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Martes, 09 Mayo 2017

Farc: de acusador a acusado en el tema de armas y caletas

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“Asalto del 26 de marzo a caleta de armas en Putumayo ordenado por mindefensa Villegas sin informar a ONU y Farc, viola protocolos firmados”, denunció Iván Márquez, miembro de las Farc. Su aseveración resulta falaz porque la guerrilla no cumplió en su momento con su parte: dar información sobre sus caletas.

El 20 de abril el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció a la opinión pública que el Ejército Nacional había encontrado en Putumayo y Nariño unas caletas con armas de la guerrilla de las Farc. La primera fue encontrada y destruida en el departamento de Nariño y, dos semanas después (el 27 de marzo), se destruyó la de Putumayo.

Ante el hecho en Putumayo, Luciano Marín, conocido en las Farc como Iván Márquez, trinó ese mismo día en su cuenta de Twitter que la operación militar había violado los protocolos de dejación de armas firmados por Gobierno y Farc con motivo del Acuerdo Final de paz pactado en La Habana.

 

 

Tal señalamiento llamó la atención de Colombiacheck y decidimos comprobar si en realidad la operación militar se constituyó una violación a lo acordado, una especie de falso positivo como entre líneas lo manifestó Timochenko o Rodrigo Londoño Echeverri, su nombre de pila.

 

 

 

 

¿Qué dice el acuerdo frente al tema de las armas?

Frente al tema de las armas de las Farc hay que hacer una aclaración. El Acuerdo Final diferenció dos tipos de armas en su página 222 (Protocolo para la Dejación de las Armas), armas individuales y armamento inestable.

Las armas de tipo individual son aquellas con las que los guerrilleros ingresaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización que los colombianos vimos a través de noticieros, cuando cada guerrillero que entraba a la zona veredal pasaba con su fusil al hombro.

Estas armas son las que debían dejar las Farc antes del 1 de mayo (día D + 150) y que la Misión de Monitoreo y Verificación de la ONU, MMV, guardaría en unos contenedores para fundirlas y realizar unos monumentos. Estas son las mismas armas que las Farc debían dejar por medio del cronograma fijado. El primer 30% de ellas en el día D + 90, otro 30% en el D + 120 y el restante 40% en el D + 150, que se cumplió el pasado lunes festivo.

Según la versión dada a los medios por Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia, el número de armas que dejaría las Farc y que quedaría en poder del MMV, sería de 7.000 y no de 14.000 como en una ocasión y erradamente anunció el presidente Juan Manuel Santos y Colombiacheck desmintió en este chequeo.

Pues bien, de esas 7.000 armas hasta la fecha solo han sido dejadas en manos de la ONU un total de 1.140 armas, así lo explicamos en la verificación que titulamos: Incertidumbre por cifra de armas que dejarán las Farc.

Teniendo claro cómo es el procedimiento para la dejación de armas de tipo individual, revisamos cómo es el asunto con el otro tipo de armas, las inestables.

Este tipo de armas son denominadas inestables porque su exterior está deteriorado, con rajaduras, abolladuras, hundimientos y oxidación. Lo inestable también corresponde a material explosivo envejecido que perdió algunas de sus propiedades por el fenómeno de exudación, así como por cualquier otro signo que permita determinar que su transporte pueda resultar peligroso. En el grupo de inestables también están las armas y explosivos de fabricación o insumos artesanales.

Todas las características anteriores las tomamos literalmente de la página 222 del Acuerdo Final de paz. En esa misma página, las Farc se comprometió a darle la información de las caletas con armas inestables al MMV el día D + 10, es decir, el 10 de diciembre de 2016.

En síntesis, todas las armas que entraron los guerrilleros a las Zonas Veredales debían ser dejadas al MMV de manera escalonada desde el día D + 90 (28 de febrero de 2017) hasta el día D + 150 (1 de mayo de 2017).

Por otra parte, según lo pactado en La Habana, las Farc debía entregar las coordenadas de las caletas con material o armas inestables el 10 de diciembre de 2016, pero esto tampoco se cumplió.

¿El operativo del Ejército violó los protocolos de dejación de armas?

Sobre este cuestionamiento Colombiacheck preguntó al MMV y a las propias Farc pero nunca tuvo respuesta. Al MMV enviamos un derecho de petición pero hasta la fecha no han dado respuesta.

Sin embargo, el 21 de abril Julián Gallo Cubillos conocido en las Farc como Carlos Antonio Lozada, quien lidera el tema de la dejación de armas, habló para la emisora RCN Radio y aclaró un tema fundamental: La fecha en la que las Farc dio información de las 949 caletas al MMV.

“La semana pasada tuvimos una reunión en la cual nosotros entregamos una cifra al componente internacional del mecanismo (MMV) en la que especifica claramente la cantidad de depósitos que tenemos. Son exactamente 949 depósitos. Entre depósitos de explosivos y depósitos de armamento”, dijo el exguerrillero.

La declaración evidencia que las Farc sí informó al MMV la cantidad de las caletas, pero también deja claro que esa información solo la reportaron hasta la segunda semana de abril y no el 10 de diciembre de 2016, como quedó establecido en la página 222 del Acuerdo Final.

Los operativos en los que el Ejército destruyó las caletas de Putumayo y Nariño fueron en marzo, es decir, cuando no había información de las caletas farianas.

Al respecto Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, explicó a Colombiacheck que desde su punto de vista no hay una violación a los protocolos firmados porque en ninguna parte del Acuerdo Final se estableció sobre las autoridades civiles o militares una limitación de sus funciones constitucionales o legales.

Para Restrepo las operaciones en Putumayo y Nariño no se trataron de acciones hostiles contra las Farc, ni de “una infracción de alguno de los compromisos que tiene la Fuerza Pública en el marco de los acuerdos”, dijo.

¿Y si el Ejército encuentra más caletas?

Ese tema cada día es más espinoso porque una cosa dicen las Farc y otra el Gobierno. Por ahora las Farc ya confesaron que no entregaron la información de las caletas en el tiempo pactado.

El tema de la discordia pasa porque el Gobierno nacional, bajo la representación del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, sostuvo el 7 de mayo en Noticias RCN que aún no habían recibido las coordenadas de las caletas.

“Ni el Ministerio ni la Fuerza Pública tiene todavía ninguna información masiva de Naciones Unidas sobre localización de los llamados depósitos de armas de las Farc”, señaló Villegas, quien agregó que la guerrilla solamente había entregado información de dos caletas.

Respecto al papel del MMV en el enredo de las caletas Restrepo explicó que si las Farc han entregado las coordenadas también habría un retraso por parte del componente internacional por “las responsabilidades que tienen en el marco del Acuerdo”.

Por ahora el propio Villegas manifestó que seguirán buscando hasta que les entreguen los puntos de ubicación de las armas: “Si hay cooperación de las Farc para encontrar armamento que esté en caletas, con mucho gusto yo les reconoceré que esas armas hacen parte del desarme y serán entregadas a Naciones Unidas. Pero si las caletas se encuentran por operaciones de control territorial de las Fuerzas Armadas pues serán incautaciones de armamento ilegal y eso es la política que vamos a aplicar hacia adelante. Ya tenemos un inventario de Naciones Unidas y nos falta ese inventario de las caletas que los jefes de las Farc han dicho que son muy numerosas”, señaló Villegas el pasado 3 de mayo en conferencia de prensa.

En referencia a los retrasos con las caletas Carlos Antonio Lozada señaló que también se debe en parte al incumplimiento del Gobierno en la construcción de las Zonas Veredales.

Sin coordenadas en manos del Ejército seguirá la polémica pues los operativos de la Fuerza Pública continuarán y en ellos puede o no que hallen caletas. Sobre la dejación de las armas Carlos Antonio Lozada en entrevista con revista Semana sostuvo que para el 31 de mayo ya las Farc habrán dejado todas las armas que tienen en los campamentos pero para las caletas solicitó tres meses más. Algo que parece el presidente Santos concederá: “posiblemente les demos el plazo”, manifestó el primer mandatario en RCN Radio.

Lozada también dijo que era necesario el plazo porque algunos de los guerrilleros que ayudarán en el hallazgo y destrucción de las 949 caletas aún no tienen cédula, una tarea que debe resolver el Gobierno. En todo caso, respecto a si las Farc ya entregó o no las coordenadas de las caletas la pelota la tiene el MMV, un componente que en varios casos ha brillado por su silencio, ha si lo contó Colombiacheck en “Los Chicharrones que revisará el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Por todo lo anterior Colombiacheck califica la afirmación de Iván Márquez como falsa porque en el momento de la operación del Ejército (en marzo) la mismas Farc ( por medio de Carlos Antonio Lozada) confesaron que aún no habían entregado la información de las caletas pese a haberse comprometido a darla en diciembre de 2016. Además, la Fuerza Pública está legitimada para continuar con sus operaciones de control territorial porque en ninguna parte del acuerdo de La Habana se pactó una limitación en este asunto, explicó el profesor Restrepo.

Viernes, 01 Febrero 2019

Excombatientes de las Farc, ¿los matan por haber sido guerrilleros?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Eso afirmó el Consejero para el Posconflicto, y aseguró que en la mayoría de los casos los grupos ilegales están detrás de los asesinatos. Pero hasta ahora, no ha sido probado.

Comenzando 2019, el ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Luciano Marín (conocido como “Iván Márquez”) reapareció en la escena política. Lo hizo el 12 de enero, a través de un video en el cual criticó la implementación del acuerdo de paz.

 

Marín dijo que en solo dos años que tiene de vigencia el acuerdo (desde el 24 de noviembre de 2016), “los resultados en materia de cumplimiento por parte del Estado han sido desalentadores. En ese lapso han sido asesinados más de 400 líderes sociales y más de 85 guerrilleros” (vea: Explicador: ¿Qué es un líder social?).

Ese mismo día, en la noche, el alto consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, publicó en la página web de la entidad una carta titulada “Iván Márquez no dice la verdad”.

En ella señaló que es mentira que exista desprotección de los excombatientes y que “las condiciones en que han fallecido alrededor de 85 excombatientes muestra que la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas”. La fuente de Archila, según cuenta en el comunicado, es el último informe publicado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

El 13 de enero, un día después, Archila fue entrevistado en revista Semana, donde se le preguntó por su desacuerdo con Marín y, en particular, sobre los 85 excombatientes de la guerrilla que han sido asesinados.

Según Archila, “ninguno ha sido asesinado por su condición de excombatiente. La absoluta mayoría han sido asesinados por otros grupos ilegales ELN, EPL, Los Pelufos, el Clan del Golfo, eso lo que nos dice es que muy posiblemente se trataba de personas que habían vuelto a la ilegalidad”.

Puesto que al día siguiente, el 14 de enero, Archila fue nuevamente interrogado sobre el tema, pero ahora en RCN Radio, y una vez más afirmó que “no hay ninguno de ellos [los excombatientes] que haya sido evidenciado que hubiera sido muerto en razón de su condición de excombatiente”, en Colombiacheck decidimos verificar qué tanta verdad había en esa afirmación y en otra que mencionó Archila en la entrevista radial: “más de la mitad han sido muertos a manos de grupos armados y en enfrentamientos, lo cual da el indicio de que estaban dedicados nuevamente a actividades delictivas”.

Naciones Unidas

Acudimos directamente a la oficina de prensa del Alto Consejero para el Posconflicto para consultar cuál fue la fuente en la cual se basó Archila en su afirmación y nos confirmaron que se trata del informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia publicado el 26 de diciembre de 2018.

En referencia a la seguridad de los excombatientes de las Farc, el informe señala que “las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguen prestando servicios de seguridad en el perímetro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y las zonas circundantes”.

Pero el informe también asegura que, a pesar de ello, “continúan existiendo problemas significativos de seguridad en los nuevos puntos de reagrupamiento de exmiembros de las FARC-EP participantes en el proceso de reincorporación fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, muchos de los cuales se encuentran en zonas con una fuerte presencia de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”.

A su vez, el informe confirma que desde la firma del acuerdo de paz y hasta el 26 de diciembre de 2018 (fecha de su publicación), 85 excombatientes de las Farc fueron asesinados.

Señala, además, que en las investigaciones “de un total de 87 casos, incluidos los 85 asesinatos, la Unidad Especial de Investigación ha informado de avances significativos en 48. Se ha dictado sentencia en 3 casos; 8 se encuentran en la etapa de enjuiciamiento, 17 están siendo investigados y se han practicado las detenciones, 18 están siendo investigados y las detenciones están pendientes y 2 se encuentran en otras etapas de indagación”.

De esos 48, “36 están vinculados al Clan del Golfo, al ELN, a grupos disidentes de las FARC-EP y al Ejército Popular de Liberación”.

Es decir que, a diferencia de lo que señala Archila, el informe de Naciones Unidas confirma que solo 36 de 85 de los asesinatos, en las investigaciones preliminares, están relacionados con Grupos Armados Organizados (GAO como los llama el gobierno). Se trata de menos de la mitad de los asesinatos y no de la “inmensa mayoría”, como dijo el consejero.

Por otro lado, el informe no confirma que, de los casos ya investigados o de los que aún están en proceso de investigación, alguno de los excombatientes haya sido asesinado por el hecho de haber pertenecido a la guerrilla de las Farc.

Otras organizaciones

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) también ha hecho seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y en su informe ‘Cómo va la paz. La reestructuración unilateral del acuerdo de paz’, publicado en noviembre del año pasado, registró la situación de los excombatientes de las Farc asesinados.

Según Pares, “los obstáculos del proceso de reincorporación también se manifiestan en las fallas a la seguridad física de los y las ex combatientes de FARC, que también incluyen a sus familiares… de ahí que se tenga registro de 83 excombatientes asesinados y 24 familiares, desde la firma del Acuerdo hasta el 10 de noviembre de 2018”.

Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política de Pares, sin embargo, confirmó a Colombiacheck que para este momento, el número de asesinados del cual tienen registro es 85, el mismo número señalado por Naciones Unidas.

Jiménez, además, dijo que hasta el momento no tienen información concluyente sobre las razones o motivaciones de los asesinatos, pero que se mantienen algunas hipótesis.

“La primera de ellas tiene que ver con la negativa de parte de estas personas a engrosar las filas de nuevos grupos ilegales, o de los ya existentes, en las regiones donde antiguamente ejercían algún control armado durante su paso por la guerrilla”, dice el informe de Pares. Esto porque, según Jiménez, son personas que tienen entrenamiento militar, conocen el territorio y por eso son muy útiles para engrosar otras filas.

Sobre este mismo punto Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma que esto se debe también a que los desmovilizados están en zonas de economías ilegales donde el tema de la violencia es importante, por eso “se presentan amenazas a exmiembros para presionarlos a que se involucren a bandas delincuenciales”.

En ese sentido, los dos investigadores coinciden en que no se puede decir que los exmiembros de las Farc asesinados por bandas delincuenciales necesariamente estaban incurriendo en actividades ilícitas, como señaló Archila.

Por el contrario, según Garzón, esto “libera la responsabilidad del Estado en términos de seguridad para los excombatientes, que es compleja, pero que el gobierno no ha podido resolver”.

La segunda hipótesis de Pares tiene que ver con situaciones de venganza particulares o por su antigua filiación a la insurgencia armada. “En algunas regiones hay cuentas pendientes en términos de lo que sucedió en la guerra entre ellos o fuera de la organización”, agrega Garzón.

Y estos hechos hacen que en este punto no haya total claridad de si los asesinatos se dieron por asuntos personales o familiares, de acuerdo Jiménez. O si por el contrario, refutando lo dicho por Archila, sí tienen que ver con el hecho de que estas personas hayan pertenecido a las Farc.

¿Qué dice la Farc?

Camilo Ernesto Fagua, miembro de la Comisión Nacional de derechos humanos del partido Farc, le dijo a Colombiacheck que desde la primera firma del Acuerdo Final han registrado 93 exintegrantes asesinados y que han podido establecer que detrás de esos homicidios están grupos paramilitares, fuerzas estatales, grupos de narcotraficantes y el Ejército de Liberación Nacional ELN.

(Lea: El ELN no aumentó acciones violentas durante mesa de negociación)

Aunque no han podido determinar cuántos de los homicidios han tenido como móvil la calidad de reinsertado de la víctima,“hemos encontrado que la principal causa de esas muertes es el incumplimiento en materia de garantías de seguridad y protección porque a mucha gente no se le ha cumplido con la puesta en marcha de los proyectos productivos o el proceso de la reincorporación integral, lo cual hace que mucha gente se disperse del proceso colectivo y se vuelva vulnerable a hechos como retaliaciones por hechos anteriores como por hechos relacionados con el proceso de conformación del partido”, indicó el abogado.

En este sentido hay coincidencias con lo que le dijo Garzón a Colombiacheck, pues según él los lugares adónde están llegando los exguerrilleros (que pueden ser sus lugares de origen o donde se encuentra su familia y que no hacen parte de las zonas establecidas en el marco de la implementación del acuerdo) son espacios de alta vulnerabilidad para ellos, pues no cuentan con la protección que establece el acuerdo de paz. Y ese hecho puede estar incidiendo en los homicidios de los cuales están siendo víctimas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Cumpliendo los pasos del chequeo de Colombiacheck y como el informe de Naciones Unidas cita a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, intentamos contactarnos también con esta entidad para conocer en qué están las investigaciones frente al caso, pero hasta el momento de publicar este chequeo, la oficina de prensa de la Fiscalía no nos ha suministrado ninguna respuesta al respecto.