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Viernes, 01 Febrero 2019

Excombatientes de las Farc, ¿los matan por haber sido guerrilleros?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Eso afirmó el Consejero para el Posconflicto, y aseguró que en la mayoría de los casos los grupos ilegales están detrás de los asesinatos. Pero hasta ahora, no ha sido probado.

Comenzando 2019, el ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Luciano Marín (conocido como “Iván Márquez”) reapareció en la escena política. Lo hizo el 12 de enero, a través de un video en el cual criticó la implementación del acuerdo de paz.

 

Marín dijo que en solo dos años que tiene de vigencia el acuerdo (desde el 24 de noviembre de 2016), “los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado han sido desalentadores. En ese lapso han sido asesinados más de 400 líderes sociales y más de 85 guerrilleros” (vea: Explicador: ¿Qué es un líder social?).

Ese mismo día, en la noche, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, publicó en la página web de la entidad una carta titulada “Iván Márquez no dice la verdad”.

En ella señaló que es mentira que exista desprotección de los excombatientes y que “las condiciones en que han fallecido alrededor de 85 excombatientes muestra que la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas”. La fuente de Archila, según cuenta en el comunicado, es el último informe publicado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, un día después, Archila fue entrevistado en revista Semana, donde se le preguntó por su desacuerdo con Marín y, en particular, sobre los 85 excombatientes de la guerrilla que han sido asesinados.

Según Archila, “ninguno ha sido asesinado por su condición de excombatiente. La absoluta mayoría han sido asesinados por otros grupos ilegales ELN, EPL, Los Pelufos, el Clan del Golfo, eso lo que nos dice es que muy posiblemente se trataba de personas que habían vuelto a la ilegalidad”.

Puesto que al día siguiente, el 14 de enero, Archila fue nuevamente interrogado sobre el tema, pero ahora en RCN Radio, y una vez más afirmó que “no hay ninguno de ellos [los excombatientes] que haya sido evidenciado que hubiera sido muerto en razón de su condición de excombatiente”, en Colombiacheck decidimos verificar qué tanta verdad había en esa afirmación y en otra que mencionó Archila en la entrevista radial: “más de la mitad han sido muertos a manos de grupos armados y en enfrentamientos, lo cual da el indicio de que estaban dedicados nuevamente a actividades delictivas”.

Naciones Unidas

Acudimos directamente a la oficina de prensa del Alto Consejero para el Posconflicto para consultar cuál fue la fuente en la cual se basó Archila en su afirmación y nos confirmaron que se trata del informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia publicado el 26 de diciembre de 2018.

En referencia a la seguridad de los excombatientes de las Farc, el informe señala que “las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguen prestando servicios de seguridad en el perímetro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y las zonas circundantes”.

Pero el informe también asegura que, a pesar de ello, “continúan existiendo problemas significativos de seguridad en los nuevos puntos de reagrupamiento de exmiembros de las FARC-EP participantes en el proceso de reincorporación fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, muchos de los cuales se encuentran en zonas con una fuerte presencia de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”.

A su vez, el informe confirma que desde la firma del acuerdo de paz y hasta el 26 de diciembre de 2018 (fecha de su publicación), 85 excombatientes de las Farc fueron asesinados.

Señala, además, que en las investigaciones “de un total de 87 casos, incluidos los 85 asesinatos, la Unidad Especial de Investigación ha informado de avances significativos en 48. Se ha dictado sentencia en 3 casos; 8 se encuentran en la etapa de enjuiciamiento, 17 están siendo investigados y se han practicado las detenciones, 18 están siendo investigados y las detenciones están pendientes y 2 se encuentran en otras etapas de indagación”.

De esos 48, “36 están vinculados al Clan del Golfo, al ELN, a grupos disidentes de las FARC-EP y al Ejército Popular de Liberación”.

Es decir que, a diferencia de lo que señala Archila, el informe de Naciones Unidas confirma que solo 36 de 85 de los asesinatos, en las investigaciones preliminares, están relacionados con Grupos Armados Organizados (GAO como los llama el gobierno). Se trata de menos de la mitad de los asesinatos y no de la “inmensa mayoría”, como dijo el consejero.

Por otro lado, el informe no confirma que, de los casos ya investigados o de los que aún están en proceso de investigación, alguno de los excombatientes haya sido asesinado por el hecho de haber pertenecido a la guerrilla de las Farc.

Otras organizaciones

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) también ha hecho seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y en su informe ‘Cómo va la paz. La reestructuración unilateral del acuerdo de paz’, publicado en noviembre del año pasado, registró la situación de los excombatientes de las Farc asesinados.

Según Pares, “los obstáculos del proceso de reincorporación también se manifiestan en las fallas a la seguridad física de los y las ex combatientes de FARC, que también incluyen a sus familiares… de ahí que se tenga registro de 83 excombatientes asesinados y 24 familiares, desde la firma del Acuerdo hasta el 10 de noviembre de 2018”.

Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política de Pares, sin embargo, confirmó a Colombiacheck que para este momento, el número de asesinados del cual tienen registro es 85, el mismo número señalado por Naciones Unidas.

Jiménez, además, dijo que hasta el momento no tienen información concluyente sobre las razones o motivaciones de los asesinatos, pero que se mantienen algunas hipótesis.

“La primera de ellas tiene que ver con la negativa de parte de estas personas a engrosar las filas de nuevos grupos ilegales, o de los ya existentes, en las regiones donde antiguamente ejercían algún control armado durante su paso por la guerrilla”, dice el informe de Pares. Esto porque, según Jiménez, son personas que tienen entrenamiento militar, conocen el territorio y por eso son muy útiles para engrosar otras filas.

Sobre este mismo punto Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma que esto se debe también a que los desmovilizados están en zonas de economías ilegales donde el tema de la violencia es importante, por eso “se presentan amenazas a exmiembros para presionarlos a que se involucren a bandas delincuenciales”.

En ese sentido, los dos investigadores coinciden en que no se puede decir que los exmiembros de las Farc asesinados por bandas delincuenciales necesariamente estaban incurriendo en actividades ilícitas, como señaló Archila.

Por el contrario, según Garzón, esto “libera la responsabilidad del Estado en términos de seguridad para los excombatientes, que es compleja, pero que el gobierno no ha podido resolver”.

La segunda hipótesis de Pares tiene que ver con situaciones de venganza particulares o por su antigua filiación a la insurgencia armada. “En algunas regiones hay cuentas pendientes en términos de lo que sucedió en la guerra entre ellos o fuera de la organización”, agrega Garzón.

Y estos hechos hacen que en este punto no haya total claridad de si los asesinatos se dieron por asuntos personales o familiares, de acuerdo Jiménez. O si por el contrario, refutando lo dicho por Archila, sí tienen que ver con el hecho de que estas personas hayan pertenecido a las Farc.

¿Qué dice la Farc?

Camilo Ernesto Fagua, miembro de la Comisión Nacional de derechos humanos del partido Farc, le dijo a Colombiacheck que desde la primera firma del Acuerdo Final han registrado 93 exintegrantes asesinados y que han podido establecer que detrás de esos homicidios están grupos paramilitares, fuerzas estatales, grupos de narcotraficantes y el Ejército de Liberación Nacional ELN.

(Lea: El ELN no aumentó acciones violentas durante mesa de negociación)

Aunque no han podido determinar cuántos de los homicidios han tenido como móvil la calidad de reinsertado de la víctima,“hemos encontrado que la principal causa de esas muertes es el incumplimiento en materia de garantías de seguridad y protección porque a mucha gente no se le ha cumplido con la puesta en marcha de los proyectos productivos o el proceso de la reincorporación integral, lo cual hace que mucha gente se disperse del proceso colectivo y se vuelva vulnerable a hechos como retaliaciones por hechos anteriores como por hechos relacionados con el proceso de conformación del partido”, indicó el abogado.

En este sentido hay coincidencias con lo que le dijo Garzón a Colombiacheck, pues según él los lugares adónde están llegando los exguerrilleros (que pueden ser sus lugares de origen o donde se encuentra su familia y que no hacen parte de las zonas establecidas en el marco de la implementación del acuerdo) son espacios de alta vulnerabilidad para ellos, pues no cuentan con la protección que establece el acuerdo de paz. Y ese hecho puede estar incidiendo en los homicidios de los cuales están siendo víctimas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Cumpliendo los pasos del chequeo de Colombiacheck y como el informe de Naciones Unidas cita a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, intentamos contactarnos también con esta entidad para conocer en qué están las investigaciones frente al caso, pero hasta el momento de publicar este chequeo, la oficina de prensa de la Fiscalía no nos ha suministrado ninguna respuesta al respecto.


     

Lunes, 23 Enero 2017

Entrega de menores: ¿Un desacuerdo de fechas entre Gobierno y Farc?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Aunque toda Colombia quiere que entreguen a los niños reclutados a la fuerza, es impreciso hablar de incumplimiento porque en ninguna parte del Acuerdo Final ni de los Comunicados Conjuntos, el Gobierno exigió fechas concretas a las Farc.

El 12 de enero Sergio Jaramillo, en los micrófonos de la emisora RCN Radio, mostró su descontento por la no entrega de los menores de edad por parte de las Farc. En dicha emisión sostuvo que “lo que se acordó desde marzo del año pasado es que saldrían de las filas de las Farc los menores de 15 años; solo salieron 13. Las Farc están en deuda con el país, no se han movido con celeridad y así se lo hemos dicho”.

Es cierto, en el Comunicado Conjunto # 70 de mayo de 2016 (de mayo no de marzo) las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo para la entrega de los menores de edad conforme a la página 74 del Acuerdo Final.

El comunicado aborda la manera cómo se hará la entrega, por ejemplo, uno de los compromisos de las Farc es “proceder a la salida de los menores de 15 años de los campamentos tan pronto se acuerde el protocolo”, un protocolo que si bien es de naturaleza reservada, quedó listo desde hace hace varios meses.

El comunicado narra el cómo se hará la entrega, el tratamiento legal hacia los menores, entre otros aspectos pero no señala fechas específicas para saber con cuánta celeridad debe cumplirse el proceso de entrega que mencionó Jaramillo a los oyentes de RCN Radio.

Aunque Jaramillo tiene toda la razón en insistir a las Farc para que cumplan con las entrega de los menores en sus filas, Colombiacheck califica la afirmación como ligera pues si bien es cierto que no se han entregado todos los menores de edad en manos de las Farc, no se puede decir que se han incumplido con algo en lo que el Gobierno nunca fijó plazos específicos.

Pese a que no hay fechas pactadas, la entrega de los menores que fueron reclutados por el grupo subversivo sigue siendo un asunto vital para la confianza en la implementación del proceso de paz y una exigencia que suscita el consenso mayoritario tanto en Colombia como en la comunidad internacional.

“Todo menor de edad que esté en un grupo armado es víctima de la violación de derechos fundamentales como la libertad, crecer en un ambiente sano y estar en su medio familiar”, ha exigido Cristina Plazas, la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Icbf, en repetidas ocasiones.

¿Fallas de protocolo?

Luego del comunicado conjunto el Gobierno cumplió con su compromiso de elaborar un protocolo para la salida de los menores de edad y también con una propuesta de un programa integral para la restitución de los derechos de los menores.

Producto de estos hechos se dio la primera y única entrega en septiembre de 2016, cuando el grupo armado entregó 13 personas. Hablamos de personas y no de menores de edad porque Paula Gaviria, directora de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, los denominó como así, es decir, no todos los 13 entregados serían menores de edad.

Pero desde septiembre no se han realizado más entregas. ¿Qué pasó? ¿Hubo incumplimiento tal y como lo afirma Sergio Jaramillo?

En el Comunicado # 70 quedó establecido que la entrega de los menores de edad sería: “Una medida de construcción de confianza con el fin de dar unos primeros pasos que contribuyan a la salida progresiva de los menores de edad de los campamentos de las Farc y a garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales, así como sus derechos civiles y ciudadanos”.

El gran inconveniente es que no se definió lo que significa “salida progresiva”. ¿Qué es para las Farc una salida progresiva? ¿Cada seis meses, cada año, cada cuánto?

Aunque el Comunicado Conjunto # 70 fue ambiguo en cuanto a las fechas de entrega de los menores este no ha sido el argumento central de la organización armada para no entregar la totalidad de los reclutas menores.

Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido en la vida guerrillera como Pastor Alape, ha sido el vocero de las Farc en todos los temas relacionados con los menores de edad. Muñoz Lascarro sostuvo al noticiero Nueva Colombia, controlado por las Farc, que “el balance no es muy positivo porque este es el momento que no hemos tenido información oficial de parte del Gobierno sobre la suerte de los menores que salieron de los campamentos con base en el Comunicado # 70”.

 

 

El dirigente de las Farc agregó que “no pudieron hacer los reencuentros familiares, solo se dio un reencuentro familiar bajo unas normas casi penitenciarias con el defensor de familia al lado de su familia y solamente por 15 minutos. Esto ha generado mucho malestar al interior de la organización y sobre todo de los menores que empiezan a salir a final de este mes o primeros días del mes de febrero”.

 

 

Las palabras de Muñoz Lascarro, respaldadas por Rodrigo Londoño (cuyo nombre de guerra era Timochenko), permitieron saber el por qué no se continuó con la entrega de los menores. Si son reales estas afirmaciones el Gobierno habría incumplido uno de los compromisos pactados en el Comunicado # 70: “La priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta la opinión y el interés superior del menor de edad”.

Ante la crítica de las Farc, Paula Gaviria, vocera del Gobierno, replicó que se “está cumpliendo a los menores de edad que salieron de los campamentos” y contradijo a a las Farc cuando explicó que “nueve de estas personas han regresado con sus familias, mientras que otras cuatro permanecen bajo la protección del Icbf”.

Los números no cuadran

Más allá de quien tiene la responsabilidad, la entrega de los menores ha sido un asunto álgido en el debate nacional (esta semana hubo un plantón) y después de varias declaraciones encontradas, por fin parece que el Gobierno y las Farc encontraron el camino para reactivar el proceso de entrega.

Muñoz Lascarro se comprometió con una fecha para una próxima entrega, quedó claro que será a más tardar en los primeros días del mes de febrero. Lo que no quedó claro es cuántas entregas más harán, cada cuánto y qué número de menores entregarán. De nuevo los tiempos para la salida progresiva quedaron a voluntad de las Farc.

Otro asunto polémico y una promesa que no han cumplido las Farc, es la entrega de información sobre los menores que están en sus campamentos. Rodrigo Londoño, en diálogo con Vicky Dávila en La W Radio, sostuvo que son 23, una cifra que no guarda ninguna proporción con la que reveló en mayo de 2016 la Fiscalía General de la Nación, pues para el ente investigador, el total de menores de edad reclutados por la organización guerrillera es de 11.556, un 33% serían niñas y el restante 67% niños.

Se debe tener en cuenta que la disparidad de las cifras puede explicarse porque este informe indagó el reclutamiento ilegal de menores por las Farc durante las últimas cuatro décadas, desde 1975 hasta 2014.

 

Actualización

Luego de la publicación de este chequeo, se conoció que la entrega de los menores de edad se hará una vez los guerrilleros estén en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn. Una vez los integrantes de las Farc estén en esos sitios se activará un protocolo de salida de menores, así lo manifestó el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR.

El Gobierno ha manifestado que el plazo para que los guerrilleros estén en las Zvtn es hasta el 31 de enero, con esa contundencia lo explicó el gerente de dichas zonas Carlos Córdoba. Si el 31 de enero o antes las Farc están en los Zvtn entonces en esa misma fecha deberá iniciarse la entrega de los menores que tienen las Farc.

La polémica por el tema, si bien parece tener un norte definido, continúa como lo cuenta Alfredo Molano, a través de este artículo en El Espectador.

El 28 de abril el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Cicr, encargado de la recepción de los menores de edad por parte de la Farc anunció que habían sido entregados 76 menores. Hasta la fecha no se sabe aún cuántos faltan y cuándo los entregarán. En un comunicado de ese 28 de abril el Cicr sostuvo que "continuará facilitando estas operaciones humanitarias de conformidad con lo solicitado por el Gobierno colombiano y las FARC-EP", es decir, faltan más menores por entregar.