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Sábado, 02 Septiembre 2017

¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Lo dijo María Fernanda Cabal refiriéndose a la propiedad de la tierra rural. Aunque Colombiacheck calificó, inicialmente, esta frase como verdadera, no es posible comparar la propiedad rural de las comunidades negras y resguardos indígenas, que es colectiva, con los propietarios privados; por lo que rectificamos y cambiamos la calificación a "Engañosa".

Actualización: Tras publicar este chequeo, recibimos críticas de lectores, expertos y periodistas independientes, quienes señalaron un error de interpretación en los datos. Vea aquí la rectificación y la explicación: "Nuestros lectores nos chequean".

 

Este era el texto original del chequeo:

En el programa La Tele Letal presentado por Martín De Francisco y Santiago Moure estuvo María Fernanda Cabal, bastión del uribismo y esposa de José Félix Lafourie, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán.

En dicho programa se habló de todo e incluso Moure le pidió a Cabal que se comiera un liberal (pan dulce en forma ovalada y de color rojizo), propuesta que la representante declinó. Ambos presentadores fueron incisivos a su manera y tocaron temas álgidos como la restitución de tierras, programa diseñado por el gobierno de Juan Manuel Santos, y la concentración de la tierra en Colombia.

De Francisco y Moure aludieron a una nota publicada por el periódico El Tiempo la cual dice que “según el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), el 25% de los propietarios de terrenos rurales son los dueños del 95% del campo colombiano”. Es decir, que una cuarta parte de la población del país es la dueña de casi la totalidad del campo colombiano. Cifras que, sin titubear, la representante rechazó porque según dijo, “no son ciertas”.

Cabal no solo expuso sus reservas frente a las cifras del Igac sino que fue más allá al señalar que, en cuanto a la concentración de la tierra en Colombia, “está en manos de los territorios colectivos de comunidades negras y en manos de los resguardos indígenas”, una frase que conmocionó a varios sectores de la opinión pública y al propio caricaturista Matador, quien al día siguiente publicó está viñeta:

 

 

Con el objetivo de conocer la veracidad de la afirmación hecha por la representante Cabal, hicimos caso a lo que en alguna ocasión pidió: “¡estudien vagos!”. Consultamos entonces a los expertos para conocer las cifras y escudriñar si en realidad la tierra rural está en pocas manos, especialmente en las de los negros y los indígenas.

 

 

Para saber de dónde había sacado los datos que sustentan su afirmación lo primero que hicimos fue hablar con Cabal quien explicó a Colombiacheck que su afirmación se basa en un estudio de Fedegan denominado “Realidades sobre la afectación de la propiedad rural en Colombia a partir de los acuerdos de La Habana”.

En su página cuatro el estudio señala que en Colombia hay un total de 114.1 millones de hectáreas de tierra rural de las cuales 45.4 millones están en poder de privados, cantidad que corresponde al 39.7% del total y ubica a este grupo como el mayor poseedor de tierras rurales.

Después siguen las 31.6 millones de hectáreas que están en manos de indígenas a través de sus resguardos o de otras formas colectivas de propiedad y que corresponden al 27.6% del total de la tierra rural en el país.

El tercer propietario con mayor participación es el Estado con 18.7 millones de hectáreas, las cuales corresponden al 16.3% del total de la tierra rural, incluyendo los baldíos.

En cuarto puesto se ubican las áreas protegidas que comprenden 12.6 millones de hectáreas y corresponden al 11% del total de tierras en el campo colombiano. En quinto lugar están las comunidades negras que son dueños de 5.2 millones de hectáreas, lo que corresponde al 4.5% del total de la tierra rural.

Finalmente, aparecen las comunidades religiosas y otras comunidades poseen menos de un millón de hectáreas de la codiciada tierra colombiana.

En síntesis, casi una tercera parte de la tierra rural en Colombia está en manos de estas comunidades (indígenas y negras), un dato que no resulta menor si se tiene en cuenta que esta población representaba en el último censo el 14% del total de los colombianos.

La anterior cifra se obtuvo de los datos población desagregados por etnia más recientes que tiene el Dane y corresponden a 2005, cuando la población de Colombia era de 41 millones de habitantes.

Colombiacheck le preguntó a la representante Cabal y a Óscar Cubillos, coordinador de la Oficina de Planeación de Fedegán, respecto a cómo llegaron a esas conclusiones. Ambos expresaron que el estudio fue realizado con información y datos del propio gobierno nacional.

Cubillos fue más específico y aclaró que las fuentes empleadas fueron el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural Colombia publicado en 2012, un extenso trabajo en el que participó la Universidad de Los Andes y el Igac entre otros. Cubillos explicó que también recurrieron a información del Incoder, Parques Naturales y otras fuentes catastrales y públicas.

Colombiacheck verificó que las fuentes empleadas por Fedegan son fidedignas. Por ejemplo, para el dato de las hectáreas de los resguardos indígenas se basaron en un documento de 2011 del Incoder, para el número de áreas protegidas se fundamentaron en información de Parques Naturales de 2008 y para la tierra de comunidades negras se basaron otra vez en el Incoder.

Cubillos manifestó que en varios casos tuvieron que trabajar con información de 2009, 2011 ó 2012 porque a pesar de que, según él, han solicitado información más actualizada sobre los propietarios de la tierra rural en Colombia, los únicos datos disponibles no son tan recientes.

Este medio solicitó al Igac un pronunciamiento referente a si rebatían o avalaban el estudio de Fedegán pero hasta el momento de la publicación de esta nota no recibimos respuesta. También solicitamos información actualizada pero no la recibimos.

En el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural Colombia en la página 108 hay un gráfico que muestra el tipo de propietario de la tierra rural en el país. Aunque en este estudio los porcentajes de la tierra rural son más altos en cuanto a los privados y menores en cuanto a los indígenas y negros, el estudio sí muestra que en términos porcentuales esas comunidades tienen mayor tierra rural en promedio que la de cualquier otro colombiano.

 

Frente a estas cifras Cabal explicó que lo que sucede realmente es que “cuando se habla de concentración de la tierra rural generalmente solo se aborda la tierra rural que está en manos de los privados pero no el resto”. Es decir, la que tienen otros propietarios como el Estado mismo, áreas protegidas, comunidades religiosas, comunidades negras, resguardos indígenas, entre otros.

Por ejemplo, así lo abordó Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo quien trino:

 

 

Por los anteriores datos Colombiacheck califica la aseveración de Cabal como verdadera ya que, porcentualmente, las comunidades negras e indígenas juntas sí tienen más tierra rural en promedio que cualquier otro colombiano.

Esas dos comunidades minoritarias se reparten un tercio de la torta de la tierra rural en Colombia, el resto de los colombianos, entre los que están los propietarios privados, se reparten el 39.7% como lo estableció el estudio de Fedegán.

Frente a los anteriores datos hay que tener presente que en la torta de repartición de la tierra rural, el porcentaje que corresponde a las comunidades indígenas es mucho mayor que el de las comunidades negras.

 

¿En dónde está la tierra de las comunidades negras e indígenas?

Colombiacheck se hizo esa pregunta y una aproximación a la respuesta está en el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural Colombia. En dicho documento no solo se mapea los propietarios de la tierra de cada departamento sino que en la página 102 se menciona un aspecto en particular sobre el aumento de la propiedad de la tierra de los indígenas:

“En el año 2000, los resguardos tenían un área registrada de 14.200,000 hectáreas y, en 2009, ésta asciende a 18.000,000 hectáreas, es decir se registró un incremento del 26.7% en nueve años. Dicho incremento puede ser resultado de la creación de nuevos resguardos, la ampliación de los existentes, la inclusión de los registros de las resoluciones expedidas por el Incoder en el catastro, o ambas”.

En relación a los departamentos en los que las minorías (entendidas como indígenas y negros) tienen más del 50% de la tierra rural, Colombiacheck encontró seis: La Guajira con el 57%; Amazonas con el 62%; Chocó con el 89%; Guaviare con el 90%; y Guainía y Vaupés, ambas con el 99% de la tierra rural.

 

 

Otros departamentos en los que estas minorías tienen por lo menos el 11% de la tierra rural son: Vichada con el 38%, Cauca con un 33%, Nariño con un 28%, Putumayo con un 21%, Valle con un 18% y Magdalena con un 11%.

 

Aunque el Igac no haya aportado información reciente sobre el tipo de propietarios de la tierra rural y la información referente al asunto sea difusa, los datos que hay disponibles sí avalan la afirmación de Cabal referente a que entre los mayores propietarios de la tierra rural en Colombia están las comunidades indígenas y negras.

El debate por la calidad de esa tierra, sus posibilidades de aprovechamiento, las condiciones de seguridad e infraestructura entre otros asuntos, son historia aparte. Pero en cuanto a porcentajes sobre la propiedad de la tierra rural, la Cabal en esta ocasión se la gana a Santiago Moure, Martin De Francisco y al propio Matador, a quienes les tocará estudiar más sobre quienes son los dueños de la tierra rural en Colombia.

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Jueves, 26 Abril 2018

El desencanto afro le apuesta al voto en blanco

Por José Felipe Sarmiento Abella

Un grupo de dirigentes afrodescendientes está impulsando el voto en blanco. Se quejan del olvido histórico y el desinterés de los políticos. Ante el reclamo chequeamos las propuestas de los candidatos presidenciales y sí son escasas.

Hoy, el voto en blanco tiene nombre propio. No se trata de un grupo de desinteresados por la política ni de colombianos sin partido. Todo lo contrario. Como cualquier campaña presidencial, el exmilitar Wilson Rentería y el abogado Gustavo Prado reclamaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ser sus abanderados, apelando a la reforma política de 2011 que permite a los partidos políticos inscribirse como promotores de esa opción. Lo hicieron bajo el paraguas del Partido de Reivindicación Étnica (PRE) que dirige Gonzalo Vallecilla.

Los tres son cercanos a la política. Rentería ha dado peleas jurídicas como la que consiguió eliminar la reserva de información sobre zonas estratégicas de minería; Vallecilla es representante nacional de consulta previa y ha sido asesor étnico en la Gobernación del Valle y la alcaldía de Tuluá, además de haber aspirado al Concejo de ese municipio por el partido Opción Ciudadana; mientras que Prado ha defendido a candidatos y partidos en procesos electorales en ese departamento, incluida su gobernadora, Dilian Francisca Toro.

El PRE nació el año pasado cuando el CNE le entregó una curul afro en la Cámara de Representantes a la exreina Vanessa Mendoza, quien llegó al Congreso después de luchar por tres años ante el tribunal electoral contra políticos que no tenían aval de las comunidades. Una vez logró ocupar su asiento con apenas 563 votos y el respaldo del consejo comunitario de El Castillo de Cerrito (Valle), que lidera Rentería, surgió el PRE, que hoy no es solo la cabeza visible del voto en blanco, sino que tiene acceso a los mismos recursos que reciben los candidatos, puede hacer publicidad en medios comunicación e inscribir testigos electorales.

Lo confuso para estas elecciones es que el tarjetón tendrá dos casillas para el voto en blanco, una que será la oficial y otra que promueve el movimiento afro, para diferenciarlos a la hora de calcular la reposición de votos. Vallecilla dice que no le importa si la gente no marca la de su colectividad e incluso se declara dispuesto a hacerle campaña al voto en blanco aunque no le represente ganancias. “Queremos es que la gente salga a votar”.

Solo promesas

Pero más allá de haber metido un gol en la campaña electoral, esta jugada de los afro refleja el aparente desinterés que han tenido los candidatos presidenciales por una minoría de cuatro millones de personas en Colombia, lo que equivale al 10,6 % de la población.

Vallecilla, nacido en Guapi (Cauca) hace 47 años, explica que decidieron tomarse las banderas del voto en blanco después de analizar las propuestas de los candidatos. Él y Rentería llegaron a la conclusión de que ninguno de los presidenciables “los representaba” ni los tenía en el radar de sus planes de gobierno.

El PRE espera contar con el apoyo de otros sectores inconformes por razones similares como las mujeres, los indígenas, los maestros y los abstencionistas. Plantean un voto en blanco que “no sea protesta, sino propuesta”; es decir, que se base en lo que les gustaría oír de los candidatos y que consideran prioritario para estas comunidades.

El problema -que reconoce Vallecilla y confirma la historiadora María Isabel Mena- es que las negritudes no acostumbran a votar en bloque por lo que el reto del partido es convencerlas. Esta división histórica tiene, sin embargo, un factor común: la desconfianza frente a los políticos.

Colombiacheck.com revisó las promesas de campaña de los candidatos presidenciales y encontró que todos tienen alguna propuesta con enfoque étnico. Sin embargo, los voceros del movimiento afro son escépticos a que las cumplan.

Vallecilla admite que su partido estuvo tentado a apoyar a Gustavo Petro, de Colombia Humana, porque “está más cerca de romper los discursos del establecimiento, al menos en el papel”, dice. Petro ha prometido, por ejemplo, intervenir títulos mineros que afecten a esta población y darles mayor autonomía a sus guardias tradicionales. Pero los líderes afro dicen que cuando fue alcalde de Bogotá no hizo programas y proyectos que beneficiaran a esa población en la capital.

Además, el veterano activista Carlos Alfonso Rosero asegura que hay temas que los candidatos no tocan, como la discriminación. Considera que es urgente un plan de lucha que enfrente el racismo y la desigualdad. En este sentido solo los candidatos Petro y Germán Vargas Lleras hablan de forma explícita en su programa sobre el problema. El aspirante de Colombia Humana fue el único de los asistentes al debate del Pacífico que respondió cómo combatirlo. Los demás recordaron sus logros del pasado.

El contendor liberal, Humberto de la Calle, es el único con propuestas específicas para el Pacífico, donde se concentra esta población, las cuales se enfocan en acceso a la educación superior, la implementación del Acuerdo de paz y los pactos surgidos de los paros cívicos del año pasado. Mena reconoce que De la Calle es un conocedor del tema, pero advierte que a todos los candidatos “les cabe el Pacífico en la cabeza solo cuando están en campaña”.

Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, es el único que usa el término etnoeducación en sus propuestas. Mena, que es experta en estos temas, se lo reconoce. No obstante, reclama que el candidato, en lugar de referirse a un modelo educativo propio de las comunidades, “lo abre a todo el mundo y uno no sabe cuál es el norte”.

Pero quien más menciones hace a estas minorías es, de lejos, Vargas Lleras, que se lanzó por firmas y con el aval de Cambio Radical. A ellas les dedica un folleto de 32 páginas (entre casi mil que suman todos los de su campaña). Lo lanzó este jueves. En él habla de construir infraestructura cultural, estudiar disponibilidad de tierras y dar más autonomía en diferentes aspectos para ellas. Promete también un estatuto para la población raizal.

 

 

 

Rosero, fundador del Proceso de Comunidades Negras, coincide con Mena y Vallecilla a pesar de que su organización es afín a Petro. En un documento que construyó con otros líderes afro, agrega que esta minoría necesita que se reglamente la Ley Afro, que les asignen recursos específicos, que haya titulación y restitución de tierras y que se cree una entidad que coordine esos trabajos con los consejos comunitarios.

Sobre esto último, Vargas Lleras planea crear una dirección de asuntos étnicos en su nuevo Ministerio de la Familia. En su lugar Vallecilla preferiría una cartera independiente y el manifiesto menciona una agencia descentralizada.

Los afro también piden más curules en el Congreso, con reglas claras para que no se repita la historia de los últimos cuatro años, en la que personas ajenas a esta minoría se las apoderaron. Mena, por su parte, defiende que el exvicepresidente ha prometido la participación en el gobierno de personas afro. Pero casi todos los candidatos tienen esa propuesta y, para Rosero y Vallecilla, la representación en el gabinete no garantiza una agenda de fondo.

El activista afro también llama a respetar el tratamiento especial que les da la Ley de Víctimas, las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para atender el desplazamiento forzado de sus comunidades, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y lo pactado tras los paros de Buenaventura (Valle) y Chocó. Nada de esto está pormenorizo en las propuestas de los candidatos.

Iván Duque, del Centro Democrático, y Viviane Morales, del partido Somos, ni siquiera mencionan estos temas. El exsenador uribista concentra su propuesta para los grupos étnicos en la inclusión laboral por medio de beneficios a las empresas y educación digital. La exsenadora y exfiscal solo hace una alusión general a esa población en su política ambiental.

La 'papa caliente' de la consulta previa

Un tema para coger con pinzas es el derecho de la comunidades a ser consultadas sobre cualquier proyecto que las afecte, ya que es visto como un “cuello de botella” para el avance de sectores como el minero y el de infraestructura. Así lo describe Duque y promete reglamentar el trámite, como la mayoría de sus contendores.

El que más toca el tema en su programa es Vargas Lleras. Le sigue De la Calle. Todos matizan su posición declarándose defensores de las consultas; no obstante, consideran necesario establecer reglas claras para los inversionistas. Fajardo comparte esa posición pero empata con Petro en el escaso números de menciones que hacen en sus programas. La diferencia es que este último se enfoca de lleno en defender el mecanismo.

 

 

 

Este es quizás uno de los temas que más distancian a las negritudes de los candidatos presidenciales y su mayor temor. Las comunidades étnicas se han opuesto a que se reglamente porque consideran que limita sus derechos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se ha declarado en contra del proyecto de ley estatutaria que prepara el Gobierno con el propósito de agilizar esos procesos. Sin embargo, De la Calle promete respaldarlo y Vargas lo impulsó como vicepresidente.

Para Rosero, el Congreso no sirve para defender sus intereses. Con otros líderes afro propone que, en cambio, se elabore un protocolo sobre el tema en el que participen la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas.

En general, Mena es pesimista frente a lo que pueden esperar los afros y otras minorías del próximo gobierno. También concluye que la política colombiana y, por ende, la cultura institucional es “racista”, por lo que vaticina que muchas de esas comunidades terminarán votando en blanco.

Actualización

Tan pronto Colombiacheck.com tuvo acceso al programa étnico completo de Vargas Lleras, lo revisó y editó la nota para incluir sus propuestas. También modificó los gráfico para añadir la cantidad de menciones correspondientes a ese folleto.