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Verdadero pero...

Miércoles, 21 Marzo 2018

“Las elecciones más pacíficas en más de medio siglo”: Santos

Por Ana María Saavedra

El presidente resaltó que en estas elecciones no se registraron hechos de violencia. Revisamos archivos del siglo pasado, consultamos a la MOE y analistas para verificar esta frase y Santos tiene razón.

Un día después de las elecciones legislativas, el presidente Juan Manuel Santos hizo un balance de los comicios y aseguró que “el pasado domingo vivimos las elecciones más pacíficas, más transparentes en más de medio siglo. Con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Las Farc ya desmovilizadas y desarmadas se presentaron como un partido político, cambiaron las balas por los votos”.

Colombiacheck verificó esta frase y la calificó como Aproximada, pues, excepto el tema de la transparencia -que es una percepción subjetiva-, el resto de afirmaciones del presidente Santos se ajustan a la verdad.

Para este chequeo consultamos bases de datos e informes de la Registraduría y de medios de comunicación (en la web y en un periódico impreso), a la MOE y analistas.

Camilo Mancera, coordinador jurídico de la MOE; Felipe Botero, codirector de Congreso Visible, y Juan Pablo Milanese, jefe del departamento de estudios políticos de la Universidad Icesi, coincidieron en que no se puede medir ni afirmar que estas elecciones hayan sido las más transparentes de los últimos 50 años.

​Mancera de la MOE, aseguró que esto es “imposible de determinar, en la medida que no se tiene toda la información en este momento. Solo para mostrar un ejemplo, sobre el fraude que denunció el MIRA, en 2014, cuando perdió sus curules, el Consejo de Estado determinó las irregularidades solo cuatro años después, cuando falló la demanda”.

El segundo boletín de la MOE daba cuenta de un total 1.290 reportes sobre presuntas irregularidades, como compra de votos y publicidad cerca a los puestos de votación. “Sabemos de la compra de votos por parte de la maquinaria de este domingo, eso pasó hace cuatro años y pasó antes”, dijo Botero.

Otro hecho, presentado el domingo, que deslegitima la afirmación de Santos acerca de la transparencia es el allanamiento a la sede en Barranquilla de la senadora electa Aída Merlano, donde encontraron $268’993.000 en efectivo, cuatro armas de fuego, certificados electorales, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.

Las más pacíficas

Las declaraciones de Santos coincidieron con las dadas por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el día de las elecciones. “Es una jornada histórica. No hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado. Ningún ataque de ninguna organización ni del crimen organizado”.

Y la candidata a la vicepresidencia Claudia López también trinó: #EleccionesColombia2018 fueron las más pacíficas recientes: ¡Cero hechos violentos! La abstención bajó 5 puntos.

 

 

Colombiacheck verificó cada uno de los datos de las tres frases y estos (excepto el de la transparencia) son ciertos.

Camilo Mancera de la MOE explicó que no hubo ningún acto de violencia relacionado con las elecciones, salvo lo ocurrido en Pizarro, Nariño, y San Onofre, Sucre.

El informe de la MOE, que hace el seguimiento a lo ocurrido en la jornada, indicó que “por protestas de la comunidad en contra de la falta de cobertura de servicios públicos, al medio día seguían sin abrirse todos los puestos de votación del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. En el puesto de votación de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, apenas pasado el mediodía, la Armada intentaba abrir el puesto, a pesar de las protestas de la comunidad por falta de servicios públicos”.

Ariel Ávila, analista del conflicto y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, expresó que “en el 2008, cuando entré a trabajar en la MOE, los municipios afectados por violencia eran aproximadamente 380, ahora ese número bajó a 0. Lo de Pizarro es un hecho social. El día antes de estas elecciones un grupo salió por El Palo (Cauca) pero no pasó nada y la gente votó al otro día”.

Para verificar los actos de violencia en las últimas elecciones se revisaron los boletines de la MOE de 2014 y del plebiscito. En un documento, la MOE informó que “las elecciones de 2016 fueron las más tranquilas de los últimos 10 años, que es el tiempo que la plataforma de organizaciones de la sociedad civil reunida por la MOE lleva haciendo veeduría a los procesos electorales en el país”.

En ese boletín, la MOE indicó que “la jornada electoral de 2016 tuvo apenas dos hechos aislados y de poco impacto, a saber, el uso de explosivos en inmediaciones de un puesto de Miraflores, Guaviare, aparentemente por parte de disidentes del Frente Primero de las Farc que rechazaron el Acuerdo de Paz; y actos de proselitismo en contra del plebiscito en un puesto de votación de El Tarra, Norte de Santander, por parte de la guerrilla del EPL”.

Teniendo en cuenta que en estas elecciones no se reportó ningún acto violento, tanto Santos, como Claudia López y Guillermo Rivera, tienen razón en su afirmación. Sin embargo, el presidente amplió su comparación al último medio siglo.

Para verificar la afirmación de Santos, hicimos una búsqueda manual de las elecciones legislativas, desde 1974 hasta 2014, en el archivo del diario El País de Cali. Y en cada una de estas fechas se presentaron actos de violencia. Los años 1994, 1998 y 2002 fueron los más violentos.

Ver la línea de tiempo más grande.

El ministro Rivera aseguró que “no hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado”. Colombiacheck verificó un informe de la Registraduría acerca de los traslados de mesas por problemas de orden público, desde 1994 hasta 2016, y en todas las elecciones fueron trasladadas mesas. Incluso, en el plebiscito trasladaron, según el documento, 38. Este año, según la MOE, no se presentó ningún traslado por orden público.

Los números más altos

En su declaración, el presidente también dijo que estas elecciones tuvieron el mayor número “de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación”.

En estas elecciones, según la Registraduría, se inscribieron 2.957 candidatos. En el informe del ente encargado de la organización electoral, se indica que las listas al Congreso superaron en un 25,93 % los aspirantes de las elecciones, con respecto a 2014 (2.348). En otro documento de la Registraduría se dan las cifras de las elecciones de 2010 y 2006 con 2.543 y 2.780 inscritos, respectivamente. Además, en la búsqueda manual en el diario El País, encontramos que en 1998 se inscribieron 1.010 candidatos.

Entonces, con estas cifras, podríamos decir que sí hubo un aumento en los candidatos. Sin embargo, Botero, de Congreso Visible, precisó que el aumento o disminución en el número de candidatos “no es un indicador de democracia. El número de mesas sí es un indicador de seguridad, dependiendo de si llegan a lugares a los que antes no llegaban”.

Al buscar en los históricos de resultados de la Registraduría, encontramos que el número de mesas en 2010 fue de 76.940; en 2014, de 97.417 y en 2018, 103.345.

Precisamente, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “la Fuerza Pública cubrió el 100% de los puestos y mesas de votación a nivel nacional, y es la primera vez en la historia electoral, que su cobertura se pudo desarrollar sin ninguna limitación”.

En las elecciones de 2014, el entonces ministro Juan Carlos Pinzón, indicó que “los 266.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que fueron movilizados en todo el país para garantizar la seguridad en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, cubren el 99,4 % de las mesas de votación”.

Finalmente, el presidente habló de la mayor participación en estos comicios. En este aspecto, coincidió con Claudia López, quien aseguró que la abstención bajó en 5 puntos. Al verificar esta información, encontramos que ambos tiene razón. La abstención en estas elecciones fue de 51%, mientras la de 2014, de 56%.

El informe Abtencionismo electoral en Colombia -realizado por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría y la Universidad Sergio Arboleda- da las cifras de 1978 a 2010, y en todos estos años el porcentaje de abstencionistas en elecciones legislativas nunca fue menor al de este 2018.

Las siguientes visualizaciones* muestran los niveles de abstención y la cantidad de mesas de votación trasladadas en las elecciones del Congreso desde 1994:

 

 

* Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
Elaborado en colaboración con Lorena Morales, de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario

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Cuestionable

Jueves, 07 Junio 2018

Duque insiste en posición del Estado sobre 'falsos positivos'

Por José Felipe Sarmiento Abella

Igual que lo han hecho las autoridades en los gobiernos Uribe y Santos, el candidato presidencial del Centro Democrático considera que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política pública.

Entre los muchos escándalos del gobierno de Álvaro Uribe por los que la periodista Patricia Janiot le preguntó al candidato presidencial Iván Duque, ficha del exmandatario, el aspirante del partido Centro Democrático empezó por referirse al de los ‘falsos positivos’ para desestimar los cuestionamientos de su interlocutora.

“Los falsos positivos los he rechazado siempre y además no fueron una política de Estado”, contestó el exsenador. De paso recordó que hubo una “purga” en las Fuerzas Militares tan pronto estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, a raíz del caso de los jóvenes reclutados con engaños en Soacha (Cundinamarca) que luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander).

De hecho, hace cerca de un mes se viralizó un trino que Duque publicó en diciembre de 2010, en el que afirmaba que Uribe había actuado “con firmeza” para ponerle fin a ese fenómeno. El entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apenas había empezado a tener cercanía directa con el recién salido jefe de Estado, llamaba “difamadores” a quienes negaban esa versión de la historia.

 

 

El candidato también señaló que las investigaciones por los ‘falsos positivos’ avanzan en el país.

Su posición coincide con la teoría de que son “casos aislados”. Así se ha defendido el Estado ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pasó ante la Corte IDH un proceso contra Colombia por las denuncias de impunidad en cuatro de esas ejecuciones.

Es cierto que hasta ahora no existe una decisión judicial que ratifique la existencia de una política pública para asesinar civiles y presentarlos como muertes en combate. No obstante la Nación sí ha sido condenada por casos independientes en los que se ha reconocido el carácter sistemático de esas acciones, que las convierten en crímenes de lesa humanidad, mas no los tipifica como una política de Estado.

En mayo pasado el Consejo de Estado le ordenó pagar una indemnización por un montaje de esas características que le hicieron a un adolescente de 15 años en 2005. El comunicado del Alto Tribunal reconoce que el joven fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos”. El fallo no menciona nada sobre esta, aunque afirma que el objetivo del pelotón responsable era aumentar su registro de bajas y que a cambio la institución les reconocía recompensas.

La historia ya es conocida. “Por esas bajas les daban medallas, vacaciones, plata”, recuerda Jaqueline Castillo, vocera de las Madres de Soacha. Su hermano Jaime fue uno de los 19 hombres que desaparecieron en agosto de 2008 en ese municipio y después fueron asesinados por militares 650 kilómetros al norte, para hacerlos pasar como guerrillero muertos en combate.

Más que una directiva

Una de las claves de esos premios que recibían los militares está en la directiva 29 de 2005 que expidió el ministro de Defensa, Camilo Ospina.

El documento secreto ofrecía dinero por las muertes de miembros grupos armados ilegales y narcotraficantes. Pero su papel dentro de la historia es más complejo de lo que parece.

En 2010 el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, publicó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en el que descartó la teoría de la política de Estado pero reveló el entramado criminal con mayores detalles.

Concluyó, por ejemplo, que esos pagos oficiales no iban dirigidos a los militares sino a “reclutadores” que conseguían las víctimas. Entretanto, cada brigada podía decidir si premiaba de alguna manera, con cargo a los gastos reservados, a sus integrantes por las bajas que produjeran.

Así lo registró también el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a 267 organizaciones sociales.

Con base en las declaraciones que algunos militares le dieron a la Fiscalía, la ONG estableció también que estos buscaban a sus víctimas por medio de la “red de cooperantes” civiles -una política que promovió de forma abierta el presidente Uribe- y en alianza con grupos paramilitares.

El propio Ministerio de Defensa admitió fallas en los controles en las recompensas, los ascensos y los gastos militares. A raíz de ese diagnóstico, este fue uno de los principales puntos dentro de las 15 medidas que impulsaron el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, en 2008 para tratar de acabar con la práctica de los falsos positivos.

Juntos, con el viceministro Sergio Jaramillo, promovieron también la investigación interna que llevó a la “purga” que menciona Duque, que empezó con el despido de 27 altos mandos, incluido el comandante del Ejército, general Mario Montoya, tras el escándalo de Soacha. Sin embargo, esto no bastó para evitar que la ONU le reprochara al Estado la desestimación de otras denuncias y las críticas a decisiones judiciales en su contra.

No tan firmes

Es que los pecados de Colombia en los ‘falsos positivos’ son de acción, pero también de omisión.

No de otra forma se explica que las víctimas se cuentan por millares. Un estudio sociológico publicado este año por dos expolicías calcula que fueron 10.000 las personas asesinadas en los ocho años de mandato de Uribe. Las Madres de Soacha estiman la cifra por encima de 6.000. La Fiscalía contaba 4.190 en 2016. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registra al menos 1.034 casos desde 1984, unos individuales y otros con múltiples víctimas.

Los datos de esta institución y un estudio de las universidades de La Sabana y el Externado demuestran un aumento vertiginoso entre 2002 y 2010, sobre todo desde la directiva de 2005 hasta las medidas de choque tras el escándalo en 2008. Pero la práctica de las ejecuciones extrajudiciales era de vieja data y su proliferación se había hecho evidente mucho antes de que el Estado la reconociera.

La política de seguridad democrática que planteó en 2003 la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez (ahora fórmula vicepresidencial de Duque), ya contemplaba reformas a la manera en que se medía el éxito operativo de las Fuerzas Militares y la necesidad de lograr una “disminución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Pero Ospina, su sucesor, permitió que se diera todo lo contrario.

En 2006, la CIDH advertía sobre el aumento en las ejecuciones extrajudiciales; la ONU lo había hecho ya en sus informes anuales sobre derechos humanos en el país de 2004 y 2005. En los medios también parecían casos con cada vez mayor frecuencia, en especial cuando algunos militares investigados por ellas resultaron también implicados en la masacre de Jamundí y los montajes de atentados previos a la segunda posesión de Uribe.

Las investigaciones aparecieron en la revista Semana desde septiembre de 2006 y el analista Alfredo Rangel, actual senador uribista, denunciaba esa práctica en su columna de Cambio en junio de ese mismo año.

Mientras, la Cancillería protestaba por las críticas internacionales y el Ministerio de Defensa hacía lo mismo ante el control político de los senadores Gustavo Petro, ahora candidato presidencial por la coalición Colombia Humana, y Juan Manuel Galán.

El ministro Santos empezó a tomar medidas en 2007. Aun así, solo fue al año siguiente cuando el caso de Soacha llevó a un gran revolcón de las políticas de Defensa en favor de los derechos humanos. Desde entonces las cifras de ‘falsos positivos’ cayeron de manera estrepitosa con el reconocimiento de la ONU y otros organismos internacionales.

El trino de Duque en el que exalta la “firmeza” de Uribe para hacer esos cambios y expulsar a los oficiales implicados se dio, de hecho, cuando los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks pusieron en entredicho esa mano dura.

Al embajador William Brownfield le preocupaba la influencia que el general Montoya y otros altos mandos cuestionados mantenían sobre el presidente y su resistencia a aceptar las reformas propuestas por Santos, Padilla y Jaramillo, así como a sancionar a quienes salían nombrados en la investigación administrativa interna de las Fuerzas Militares. Algunos funcionarios hablaron incluso de saboteo.

Para la abogada Carolina Daza, del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que defiende a muchas de las víctimas, además ha habido revictimización por parte del Estado y del expresidente.

Sobre todo porque, diez años después de los hechos, la justicia todavía no llega a muchos responsables y la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido que algunos condenados salgan de la cárcel de manera provisional. “Están buscando que esto quede en la impunidad”, se queja Castillo.

Además, es célebre la frase, con la que periodistas como Julián Martínez o Daniel Samper le respondieron a Duque, en la que Uribe señaló que los jóvenes asesinados “no estarían recogiendo café” y la retractación que tuvo que hacer en un proceso en su contra por calumnia luego de señalarlos como “delincuentes”.

 

 

Pero nada de esto ha llevado todavía un pronunciamiento judicial que concluya, de manera general, que los ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado, porque tanto los procesos penales como los administrativos se han centrado en casos específicos. Hasta ahí podría considerarse verdadera la afirmación de Duque.

El problema es que la conclusión definitiva no está dada. La ONG internacional Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se han pronunciado a favor de la tesis de que hubo una política, como mínimo, a nivel de las brigadas implicadas.

Entonces la interpretación que hace el candidato es ligera, porque en el marco de la justicia transicional o con una eventual intervención de un tribunal internacional podría darse un pronunciamiento contrario a su aseveración, con base en las evidencias ya existentes y conocidas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Los falsos positivos no fueron una política de Estado”.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático.

    Fuentes: Fallos del Consejo de Estado que condenan al Estado por el asesinato de José Lorenzo Taborda y un adolescente de 15 años, comunicado sobre este último; tesis de maestría en Estudios Políticos de Alejandra Bonilla Mora en la Universidad Javeriana, informes de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en 2012 y 2016, informe de Human Rights Watch sobre responsabilidad de altos mandos en ‘falsos positivos’, informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de fondo sobre cuatro casos y comunicado sobre el paso a la Corte de ejecuciones extrajudiciales; cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá filtrados por WikiLeaks (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Twitter de Álvaro Uribe e Iván Duque y su campaña (que no respondió), política pública de seguridad democrática y su balance 2002-2006; Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha; Carolina Daza, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo; informes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) sobre ‘falsos positivos’ y su banco de datos sobre el conflicto armado, informe del Ministerio de Defensa de 2010 sobre la implementación de las 15 medidas para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales y sus directiva 29 de 2005 (derogada) y 19 de 2007; informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, sobre su visita a Colombia en 2009; estudio de las universidades de La Sabana y el Externado sobre el aumento de los ‘falsos positivos’ en el gobierno Uribe, reseña del diario británico The Guardian sobre estudio de expolicías, ediciones 1.273 a 1.283 de la revista Semana y 677 de Cambio; Facebook de Daniel Samper Ospina.

    Contexto: Entrevista con la cadena informativa Univisión al día siguiente de la primera vuelta presidencial, ante pregunta de la periodista Patricia Janiot sobre los escándalos del gobierno Uribe.

    Calificación: Ligera.