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Viernes, 06 Diciembre 2019

A Farc le han aprobado 38 proyectos productivos colectivos, pero solo le han dado plata para 22

Por Sania Salazar

El presidente Iván Duque dice que cuando empezó su gobierno solo había dos proyectos colectivos ejecutándose.

Durante lo que el presidente Iván Duque ha llamado conversación nacional con distintos sectores de la sociedad a raíz del Paro Nacional se realizó la mesa denominada “paz con legalidad”, término que el actual gobierno adoptó para referirse a todo lo relacionado con la implementación del Acuerdo Final con Farc.

En esa reunión Duque aseguró que en los 15 meses de implementación del Acuerdo “se han adelantando ya más de 30 proyectos productivos de carácter colectivo con los que estuvieron en la condición de combatientes, cuando empezamos este gobierno teníamos dos”.

Colombiacheck califica la afirmación como “verdadero, pero”. Las fuentes consultadas coinciden en que son 38 los proyectos productivos colectivos aprobados hasta ahora, pero según el componente del Consejo Nacional de Reincorporación del Partido Farc, solo han recibido dinero para 22 y aunque varios proyectos están en marcha con recursos que los exguerrilleros reciben para su manutención personal, el dinero que el gobierno se comprometió a dar es importante para potenciarlos.

Duque acierta cuando dice que cuando empezó su gobierno solo funcionaban dos proyectos, Colombiacheck ya había revisado la ejecución de los proyectos en diciembre de 2018 y se había encontrado con que solo dos tenían desembolso.

En prensa de Presidencia le dijeron a Colombiacheck que la cifra mencionada por Duque provenía de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. Según un informe de gestión de los 14 meses de implementación de esa Consejería, a 31 de octubre de 2019, había 38 proyectos productivos firmados, 24 de esos con desembolsos de los dineros para la implementación de los mismos.

Según el mismo informe, los 38 proyectos aprobados benefician a  2.290 personas.

En el componente del Consejo Nacional de Reincorporación de Farc indicaron que, efectivamente, hay 38 proyectos aprobados, son 22 los que tienen desembolso, tres menos de los que asegura la Consejería para la Estabilización.

Los proyectos que ya se están ejecutando son: 

Piscicultura (Quibdó, Chocó). 

Ganadería (Icononzo, Tolima). 

Granja integral (San Vicente del Caguán, Caquetá). 

Piscicultura (Anorí, Antioquia).

Lima Tahití (Patía, Cauca). 

Maderables (Carmen del Darién, Chocó). 

Aguacate Hass (Caldono, Cauca). 

Piscicultura (Puerto Asís). 

Porcicultura (Mesetas, Meta). 

Ecoturismo (Charras, San José del Guaviare). 

Ganadería (Ituango, Antioquia). 

Construcción de redes de internet y televisión (Ituango). 

Cooperativa de comunicaciones (Bogotá). 

Ganadería (La Uribe, Meta). 

Truchas (Caldono, Cauca). 

Piscicultura (Caldono, Cauca). 

Ganadería (Mesetas, Meta). 

Piscicultura (Mutatá, Antioquia). 

Porcicultura (Caldono, Cauca).

Café (Buenos Aires, Cauca). 

Ganadería (Ovejas, Sucre).

Además, explicaron que la mayoría de los proyectos productivos son agropecuarios, por lo que necesitan tierra para ejecutarlos y que cinco de los aprobados, pero que no tienen desembolso carecen de tierra para ejecutarlos.

En diciembre del año pasado Colombiacheck revisó cómo iban los proyectos productivos y en ese entonces encontró que, aunque la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, aseguraba que había 17 proyectos productivos aprobados, en el Partido Farc respondieron que solo habían recibido dinero para ejecutar dos de esos proyectos.

La Fundación Ideas para la Paz, FIP, publicó un informe titulado La Reincorporación de las Farc tres años después, desafíos y propuestas, en el que señala que el 96% de los desmovilizados prefiere los proyectos productivos para reinsertarse económicamente a la sociedad  en lugar de emplearse, según la ARN. Pero que hasta el momento solo el 24% de los exguerrilleros ha podido acceder a un proyecto.

Según ese informe, publicado en los primeros días de diciembre de este año, hasta el momento se han aprobado 35 proyectos productivos, de los cuales 22 han recibido desembolso.

"En el caso de los proyectos colectivos, hay que decir que han enfrentado grandes dificultades, principalmente por la falta de celeridad en el proceso de aprobación por parte del Consejo Nacional de Reincorporación, las barreras de acceso a tierras, la escasa capacidad técnica y administrativa en su estructuración y la necesidad de buscar recursos de cooperación para los cierres financieros", indica el análisis.

*Foto: Jacinto Constante.

Miércoles, 28 Junio 2017

¿La amnistía garantizaba la libertad de los presos de las Farc en 10 días?

Por Sania Salazar

En la entrega final de armas de las Farc, el comandante de esa organización, Rodrigo Londoño, se quejó porque aún hay guerrilleros presos cuando la Ley de amnistía prometía libertad en 10 días.

En la ceremonia en la que se dio por terminado el proceso de dejación de armas individuales de las Farc el comandante de ese grupo, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, aprovechó para recriminar al Gobierno por lo que considera como incumplimientos de lo pactado en el Acuerdo Final.

“Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a seis meses de la expedida una Ley de amnistía e indulto que les garantizaba libertad en 10 días”, fue uno de sus reclamos.

La Ley de Amnistía e Indulto entró en vigencia el 30 de diciembre de 2016, cuando el Presidente Santos la sancionó. Efectivamente, el próximo 30 de junio se cumplen seis meses. Hay que recordar que esta ley aplica solo para delitos políticos y conexos, no para quienes hayan cometidos delitos graves y de lesa humanidad.

Colombiacheck revisó el decreto que detalla la manera como se debe aplicar esta ley. Ese documento deja claro que en el caso de guerrilleros privados de la libertad, con procesos en curso o condenados, el trámite no debe demorar más de 10 días “contados a partir del momento en que se presente la solicitud de amnistía o de que inicie el trámite de oficio”.

Además la Ley de amnistía precisa que “respecto de los integrantes de las Farc que por estar encarcelados no se encuentran en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente”.

Esto precisamente es lo que al parecer no tiene claro ‘Timochenko’: Que los procesos son individuales, así que ese término de 10 días se vence en diferentes fechas según cada caso, que son jueces de ejecución de penas los que tienen en sus manos el análisis de esos casos, aparte de los demás procesos que ya tenían pendientes cuando se aprobó esta ley y que, según las Farc, son 3.400 los prisioneros de esa organización que esperan que se estudien, lo que requiere tiempo.

Si se trata de lo que dice literalmente el papel, Londoño tiene razón, pero consideramos que desconocer el contexto de la aplicación de la ley da para mal interpretar el espíritu del decreto, por lo que Colombiacheck califica la afirmación de Londoño como aproximada.

Del papel a la realidad

A la hora de aplicar la Ley de amnistía hubo inconvenientes, como en otros aspectos de la implementación del Acuerdo Final, escollos que han tenido ambas partes del proceso, y por las que se han acusado mutuamente de incumplir.

“No creo, honestamente, que esto sea un incumplimiento del Acuerdo. Las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo político, el Gobierno hace todo lo que está en sus manos para cumplir con lo pactado. La Ley de amnistía se adoptó en tiempo récord, esa ley enfrentó dificultades en su aplicación por algunas interpretaciones de los jueces, el Gobierno inmediatamente se puso a la tarea de expedir un decreto reglamentario que explica varias cosas. Luego está en manos de los jueces la aplicación de la amnistía”, argumentó Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Díaz resaltó que se trata de decisiones judiciales que no están en manos del ejecutivo, ni del Gobierno, ni en manos del Alto Comisionado para la Paz, sino de los jueces. Recordó además, que quienes toman estas decisiones son jueces de ejecución de penas con una carga de trabajo alta que están revisando en detalle cada solicitud, lo cual, enfatizó, le da mucha seriedad y legitimidad a las decisiones.

La directora de Justicia Transicional del Minjusticia aseguró que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos en el marco de la independencia de la rama judicial para que se garantice lo acordado, incluso talleres con los jueces para explicarles en detalle el funcionamiento de la ley.

Díaz recordó que para acelerar el proceso en el Minjusticia indultaron alrededor de 221 miembros de las Farc privados de la libertad (por delitos amnistiables e indultables) con la ley 418, la ley vigente antes de la Amnistía pactada en el Acuerdo Final. “Eso también muestra el compromiso”, concluyó.

En un chequeo titulado Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía contamos el pasado 25 de enero que el proceso estaba sufriendo demoras debido a que se estaba sometiendo a consenso de las partes involucradas un documento que deben firmar los beneficiados con la amnistía y que bautizaron como acta de compromiso.

Precisamente, antes del acto de cierre de la entrega de armas de las Farc, se conoció que Seusis Pausivas Hernández, cuyo alias es Jesús Santrich, se declaró en huelga de hambre en solidaridad con los presos de las Farc que no han sido beneficiados todavía con la ley de amnistía e indulto. Según explicó, la ley solo ha beneficiado a 832 de los 3.400 prisioneros reconocidos por la que hasta ayer fue la guerrilla de las Farc.

Según cifras del Ministerio de Justicia, hasta el pasado 23 de junio se habían concedido 295 libertades condicionales, beneficio que se otorga a guerrilleros con investigación o condena por delitos no amnistiables siempre y cuando lleven cinco años privados de la libertad y hayan firmado el acto de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En este caso la libertad se obtiene bajo ciertos compromisos y obligaciones.

Hasta la misma fecha se habían trasladado a Zonas Veredales Transitorias de Normalización a 226 exguerrilleros. En este caso se trata de personas con investigaciones o condenas por delitos no amnistiables con menos de cinco años privadas de la libertad a los que se traslada a las zonas veredales para que continúen allí su detención.