Desde orillas distintas, el senador Julián Gallo Cubillos, del partido Comunes, y el candidato del Centro Democrático a ese mismo cargo Miguel Uribe Turbay, cada uno cabeza de su respectiva lista, se han referido en Twitter a la entrega de bienes de las extintas FARC para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

El primero, exintegrante del secretariado de la antigua guerrilla, y el segundo, miembro del partido que ha liderado la oposición al Acuerdo Final de Paz alcanzado en 2016 entre ese grupo armado y el Estado bajo la administración de Juan Manuel Santos, sentaron sus posiciones con reclamos y acusaciones contrapuestas. El uno los dirigió hacia el actual presidente, Iván Duque, y el otro hacia los excombatientes reincorporados.

Colombiacheck, dentro de su serie de verificaciones a las candidaturas que encabezan las listas al Senado, decidió chequear este cruce de señalamientos en el que cada uno de los candidatos dio una versión incompleta de la historia, ajustada a su respectiva opinión y aproximada a ciertos hechos pero desconociendo otros.

‘Solo han devuelto el 9%’: Uribe Turbay

El primero en trinar, el 7 de febrero de 2022, fue el aspirante del Centro Democrático y exsecretario de Gobierno de Bogotá. “De modo que las FARC solo han devuelto 9% de la riqueza que consiguieron asesinando colombianos y ahora se burlan de las víctimas desconociendo su obligación de repararlas”, escribió Uribe.

Al ser consultado por Colombiacheck sobre la base de su afirmación, a través del equipo de comunicaciones de su campaña, respondió que “la fuente es un informe del gobierno nacional que es citado en la nota de RCN Televisión”. Adjunta envió una publicación en Twitter del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, que a su vez remite al video de la nota correspondiente publicada en la cuenta oficial del informativo.

Cuando creíamos que las Farc habían batido todos los récords del cinismo, aparece hoy @TimoComunes con esto 👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/r54iD2AFwU

— José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) February 8, 2022

La noticia recoge las respuestas que dio Rodrigo Londoño, dirigente de Comunes y antes máximo comandante de las FARC conocido como ‘Timochenko’, a los cuestionamientos sobre la entrega de bienes en una rueda de prensa; las reacciones de algunas víctimas y del consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, y las cifras del caso.

El exjefe guerrillero dijo que “sería un hecho inédito en el mundo que un grupo subversivo, que estaba peleando contra el Estado tuviera la potestad de reparar económicamente a las víctimas” y que los excombatientes habían cumplido con la entrega del listado de bienes estipulado en el acuerdo (punto 5.1.3.7). Lo afirmó en la conmemoración del aniversario 19 del atentado de ese grupo contra el Club El Nogal en Bogotá.

Archila habló de “malos resultados de la identificación y entrega de los bienes”. Agregó que ya se había cumplido el plazo y que esto está en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado con beneficios penales que se pueden perder si se incumplen los compromisos con los derechos de las víctimas, como el de la reparación.

Según RCN, “el más reciente informe del Gobierno Nacional da cuenta de que los exguerrilleros han entregado solo el 9% de los bienes en su poder”. La cifra correspondiente a ese valor que apareció en pantalla es la de 44.000 millones de pesos frente a 500.000 millones en bienes monetizables, es decir, convertibles en dinero.

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación había informado que, hasta el 31 de diciembre de 2021, se habían monetizado 42.700 millones de pesos. Hasta el 31 de enero de 2022 se mantenía la misma cifra, según publicó en la actualización más reciente, el 24 de febrero.

El proyecto Barómetro del Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, que monitorea el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo del Teatro Colón con base en entrevistas y reportes de las partes por encargo del mismo texto (punto 6.3.2), tiene una cifra similar con corte a octubre de 2021. En ese momento, iban 42.765 millones de pesos, informa la investigadora de ese centro académico Natalia Restrepo Ortiz.

Esta información alimenta a la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI). Esa dependencia integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y el de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), dos organizaciones de la sociedad civil, publicó su décimo informe, el más reciente, en octubre de 2021 pero tiene el corte de los bienes entregados en diciembre de 2020, con 42.680 millones de pesos.

Cabe recordar que los observadores internacionales son los expresidentes Felipe González, de España, y José Mujica, de Uruguay. La CSIVI, por su parte, está compuesta por representantes de las extintas FARC y del Gobierno.

La fuente de los datos en todos los caos es la Sociedad de Activos Especiales (SAE), empresa estatal encargada de recibir los bienes y administrarlos. Así, la diferencia en los primeros 10 meses de 2021 fue un aumento de apenas 85 millones de pesos.

El total monetizable de los bienes de las FARC, según la citada secretaría, era de 548.078 millones de pesos. Esto coincide con la información del Kroc y con las cuentas de Archila en un comunicado del 18 de febrero de 2022, donde redondea las entregas a los 43.000 millones de pesos de un año antes. Es decir que estos bienes en realidad a duras penas rondan el 8% de lo que se esperaba en principio.

A pesar de que Uribe Turbay se aproxima a esa cifra, omite elementos de contexto que destacan los informes de verificación. El proceso ha tenido dificultades administrativas e incluso en materia de seguridad que dependen del gobierno Duque total o parcialmente.

Una de las dificultades fue, de hecho, el establecimiento de fechas límite para la entrega con los decretos 205 y 1080 de 2020. “Según los delegados de las extintas FARC-EP, el establecimiento de los plazos para la entrega de los bienes no fue consultado con ellos, sino que fue establecido de manera unilateral por el Gobierno Nacional”, registró el Instituto Kroc en su quinto informe.

Este documento tiene corte a noviembre de 2020. Por eso también está enfocado en las dificultades adicionales en la implementación en general que surgieron por las medidas para enfrentar la pandemia de COVID-19, como las restricciones a la movilidad.

Aunque, de todas formas, las dos partes pudieron acordar un cronograma de trabajo, justamente el segundo decreto fue una prórroga de seis meses al primero por la crisis sanitaria. De esta manera, el término definitivo quedó estipulado para el 31 de diciembre de 2020.

Una vez pasó esa fecha, “la SAE dejó de requerir a las FARC-EP para el proceso de entrega”, señala la respuesta del Barómetro a la consulta de Colombiacheck. La explicación de la entidad, detalla Retrepo Ortiz, es que el cumplimiento del plazo la dejó dependiendo más de los avances de la exguerrilla:

“Ahora están más a disposición de las FARC. Si las FARC se acercan y les dicen: ‘identificamos este otro inmueble’ o ‘ya podemos entregar este otro’... la SAE empieza a realizar todas las actividades logísticas y operativas para formar una comisión, ir a terreno y poder identificar el bien; pero si eso no pasa, la SAE no está encima de ellos constantemente”.

Otra queja de los excombatientes recogida por los verificadores de la implementación es que la falta de seguridad dificulta el acceso a las zonas donde antes tenían control armado y en las que se encuentran, por ejemplo, muchos de los inmuebles inventariados.

Incluso el exguerrillero Jorge Iván Ramos o ‘Mario Morales’ fue asesinado por el ELN el 28 de agosto de 2020 en el sur de Bolívar mientras adelantaba labores de identificación de bienes. En una audiencia ante la JEP en diciembre del mismo año, Pastor Alape, delegado de Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación, lo calificó como un caso “emblemático” entre los asesinatos de firmantes de la paz, que ahora suman 326 víctimas.

Alape también dijo que se han perdido, entre otras cosas, cabezas de ganado que hacían parte del listado presentado por las antiguas FARC para la reparación. Desde febrero de 2019, la misma SAE había publicado un comunicado en el que evidenciaba que 7.746 semovientes de los 24.456 reportados en un inicio (3 de cada 10) ya no podrían ser entregados para su monetización, pues aparecían como “hurtados, desaparecidos o incautados”. Lo mismo, aunque en menor proporción, con vehículos, muebles y enseres.

En algunos casos, son bienes tomados por las disidencias. “Grupos criminales, que hicieron parte de las desmovilizadas FARC, buscan retomar las propiedades entregadas, lo que ha desencadenado una ola de violencia en el sur y centro de Colombia”, reportaba Insight Crime, medio especializado en crimen organizado, en julio de 2021.

A todo lo anterior se suma el intercambio de acusaciones entre ex-FARC y Gobierno sobre la responsabilidad frente a la custodia de los bienes hasta la entrega. Dado que el acuerdo no le pone esa función a ninguna de las partes de forma explícita, cada una culpa a la otra por las pérdidas en el proceso.

Por otro lado, la diversidad y complejidad de procedimientos administrativos que cambian según el tipo de bien. Restrepo recuerda que “los lingotes de oro fueron de los primeros bienes que se entregaron en 2017 pero hasta 2020 se pudo tener un resultado”, cuando fueron subastados. De hecho, el patrimonio autónomo al que deben ir los recursos de todas estas monetizaciones fue constituido apenas en abril de 2021.

Para el Kroc, “es posible que las responsabilidades se encuentren compartidas” entre las extintas FARC y el Estado. De manera que la afirmación de Miguel Uribe, según la cual el desmovilizado grupo solo ha entregado el 9% de sus bienes para la reparación de las víctimas del conflicto, es “verdadera pero…” porque se aproxima a la realidad, excepto en que desconoce que el Gobierno también ha influido en el retraso para el cumplimiento de este punto del acuerdo.

‘Entregamos el listado’: Gallo Cubillos

El 17 de febrero de 2022, el turno de trinar le correspondió al senador y candidato a la reelección de Comunes, quien publicó un video en el que calificaba como “inadmisible, desde todo punto de vista, que el presidente Duque se pasee por el mundo mintiendo” y agregó que rechazaba “sus aseveraciones de que no se ha cumplido con la reparación a las víctimas por parte de los firmantes de la paz”.

El mandatario estaba de viaje en Europa. Desde la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, había declarado a medios que “el Estado ha venido cumpliendo su papel” en la implementación de la paz y que, por el contrario, “los aportes para la reparación de las víctimas por parte de los victimarios han sido irrisorios y, por lo tanto, tiene que hacer su valoración la justicia transicional”.

En su respuesta por Twitter, Gallo señaló que Duque “sabe perfectamente que la responsabilidad de la reparación le corresponde al Estado”. Enseguida afirmó: “Nosotros le entregamos al Estado colombiano, a través de Naciones Unidas, el listado de bienes y es por su incapacidad, señor presidente, que el gobierno suyo no ha sido capaz de ponerles mano a esos bienes”.

El compromiso de las FARC en el acuerdo era, literalmente, entregar ese listado mientras estaban en su proceso de dejación de armas, en 2017. En ese momento, su monto fue avaluado en 1 billón de pesos pero de inmediato surgieron críticas sobre su contenido porque incluía desde obras viales, pasando por inmuebles sin la información suficiente para ubicarlos, hasta implementos de aseo. Por eso el valor se redujo casi a la mitad.

En una columna para el diario El Espectador, el abogado penalista Camilo Burbano, actualmente profesor de la Universidad Externado, escribió en ese entonces:

“...Aunque se critique que el listado incluya elementos de poco o ningún valor, en realidad se está cumpliendo con lo pactado. En el Acuerdo de Paz, la entrega de bienes para reparar a las víctimas no es claro. Solo en algunos párrafos las FARC se comprometen a ‘inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos’. Y todo es todo, lo relevante económicamente y lo que no lo es”.

“Tampoco puede perderse de vista que muchos de estos bienes se adquirieron de manera ilícita en el contexto de un conflicto armado, por lo que no es posible –o no en todos los casos– exigir que entreguen matrículas inmobiliarias, escrituras o títulos de propiedad. Las FARC tienen razón al incluir ‘activos’ que a juicio del Fiscal son insubstanciales y en no aportar algunos requisitos formales de los bienes. Pero eso no las exime de identificarlos de la mejor manera y garantizar su entrega. Por otro lado, hay varios ítems del listado que no se pueden tener en cuenta para reparar a las víctimas, porque no son monetizables o no se pueden entregar como carreteras y armas…”

Aunque el acuerdo hablaba solo de un listado, el Decreto Ley 903 de 2017 que reglamentó por primera vez el proceso de entrega se refería a un “inventario definitivo de sus bienes y activos”. Restrepo Ortiz, del Instituto Kroc, explica que la SAE en principio no consideró que lo entregado por las FARC correspondiera con esta disposición precisamente por algunos de los problemas citados en la columna de Burbano.

Un ejemplo que pone la investigadora es que las FARC podrían haber puesto descripciones generales tipo “el lote al lado de la casa amarilla en el pueblo tal” pero sin tener las coordenadas claras, por lo que esos inmuebles no eran identificables de esa forma para las autoridades. Esto alargó el proceso para que el Estado pudiera acceder a ellos, sobre todo en el caso de los inmuebles.

Por supuesto, el problema se relaciona con la histórica informalidad en la propiedad de la tierra en Colombia. Sin embargo, también con una “baja coordinación” y hasta diferencias de lenguaje entre los mismos excombatientes que “se evidencia en el flujo de información entre los enlaces nacionales y territoriales para el proceso de identificación y entrega efectiva”, señala el Kroc.

“Si bien hay una responsabilidad en el nivel nacional de unos delegados de las extintas FARC que tenían a su cargo la coordinación de ese proceso, lo cierto es que la identificación de los bienes se hace en el territorio donde están los bienes con el enlace territorial de lo que ahora se denomina como el componente Comunes”, resalta Mateo Gómez Vásquez, líder del Barómetro. Es ahí donde hay una descoordinación que, según el instituto académico, persiste hasta la actualidad.

Los investigadores han encontrado que este problema explica algunos contrastes regionales en el proceso, pues no en todos los territorios es igual. Restrepo expone estos matices:

“Por ejemplo, la SAE nos explicaba que, en sitios donde se han logrado entregar más bienes, las personas que estaban al frente del tema tenían más comunicación y contacto con los enlaces territoriales. La mayoría eran del bloque Noroccidental mientras que, por ejemplo, en el bloque Caribe no se designó ni un solo enlace, para el bloque Magdalena Medio la información era mucho menor, para el Sur en algún momento se tenían enlaces pero después la información fue insuficiente”.

Así que, a pesar de las responsabilidades que le pueden caber al Estado y que se señalaron en el chequeo a Miguel Uribe, las antiguas FARC cumplieron con entregar el listado pero también han tenido sus propias fallas que han dificultado el proceso de entrega de bienes. El Kroc concluye en su respuesta que:

“En este sentido, es factible en este caso que las responsabilidades se encuentren compartidas entre las extintas FARC-EP, que no ha logrado los niveles de coordinación adecuados con sus enlaces a nivel territorial, y las autoridades encargadas de garantizar la seguridad para que los flujos de información y de entrega de bienes se puedan llevar a cabo”.

Por tanto, la afirmación de Gallo Cubillos también es “verdadera pero…”.