Con la llegada del 2022, año electoral en Colombia, las redes sociales se inundan de acusaciones por presuntos fraudes electorales y un supuesto plan de Nicolás Maduro de infiltrar las elecciones. Y entre estos rumores aparecen publicaciones en redes sociales en las que vinculan a supuestos migrantes venezolanos como portadores de cédulas de ciudadanía falsas y que se hacen pasar por votantes colombianos fallecidos.

En el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el que hacemos verificaciones de interés para la población venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, analizaremos la veracidad de una publicación que se ha difundido masivamente en redes sociales y que involucra a los venezolanos.

Recientemente se hizo viral una publicación en Facebook de fecha 22 de enero de 2022, donde se muestra la imagen de una misma cédula de ciudadanía pero con dos identidades diferentes: arriba el portador real y abajo el suplantador, supuestamente de nacionalidad venezolana. Dicha publicación va a acompañada de la siguiente leyenda: “Esta cédula es de una persona fallecida (arriba) Abajo la misma cédula con el mismo número hoy pertenece a un venezolano. Esta persona puede votar con la cédula que debió haberse dado de baja por la Registraduria” (sic).

Asimismo, se encontró un trino publicado el 16 de enero de 2022 por una cuenta denominada @CorreaBrigante (quien se califica a sí mismo como “de derecha al 2000 %”), quien asegura que el portador verdadero de la cédula es fallecido y que supuestamente estaba siendo suplantado por un venezolano. Además, insinúa que el mandatario venezolano Nicolás Maduro estaría detrás de un supuesto plan para enturbiar las elecciones colombianas y, por último, cita la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe para alertarlo sobre esta supuesta irregularidad.

Esta misma publicación circula con mensajes como “pilas con el fraude” o “​​La cédula de abajo es la de un colombiano fallecido y la cédula de arriba es la de un venezolano pretendiendo ser un colombiano homónimo, los datos son idénticos, lo único que cambia es la firma. Este es uno de los cientos de casos detectados. Según dicen las autoridades se evidencia la forma en que Nicolás Maduro quiere influir en las elecciones presidenciales de la República de Colombia”.

También la imagen ha sido publicada con el mensaje: “Petro hace visitas a los que manejan el software para las elecciones. Hay un aumento de registros de cédulas en zonas cocaleras y guerrilleras”. 

¿Qué hay de cierto en este caso? ¿Se trata de un caso reciente? ¿La persona suplantada está fallecida? ¿Es verdad que el ciudadano acusado es venezolano? 

Una imagen real con varias mentiras

Aunque la imagen sí es real y sí se presentó un caso de un intento de fraude electoral, no se trata de un hecho reciente, la persona suplantada no es un muerto y el implicado no es venezolano. Al realizar una búsqueda inversa de la foto en google encontramos que la imagen de las cédulas fue publicada por El Heraldo, en alusión a una suplantación de identidad que se descubrió durante las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019.

Esta nota periodística explica que una persona, con presunto “acento propio de los ciudadanos que proceden de Maracaibo en la República de Venezuela”, había intentado votar en el corregimiento Papayal del municipio Barrancas, departamento de La Guajira, utilizando una cédula de ciudadanía falsificada, cuyo número coincide con la identidad de José José Mendoza Hernández, ciudadano colombiano que ha trabajado como jurado en las últimas elecciones en el país.

De acuerdo con esta reseña de El Heraldo, el fraude fue descubierto en la mesa electoral, cuando la persona presentó el documento falsificado al momento de votar. Varios miembros del jurado se percataron del fraude (ya que conocían a la víctima de la suplantación de identidad) y llamaron a Mendoza, quien se encontraba en el mismo recinto electoral trabajando como jurado en otra mesa. El afectado confrontó al falsificador, quien posteriormente fue detenido por las autoridades. Ese mismo día, Mendoza Hernández presentó la denuncia ante la Fiscalía.

Según El Heraldo, la víctima habría asegurado que esa misma mañana de elecciones hubo otros siete casos de falsificación de documentos y que la mayoría de los involucrados en este delito también tenían “acento venezolano”.

Ya otros portales y agencias de noticias han verificado la publicación. Por ejemplo, la agencia francesa de noticias AFP consultó a la Fiscalía General de la Nación y confirmó que la foto original corresponde al intento de suplantación de identidad que denunció José José Mendoza Hernández el 27 de octubre de 2019, quien denunció al suplantador ese mismo día ante la Dirección Seccional del organismo en La Guajira y fue judicializado con aceptación plena de cargos. 

Al revisar en el portal de la Fiscalía, con el número de SPOA 442796001083201900706 (noticia criminal), encontramos que el caso se encuentra inactivo por sentencia condenatoria por aceptación total de cargos.

En Colombiacheck le preguntamos a la Fiscalía por la identidad del sentenciado con ese número de SPOA. La persona fue identificada como “Francisco Antonio Batista Rangel, con cédula colombiana número 7617426. Su país de nacimiento es Colombia y reside, según el ente investigador, Valledupar”. Esta persona fue sentenciada a 30 meses de prisión por los delitos de uso en documento falso y tentativa de voto fraudulento.

Al buscar en la Procuraduría, aparece este certificado de antecedentes:

Debido  a la migración venezolana a Colombia se han generado una serie de desinformaciones en época electoral. En Colombiacheck ya hemos publicado verificaciones como ‘Con la regularización, los migrantes venezolanos no podrán votar en elecciones presidenciales’, No es cierto que todos los venezolanos puedan votar en elecciones de Colombia’, ‘Es falso que ‘100.000 venezolanos’ se hayan sumado al censo electoral en Bogotá’ y ‘El falso audio sobre cedulación de venezolanos para votar por Petro’.

Los delitos electorales no empezaron a presentarse con la migración venezolana. En esas elecciones de 2019, la Misión de Observación Electoral, MOE, indicó que el municipio de Barrancas era una de las poblaciones de La Guajira con riesgo electoral (que incluye antecedentes de trashumancia, fraude y presencia del ELN).

Asimismo, al revisar casos de delitos electorales, encontramos reportes de prensa de hechos como el registrado en 2014 de una presunta banda delincuencial en La Guajira a la que el CTI de la Fiscalía sorprendió con 45 certificados electorales, 38 cédulas de ciudadanía, 28 contraseñas, 3 pasaportes, 99 registros civiles y una pistola calibre 9 milímetros.

En las elecciones de 2018, la Fiscalía publicó un boletín de prensa en el que se indicó: 

“A lo largo del país se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a ‘electores’ reclutados indignamente entre poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta. ‘Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI’, afirma el Fiscal General”. 

En resumen, la imagen que ha sido viralizada en redes sociales sí es real, pero fue sacada de contexto, ya que pretenden presentarlo como un caso reciente, asociado al un plan de Nicolás Maduro de intervenir en las elecciones presidenciales. En realidad, se trató de un hecho ocurrido en 2019,  la persona afectada está viva y el detenido no es un venezolano. Por esas razones, calificamos las publicaciones que usan esta imagen como falsas.

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

* Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.