Colombiacheck volvió a coger en una mentira al exministro Fernando Londoño. En una primera ocasión lo agarró en una exageración cuando al invitar a marchar en contra del presidente Juan Manuel Santos manifestó que en el país no se había abierto ni una sola fábrica durante los últimos cinco años.

En esta ocasión, a finales de enero, Londoño apuntó su artillería de nuevo contra el primer mandatario de los colombianos pero ahora se refirió a una supuesta carencia de planes de sustitución de cultivos que aseguren “a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”.

La frase completa apareció en una columna de opinión publicada en Las 2 Orillas con su firma y bajo el título de “Milagros de Trump en Colombia”.

Colombiacheck consultó sobre el tema y encontró que la aseveración es engañosa porque el Gobierno sí tiene un plan muy concreto para garantizarle a estas familias un ingreso si deciden dejar los cultivos ilícitos. Es tan así que una de las altas consejerías de Presidencia (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad) tiene un director para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas, Eduardo Díaz Uribe.

Lo que sí no tiene el Gobierno, ni se planteó en los acuerdos negociados en La Habana, son ayudas para los traficantes de coca como lo mencionó Londoño.

En cuanto a las ayudas para las familias que tienen cultivos de uso ilícito (cultivadores y raspachines) Díaz habló con Colombiacheck y sostuvo que más allá de entrar en una confrontación con el exministro Londoño lo más importante es exponer los hechos.

Según él, desde el 27 de enero el Gobierno Nacional y las Farc iniciaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el que se fijaron montos específicos de dinero con los que se va a garantizar el ingreso a los cultivadores y raspachines que dejen la ilegalidad. Todo en relación con el punto cuarto del Acuerdo Final denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Este programa es preciso en su oferta: Las familias que dejen los cultivos ilícitos y se acojan a los planes de implementación del Gobierno tendrán incentivos económicos. Claro está, el beneficio solo aplica para aquellas familias que hayan sembrado antes del 10 de julio de 2016. ¿Cómo establecer cuándo se sembró?, es una pregunta difícil de responder según reveló el portal Razón Pública.

Las familias que ingresen al programa recibirán un beneficio económico durante el primer año de $1 millón mensual, suma que será entregada hasta por 12 meses. Durante ese mismo primer año y por una sola vez, podrían recibir $1.8 millones por familia para un proyecto que garantice la “seguridad alimentaria de manera inmediata”. También durante el primer año podrán acceder a $9 millones más para un proyecto de ingreso rápido. En plata blanca, y obviamente cumpliendo todos los requisitos para acceder al programa, las familias que siembren o raspen coca podrían recibir ese primer año un monto máximo de $22.8 millones.

El segundo año el plan del Gobierno se enfoca en seguir apoyando el regreso a la legalidad de las familias de cultivadores o raspachines de coca. El acuerdo ofrece $10 millones de pesos más para un proyecto productivo y la posibilidad de una línea de crédito especial. Adicional, podrían tener acceso a un programa de alimentación escolar, otro para la tercera edad y, un bonus extra: la posibilidad de formalizar sus tierras.

Si cada familia campesina cumple con los requisitos del Programa podrían obtener ingresos de parte del Estado por valor de $32.8 millones durante dos años, es decir, tendrían ingresos de $15 dólares diarios en promedio, cifra mucho mayor que la que conseguían los campesinos vinculados a las siembras ilícitas en julio de 2016, el cual se situaba en $1.2 dólares diarios en promedio, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

En síntesis, Londoño falta a la verdad al manifestar que nadie ha dicho “cómo se garantizará a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”. Ya alguien dijo y mostró el cómo y el cuánto de los planes de sustitución.

Además, Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, anunció que el presupuesto inicial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, será de un billón de pesos. Eduardo Díaz aclaró a Colombiacheck que desde el 27 de enero empezó a andar el plan, es decir, fue de público conocimiento tres días antes de la columna de Fernando Londoño.

La frase de Londoño no es del todo falsa porque aunque sí hay planes para beneficiar a cultivadores y raspachines no hay planes para beneficiar a traficantes de coca como él lo plantea. Colombiacheck buscó al exministro para saber de dónde sacó ese dato y por qué considera que se le deben garantizar ingresos a los traficantes de coca, pero no fue posible comunicarse con él.

La existencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, no asegura en sí mismo el éxito de esta política que tantas veces se ha intentado en Colombia, echando mano a varios modelos. Es necesario esperar a ver cómo funciona y qué tantos ajustes será necesario hacerle en el terreno.

Por el momento dos pesos pesados del tema de los cultivos ilícitos, Juan Carlos Garzón Vergara y Julián Wilches, han formulado serias dudas en cuanto al funcionamiento del proyecto del plan de sustitución de cultivos.

Los investigadores por medio del artículo publicado en Razón Pública: “Dudas y retos de la sustitución de cultivos después del Acuerdo”, sostienen que no es práctico haber dicho que los beneficios solo serán para los que sembraron antes del 10 de julio de 2016 porque “es imposible” establecer cuando las familias sembraron la coca, queda a criterio de esas familias, dicen los investigadores.

Otros de los problemas que señalan es que habrían zonas en que se terminaría solo favoreciendo a familias que sembraron el cultivo de uso ilícito por encima de las que se abstuvieron, criticaron el cómo y por qué el Gobierno llegó una meta de 50.000 hectáreas para sustituir, si el tiempo es suficiente (180 días), entre otros cuestionamientos.

Es cierto que hay un plan concreto para sustituir cultivos de uso ilícito. Pero el meollo del asunto está en ver si después de múltiples intentos fallidos por parte del Estado colombiano, esta vez sí se logran resultados positivos y constantes en el tiempo.

Por ahora ya empezaron los problemas. En Putumayo, el segundo departamento con más cultivos de coca en el país, un buen número de organizaciones sociales no se sometieron a lo pactado en el Acuerdo.