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Lunes, 08 Abril 2019

Objeciones a la JEP afectan menos a ‘Lozada’ de lo que dice Rosa Blanca

Por José Felipe Sarmiento

La relación entre los posibles cambios al proyecto de ley estatutaria y las acusaciones por delitos sexuales contra el senador de la Farc es muy distinta a la planteada por la ONG de víctimas.

La Corporación Rosa Blanca, que reúne a víctimas de violencia sexual cometida por las Farc, señaló en Twitter al senador Julián Gallo, desmovilizado de esa guerrilla y conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, de ser “uno de los más afectados por las objeciones a (el proyecto de ley estatutaria de) la JEP”, la Jurisdicción Especial para la Paz que debe ocuparse de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

El mensaje asociaba esa afirmación con las acusaciones que esa misma organización ha hecho en contra del congresista, según las cuales él habría violado a niños cuando ejercía como uno de los altos mandos del grupo armado ilegal.

Captura de pantalla del tuit de Corporación Rosa Blanca sobre 'Lozada'

Según un informe de la ONG publicado en medios de comunicación, Gallo Cubillos sería responsable de tres violaciones, 12 abortos forzados y 32 reclutamientos de menores. El parlamentario del partido Farc ha reconocido en medios la ocurrencia de delitos sexuales en las filas de la guerrilla y manifestó su intención de reunirse con las víctimas, pero también acusó a la ONG de participar en una “campaña de desprestigio” contra él y otros dirigentes.

Según el informe de la Fiscalía para la JEP sobre el tema, del cual solo es público el comunicado, ese grupo armado “recurrió de manera indiscriminada a diversas manifestaciones de violencia basada en género contra la población civil, sus propios compañeros de fila e integrantes de la fuerza pública”. Por esta razón hay abiertas 874 investigaciones en casos que suman 945 víctimas (96 por ciento mujeres).

En la publicación Una guerra sin edad, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) también documentó que los comandantes de la guerrilla “no respetaban las prohibiciones que, frente al maltrato o abuso sexual, hacen parte de las normas de regulación de la vida en filas. Aprovechándose de su cargo de mando, obligaban o presionaban a las mujeres, tanto niñas y adolescentes como adultas, a sostener relaciones sexuales y emocionales con ellos”. A lo que se sumaban las políticas internas de planificación y abortos forzados, por ejemplo.

El Informe Nacional sobre Violencia Sexual citado en La guerra inscrita en el cuerpo, otro documento de esa institución, analizó 277 casos en el marco del conflicto armado. Las Farc aparecen como perpetradoras en 37 (13 por ciento); una guerrilla sin especificar, en 45 (16,2 por ciento) y un actor armado sin identificar, en 35 (12,6 por ciento). Los que le atribuyen de forma directa a ese grupo incluyen desde acoso hasta esclavitud sexual y un caso de mutilación genital, entre otras modalidades.

Colombiacheck revisó cómo podrían verse afectadas las investigaciones y los procesos contra ‘Lozada’, en especial por las conductas de este tipo que se le atribuyen, si se diera una eventual aprobación de las seis objeciones que le hizo el presidente Iván Duque al proyecto de ley. Así mismo, los efectos de la demora para que la norma entre en vigencia por esa decisión del mandatario, porque ahora el Congreso está estudiando los cambios que él pidió y, si los acepta, la Corte Constitucional tendría que evaluarlos luego.

¿Qué debe Gallo?

A diferencia de otros exjefes guerrilleros, a Gallo no le aparecen condenas de ningún tipo en el certificado de antecedentes que expide la Procuraduría. Sin embargo, en 2014 tenía procesos abiertos por homicidio agravado con fines terroristas, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, desaparición y rebelión. Solo este último delito es político y fue amnistiado.

Por otro lado, la JEP ya llamó al senador a comparecer, igual que a los otros 30 exintegrantes del Estado Mayor de las Farc, y escuchó su versión de los hechos en el caso 001, que agrupa los secuestros cometidos por ese grupo entre 1993 y 2012. Igualmente ha recibido informes y testimonios de las víctimas de estas retenciones. También ha acreditado por lo menos a 89 de ellas como partes en el proceso.

La magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, le informó a Colombiacheck que esta “no ha recibido denuncias, investigaciones o procesos por parte de la Jurisdicción Ordinaria en los que el señor Julián Gallo Cubillos sea procesado”. Pero aclaró que los delitos no amnistiables ni indultables permanecen en la Fiscalía para que los siga investigando, hasta que la sala anuncie que presentará sus conclusiones ante el Tribunal de Paz, encargado de tomar las decisiones finales.

La competencia

Este procedimiento quedó consignado en el Acuerdo del Teatro Colón (5.1.2.48.j). Pero es, justamente, uno de los puntos de la ley estatutaria que objetó Duque porque, según él, “no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”. Atendió así a una de las quejas que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le manifestó sobre el proyecto en una carta.

En esa comunicación, el jefe del organismo le hizo duras críticas al texto que salió del Congreso y la Corte. Aseguró, por ejemplo, que generaba impunidad para los reincidentes, lo que es falso, y que “no habría jurisdicción que opere y asuma efectivamente” las investigaciones en curso sobre el conflicto mientras la JEP no tuviera la competencia, o sea hasta el mencionado anuncio de la Sala de Reconocimiento.

Lo que dice la iniciativa (artículo 79, j) es que la Fiscalía debe continuar las investigaciones pero sin citar a diligencias ni imponer medidas contra la libertad de las personas sometidas a la JEP. El alto tribunal especificó que, de esta forma, el trabajo de la entidad puede y debe proseguir “con la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física”, es decir pruebas que no requieran de citaciones, interrogatorios ni capturas; lo cual “permite que no se suspendan las investigaciones y procesos penales”.

De hecho, la Corte Constitucional ya había puesto casi las mismas condiciones desde hace un año, cuando evaluó el decreto-ley reglamentario de la Ley de Amnistía, como “punto medio” ante la suspensión total de las investigaciones en la Fiscalía que había ordenado a partir del traslado de las Farc a las zonas veredales donde dejaron las armas y hasta el 1 de diciembre de este año. No obstante, la Unidad de Derechos Humanos sostiene que ha seguido recibiendo denuncias y avanzando en casos como los expuestos por Rosa Blanca.

A Gallo y los demás exguerrilleros de las Farc los afectaría esta objeción porque los podrían llamar a diligencias ordinarias a partir de las investigaciones en la Fiscalía, por delitos sexuales o de cualquier tipo. Pero esto también tendría efecto sobre los militares y policías que han obtenido la libertad condicional tras someterse a la JEP, como lo criticó la abogada Tania Parra, penalista con experiencia en defensa de miembros de la Fuerza Pública, en el diario El Espectador. Reprochó que “las objeciones están poniendo en grave inseguridad jurídica a los agentes de Estado”.

Lemaitre afirmó que la JEP respeta la competencia de la Fiscalía, guiada por el Acuerdo y la jurisprudencia, mientras trabaja con base en informes de diferentes entidades. Entre ellos están los del ente que encabeza Martínez, que son reservados, como el inventario de todos los casos relacionados con el conflicto que entregó en mayo de 2018. Incluso Rosa Blanca fue convocada el pasado 1 de marzo para que presente uno en el caso 007, referente al reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las Farc y los delitos sexuales cometidos contra las víctimas de esa práctica.

Lo inobjetable

Esta inclusión de los delitos sexuales contra menores en la Jurisdicción Especial era una “gran preocupación” del presidente, según sus propias palabras. Sin embargo, él mismo había reconocido que era “inobjetable” porque el aparte que los excluía había salido del proyecto en su trámite por el Congreso; no se podía revivir. Estas declaraciones incluso fueron malinterpretadas como una decisión de sancionar la ley tal como estaba.

Duque sí objetó al final, pero sin puntos referentes a este tema de manera explícita. Lo que sí anunció fue que presentaría un proyecto de acto legislativo, que tendría que hacer todo el proceso de ocho debates en el Capitolio, para reformar la Constitución con el fin de que esas conductas solo puedan ser materia de la justicia ordinaria sin tratamientos especiales.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, radicó esta nueva iniciativa el pasado jueves, 4 de abril. Dijo que su objetivo es “fortalecer la obligación que tenemos como Estado de hacer todo para proteger a nuestros niños”, asegurando que sus agresores reciban siempre las penas más altas posibles.

Pero la reforma no solo es diferente a las objeciones presidenciales, sino que su efecto no sería retroactivo aunque fuera aprobada. Esto quiere decir que tendría consecuencias nulas para ‘Lozada’ y las demás personas con esa clase de acusaciones que ya se hayan sometido a la JEP.

En otras palabras, la competencia de la justicia transicional sobre estos casos, con todo lo que implica para los agresores (tanto en compromisos con las víctimas como en penas alternativas), “hoy es inamovible”. Así lo explica el abogado penalista Julio González Zapata, profesor de Derecho de la Universidad de Antioquia. Señala que los afectados serían los firmantes de eventuales acuerdos de paz futuros, como el ELN.

El investigador de la misma institución Gabriel Ignacio Gómez, doctor en Estudios de Justicia, está de acuerdo. “En todo caso, dudo mucho que en la jurisdicción ordinaria los resultados puedan ser mejores que los que podría tener la JEP”, advirtió. Sobre esto, el procurador general, Fernando Carrillo, ha dicho que la impunidad de los delitos sexuales contra menores en Colombia puede ser de 97 por ciento, aunque no hay cifras confiables al respecto.

Mandos responsables

Una forma de combatir la impunidad y evitar que siga ocurriendo violencia sexual en la guerra es “un fortalecimiento de los esfuerzos de rendición de cuentas (...), cuandoquiera que se cumplan los criterios usuales del derecho internacional de responsabilidad de mando”, recomienda la profesora estadounidense Elisabeth Wood, doctora en Ciencia Política y experta en el tema.

Ese concepto da la posibilidad de condenar a los superiores jerárquicos por los actos de sus subordinados con base en ciertos requisitos que “demuestren que tenían oportunidad, por lo menos, de controlarlos”, resume el profesor González. Su definición precisa es otro de los temas que están en el limbo para las Farc con el proyecto de ley estatutaria de la JEP, a raíz de la decisión presidencial.

Aunque no hay una objeción directa a este punto, los criterios que definen la responsabilidad de mando para la exguerrilla, ya avalados por la Corte, solo podrán entrar en vigencia cuando se resuelva la situación de las partes que Duque consideró “inconvenientes” y se firme la norma completa. En contraste, la responsabilidad de mando para juzgar a integrantes de la Fuerza Pública ya quedó en la Constitución por medio del acto legislativo que creó el sistema transicional; a pesar de que el Acuerdo estableció que se aplicaría a las dos partes (puntos 44 y 59 de la JEP).

De todas formas, cabe aclarar que la demora en la aprobación del estatuto tampoco les da un beneficio claro a los exjefes de las Farc por la eventual dificultad de aplicarles esta figura mientras no haya ley en firme. “Los magistrados cuentan con suficientes herramientas jurídicas para usarla, como el Derecho Penal Internacional, los Derechos Humanos, las normas constitucionales y los mismos precedentes de las altas cortes”, explica el profesor Gómez.

Por ejemplo, la responsabilidad de mando ya se había aplicado, a pasar de no estar definida en la legislación nacional, para condenar al teniente Luis Fernando Campuzano en 2007 por la masacre de La Gabarra, a la cúpula del ELN en 2009 por la de Machuca y al exsenador Álvaro García Romero en 2010 por la de Macayepo. También se ha tenido en cuenta en casos de ‘falsos positivos’, parapolítica e incluso en el del coronel (R) Alfonso Plazas Vega, que fue absuelto, por las desapariciones de personas en la retoma del Palacio de Justicia.

A ‘Lozada’ se le podría aplicar esta figura en algún caso de la JEP, como el de secuestro por el que ya comparece, pues era integrante del secretariado de las Farc y el Estado Mayor del Bloque Oriental. Además, comandaba el Frente Urbano Antonio Nariño que operaba en Bogotá.

En esta ciudad, volviendo a los delitos sexuales, ocurrió uno atribuido a las Farc en 2007, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH. Otros 15, con 17 víctimas, se han presentado entre Meta, Caquetá y Guaviare desde 2001, incluyendo uno en San Vicente del Cagúan en 2009, dos en La Uribe (2003 y 2011) y otro en Mesetas en 2003. Estos son municipios por donde el propio Gallo, en entrevista con El Espectador, reconoció haberse movido desde que fracasó el proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana hasta su llegada al de La Habana en 2014.

El comunicado del informe que la Fiscalía le entegó a la JEP sobre violencia de género en las Farc menciona que entre los departamentos con más casos están Meta, Caquetá y Cundinamarca, que suman 156, es decir 16,6 por ciento del total. Una guerra sin edad, del CNMH, también señaló que algunas de las “principales funciones para las que son utilizadas [las niñas y adolescentes en las redes urbanas] están asociadas a labores domésticas o servicios sexuales”.

La gran objeción

Otra cosa son los máximos responsables, un criterio de selección y priorización que concentra las acciones de la justicia transicional en las personas que pueden tener mayor responsabilidad en los hechos. Al contrario de la responsabilidad de mando, esta posibilidad con respecto a los delitos de lesa humanidad sí aparece entre las mentadas objeciones presidenciales. Duque considera que “constituiría impunidad” para quienes sean responsables en menor medida.

González Zapata lo desmiente. “Que no se les pueda demostrar su responsabilidad a los guerrilleros rasos no quiere decir que haya impunidad, porque sí va a haber una decisión judicial”, dice el profesor. Lo que establece el artículo 19 de la estaturia es que se podrá renunciar a la acción penal contra quienes no sean máximos responsables en casos graves o representativos del conflicto armado, con la condición de que contribuyan a la verdad y la reparación de las víctimas y se comprometan a no repetir sus acciones; pero exceptúa los delitos que no son amnistiables.

La Corte condicionó esta excepción, que se plantea en el parágrafo objetado, a que las conductas tengan “connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables”. Además enfatizó en que el artículo “no implica ubicar la selección por encima del derecho de las víctimas y de la sociedad a la justicia pues, por el contrario, (...) en situaciones de violencia masiva la selección es un mecanismo necesario para hacer efectivo dicho derecho” (énfasis original).

Entonces, el objetivo de esta focalización es garantizar justicia, agilizando los procesos y dando prioridad a la satisfacción de los derechos de las víctimas por encima del castigo penal tradicional. “No se trata de hacer una copia de la justicia ordinaria con menos cárcel”, redondea el profesor González. “Resolver caso por caso es un imposible, tardaría un siglo o más, cuando la JEP tiene máximo 20 años para hacerlo. En cambio, si la dejan trabajar, podría esclarecer muchos”, pronosticó.

Gómez concuerda en que “obligar a la JEP a investigar a todos los responsables es condenarla a la parálisis”. Recuerda que “ese fue uno de los aprendizajes de la puesta en marcha de Justicia y Paz”, la jurisdicción transicional que se creó para los desmovilizados en el gobierno de Álvaro Uribe, sobre todo para el proceso con las AUC. Su intento por evacuar todos los delitos, uno por uno, solo produjo 10 condenas en los primeros siete años, lo que obligó a la Fiscalía a crear, precisamente, un plan de priorización. González agrega que ese sistema cubría un lapso más corto del conflicto, pues los grupos paramilitares que procesó tuvieron un origen más reciente que las Farc.

Así, más que a los ex altos mandos como ‘Lozada’, que ya están respondiendo en el caso por secuestro, la objeción del presidente a este punto deja en inseguridad jurídica a otros exmiembros de la guerrilla con menores responsabilidades en los delitos. “Ahora cualquier comandante de escuadra que haya tenido responsabilidad va a ser solicitado”, se quejó el representante a la Cámara del partido Farc por Atlántico, Benedicto González, en el portal La Silla Vacía.

Lo demás

Las objeciones restantes no se refieren de forma directa a las investigaciones y procesos relacionados con el conflicto en Colombia ni a los delitos sexuales. Dos hacen referencia al trámite y las condiciones de las solicitudes de extradición; una, a la reparación de las víctimas y otra, a la acreditación de los excombatientes que tienen derecho a estar en la JEP por haber pertenecido a las Farc.

Respecto al primer tema, contrario a ‘Jesús Santrich’, contra Gallo no han llegado peticiones de otros países que argumenten posibles delitos posteriores a la firma del Acuerdo Final. Por otra parte, los cometidos antes de su entrada en vigencia están cobijados por la garantía de no extradición. En consecuencia, no se puede decir que estos puntos lo afecten.

En cuanto a los listados, Duque manifestó que “la tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del Alto Comisionado de Paz como representante del Presidente de la República”. El proyecto decía que “en ningún caso, la sala de amnistía podrá́ considerar personas sobre las cuales la Oficina del Alto Comisionado haya decidido su no acreditación”, pero la Corte declaró inconstitucional esa injerencia porque consideró que violaba el debido proceso, la independencia judicial y la competencia de la JEP.

En todo caso, ‘Lozada’ está sometido a esta jurisdicción precisamente porque fue acreditado, igual que 11.300 miembros de las Farc, mientras cerca de 250 personas fueron excluidas como ‘coladas’. Esta petición del presidente se refiere a quienes aspiran a beneficiarse de la justicia transicional como exintegrantes de la guerrilla sin haber contar con ese reconocimiento por parte del Gobierno.

Finalmente, la objeción sobre reparación no afecta el desarrollo de las investigaciones y los procesos como tales.

Cuestionable

En resumen, de las seis objeciones presentadas por el presidente Duque al proyecto de ley estatutaria de la JEP, cuatro no tienen que ver con el desarrollo de procesos e investigaciones sobre violencia sexual y no afectan de forma directa al senador Gallo.

Las otras pueden tener efectos para él, pero es cuestionable decir que lo afectan más que a otras personas sometidas a esa jurisdicción porque también tienen consecuencias para los militares, reducen la efectividad de todo el sistema o le generan mayores inseguridades a los excombatientes rasos que a los altos mandos, entre otras razones. Además, es indirecta su relación con las acusaciones contra ‘Lozada’ por delitos sexuales.

El propio mandatario admitió que era inobjetable la inclusión como tal de esas conductas en la JEP, cuando tuvieran relación con el conflicto armado, por lo que la reforma que propuso al respecto es independiente de la ley estatutaria. No obstante, ese otro proyecto tampoco tendría consecuencias para quienes están hoy ante este sistema de justicia transicional porque solo aplicaría a futuro.

Miércoles, 19 Junio 2019

Uribe dijo más mentiras que verdades en La W Radio

Por Colombiacheck

Colombiacheck revisó 12 frases del expresidente y senador en la entrevista que le hicieron el viernes pasado en La W Radio: dos verdades, dos con peros, dos cuestionables y seis falsas.

Con motivo del referendo para el que el periodista Herbin Hoyos empezó a recoger firmas, que pretende, entre otras cosas, derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cambiar a todos los magistrados de las altas cortes para crear un solo nuevo tribunal, La W Radio entrevistó el pasado viernes en la mañana al expresidente y senador Álvaro Uribe en el noticiero que conduce el periodista Julio Sánchez Cristo.

Colombiacheck seleccionó 12 afirmaciones chequeables que hizo el congresista en la entrevista. Tratamos de consultarlo para que ampliara algunas (incluso más de las aquí publicadas) o dijera de dónde sacó la información, pero hasta el momento de publicación de esta nota no había contestado. En esas condiciones, el balance de la verificación es que dos son verdad, dos verdaderas pero, dos cuestionables y seis falsas. A continuación están en el orden en el que las dijo.

“El gobierno anterior siempre dijo que no subirían esos acuerdos a la Constitución y lo hicieron”

Falsa

Esta afirmación es falsa pues el equipo negociador del gobierno anterior sí contempló varias maneras en las que el texto del Acuerdo se convertiría en parte de la Constitución. Incluso, tras las modificaciones que se hicieron tras la victoria del “No” en el plebiscito de octubre de 2016, se acordó otra manera en la que el texto del Acuerdo entraría en la Constitución.

El abogado y profesor de la Universidad Externado Jorge Iván Cuervo explica que el bloque de constitucionalidad es una figura que incorpora en el texto constitucional los tratados de derechos humanos y convenios de la organización del trabajo que han sido suscritos y ratificados por el Estado colombiano. “Cuando hablamos del texto constitucional podemos entender que hay un texto escrito, el del articulado propiamente, al cual se suman los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, precisa.

En el libro Revelaciones al final de un guerra, el exnegociador Humberto De La Calle explica que en febrero y marzo de 2016 se retomó el tema, pues era una de las opciones estudiadas para blindar el Acuerdo Final. “El razonamiento inicial fue así: como el derecho constitucional nacional ha incorporado al llamado bloque de constitucionalidad los tratados de derechos humanos -y, por extensión, el Derecho internacional Humanitario (DIH)-, la calificación del Acuerdo Final como acuerdo especial lo incorporaba de manera automática al llamado bloque de constitucionalidad, lo que, en la tesis originaria de las Farc, simplemente le daba rango constitucional al Acuerdo Final”. 

El libro Los debates de La Habana: una mirada desde adentro, cuenta que “la solución a la que llegaron fue tramitar en el Congreso un nuevo artículo en la Constitución, que aseguraría que el contenido del acuerdo de paz «ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el período de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final»”. Según el libro, una vez el acuerdo existiera en el ordenamiento jurídico colombiano, la Corte Constitucional examinaría y revisaría que se ajustara a la Constitución, dando otra garantía a la sociedad colombiana de su legitimidad y constitucionalidad.

Pero durante la renegociación con los sectores en contra del proceso, se propuso que el acuerdo no se incorporara a la Constitución y que no todo su texto se firmara como acuerdo especial.

“Como resultado, el nuevo texto modificó sustancialmente el procedimiento que daría seguridad jurídica al acuerdo. Primero, se acordó derogar el artículo que llevaría el acuerdo al bloque de constitucionalidad. En su lugar se definió que se tramitaría un artículo transitorio en la Constitución, con una vigencia de tres períodos presidenciales, que asegure que los contenidos del acuerdo que correspondan a normas del DIH o a derechos fundamentales sean parámetro de interpretación y validez solo de las normas y las leyes de implementación del acuerdo. Para asegurar que sus contenidos se hicieran efectivos, se estableció una obligación a todas las autoridades públicas de cumplir de buena fe lo acordado”, relata el libro.

En conclusión, el Acuerdo Final no se incorporó en su totalidad al bloque de constitucionalidad, como quedó expreso en el acto legislativo 2 de 2017 y en la sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional.

“Al monte han vuelto 5.000 [exintegrantes de las Farc]”

Falsa

Esta cifra que dio Uribe ha sido la más controvertida en redes sociales. La periodista María Camila Díaz le preguntó al aire e insistió en Twitter sobre sus fuentes al respecto. El exmandatario le respondió en la emisora que el dato provenía de “la inteligencia de las Fuerzas Armadas e informes de Naciones Unidas”, además de la Fiscalía.

El dato más reciente sí proviene de un informe de inteligencia publicado por El Tiempo el pasado 29 de mayo, que habla de “2.296 hombres en armas y 1.452 integrantes en las redes de apoyo” de las disidencias, 3.748 personas en total. El comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, le había hablado a Noticias RCN de “un aproximado muy cercano a los 2.000” en marzo de este año.

La cuenta de la Fiscalía a finales de 2018, como ya lo había revisado Colombiacheck, era de 1.749 disidentes armados. Entre tanto, los documentos oficiales de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia reconocen el problema, pero no hacen cálculos al respecto.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe sobre el fenómeno en abril de 2018 y calculaba el tamaño de esos grupos entre 1.200 y 1.400 miembros. Pero también decía que “es difícil establecer qué porcentaje hace referencia a exintegrantes de las FARC y cuántos son nuevos integrantes”. El analista Ariel Ávila coincide en que no todos los actuales integrantes de las disidencias pertenecieron realmente a la antigua guerrilla.

El documento también recuerda que algunos de esos frentes se distanciaron del resto del grupo armado incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz y fueron expulsados por la comandancia. Entonces no se puede decir que “volvieron” a la lucha armada, porque nunca la dejaron.

En el otro lado de la moneda están los 13.194 exguerrilleros acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hasta el pasado, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). De ellos, 13.039 están en el proceso y solo se desconoce la ubicación de 1.152. El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, explicó en Twitter que “de ninguna manera tenemos forma de concluir” que la diferencia entre quienes se registraron y quienes continúan en contacto corresponda a disidentes.

 

“En los espacios esos donde se concentran queda el 20 por ciento”

Verdadera pero...

Según las mismas cifras de la ARN, solo 3.348 exintegrantes de las Farc residen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Son 25 por ciento de los 13.194 acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Pero la entidad conoce la ubicación de otros 8.511, casi dos tercios, que viven fuera. El director de la institución, Andrés Stapper, ya ha aclarado que “la reincorporación no se limita a un espacio geográfico”.

Es más, el Registro Nacional de Reincorporación, una encuesta aplicada al 90 por ciento de los exguerrilleros entre diciembre y enero pasados, ya ubicaba a la quinta parte en departamentos donde ni siquiera había ETCR como Huila, Valle, Cundinamarca y Bolívar, además de un 6,3 por ciento en Bogotá. La capital es el quinto lugar de residencia más común después de Meta, Antioquia, Cauca y Caquetá.

No sobra decir, además, que tres cuartas partes de los encuestados se declararon optimistas frente al proceso. Incluso la Presidencia destacó los resultados. Entonces, el hecho de que la mayoría de los exguerrilleros está hoy fuera de los espacios de reincorporación es cierto, pero no demuestra incumplimiento ni reincidencia, como lo pretende mostrar Uribe.

“Impusieron una impunidad total a los delitos que cometieron las Farc antes de la firma final de los acuerdos”

Falsa

Por el contrario, en el Acuerdo Final se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016. Esta jurisdicción se encargará de las conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.

Las sanciones que impondrá la JEP dependerán del grado de verdad aportada y del momento de revelarla, así:

Sanciones propias: se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento (es decir, en la primera etapa del proceso), respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición.

Sanciones alternativas: se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de cinco a ocho años.

Sanciones ordinarias: es decir, de la justicia ordinaria, se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad,  en todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves.

“Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias, sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento”, advierte el Acuerdo.

“Crearon normas para garantizarles también mucha impunidad por delitos posteriores”

Falsa

Colombiacheck ya ha verificado afirmaciones en este sentido en otras ocasiones. El acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la JEP, deja claro que la justicia ordinaria es la encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos a partir del 1 de diciembre de 2016 en general. Así lo determinó también la Corte Constitucional al estudiar su ley estatutaria y así estaba contemplado que fuera desde el Acuerdo Final con las Farc.

Solo hay dos tipos de delitos por los que la competencia de la justicia transicional se extiende más allá de esa fecha: los de ejecución permanente (que se mantienen en el tiempo) iniciados antes de la firma y los directamente relacionados con la dejación de armas, que ya terminó. En estos casos, la competencia es de la JEP y deberán cumplir con los compromisos pactados para obtener sus beneficios, de modo que serán investigados, procesados y, de ser culpables, recibirán penas en esta jurisdicción.

“Porque se perdieron las objeciones, (...) vamos a tener 15 a 20 años sin que la Fiscalía pueda adelantar una sola diligencia por los delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016”

Falsa

La Fiscalía sí puede investigar crímenes cometidos durante el conflicto armado con el propósito de preparar informes para aportar a la JEP. Simplemente tiene unas limitaciones que le impiden adelantar algunas actuaciones para evitar un cruce de competencias con la JEP, como lo habíamos contado en otro chequeo.

“Solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP”, dice el literal J del artículo 79 de la Ley Estatutaria de la JEP, en el que se definen las funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos.

Este aparte fue el blanco de una de las objeciones que le hizo el gobierno Duque a esa norma, lo que explica la frase de Uribe. Pero en la misma norma dice que la Fiscalía continuará adelantando investigaciones hasta el día en que esa sala anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones. En ese momento la entidad ordinaria le entregará un informe a la JEP con la información que haya recogido.

La sentencia C-080/18 de la Corte Constitucional, que hizo control automático de constitucionalidad del proyecto, también aclaró que solo se suspende la posibilidad de tomar “decisiones que impliquen afectación de la libertad, la determinación de responsabilidades y la citación a práctica de diligencias judiciales, pero en lo demás, el proceso ha de continuar”.

Yesid Reyes, abogado penalista y ministro de Justicia de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2016, explica que un punto central del acuerdo de paz es que la JEP sea la única que puede tomar decisiones que afecten a quienes participaron en el conflicto, tanto antiguos guerrilleros como militares. Pero, por la cantidad de procesos, se decidió que es bueno que la Fiscalía siga avanzando en sus investigaciones para que la JEP tenga más elementos de juicio. “La JEP se deja ayudar pero no quitarse las competencias”, dice el jurista.

Por eso es falso que no vaya a poder hacer ni una sola, como afirmó el congresista. Por el contrario y en la misma línea de la Corte, Reyes menciona algunos ejemplos que hay diligencias que sí se pueden realizar, como llamar de testigos para que hablen sobre lo que hizo un exguerrillero, hacer pruebas técnicas de balística o grafología, así como ordenar inspecciones judiciales o allanamientos.

“Nosotros no permitimos elegibilidad de delitos atroces”

Verdadera pero...

Ni el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que las AUC se comprometieron a desmovilizarse, ni la Ley de Justicia y Paz, que diseñó reglas judiciales especiales y beneficios para los miembros de grupos armados ilegales que dejaran las armas, mencionan la posibilidad de que los reintegrados participaran en política. Pero hay dos diferencias importantes entre este proceso, que tuvo su origen en el gobierno de Uribe, y el actual con las antiguas Farc.

En primer lugar, la norma sí establecía que los integrantes de grupos de autodefensa serían responsables de sedición, que es un delito político cuya condena no causa la pérdida de derechos en ese ámbito. Lo que pasa es que ese aparte se cayó en la Corte Constitucional por vicios de trámite y, además, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que es contrario a la Carta Política.

Según la FIP, estas y otras decisiones llevaron a los desmovilizados rasos a un “limbo jurídico” que solo se cerró con la Ley 1424 de 2010. Esta permitió la suspensión de las penas por delitos comunes para estas personas con algunas condiciones. Entre tanto, los jefes de todas formas debían responder ante el sistema de justicia transicional por sus crímenes más graves.

Pero, en todo caso, cuando los paramilitares se desmovilizaron ya tenían una importante influencia en órganos de poder nacionales y locales, como lo demostraría más adelante el escándalo de la ‘parapolítica’. Por esta causa, hoy la JEP estudia las solicitudes de sometimiento de excongresistas, exgobernadores, exalcaldes, exconcejales, entre otros.

“Nosotros exigimos para esos delitos atroces cinco a ocho años de cárcel”

Cuestionable

El proyecto de ley del gobierno Uribe que dio origen a Justicia y Paz sí establecía penas alternativas de cinco a diez años de cárcel para los responsables de los delitos más graves, que quedaron en máximo ocho. Pero ese no fue su primer intento.

En 2003 había presentado otro, que suspendía las penas de inmediato con un periodo de prueba de cinco años para obtener la libertad definitiva, por lo que representaba cero cárcel en la práctica. La iniciativa daba detalles sobre los mecanismos de reparación o de contribución a la verdad e incluía la restricción geográfica de la libertad o la inhabilidad para participar en política como penas alternativas.

Esta iniciativa fue retirada “como consecuencia de las duras críticas que recibió de parte de diferentes sectores, y particularmente de las organizaciones locales de derechos humanos, de las organizaciones de víctimas y de algunos grupos políticos”, recordaban los investigadores Rodrigo Uprimny, entonces director del tanque de pensamiento DeJusticia, y María Paula Saffon en 2008.

“Mire esa desmovilización: 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros, 53.000 [en total]. Reincidieron 3.700, muchos en cifras absolutas, porcentualmente poco”

Cuestionable

Tal y como publicamos en un chequeo anterior, las cifras de la ARN indican que entre 2003 y 2010 se desmovilizaron 35.822 paramilitares. Y, de acuerdo con la misma entidad, durante la presidencia de Uribe Vélez, se desmovilizaron 17.350 guerrilleros (2.982 del ELN y 14.368 de Farc).

No sabemos de dónde tomó el senador Uribe el dato de reincidencia, pero su cálculo equivaldría a un 7 por ciento. En la Fiscalía General de la Nación le dijeron a Colombiacheck que, antes del 1 de agosto de 2016, no se llevaban estadísticas puntuales sobre este fenómeno.

Entre tanto, el II Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (entidad creada en el marco de la Ley de Justicia y Paz), publicado en 2010, dice que en el periodo 2001-2009 las autoridades capturaron a 5.890 excombatientes desmovilizados. Esto “implica un 11,27% sobre el número total de desmovilizados individuales y colectivos”, cuatro puntos más que la cuenta del expresidente.

Por otro lado, la FIP publicó un informe en 2014 en el cual afirmaba que “es preciso reconocer que hasta el momento no se conoce con absoluta certeza (más allá de los registros oficiales) el tamaño de la población desmovilizada que ha retornado a la ilegalidad”. Lo que determinó esta organización en su investigación es que “el 76 por ciento de la población no es reincidente, mientras el 24 por ciento restante sí lo es”, tres veces y media la proporción que dan la cuentas de Uribe.

La afirmación, al final, es cuestionable porque sus datos sobre desmovilización son muy cercanos a la realidad y no hay estadísticas claras sobre la reincidencia (aunque las conocidas se alejan mucho de sus cuentas).

*Después de haber publicad esta historia, la ARN nos respondió la solicitud de información que le hicimos sobre cifras de reincidencia en el gobierno Uribe.

Según los datos de la agencia, entre 2003 y 2010, 4.921 personas que ingresaron al proceso de reintegración cometieron un delito en algún momento luego de sus desmovilización. Esto equivale al 9,25 por ciento del total de desmovilizados en ese mismo periodo (53.172).

Del total de reincidentes, según la ARN, 3.807 fueron ex AUC, 910 ex Farc, 193 ex ELN y 11 de otros grupos armados.

“En el Congreso no hay mayoría para una reforma de fondo [a lo acordado con las Farc], la puede haberla para retoques”

Verdadera

El Centro Democrático no tiene mayorías para modificar lo acordado con las Farc, como lo demostraron las objeciones las objeciones que el presidente, Iván Duque, le había hecho a la ley estatutaria de la JEP. Estas fueron derrotadas por mayorías en Cámara y Senado (aunque en el segundo tuvieron un escenario más apretado, que tuvo que ser definido por la Corte Constitucional). Para el analista Gilberto Tobón Sanín, es claro que el mandatario “no tiene manejo del parlamento”.

En contraste, el Gobierno y su partido presentaron un proyecto de reforma constitucional para que los crímenes sexuales contra menores de edad, el secuestro y el narcotráfico nunca puedan considerarse conexos a los delitos políticos. Pese a las críticas de la oposición, ya tiene ponencia para octavo debate, lo que quiere decir que está a uno solo de ser aprobado por el Legislativo. Incluso en Cámara, ha pasado con el apoyo de partidos que rechazaron las objeciones, en particular Cambio Radical y una mayoría liberal.

Según Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario y doctor en Ciencia Política, esto solo demuestra que el uribismo “sí podría contar con mayorías para cosas muy puntuales, pero no para hacer cambios de fondo”. De hecho, esta iniciativa se diferencia de la propuesta del referendo en que no es retroactiva, o sea que solo le aplicaría a posibles futuras negociaciones y no toca lo ya pactado. Por lo tanto, la falta de mayorías de la que habla Uribe es verdadera.

“Yo soy partidario de reducir el tamaño del Congreso. (...) Eso estuvo en el referendo nuestro de 2003”

Verdadera

El proyecto original del referendo presentado por el gobierno de Uribe al Congreso proponía que este redujera sus miembros a menos de la mitad y se volviera de cámara única. Ya en la versión aprobada por el Congreso, Ley 796 de 2003, y el referendo que finalmente se consultó al público después de ser aprobado por la Corte Constitucional, se mantiene la bicameralidad y la reducción en el número de miembros solo es del 20 por ciento.

 

*Esta nota fue actualizada unas horas después de haber sido publicada con las cifras de la ARN de desmovilizados reincidentes entre 2003 y 2010.