En Facebook se está compartiendo una imagen que acusa a Juan Manuel Santos de ser un ladrón, haciendo referencia a una nota publicada por el portal Oiganoticias.com con el títular “Ministra de Noruega denuncia a Santos por robarse dineros donados para la paz.” 

Esto es falso, en su visita a Colombia la primera ministra simplemente habló de la importancia de la transparencia. Las demás pruebas que da el portal son exageraciones y verdades a medias.
 
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, que vino a Colombia en abril de 2018 y no recientemente como sugiere la nota de Oiganoticias, no acusó a Santos de haberse robado dineros del posconflicto, ni tampoco acusó a su gobierno de “manejos turbios”. En cambio, simplemente habló de la importancia de la transparencia. “Hay que tener presente que necesitamos contar esa institucionalidad, la transparencia y todo esto, para empezar a ejecutar los recursos”, dijo durante su visita a Bogotá según una nota de Blu Radio del momento.

Lo que sí sucedió fue que en marzo de 2018 los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le enviaron una carta al viceministerio de hacienda del momento, Andrés Velazco, pidiéndole convocar una reunión extraordinaria para preguntar por qué se finalizó el contrato de la funcionaria Marcela Huertas, cabeza de la Unidad Técnica Consultiva del Fondo Colombia Sostenible, que maneja los cerca de 200 millones de dólares que estos países donaron para el posconflcito. Los embajadores querían preguntar por el proceso de selección de quien reemplazaría a Huertas y concluían la carta diciendo que “la experiencia de los últimos meses ha mostrado que es necesario reforzar el funcionamiento de las instancias y el cumplimiento del reglamento del Fondo para facilitar el trabajo del quien asuma este rol en el futuro”.

Un mes después, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló la existencia de esta carta y, además, la de un memorando confidencial anterior a la carta en el que los mismos embajadores expresan “preocupación general sobre la gestión integral del Fondo Colombia Sostenible” y piden “establecer una ruta clara para que la ejecución de los recursos no tenga más dilaciones y se dé de una manera completamente transparente”.

En respuesta a lo publicado por El Tiempo, el Comité Directivo de Colombia Sostenible, que está conformado por el gobierno colombiano y por los mismos embajadores de Noruega, Suecia y Suiza que habían enviado la carta, emitió un comunicado a la opinión pública en el cual “aclara que cuando se pide mayor transparencia, se hace referencia a la necesidad de poner a disposición del público la información sobre la operatividad de Colombia Sostenible (...). El contenido de las comunicaciones enviadas entre los miembros del Comité no se puede interpretar como dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos.” 

El comunicado además dice que el contrato de la coordinadora de la Unidad Técnica de Colombia Sostenible no se terminó sino que se decidió no renovarlo. Marcela Huertas no fue “destituida fulminantemente” ni “acusada de gravísimas irregularidades” como dice el artículo de Oiga Noticias.

Además, el embajador de Noruega, Tommy Strömberg, dijo unos días después en una entrevista con Blu Radio que “una carta que yo firmé fue destinada al Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible. Ese Fondo no ha desembolsado ni un peso. Nuestras inquietudes iban dirigidas al funcionamiento y el seguimiento de los reglamentos internos”.

Por otra parte, cinco días después de las revelaciones de El Tiempo, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez le envió una carta al Presidente Santos advirtiendo de “la existencia de una red de intermediarios que estarían interesadas en adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos”. Y una semana más tarde la Fiscalía anunció que vinculó a nueve personas a la investigación incluyendo a Marlon Marín Marín, sobrino de Iván Márquez. 

En agosto la Fiscalía imputó cargos contra tres de estas personas y una más que no había sido mencionada en la lista inicial por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. Marín no estaba entre los imputados. En los boletines de prensa de la Fiscalía no se menciona a alguno de los investigados o de los imputados como funcionario público.

Así que no es cierto que la Fiscalía haya hecho una auditoría que “arrojó los más lamentables resultados que involucran a un número muy grande de funcionarios del Gobierno de Colombia en actos inaceptables de corrupción”, como asegura la nota de Oiga Noticias. 

Además, no es la Fiscalía sino la Contraloría General de la República la que hace auditorías al gasto público. En agosto de 2018 la Contraloría publicó una auditoría al Fondo Colombia en Paz con corte al 31 de marzo de ese año en la que concluyó que “en la gestión contractual el PA FCP [Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz] cumplió con los criterios establecidos, a excepción de casos puntuales”. Así que esta auditoría tampoco “arrojó los más lamentables resultados”.