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Lunes, 21 Octubre 2019

La falsa historia de Juan Carlos Cárdenas y los correos de Cémex Perú

Por Vanguardia

El candidato a la alcaldía de Bucaramanga estuvo involucrado en un escándalo en Perú hace más de una década, pero ya se comprobó que las pruebas principales habían sido manipuladas.

Varias publicaciones en redes sociales han retomado la noticia de la filtración de unos supuestos correos que involucraban a Cemex Perú y a su gerente en 2007, Juan Carlos Cárdenas (actual candidato a la Alcaldía de Bucaramanga), en un presunto caso de corrupción. ‘No sea Pingo’ y RedCheq verificaron y encontraron que todo se aclaró en 2010, pues se comprobó que los correos fueron manipulados y por ello la afirmación es falsa.

Estas pruebas hacen parte de una investigación más grande conocida como el caso BTR, que alcanzó a salpicar al círculo cercano del expresidente peruano Alan García por una trama de corrupción que incluía espionaje electrónico, hackeo de datos e interceptaciones telefónicas y de correos. Entre los hallazgos se encontró que los correos fueron hackeados y manipulados, en el marco de la llamada Guerra del Cemento en Perú.

Reconocidos medios de comunicación peruanos como La República, El Comercio y la Revista Caretas han reseñado esta investigación, que tuvo como conclusión la condena por siete años de prisión contra los principales implicados en el Caso Bussines Track (BTR), Elías Ponce y Carlos Tomasio, mientras que la analista Giselle Giannotti recibió una sentencia de cinco años, por los delitos de interceptación de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir. 

Esta última aceptó poseer 68 correos electrónicos ‘hackeados’ por espías de BTR a Cemex Perú, luego de que le incautaron cuatro USB. Aquí la nota publicada en 2010 por el diario La República: Giannotti aceptó posesión de e-mail hackeados a Cemex.

El correo que está circulando

Pero, ¿cuál es el correo electrónico que está circulando en el marco de estas elecciones regionales?

Se trata de una imagen de un supuesto e-mail en donde Jaime Carbajal, socio y colaborador del exministro de Salud, Hernán Garrido-Lecca, le dice a Cárdenas lo siguiente: “Efectivamente estás en lo correcto. Hernán se ha ido a Pisco expresamente para verificar que todo el cemento que se use en la reconstrucción sea el de ustedes”.

Esto supuestamente en el marco de una conspiración entre funcionarios del gobierno de Alan García y la cementera para bajar los aranceles y garantizar que se use el cemento de Cemex en la reconstrucción de Chincha, Pisco e Ica, ciudades afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007.

Esta es una copia del supuesto correo electrónico.

El supuesto correo de origen es jcarbajal1902@hotmail.com y el de destino, juancarlos.cardenas@latinamerican.com.pe. Según Julián Silva Cala, de la campaña de Juan Carlos Cárdenas, el candidato nunca usó ese correo electrónico.

Uno de los primeros en retomar este e-mail y difundirlo en redes sociales fue Gustavo Rugeles, periodista de El Expediente, quien publicó dos trinos.

El primer trino hace referencia a una supuesta nota publicada por la Revista Caretas de Perú, pero el link que se incluye en la publicación redirige a la página principal del medio de comunicación.

En el segundo de ellos, Rugeles cita al portal de noticias santandereano caracter.co, que en efecto sí publicó una noticia relacionada con este correo electrónico, pero luego la eliminó.

Otro portal que publicó un artículo relacionado con este e-mail es HSP, en el que advierte que en el año 2007, según una investigación de la Revista Caretas, Cárdenas “coludió con autoridades del Perú para garantizar que todo el material de cemento utilizado en la reconstrucción luego del terremoto de 2007, fuera el de Cemex”.
 
Posteriormente, se agrega: “El escándalo no pasó a mayores y fue tapado por la maquinaria publicitaria de Cemex”.

Además, varios usuarios de Twitter y Facebook han divulgado el correo electrónico y la versión de una supuesta investigación en contra de Cárdenas y la probabilidad de que sea procesado o condenado en el futuro por la Justicia de Perú.

El caso BTR y el espionaje industrial

Si bien es cierto que el mencionado correo electrónico se divulgó en Perú y que entonces Juan Carlos Cárdenas era gerente de la empresa en ese país, al final la historia terminó siendo mucho más compleja.

Según reseñó el artículo publicado por el diario La República sobre los ya mencionados correos en la USB de Giannotti, se trataba de “correos manipulados con el propósito de vincular a cementera mexicana con presuntos actos de corrupción de funcionarios del gobierno”.

Ese mismo reportaje hace mención del e-mail donde se menciona a Juan Carlos Cárdenas.

Posteriormente se comprobó que esta empresa, BTR, tenía contratos por al menos 210.000 dólares con la empresa Cementos Lima, pero desde esa compañía negaron que estuvieran involucrados en un caso de espionaje industrial y que el contrato fuera para hackear o perjudicar a la competencia.

Por otro lado, el periodista Gustavo Gorriti, uno de los más reconocidos de Perú y que por años ha colaborado con la Revista Caretas, publicó un artículo que fue replicado en el diario La República. En este hace un recuento de lo que él llamó: ‘Los correos truchos’ (en Perú, ‘trucho’ hace referencia a algo falso).

En el artículo, el veterano reportero indicó que fue llamado como testigo (en 2011) por el caso BTR y que esto le llevó “releer notas sobre este caso” y a retomar la historia de los correos falsos que le llegaron en agosto de 2008 al entonces congresista Guido Lombardi, quien “se preparaba a dar a conocer el caso de los Petroaudios”. Entre ellos estaba el supuesto email donde figura el nombre de Juan Carlos Cárdenas. 

En el artículo, Gorriti cuenta cómo el mismo Lombardi, horas antes de que hiciera los hiciera públicos comprobó que varios correos eran falsos y por ello desistió de hacer la denuncia.

La explicación de Cárdenas Rey

Nos comunicamos con Cárdenas y nos dijo que “la empresa, BTR, creó unos correos falsos con una cuenta de correo que yo nunca usé”. 

De igual forma, de los ocho correos mencionados en la denuncia, se encontró que varios atribuidos al exministro de salud peruano Hernán Garrido Lecca y su socio Jaime Carbajal no les pertenecían. Ese sería el caso de los mails inventor21@hotmail.com, inventor21@yahoo.com, jcarbajal1902@hotmail.com.

Cárdenas contó que antes de hacer públicos los correos, la periodista Cecilia Valenzuela se comunicó con él y lo cuestionó sobre el tema.

“Si usted lee el contenido de los correos verá que quien los redactó es como si fuera de nacionalidad mexicana porque ahí salen términos como ‘orale wey’ o ‘no mames’”, comentó Cárdenas, quien dijo que le preguntó a la periodista si sabía la nacionalidad de la persona que redactó los correos. Ella le contestó que mexicana. “Entonces saqué yo la cédula y le dije que era colombiano”.

Parte de estos hechos se corroboran en la nota del portal peruano ‘En línea’: "Serían falsos los nuevos mails entre Garrido Lecca, Jaime Carbajal y otros".

Cárdenas agregó no tiene investigaciones en Perú relacionados con esos correos electrónicos y lamentó que se esté usando algo que pasó hace más de 10 años en Perú y que fue aclarado entre 2010 y 2011 para perjudicar su campaña a la Alcaldía de Bucaramanga.

RedCheq

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Cuestionable

Miércoles, 18 Septiembre 2019

Cdmb no le negó a Minesa la posibilidad de explotar minería en Soto Norte como dijo Fredy Anaya

Por Vanguardia

Si bien la Cdmb determinó que el proyecto minero Soto Norte no tiene un correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, este concepto técnico no es vinculante, la decisión final de la explotación minera en cercanías del Páramo de Santurbán está en manos de la Anla.

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya aseguró en el debate del canal TRO realizado el 10 de septiembre que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb (la autoridad ambiental regional), le “negó a Minesa la posibilidad de explotar la minería en Soto Norte”, al hacer referencia al concepto técnico que ese mismo día se hizo público.

Vanguardia volvió a consultarle a Anaya sobre el tema y el candidato se ratificó y dijo que la afirmación es cierta. 

Posteriormente, indicó: “Que la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) se la dé (otorgue la licencia para explotar minería) es otro problema. Lo que hizo la Cdmb fue dar un concepto y en el concepto se le negó la posibilidad a Minesa de explotar cerca al páramo de Santurbán”.

El concepto al que se refiere el candidato es el ‘Concepto técnico sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales del Proyecto Soto Norte de explotación subterránea de minerales Auroagentíferos en el marco del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Minesa S.A.S.’, emitido por la Cdmb.

En dicho documento, la entidad ambiental asegura que el proyecto minero Soto Norte de Minesa no tiene un correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

“Nosotros revisamos cada uno de los permisos y con la información que en este momento tiene el proyecto no hay viabilidad”, explicó Martín Camilo Carvajal, director de la Cdmb a RedCheq.

Esto, aseveró Carvajal, se refiere específicamente a concesiones aguas, permisos de vertimiento, ocupaciones de caudal, permiso de emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal.

“En el tema de recursos hídricos, los estudios que ellos (Minesa) presentan tienen muchas inconsistencias para una fuente hídrica, se presentan valores diferentes de caudales, entonces eso es una inconsistencia fuerte y especialmente hay un elemento crítico y es que los caudales de las fuentes hídricas no se mantienen constantes durante una época anual, hay una épocas de estiaje donde se presenta la condición crítica y es donde se vuelve el referente para poder determinar si la fuente hídrica cuenta con el recurso que le permita autorizar la captación y el uso del recurso para las necesidades del proyecto”, aseguró Carvajal.

Sin embargo, la Cdmb no es la entidad competente para negar el proyecto minero de Minesa.

Según Lilia Roa Fuentes, bióloga de la UIS y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por decreto único del sector ambiental y por el tamaño de la obra, la jurisdicción es de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

“La Anla solicita a la corporación (Cdmb) un concepto técnico. La autoridad tiene que tomar el concepto de la Cdmb y decidir sobre el futuro del proyecto. Y ese concepto no es vinculante, la decisión por decreto único del sector ambiental es de la Anla”, explicó la experta. 

En otras palabras, el concepto de la Cdmb sobre el proyecto de Minesa no es de obligatoria aplicación. La corporación ambiental regional cumplió con su papel al realizar los estudios que generaron el concepto técnico, pero la Anla puede tomar una decisión independiente a dichos resultados. 

Sobre el tema, la Anla aseguró que el concepto de la corporación hace parte del procedimiento normal de evaluación y se le dará un tratamiento similar al de todos los pronunciamientos que se reciben en cada trámite que evalúa la entidad.

El tire y afloje con la explotación minera en Soto Norte

El interés por las riquezas que esconde el páramo de Santurbán es un asunto de décadas atrás. De hecho, los habitantes de la provincia Soto Norte se definen como pueblos de tradición minera, pues por años esta ha sido la actividad principal de la región.

Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos se impulsó la llamada 'locomotora minera energética' para favorecer el crecimiento económico del país. Esto facilitó que en Santander aumentara la asignación de títulos para la explotación de metales como el oro, para los mineros artesanales y las multinacionales.

En el departamento surgió la primera preocupación con la llegada de la canadiense Greystar, que pretendía ejecutar un proyecto de minero a gran escala y a cielo abierto que los ambientalistas advirtieron que afectaba el páramo de Santurbán y se pondría en riesgo el suministro de agua en zonas aledañas como en las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta. Por tal motivo, una multitud marchó en febrero de 2011 contra esta compañía, que luego se llamó Eco Oro.

Al tiempo de los procesos mineros, está la limitación del Páramo. Por lo que el 8 de enero de 2013, el Gobierno Nacional declaró que las 11.700 hectáreas del Parque Natural Regional del Páramo de Santurbán no eran suficientes para proteger el ecosistema estratégico.

En qué va la delimitación

Tras la presión social, en diciembre de 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció una nueva delimitación del páramo. Se protegió el 76 por ciento de la zona, es decir, 98.954 hectáreas de las 129.743 existentes. Dentro de estas operaba gran parte del proyecto Angostura de Eco Oro.

Sumado a esto, en febrero de 2016, un fallo de la Corte Constitucional prohibió la actividad minera en los páramos, por lo que se imposibilitó la explotación por parte de la empresa canadiense, a la que la Agencia Nacional de Minera, ANM, le suspendió la licencia en 2016.

Entre tanto, la delimitación del Páramo de Santurbán sigue sin definirse. En 2017 la sentencia T-361 de la Corte Constitucional dejó sin efectos la Resolución 2090 de 2014, con la que el Gobierno había delimitado el páramo. 

Según el fallo, no se garantizó la participación ciudadana, por lo que ordenó que se adelantará una nueva delimitación, teniendo en cuenta la opinión de los habitantes de la región.

Aunque la nueva delimitación debió entregarse el 16 de noviembre de 2018, el Ministerio de Ambiente solicitó prórroga hasta diciembre próximo para realizar encuentros de socialización en diferentes poblaciones de Santander y Norte de Santander.

En junio pasado el Tribunal Administrativo de Santander le concedió un nuevo plazo para que el Gobierno entregue la nueva delimitación a más tardar el próximo 18 de diciembre.  

Compañías interesadas en explotar

Ante la negativa de realizar explotación de minerales en el área en donde Eco Oro adelantaba la fase exploratoria durante 20 años, la compañía presentó en marzo pasado su renuncia al contrato de concesión minera en el Páramo de Santurbán. 

La solicitud fue aceptada por la ANM y posteriormente el Estado fue demandado por 764 millones de dólares el año pasado, en medio de un proceso de arbitramiento internacional.

Otro de los títulos mineros en el área de influencia del páramo de Santurbán pertenecía a la compañía AUX, que pertenecía a Eike Batista, el exmultimillonario que fue condenado a 30 años de prisión por corrupción en Brasil.

Luego de que Batista quebrara en 2014, la minera pasó a manos al fondo Mubadala de Abu Dabi y se constituyó Minesa. En 2017 la compañía presentó un primer Estudio de Impacto Ambiental, que retiró en marzo de 2018. 

Tras realizar ajustes, en enero pasado presentó un nuevo estudio ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, que decidirá si avala o no el proyecto.

¿Cuáles empresas mineras están en la zona del páramo?

En el área de la resolución 2090 de 2014, es decir, dentro del Páramo de Santurbán y que tienen algún instrumento ambiental, hay siete empresas mineras: Sociedad Minera Reina de Oro, Sociedad Minera La Providencia, Sociedad Minera Trompetero, Sociedad Minera La Elsy, Sociedad Minera La Nueva Elsy, Minera Vetas y Eco Oro, según dio a conocer la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga, Cdmb, en junio pasado.

En esta zona existen otras compañías como Aux Gold, Continental Gold de Colombia, Oro Barracuda, Galway, Empresa minera San Antonio de Yolombó, Sociedad minera La Esmeralda y Anglogold Ashanti Colombia, que aunque tienen títulos mineros, no tienen permisos ambientales.

En el caso de Minesa, ésta no se encuentra dentro de esta área, aclaró la corporación.

En cualquier caso, ya que la Cdmb no tiene la última palabra sobre Soto Norte, calificamos la afirmación de Anaya como cuestionable.

RedCheq