Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Miércoles, 26 Agosto 2020

JEP sí proporciona abogados a las víctimas, pero algunas organizaciones de ellas no confían en los elegidos

Por Sania Salazar

Una representante a la Cámara del Centro Democrático publicó en Twitter una frase del Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, que asegura que la JEP no les ha designado abogados para representar a sus víctimas, lo cual es cuestionable, pues lo que hay de fondo es que no confían en los abogados disponibles

La representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que Sebastián Velásquez, Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, dice: “para nosotros hay un desequilibrio total en el manejo que la Justicia Especial para la Paz le brinda a los victimarios frente a las víctimas que al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos”.

Al preguntarle a la senadora por la fuente de esa información, nos mandó el teléfono de Velásquez, quien le dijo a Colombiacheck que por informaciones periodísticas se enteró de la ejecución del contrato 342 de 2020, del que le mandaron el pantallazo de algunas páginas, que él ha publicado en Twitter, y aclaró que no ha visto el contrato completo.

Aunque el mensaje de Twitter de Velásquez asegura que la contratación de 93 abogados para la defensa de exguerrilleros de Farc costó 4.930 millones de pesos, él le admitió a Colombiacheck que “contratan varios ítems, no solamente abogados, mal haría yo en dividir 4.930 en 93, ahí hay otros ítems” y aseguró que la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, no ha negado la existencia del contrato.

Colombiacheck califica la información como cuestionable porque tiene varias imprecisiones sobre el contrato del que se habla y porque el representante de Fevcol no aclara que cuando asegura que "las víctimas al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos" se refiere solo a las que hacen parte de su organización. Pero también porque hay pruebas de que la JEP sí ha contratado abogados para las víctimas en general, pero Velásquez duda de que esos profesionales trabajen en favor de ellas. Además, porque la JEP asegura que se reunieron con Fevcol para socializar las propuestas de representación y defensa de las víctimas, proceso al que los invitaron a participar, pero en el que ellos no han presentado la documentación necesaria.

Velázquez aseguró que, para presentar sus casos ante la JEP, las víctimas de Fevcol han tenido que recurrir a abogados que donan su trabajo, pues no han contado con la ayuda de los de la JEP para documentar los casos y acreditar a las víctimas ante esa jurisdicción.

El representante legal de Fevcol reconoce que la JEP le informó a una de las fundadoras de la Federación que tienen abogados para ofrecer asesoría y representación judicial a las víctimas, pero aseguró que “en el caso tal de que fuera a acceder a un abogado los brindarían ellos y no tenemos ninguna garantía de que ese abogado trabaje en favor de las víctimas”.

En la página web de la JEP, Colombiacheck encontró en la contratación realizada entre enero y junio de 2020 varios contratos de asesoría jurídica y defensa judicial “a las personas que comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales”.

La JEP aseguró que, al 30 de junio de 2020, ha prestado servicios de asesoría a 3.337 víctimas, ha asumido la representación común de 1.909 víctimas individuales y 260 sujetos colectivos que representan y agrupan a más de 574.732 mil víctimas individuales acreditadas, pertenecientes en su mayoría a comunidades étnicas (afrocolombianos e indígenas), acreditadas en los macrocasos.

La JEP le aclaró a Colombiacheck que esa jurisdicción cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), un mecanismo gratuito dirigido para las víctimas y comparecientes que demuestren carecer de recursos suficientes para una representación y una defensa idónea, respecto a los trámites y actuaciones previstas ante ese tribunal.

También aclaró la JEP que no se contratan abogados a título personal, sino organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de las víctimas.

“En el acercamiento a dichas organizaciones se ha incluido a la organización FEVCOL a la cual se le ha invitado, en reiteradas oportunidades mediante comunicaciones electrónicas y reuniones presenciales, a remitir al SAAD la documentación que exige la Resolución 862 de 2019 que reglamenta el Registro de Abogados, con el fin de incluirla como organización acreditada para adelantar labores de asesoría y representación de víctimas, sin que a la fecha la organización FEVCOL haya remitido la información requerida para la correspondiente evaluación de capacidades”, resaltó la JEP en un comunicado escrito que le envió a Colombiacheck.

El tribunal explicó en el mismo comunicado que los requisitos y condiciones de elegibilidad de los abogados que deben prestar servicios de orientación, asesoría y asistencia legal (representación judicial a las víctimas y defensa técnica a los comparecientes) están regulados constitucional y legalmente.

“Según lo establece la Ley de Procedimiento de la JEP, las víctimas cuentan con cinco (5) opciones para participar en las diferentes instancias y momentos procesales en la JEP, así: (i) por sí mismas, es decir de manera personal y directa sin necesidad de un apoderado; (ii) por medio de un apoderado(a) de confianza; (iii) por un apoderado designado por la organización de víctimas; (iv) por intermedio de una representante común otorgado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP o, (v) de manera subsidiaria a las anteriores, mediante apoderado que designe el sistema de defensa pública”, precisaron en la JEP.

En el Tribunal indicaron, además, que el parágrafo segundo de esa Ley de Procedimiento de la JEP señala que cuando haya más de una víctima se  podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas nombren uno o más abogados comunes para que defiendan de forma colectiva sus derechos, esto, principalmente en los macrocasos que ha abierto la jurisdicción. Así que debido a que la norma indica que se deben asignar representantes comunes y no apoderados judiciales individuales, la Secretaría Ejecutiva adelanta los procesos de asignación de los representantes comunes de víctimas.

La JEP indicó que, cuando las víctimas no tienen los recursos para contratar un abogado de confianza, el SAAD les provee abogados con “conocimientos y experiencia comprobadas” en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y representación de víctimas, “contratados con el estricto cumplimiento de los requisitos correspondientes”. 

En el Tribunal aseguraron que desde 2018 la Secretaría Ejecutiva de la entidad ha trabajado en identificar al mayor número de organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de víctimas.

El contrato 

Como ya lo dijimos, Velásquez se refiere al contrato 342 de 2020, que  aparece en la sección de transparencia de la página web de la JEP y en el Secop II firmado el 17 de abril de 2020 y con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su objetivo es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de cooperación con la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la implementación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), gestionando el equipo que garantizará el derecho de defensa  y debido proceso a través de labores de asesoría y defensa judicial integral a los comparecientes exintegrantes FARC en el marco de las actuaciones de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género”.

Como le reconoció Velásquez a Colombiacheck, el objetivo del contrato no es solo la contratación de abogados, sino de otros profesionales para desarrollar el proyecto base del contrato como el equipo administrativo y técnico.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.