Según un mensaje que circula en redes sociales, la exrepresentante conservadora Aída Merlano se reunió con la Fiscalía en septiembre pasado, antes de fugarse, y, a cambio de garantías procesales y medidas de seguridad, le entregó pruebas que relacionarían a varios caciques de la costa atlántica con corrupción.

El texto presenta esto como “las razones de su obligada fuga”. Además, señala que las revelaciones se dieron “ahora que salió [el exfiscal general] Néstor Humberto Martínez” del ente acusador, un hecho que ocurrió cuatro meses antes del famoso escape.

El contenido es falso porque esa diligencia nunca se realizó y, aunque el proceso de la excongresista sí salpicó a algunos caciques de la costa, el escándalo está lejos de las dimensiones que dice ahí. La mayoría de las personas señaladas por la cadena no tiene nada que ver con el caso.

El contenido es casi el mismo de una nota publicada el pasado 31 de mayo por un portal de Barranquilla. Esa supuesta “primicia”, que no da ninguna pista sobre el origen de la información, no apareció en ningún otro medio local ni nacional. Ese día, todos estaban pendientes de la posesión de Soledad Tamayo como reemplazo de Merlano en el Senado.

Nadie más habló de la tal cita que, según el texto, la exrepresentante tenía en esa misma fecha para entregar el copioso material probatorio compuesto por testimonios, documentos, audios y videos. Ni siquiera hubo un comunicado de la Fiscalía al respecto.

El abogado de la excongresista, Bladimir Cuadro Crespo, le dijo a Colombiacheck que no participó de “ninguna diligencia” con el ente acusador mientras la asistió. Esto fue durante toda la etapa de juicio, que empezó en noviembre de 2018, casi seis meses antes de la renuncia de Martínez, y terminó el pasado 12 de septiembre con la sentencia condenatoria a 15 años de cárcel en su contra por corrupción al sufragante (compra de votos), concierto para delinquir y tenencia ilegal de armas.

Tras el fallo, “ella se mostró interesada [en colaborar con la justicia] y pidió que se iniciaran los acercamientos con la Fiscalía”, según le dijo el defensor al diario El Espectador. La primera reunión con ese propósito estaba programada para el martes 1 de octubre, el mismo día que la exparlamentaria se escapó en medio de una cita odontológica.

Lo que sí es cierto es que el caso de Merlano ha salpicado a poderosos políticos de la costa atlántica.

Al condenarla, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigar al empresario y financiador de campañas Julio Gerlein (hermano de Roberto, el excongresista), los senadores Arturo Char y Laureano Acuña; los diputados Margarita Balén, Jorge Rangel y Adalberto Llinás; la excandidata a la Cámara y hermana de este último Lilibeth Llinás; el primo de ambos, exesposo de la excongresista y concejal Carlos Rojano, así como los también cabildantes Aissir Castro, Vicente Támara y Juan Carlos Zamora; entre otras personas vinculadas a la líder política.

Como van los procesos, según El Heraldo, los colaboradores menos conocidos de la campaña de la excongresista, algunos de los cuales fueron capturados en el allanamiento a su sede en abril de 2018 con el que estalló el escándalo, ya llegaron a preacuerdos con la Fiscalía y esperan sus respectivas sentencias. Mientras tanto, Gerlein y los demás dirigentes mencionados de los partidos Conservador y Cambio Radical se preparan para enfrentar sus juicios.

Sin embargo, esto no prueba que haya existido la supuesta reunión ni la entrega de pruebas contra nueve familias políticas de la costa atlántica, el presidente Iván Duque, el expresidente y senador Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el banquero Luis Carlos Sarmiento y un largo listado de personas, instituciones públicas y empresas privadas que ni siquiera aparecen mencionadas en la sentencia contra Merlano pero sí en la cadena. Así, el contenido del mensaje es falso.