En diferentes medios, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha tratado de explicar cuál sería su plan de gobierno respecto al manejo y tenencia de la tierra en Colombia. En una entrevista al diario El Tiempo, el candidato de Colombia Humana aseguró que su iniciativa ya fue propuesta por el liberal y presidente de la República entre 1934 – 1938 y 1942 – 1945 Alfonso López Pumarejo, y que no se pudo llevar a cabo por la fuerte oposición de los grandes terratenientes e industriales de la época.

La polémica se ha centrado en la idea de “Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina”, donde llaman la atención propuestas que buscan que alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a la ganadería extensiva o no tienen uso alguno, pasen a ser productoras de alimentos; o la búsqueda de la democratización del acceso a la tierra, para lo cual se aplicaría un impuesto predial rural “con tarifas crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo”.

López Pumarejo, en lo que se conoció como la Revolución en marcha, contemplaba seis reformas: tributaria, constitucional, educativa, laboral, penal y, la que nos interesa, agraria, reglamentada por la Ley 200 de 1936. En esta última se destacan el concepto de la función social y productiva de la propiedad, y los siguientes puntos: qué se conocerá como terreno baldío, cuándo el Estado podrá aplicar la extinción de dominio sobre esos terrenos y bajo qué condiciones, qué garantías de defensa tendrían quienes se consideren dueños de esa tierra, el uso que tendría la tierra que sería únicamente agrícola respetando el ecosistema y el medios ambiente, y por último, el uso del subsuelo.

Para el economista agrícola y profesor universitario José Ignacio Díez, con respecto a las reformas agrarias que se han intentado en el país, estas “parten de la idea de que el Estado entrega tierras, y es cierto, el Estado entrega tierras, no las expropia, y estas tierras tienen que ser productivas para garantizar la seguridad alimentaria; sin embargo, estas reformas fracasan porque son tierras de muy poca productividad, requieren de mucho trabajo, son muy lejanas, no hay infraestructura: vías, electricidad, sistemas de transporte y los canales de comercialización son muy escasos, sacar esos productos desde allá no es rentable.”

Díez asegura que la propuesta de Gustavo Petro y la reforma agrícola de López Pumarejo, parten de la misma idea: entregar tierras a los campesinos para que estas sean dedicadas a cultivar alimentos, respetando el ecosistema y el medio ambiente.

Por su parte, el politólogo y magíster en estudios políticos José Luis Correa, asegura que la reforma de López Pumarejo buscaba saldar las deudas que en materia agraria había dejado la hegemonía conservadora, y con respecto al plan de gobierno de Gustavo Petro en este asunto, tiene dos lecturas. Por un lado, el hecho de que el candidato defienda el proceso de paz y el primer punto de los acuerdos de la Habana se refiere a eso, a apostarle a solucionar los problemas que siempre ha tenido el campo colombiano.

Por otro lado, la propuesta de Petro busca un modelo de redistribución de tierras; sin embargo, dice Correa, ”en el modelo ruralista hay una preocupación que no debería tenerse. Petro se preocupa por la cantidad de tierra, de cuánta tierra hay improductiva, cuanta tierra se podría distribuir… pero no se ha ocupado de responder la pregunta por la potenciación de la capacidad productiva de esa tierra, mediante la implementación de infraestructura, tecnología e innovación”.

Precisamente, la ley de Pumarejo, según Julio César Morales en su texto Incidencia de la reforma agraria de 1936 en la creación de autodefensas campesinas en Colombia, solo se quedó en el corto plazo y en el papel, gracias a la incapacidad del Estado para comprobar los títulos de propiedad sobre las tierras, la falta de financiación y tecnificación para los pequeños campesinos y la no contemplación de una cadena de valor de los alimentos producidos.

César Giraldo, en su texto Primera administración López Pumarejo: La revolución en marcha, dice: “El objetivo principal de la ley 200 del 36 era acabar con el latifundio y permitir que la tierra se vinculara al proceso productivo, minando de esta forma el poder político y económico de los terratenientes.” Y agrega: “[…] es preciso señalar, de un lado, que los propietarios reaccionaron de forma adversa a la ley, no sólo en sus debates, sino mediante la presión sobre los campesinos para que abandonaran las parcelas para evitar las reclamaciones (quema de ranchos, destrucción de mejoras), lo que generó nuevas manifestaciones de violencia.”

Petro casi que se enfrentaría a las mismas dificultades de Alfonso López: los grandes latifundistas y terratenientes estarían en su contra, al igual que el Congreso de la República donde ni él ni sus aliados lograránn mayorías con facilidad.

El profesor Díez agrega que la propuesta de Gustavo Petro es impopular pero real, ya que en Colombia, según él, el agro paga muy pocos impuestos frente a otros países de América Latina y el mundo, y en todos los países ricos y desarrollados quien no ponga a producir la tierra lo llenan de impuestos. Además, reconoce que es una medida que causa temor: “los grandes terratenientes tienen ese miedo, porque acumulan tierras y las dejan ahí baldías, en las clases medias ocurre que tienen tierras pero no tienen capital, entonces no producen, y en los campesinos o pequeños productores, no les cobran impuestos o no pagan impuestos porque a veces la tierra no ha sido legalizada. El problema es que a nadie le gusta que le cobren impuestos y se convierte en una medida muy impopular, ya sea para el que tiene mucho, o el que tiene poco.”

Además, difiere con la idea de que el Estado compre esas tierras improductivas: “no es su obligación; el Estado está es para entregar tierras, pero tierras baldías, tierras de nadie, para que la gente genere riqueza y alimentos. El quitar tierras implicaría una fuga de capitales”, afirma José Ignacio Díez.

José Luis Correa, desde su punto de vista, no encuentra mayores similitudes entre lo que propone Petro y lo que ya se trató de hacer con la Ley 200, y dice: “Con Pumarejo en materia agraria se habla de un socialismo de Estado, es decir, que no nace en las bases proletarias para tomarse el poder sino que nace desde las clases dirigentes para evitar brotes de violencia. Yo con Gustavo Petro veo lo contrario, un modelo agrario soportado en las bases sociales que quiere imponerse sobre los que están arriba; lo de López Pumarejo era una revolución de arriba hacia abajo, lo de Petro es al contrario.”

En conclusión, la afirmación del actual candidato de la Colombia Humanada es Aproximada, si bien su propuesta tiene matices de lo que fue la Ley 200 de 1936, el país se encuentra en dos contextos diferentes y no hay suficientes datos para verificar qué tan efectiva o perjudicial fue la reforma de Pumarejo y qué tan viable y efectiva será la propuesta de Petro, si este llega a la Casa de Nariño.

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.