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Verdadero pero...

Martes, 17 Marzo 2020

JEP utiliza la palabra ‘retenciones’ en vez de ‘secuestro’, pero no necesariamente es por el DIH

Por Sania Salazar

El informe que la Fiscalía presentó a la JEP sobre estos casos se refiere a retenciones.

Roy Barreras, senador del Partido de la U, explicó en su cuenta de Twitter que la Justicia Especial para la Paz, JEP, utiliza la palabra retención para referirse a los secuestros cometidos por la desmovilizada guerrilla de las Farc porque ese fue el término que utilizó la Fiscalía General de la Nación en el informe que presentó a la JEP sobre esos casos y debido a que, según él, es el término correcto según el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

“En DIH la ‘retención ilegal de personas’ comprende el secuestro, pero también la ‘retención de rehenes’ y la ‘retención del enemigo’”, le dijo Barreras a Colombiacheck al consultarlo al respecto.

Calificamos la afirmación como “verdadera, pero” porque, si bien es cierto que el informe que la Fiscalía le presentó a la JEP sobre los casos de secuestro utiliza la palabra retención, eso no necesariamente tiene relación con el DIH.

La JEP explicó que el Caso 01 “es un caso nacional contra la extinta guerrilla de las Farc-EP por la política de secuestro y las condiciones de cautiverio de civiles, policías y militares. Es conocido como el caso de ‘retenciones ilegales’ puesto que así tituló la Fiscalía General de la Nación el primer informe recibido por la Sala sobre este tema. La competencia en este caso se circunscribe a dicho objeto”. 

Efectivamente, el informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se titula “Retenciones’ ilegales por parte de las Farc-EP”, con la comilla sencilla en la palabra retenciones.

“Este informe retrata una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país. La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años, y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc-EP para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política”, indicó la Fiscalía.

El artículo cinco del Protocolo dos adicional a los Convenio de Ginebra en el que se estipulan las garantías mínimas que las partes en un conflicto armado sin carácter internacional deben cumplir cuando han privado de la libertad a una persona utiliza el término “detención”.

La Fundación Ideas para la Paz, FIP, en un informe sobre el avance del caso de secuestro ante la JEP, asegura que el término retenciones es lo que corresponde según el DIH, como lo asegura Barreras.

Ana María Sánchez, investigadora de la FIP, explicó que la palabra “secuestro” se refiere al delito tipificado en el código penal colombiano, pero que esa palabra limita la cantidad de restricciones a la libertad que se cometieron en el conflicto armado, “mientras que el término ‘retenciones ilegales’, como las llama el DIH, amplía el espectro a otras acciones similares.”

Las víctimas de estos hechos han manifestado su indignación por los términos utilizados por la JEP al respecto, pero Sánchez indicó que es normal en esta parte del proceso, en el que precisamente las víctimas deben manifestar lo que piensan de las comparecencias de los integrantes del ahora partido Farc.

Sánchez también recordó que los macro casos que abre la JEP investigan una práctica colectiva, pero al final se juzga individualmente a los máximos responsables y en ese momento se va a determinar el delito cometido.

“Barreras incurre en imprecisiones terminológicas, el DIH no alude a tipos penales. El código penal tipifica el secuestro, la toma de rehenes y no tales retenciones, explicó Jean Carlo Mejía, experto en derecho operacional y profesor de las universidades Nacional y Católica de Colombia.

Mejía, que fue asesor del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, explicó que se trata de un término más político que jurídico que se adoptó en la mesa de negociación de La Habana para desescalar el lenguaje, pues recordó que la guerra y la paz también se dan en el lenguaje.

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Miércoles, 14 Junio 2017

Rafael Nieto, enredado al hablar de la financiación del partido de las Farc

Por Paula Vásquez

Bastante imprecisas resultaron las afirmaciones lanzadas por el precandidato presidencial del Centro Democrático cuando aseveró que las Farc tendrán ventaja sobre los demás partidos políticos del país en las elecciones de 2018.

Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro de Justicia de Álvaro Uribe y ahora está en la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, aprovechó su participación en la celebración del cumpleaños de Cartagena para hablar sobre la financiación del partido político que surja luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc.

 

 

Colombiacheck habló con Nieto, quien argumentó su trino diciendo que, “lo que dice el Acuerdo es que las Farc van a recibir financiación estatal sin haber sacado un solo voto, el promedio de lo que reciben todos los partidos políticos más un 5% adicional para su centro de pensamiento, y más un 5% adicional para la difusión de sus ideas, eso te da un 10% más. Es decir, reciben "el promedio" más un 10% adicional. De manera que las Farc van a recibir más financiación estatal que cualquiera de los partidos políticos hoy y más que varios de ellos juntos”.

La frase de Nieto tiene dos afirmaciones, la primera, que “las Farc harán política con la financiación privilegiada del Estado” y la segunda, que “las Farc harán política con dineros ilícitos”.

Luego de revisar el Acuerdo Final y de consultar varias fuentes expertas en el tema, calificamos de engañosas las afirmaciones de NIeto porque omite detalles necesarios para entender el tema y porque se aventura a pronosticar hechos que no hay cómo determinar que pasarán o no.

El primer paso en la ruta de este chequeo fue revisar el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc, donde quedó pactado que: “con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política (3.2.2.2), así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”.

El Acuerdo no habla de los porcentajes a los que se refirió Nieto al explicar la fuente en la que basó su afirmación inicial.

Además, el Acuerdo aclara que esta medida obedece al objetivo de facilitar el tránsito de esa guerrilla a la actividad política legal y que lo que recibirá este grupo es “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final”. En el documento se resalta también que el uso de esos recursos será acorde con las reglas que aplican a los partidos y movimientos políticos en Colombia.

Colombiacheck consultó a Álvaro Campos, del Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, quien aclaró que el 7% del presupuesto que se entregará a las Farc sale del presupuesto general para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y que el resto de los partidos se seguirán rigiendo por la Ley 1475 del 2011, la cual señala que dependiendo de la cantidad de congresistas y senadores que logre cada partido, se le asignará una cantidad de dinero.

Elisabeth Ungar, hasta hace poco directora de Transparencia por Colombia y quien ahora estará al frente de la Misión Electoral Especial pactada en la mesa de la Habana, explicó que si bien esa financiación inicial para las Farc sí puede ser mayor, va a ser por solo dos periodos.

“Ellos nunca han hecho política, ese es el argumento que se está utilizando, numéricamente sí es mayor, pero ahí la discusión es el costo que tiene hacer el tránsito de la política con armas a la política electoral”, precisó Ungar, quien recordó que los partidos políticos también reciben unos montos importantes para su funcionamiento y que en la propuesta de reforma política que está estudiando el Congreso todos los partidos recibirán más financiación.

“El costo para el país de una guerrilla de 7.000 hombres en armas, lo que eso genera en muertos, en heridos, en destrucción física, en pérdida de legitimidad de las instituciones, porque esto no es cuantificable en términos de recursos, es infinitamente menor a lo que equivale ese 7%”, agregó Ungar.

Sobre la afirmación de Nieto que indica que las Farc harán política con dineros adquiridos ilícitamente Ungar recordó que ese debate lo inició el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por el decreto 903 que expidió el Gobierno. “El fiscal dice que eso va a suceder, el Gobierno insiste en que no va a ser así, es decir, que la guerrilla va a entregar todos los bienes y no va a hacer política con esos recursos, es una especulación decir que eso va a suceder, no es lo que está previsto en los acuerdos no en la normatividad”, concluyó.

El Presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Alexánder Vega, dijo que en el caso de que las Farc se queden con dineros obtenidos de manera ilegal tendrán que responder ante las autoridades. “Una vez se legalicen, las Farc no podrán quedarse con ningún bien de origen ilícito para financiar su partido, porque tendrán las mismas obligaciones de los partidos legales y por lo tanto serán sometidos a sanciones si se les comprueba que han tenido ingresos ilegales”, aseguró.

Anunció que la entidad ya tiene el presupuesto para la financiación del partido político que conformen las Farc, cuando se desmovilicen. $1.866 millones para funcionamiento y $1.698 millones para financiar el Centro de Pensamiento.

Otras imprecisiones de Nieto

Al preguntarle al precandidato presidencial en qué fuente basó su afirmación, Nieto justificó su frase en otro par de argumentos que no son del todo ciertos: Uno de ellos, es que a la fuente directa del Estado se suma la posibilidad de participar activamente en la definición de los presupuestos y las obras que se ejecutarán en los programas especiales de desarrollo territorial y que además hay un conjunto de “incentivos perversos” en el Acuerdo: “como que los amnistiados puedan esconder bienes y que no habrá sanciones para quienes oculten esos dineros o bienes ilícitos”.

Nieto se refiere a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que se pactaron entre Gobierno y Farc y que según el documento, serán el mecanismo de ejecución de los planes nacionales que se derivan del Acuerdo en las zonas priorizadas. En resumen, serán los planes que desarrollen obras de infraestructura en el campo para mejorar las condiciones de vida en zonas alejadas del país, a través de la construcción de obras como acueductos, alcantarillados, vías e infraestructura.

El Acuerdo especifica que los Pdet tendrán una participación activa de las comunidades, en conjunto con las entidades territoriales para lograr la integración de regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. Estos programas serán elegidos bajo los criterios de niveles de pobreza, grado afectación del conflicto, presencia de cultivos ilícitos y debilidad administrativa, entre otros criterios.

Colombiacheck no encontró ninguna fuente que apoyara la afirmación de Nieto, pues como explicamos, la elección de los lugares donde se van a realizar los Pdet tienen ciertas características, sin embargo, lo que sí explica el Acuerdo es que el seguimiento y evaluación de estos planes hará parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), que está compuesta por tres integrantes del Gobierno y tres integrantes de las Farc.