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Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.

 

Viernes, 08 Junio 2018

La información del narcotráfico que aún no entregan las Farc

Por Laura Camila Pinilla

Aunque los desmovilizados de la exguerrilla tienen el deber de revelar todo lo que sepan sobre los eslabones del narcotráfico, aún no lo han hecho. La lentitud en la implementación del acuerdo retrasa el conocimiento de la verdad.

Aunque en esta segunda etapa de campaña el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ha moderado su lenguaje en cuanto a lo que hará con el acuerdo de paz con las Farc, en redes sociales aún circula un video en el que Duque expone su dura postura frente a la eficacia de los mecanismos de justicia transicional de ese acuerdo.

El video empezó a rodar desde que el exguerrillero Jesús Santrich fue puesto preso con fines de extradición, por la presunta participación en un envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero el candidato también ha expresado su inconformidad en otros espacios, como un foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde advirtió que: “ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos”.

¿Qué tan cierta es esta afirmación? Colombiacheck le puso el ojo a esta frase.

Como lo contamos en otro chequeo, en el que indagamos si los excombatientes tenían la obligación de delatar a quienes hacen parte de la cadena de narcotráfico, el cuarto punto del pacto final indica:

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades.

Lo anterior significa que los exintegrantes de las Farc que hayan estado involucrados en temas de narcotráfico tienen el compromiso de entregar todo tipo de información relacionada con esta dinámica ilícita. La Jurisdicción Especial para la Paz, institución encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto, hasta el momento no ha recibido esta información.

Según Hernando Salazar, jefe de prensa de la JEP, “los expertenecientes a las filas de las Farc que se sometieron a la JEP todavía no han venido a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de nexos y conductas. Este es un tema de tiempos. Se sometieron pero no han hecho llegar esta información en particular”, afirmó Salazar.

Aunque es cierto que luego de la firma del Acuerdo de paz los exmilitantes no han entregado los datos de su modus operandi en el narcotráfico, hay que tener en cuenta que el proceso apenas está comenzando. La JEP, junto con el Sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición no ha convocado a las personas que deben comparecer porque, por el momento, está recogiendo los informes de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales sobre el conflicto y los informes que le lleguen de la Fiscalía.

Este proceso de planificación pondría a disposición de los funcionarios de la JEP toda la información de contexto y expediente criminal de cada reintegrado para hacer las convocatorias pertinentes en los próximos meses.

Además de esto, el eslabón perdido del tema del narcotráfico está en los antiguos frentes que no se acogieron al proceso de paz. Fuentes oficiales y extraoficiales afirman que las rutas quedaron a cargo de las disidencias que continuaron con el narcotráfico. Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en abril de este año, un argumento para explicar las disidencias de las Farc está, entre muchas razones, en la presión que ejercieron los narcotraficantes de la zona para continuar con esta dinámica.

También, InSight Crime, portal informativo dedicado al análisis e investigación del crimen organizado, señaló que el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos.

Un ejemplo de esto es el Frente 1 de las Farc, la disidencia que controla los cultivos de coca en tres municipios de Guaviare: San José́ del Guaviare, Calamar y Miraflores; además, maneja dos rutas internacionales para el envío de cocaína, según InSight Crime.

La FIP publicó también una infografía que expone la economía de guerra de los grupos disidentes. Entre las actividades ilícitas de financiamiento se destaca el procesamiento y tráfico de estupefacientes, la regulación de la compra y venta de hoja de coca y pasta de coca, producción de cocaína, microtráfico y narcotráfico.

La anterior información da cuenta de que mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está trabajando de acuerdo con las etapas establecidas, el narcotráfico está volviendo a ganar terreno en las zonas de asentamiento de los grupos disidentes. Esto, en parte, puede ser respuesta a los vacíos y demoras en la ejecución del acuerdo.

 

* Laura Camila Pinilla: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: Ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático

    Fuentes: Fundación Ideas para la Paz, InSight Crime, Jurisdicción Especial para la Paz, documento del acuerdo final entre el Gobierno colombiano y las Farc

    Contexto: foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

    Calificación: Aproximada