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Chequeo Múltiple

Miércoles, 03 Mayo 2017

Los 'chicharrones' que revisará el Consejo de Seguridad de la ONU

Por Óscar Felipe Agudelo B.

El Consejo de Seguridad de la ONU visita por primera vez el país con sus quince delegaciones para respaldar el proceso de paz y verificar algunos aspectos de la implementación del Acuerdo Final. Colombiacheck presenta una recopilación de los temas del proceso de paz que estarán bajo la lupa. Algunos se han cumplido y en otros la ejecución de los acuerdos está en veremos.

Días históricos hay varios y hoy es uno de ellos. Por primera vez en la historia de Colombia y de América del Sur llegó el Consejo de Seguridad de la ONU en pleno, esto quiere decir que las quince delegaciones de los países que conforman dicho organismo arribaron a nuestro país para ver cómo va el proceso de paz y de paso dar un buen espaldarazo a la implementación. Al país aterrizaron los embajadores de China, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña, el de Estados Unidos por temas de agenda no pudo venir y el de Rusia tampoco debido a que falleció, de ambos llegó representación. Los anteriores cinco países tienen escaño permanente en el organismo. Por su parte los otros diez embajadores de los países no permanentes también llegaron: Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajistán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia.

La visita es histórica porque generalmente el Consejo solo viaja a países donde hay misiones de la ONU autorizadas, en este caso Colombia. En otras partes de Latinoamérica el Consejo de Seguridad ha estado en Haití y Centroamérica, zonas en la que ha habido misiones autorizadas.

El arribo de los diplomáticos no solo es un hecho histórico sino fundamental para el desarrollo de la implementación del Acuerdo Final. A continuación Colombiacheck expone algunos chequeos en los que se evidencian temáticas que tendrían que ser objeto de verificación del Consejo por cuanto se han denunciado posibles violaciones al Acuerdo Final. Colombiacheck ofrece un recuento de los puntos que le parece más primordiales aunque hay que tener en cuenta que podría haber otros incumplimientos al pacto firmado en La Habana.

Entrega de menores: ¿Un desacuerdo de fechas entre Gobierno y Farc?

Las Farc han ido entregando menores de edad de manera escalonada pero nunca han revelado de manera oficial y formal cuántos tienen y cuándo terminarán de entregar los menores de edad que están en su poder. En este punto hay un hecho importante y es que en la revisión que Colombiacheck hizo al Acuerdo Final nunca se encontró que esta organización en proceso de dejación de armas se haya comprometido con una fecha específica para entregar todos los menores de edad, por tal motivo calificamos la afirmación de Sergio Jaramillo como ligera por cuanto éste manifestó que las Farc estaba incumpliendo con la entrega de los menores. La calificamos como ligera porque no se puede exigir algo que no quedó explicito en el Acuerdo Final. Lo seguro frente al caso es que hasta abril 28 fueron entregados 76 menores al Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, encargado de la recepción de los menores. En un comunicado dicho organismo manifestó que "continuará facilitando estas operaciones humanitarias de conformidad con lo solicitado por el Gobierno colombiano y las FARC-EP", es decir, faltan más menores por entregar.

Visitas a zonas veredales, otro rifirrafe entre el Gobierno y las Farc

Carlos Antonio Lozada, miembro de las Farc, ha mostrado su inconformidad por un aspecto que a su juicio se constituye una violación al Acuerdo Final. Según el líder guerrillero, la Policía y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) de la ONU han obstaculizado la entrada para que visitantes lleguen a las zonas en donde están concentrados los farianos. ¿En verdad las Farc tienen obstáculos para que los visiten?, esa pregunta la podría responder el Consejo, por ahora en la indagación de Colombiacheck pudimos establecer que sus palabras son engañosas.

Incertidumbre por cifra de armas que dejarán las Farc y Pifia del Presidente revela incumplimiento en dejación de armas

La dejación de armas ha sido un tema polémico y más que polémico objeto de incumplimiento por parte de las Farc. Se fijaron tres plazos para una dejación escalonada de las armas pero no se han cumplido. De unas 7.000 armas (aproximadamente) que tenían que ser dejadas van unas 1.140. El presidente Juan Manuel Santos en una ocasión metió la pata y anunció que el MM&V ya tenía 14.000 armas de esa organización pero todo resultó siendo una mentira. En la misma línea de falacias estuvo el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien sostuvo que el número de armas de las Farc era de 14.000. De inmediato el MM&V anunció que el inventario que tiene de armas rodea las 7.000. Respecto al enredo en la dejación de armas (tema en el que también han sido imprecisos los senadores Roy Barreras y Paloma Valencia) lo cierto es que no se ha cumplido con lo estipulado en el Acuerdo Final. Según lo pactado, todas las armas debían estar en poder de la ONU el pasado 1 de mayo.

Carta de las Farc a los alcaldes de La Guajira ¿violación del cese al fuego?

El señalamiento lo hizo el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, luego de una carta que las Farc envió a los alcaldes de La Guajira para “adelantar de manera conjunta” acciones en “función de la implementación”. De acuerdo a la inspección de Colombiacheck y el Cerac, la carta sí se constituyó una violación al Acuerdo Final porque según lo pactado las Farc se comprometieron a no “interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía, así quedó explicito en acuerdo pactado en La Habana.

Por “decreto” se suspenden investigaciones a las Farc

Otra de las violaciones al Acuerdo Final fue anunciado por medio de José Miguel Vivanco, una voz internacional que dirige Human Right Watch. El funcionario internacional sostuvo que por medio de un decreto presidencial se ordenó suspender las investigaciones sobre delitos atroces a miembros de las Farc. En la comprobación de Colombiacheck se pudo establecer que la denuncia hecha por Vivanco es cierta.

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Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?