Villa. 

Cabe recordar que la JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país.

Para la CCJ, el Informe de la Comisión es una cara a la verdad que permite comprender las acciones de las fuerzas militares y el nivel de silencio e impunidad. “El Informe podrá determinar las actuaciones entre civiles y el reclutamiento, la complicidad de los paramilitares, las ejecuciones y después de un proceso de legalización para ser presentado  como bajas.  La actitud de la justicia penal, la fiscalía qué hizo en estos casos. Toda da efectivamente una situación de barbarie, una violación a los deechos humanos”. 

La Comisión de la Verdad explica que los Procesos de Reconocimiento de Responsabilidades llevados a cabo por la entidad con los responsables de diferentes grupos armados y miembros de las Fuerzas Militares permitió que “expresaran  públicamente su examen crítico del pasado, han reconocido el horror de las masacres o del secuestro, de la perfidia y la barbarie de las ejecuciones extrajudiciales. Todo ello muestra que el desprecio por la vida llegó en Colombia a los límites de la vergüenza y el sinsentido”. 

Como lo afirmó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe ‘Basta ya’, con la primera amnistía en el gobierno de Julio Cesar Turbay “se excluía los delitos que constituyeran  ‘actos de ferocidad y barbarie’, una categoría que carecía de una definición legal y cuyo contenido y alcance dependía de lo que los jueces determinaran”, como se lee en la página 210.

Sin embargo la definición de Corte Suprema de Justicia entendía como actos de barbarie aquellos que “reprueba el Derecho Internacional Humanitario o derecho de gentes, precisamente por evidenciar crueldad innecesaria en los procedimientos, y en los medios utilizados, o por comportar hostilidad, padecimientos, atemorización y exposición a daños también innecesarios a los niños, mujeres, personas débiles o impotentes, y en general a la población civil”.

En el articulo ‘¿Justicia frente a la barbarie? ONG, víctimas y escándalo político-mediático por los falsos positivos en Colombia’, el investigador Julio Antonio López afirma que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’ son actos de barbarie por cómo sucedieron. Además, el autor recopila lo dicho por la Corte Penal Internacional en voz de la Fiscalía del organismo al denominar las ejecuciones como “una barbarie humanitaria dados los alarmantes indicadores de impunidad”.

Por lo anterior, Colombiacheck califica de cuestionables las afirmaciones del mayor de la reserva. El Informe Final de la Comisión de la Verdad sí utiliza esas afirmaciones, pero dentro de un contexto de narrar los hechos injustificables de la guerra, como lo son las ejecuciones extrajudiciales. Todas las menciones que hay en el capítulo de Hallazgos referentes a la barbarie hacen alusión a esas acciones ilegales, que cometieron algunos miembros de las fuerzas armadas. Por otro lado, el informe no dice que las acciones de las FARC hayan sido “errores” sino todo lo contrario, que no lo son y que, en cambio, constituyen “violaciones cometidas contra la población civil”.