En un mensaje que celebraba la negación en la Cámara de Representantes de las seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la senadora Angélica Lozano comparó esta jurisdicción con el sistema transicional creado en 2005 para los desmovilizados de grupos armados ilegales, en especial las AUC, por medio de la Ley de Justicia y Paz.

La congresista de la Alianza Verde señaló en Twitter que el “99 por ciento de casos de paramilitares quedó en absoluta impunidad y la verdad enterrada”. Colombiacheck le preguntó por esa cifra y reconoció no estar segura. “No tengo el dato exacto”, dijo. Pero insistió en que ese proceso había emitido “una cifra microscópica de sentencias en más de 10 años de funcionamiento, me atrevo a asegurar que fueron menos de 40”.

En 2017, la Contraloría publicó un estudio sobre los resultados de Justicia y Paz, que calificó como “insatisfactorios”. Con base en datos de la Fiscalía, afirmó que este sistema había producido 47 sentencias condenatorias contra 195 personas hasta 2016, tras 11 años de vigencia. Es decir que solo 8,2 por ciento de los 2.378 exparamilitares que estaban postulados habían sido sujetos de una decisión judicial. Por tanto, la impunidad en esos años se podía calcular en 91,8 por ciento.

El mismo documento registró que los hechos delictivos cobijados por esos fallos habían sido 5.401, un 6,6 por ciento de los 82.114 imputados por la Fiscalía, y que se había reconocido a 26.778 víctimas de las 211.013 relacionadas con esos casos, un 12,7 por ciento. Además, la mitad de los 4.981 postulados originales habían salido del proceso.

La Dirección de Justicia Transicional del ente acusador publicó sus propias cifras hasta el 6 de junio de 2017, que retomó un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2018. Hasta ese momento iban 50 sentencias que cobijaban a 205 exparamilitares, 6.004 hechos y 28.055 víctimas.

Con el número de postulados constante, la impunidad habría bajado cuatro décimas porcentuales en dos años, a 91,4 por ciento. “Luego de 12 años de haberse implementado [la Ley de Justicia y Paz], las cifras relacionadas con impunidad y violencia en contra de las víctimas de los paramilitares son alarmantes”, concluye el primer capítulo de la publicación.

Un balance del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se aproxima más al dato de Lozano, pero su fecha de corte es el 31 de julio de 2015. Esto quiere decir que es más antiguo que los anteriores, aunque cubre exactamente los 10 primeros años de la ley, expedida en el mismo mes de 2005.

Sus números, también basados en la Fiscalía, hablan de 35 sentencias en tribunales (primera instancia) y 15 en la Corte Suprema de Justicia (segunda), que decidieron sobre 125 exparamilitares entre 3.666 postulados. Esto da una impunidad de 96,6 por ciento.

Hay que mencionar que esta ineficacia se debió a que “inicialmente, la Fiscalía, que no tenía experiencia en procesos de justicia transicional, desarrolló una metodología de investigación de caso por caso e identificación de todos los autores”, explica Gabriel Ignacio Gómez, investigador de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia. Por eso, como lo contamos en otro chequeo reciente, en los primeros siete años solo salieron 10 sentencias.

La directora en Colombia del Instituto Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), María Camila Moreno, le dijo el pasado 9 de marzo a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que “el aprendizaje de Justicia y Paz es absolutamente valioso para este país”, porque al principio “nadie sabía qué era eso de investigar crímenes de carácter internacional, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad”. Ese cambio de enfoque permitió aumentar los resultados en los años siguientes. 

También señaló que la información que revelaron los procesos ha mejorado la comprensión sobre el paramilitarismo y ha visibilizado las responsabilidades de otros actores y su relación con la Fuerza Pública. “Eso es importantísimo y (...) ha tenido algún eco en la justicia ordinaria. No como lo que esperábamos, pero ha habido resultados gracias a lo que dijeron los paramilitares en las versiones libres”, reconoció en la entrevista.

Otro informe del CNMH, este sobre la verdad surgida de ese sistema hasta 2012, también reconoce los esfuerzos de algunas fiscales por satisfacer este derecho de las víctimas. No obstante, es crítico de los relatos construidos en algunos casos porque privilegiaron las versiones de los victimarios, aunque el sistema sí contaba con mecanismos para contrastar con otras pruebas.

Además, el documento critica las consecuencias que tuvieron las extradiciones de ex altos mandos de las AUC, para que respondieran por narcotráfico en Estados Unidos. Por ejemplo, “con la extradición de “H.H” (Éver Veloza), quedaron por esclarecer al menos 11.000 hechos delictivos que la Fiscalía había recopilado contra este exjefe de los Bloques Bananero y Calima de las Autodefensas” en la región del Urabá y el Valle del Cauca.

Por tanto, a pesar de las altas tasas de impunidad y del debate sobre el aporte de Justicia y Paz a la verdad, el cálculo de la senadora es cuestionable. Le puso ocho puntos porcentuales por encima a la proporción conocida en el informe público más reciente y tampoco le atinó a la cantidad de sentencias.