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Verdadero pero...

Martes, 17 Marzo 2020

JEP utiliza la palabra ‘retenciones’ en vez de ‘secuestro’, pero no necesariamente es por el DIH

Por Sania Salazar

El informe que la Fiscalía presentó a la JEP sobre estos casos se refiere a retenciones.

Roy Barreras, senador del Partido de la U, explicó en su cuenta de Twitter que la Justicia Especial para la Paz, JEP, utiliza la palabra retención para referirse a los secuestros cometidos por la desmovilizada guerrilla de las Farc porque ese fue el término que utilizó la Fiscalía General de la Nación en el informe que presentó a la JEP sobre esos casos y debido a que, según él, es el término correcto según el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

“En DIH la ‘retención ilegal de personas’ comprende el secuestro, pero también la ‘retención de rehenes’ y la ‘retención del enemigo’”, le dijo Barreras a Colombiacheck al consultarlo al respecto.

Calificamos la afirmación como “verdadera, pero” porque, si bien es cierto que el informe que la Fiscalía le presentó a la JEP sobre los casos de secuestro utiliza la palabra retención, eso no necesariamente tiene relación con el DIH.

La JEP explicó que el Caso 01 “es un caso nacional contra la extinta guerrilla de las Farc-EP por la política de secuestro y las condiciones de cautiverio de civiles, policías y militares. Es conocido como el caso de ‘retenciones ilegales’ puesto que así tituló la Fiscalía General de la Nación el primer informe recibido por la Sala sobre este tema. La competencia en este caso se circunscribe a dicho objeto”. 

Efectivamente, el informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se titula “Retenciones’ ilegales por parte de las Farc-EP”, con la comilla sencilla en la palabra retenciones.

“Este informe retrata una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país. La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años, y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc-EP para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política”, indicó la Fiscalía.

El artículo cinco del Protocolo dos adicional a los Convenio de Ginebra en el que se estipulan las garantías mínimas que las partes en un conflicto armado sin carácter internacional deben cumplir cuando han privado de la libertad a una persona utiliza el término “detención”.

La Fundación Ideas para la Paz, FIP, en un informe sobre el avance del caso de secuestro ante la JEP, asegura que el término retenciones es lo que corresponde según el DIH, como lo asegura Barreras.

Ana María Sánchez, investigadora de la FIP, explicó que la palabra “secuestro” se refiere al delito tipificado en el código penal colombiano, pero que esa palabra limita la cantidad de restricciones a la libertad que se cometieron en el conflicto armado, “mientras que el término ‘retenciones ilegales’, como las llama el DIH, amplía el espectro a otras acciones similares.”

Las víctimas de estos hechos han manifestado su indignación por los términos utilizados por la JEP al respecto, pero Sánchez indicó que es normal en esta parte del proceso, en el que precisamente las víctimas deben manifestar lo que piensan de las comparecencias de los integrantes del ahora partido Farc.

Sánchez también recordó que los macro casos que abre la JEP investigan una práctica colectiva, pero al final se juzga individualmente a los máximos responsables y en ese momento se va a determinar el delito cometido.

“Barreras incurre en imprecisiones terminológicas, el DIH no alude a tipos penales. El código penal tipifica el secuestro, la toma de rehenes y no tales retenciones, explicó Jean Carlo Mejía, experto en derecho operacional y profesor de las universidades Nacional y Católica de Colombia.

Mejía, que fue asesor del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, explicó que se trata de un término más político que jurídico que se adoptó en la mesa de negociación de La Habana para desescalar el lenguaje, pues recordó que la guerra y la paz también se dan en el lenguaje.

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Martes, 18 Abril 2017

Las Farc y el narcotráfico: una verdad pendiente de ser contada

Por Sania Salazar

Aunque en el Acuerdo Final no está escrita la palabra delación, las Farc sí se comprometieron a contar la verdad sobre su participación en el narcotráfico, negocio ilícito con el que financiaron su actividad insurgente.

“Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución”, aseguró a Noticias Uno Seusis Pausivas Hernández, mucho más conocido como Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las Farc y uno de los negociadores de esa guerrilla.

Colombiacheck solicitó por Twitter y por correo electrónico una entrevista con Enrique Santiago, abogado de las Farc, para pedirle precisión sobre el asunto, pero hasta la publicación de este chequeo no hemos obtenido respuesta.

En el cuarto punto del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el cual la guerrilla debe contribuir.

Las Farc se comprometieron a ayudar en el proceso de sustitución de cultivos y aunque la palabra delación no aparece en este punto del Acuerdo, si se pactó que los guerrilleros aportarían información para ayudar a establecer la verdad y construir memoria sobre su participación en este negocio ilegal.

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, dice textualmente el Acuerdo.

De este párrafo llama la atención la parte final, donde se refieren a que los excombatientes aporten información suficiente para “atribuir responsabilidades”, en donde podría caber la delación de otros grupos, modo de operar y rutas de trasiego de estupefacientes. Pero depende de cómo se interprete.

En un video de Acuerdos de La Habana, una iniciativa de la sociedad civil para recoger preguntas surgidas de la lectura del Acuerdo, Lucas Peña, sociólogo y magíster en conflicto, seguridad y desarrollo, asegura que “en el punto dedicado a la solución del problema del narcotráfico Las Farc se comprometen explícitamente a cooperar con el Gobierno a establecer y localizar las rutas del narcotráfico y hallazgo del mecanismo de lavado de activos fruto del narcotráfico, pero adicionalmente van a colaborar con el combate contra crimen organizado mediante la provisión de información, mediante el establecimiento de cooperación con las autoridades y otros mecanismos que deben ponerse en marcha”.

Para Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), la delación no está planteada explícitamente en el Acuerdo Final.

“En el Acuerdo las Farc no se asumen como una organización insurgente dedicada a la producción y al tráfico de drogas, las Farc en ese sentido manifiestan el compromiso de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno. Si se presentó esa relación es un asunto que será tratado en su momento en la jurisdicción Especial para la paz, que evaluará cada caso”, indicó.

Estrada hizo énfasis en que no se está hablando de la justicia penal en la que se obtienen ventajas por delaciones, que la JEP no es una justicia de castigo sino una justicia transicional que se fundamenta en el ofrecimiento de verdad.

“Se tendrá que ofrecer verdad y los jueces serán quienes evalúen si la verdad ofrecida, primero, es suficiente y exhaustiva, porque la JEP obliga a un ofrecimiento de verdad exhaustivo y detallado. Hay que recordar que si no se ofrece verdad suficiente, no se verán beneficiados por la JEP, uno supone que en este caso las Farc ofrecerán la verdad que tengan sobre sus presuntos vínculos, reales o no, con el narcotráfico. Es más ofrecimiento de verdad que delación”, precisó Estrada, quien además comentó que según la investigación social en las zonas donde ha habido cultivos de uso ilícito la función de la guerrilla ha sido básicamente de cobro de impuestos y de regulación del mercado de hoja de coca.

Para Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la frase de Santrich tiene que ver con no señalar a los campesinos cocaleros, que son el eslabón más frágil de la cadena y que en muchos casos se metieron en el negocio por el abandono estatal, pues la coca resulta más rentable y más fácil de vender que los cultivos lícitos.

El Gobierno ha resaltado esa descriminalización de los campesinos, pues es una de las estrategias para que participen voluntariamente en el programa de sustitución de cultivos.

Para Montoya, habrá que ver bajo qué condiciones están obligados a suministrar información en tanto el narcotráfico quedó como un delito conexo a la actividad política porque era la forma de sostenibilidad del grupo, “pero lo más lógico es que cuando sean llamados ante la justicia tendrán que contar esas situaciones, cuáles eran sus rutas, con quien negociaban e idealmente uno quisiera saber qué empresarios los protegían para el lavado de activos, ese sería el escenario ideal”.

La importancia de combatir el narcotráfico

“El acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, el narcotráfico ha alimentado, ha atravesado y financiado el conflicto armado y que por tanto es necesario una solución contundente”, explica María del Pilar Barbosa, del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (punto 5 del Acuerdo Final) tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

Aunque en el Acuerdo Final no se utiliza la palabra delación, es claro que uno de sus objetivos principales es ofrecer a las víctimas justicia, verdad y reparación. Para establecer la verdad y para determinar las medidas que se deben tomar para garantizar la no repetición es fundamental, en este caso, que las Farc cuente cómo funciona el negocio del tráfico de drogas, una de las formas con que financiaron su lucha armada.