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Miércoles, 14 Junio 2017

¿Las Farc manejarán su propia ‘platica’?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“El decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”, afirmación imprecisa que fue difundida por el programa radial La Hora de la Verdad de Fernando Londoño.

La semana pasada el periodista D´mar Córdoba Salamanca, productor de contenidos en Radio Red RCN y quien ha trabajado con Fernando Londoño desde 2004, como lo certifica su perfil, sostuvo que “el Decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”.

 

 

Para verificar su aseveración es necesario revisar el contexto ya que los bienes de las Farc ha sido un tema de gran controversia a lo largo del proceso de paz. En un principio las Farc dijeron no tener bienes, luego aceptaron poseer varios activos y después el papel protagónico en el asunto lo ha tomado el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien hace dos semanas le dijo a Noticias Caracol que por primera vez la Fiscalía tiene el listado de los bienes y los testaferros de las Farc.

“Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados (…) Estamos hablando de billones de pesos”, explicó Martínez.

El tema no es cosa menor porque, según quedó establecido en el decreto 903, antes que se acaben jurídicamente las Zonas Veredales de Transición y Normalización, Zvtn, las Farc deben entregar la lista de sus bienes y activos.

“Las Farc elaborarán un inventario definitivo de sus bienes y activos dentro del término o plazo que habrá de coincidir con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y Puntos Transitorios de Normalización, PTN”, dice el decreto.

Esa fecha es el 1 de agosto de acuerdo al cronograma que entregó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Mm&v.

Cronograma para la dejación de armas de las Farc

Respecto al asunto el Acuerdo Final en su página 186 es puntal: Bienes que no reporte las Farc pasarán a manos de la jurisdicción ordinaria (la Fiscalía) y por ende podrán ser llevados a un proceso de extinción de dominio.

“Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Sobre la recepción y manejo de dichos bienes y activos, el Gobierno nacional por medio del decreto 903, al que hace referencia el periodista Córdoba Salamanca, decidió que se irán para el Fondo de Víctimas, es decir, para la reparación de las personas que hayan sido víctimas del conflicto armado.

Dice el decreto que se creará “un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los términos de administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio a su cargo, y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba”.

La aseveración del periodista Córdoba Salamanca fue encaminada a expresar que dicha fiducia, o contrato fiduciario como lo señala el decreto 903, en la que estarán los bienes de las Farc sería “manejada por las mismas Farc”.

La afirmación, según pudo establecer Colombiacheck, es inflada porque de acuerdo al mismo decreto las Farc sí tendrán incidencia en dicho contrato fiduciario pero no serán autónomas para manejar los recursos que se obtengan de dichos bienes y activos. El decreto explica que: “El Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). La administración del fondo fiduciario la hará la entidad que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo”.

Respecto a esto la gran pregunta es: ¿quiénes conforman la Csivi que recomendará al Gobierno nacional sobre la administración del Consejo Fiduciario que recibe los bienes y activos farianos?

La respuesta la tiene el decreto 1995 de diciembre de 2016 que en su artículo 2 establece que la Csivi “estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida legal, o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Los representantes del Gobierno Nacional serán de alto nivel y serán designados por el Presidente de la República”.

Como ha sido de público conocimiento, y como Colombiacheck verificó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), los tres representantes de alto nivel por el lado del Gobierno son Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, éste último saldría de la Csivi en caso de ser candidato presidencial en 2018, así lo confirmaron de la oficina de prensa y comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado.

Es decir, tres personas afines al Gobierno recomendarán al mismo Gobierno como administrar el Consejo Fiduciario al que llegarán los bienes y activos de la guerrilla que se tendrán que usar para reparar a las víctimas.

Por el lado de las Farc, los tres representantes en la Csivi son Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez.

La información sobre quién recomendará respecto a la administración de la fiducia es clara, la mitad serán personas afines al Gobierno y la otra mitad representantes de las Farc. Es decir, sí habrá una incidencia de la guerrilla en cuanto a la administración de sus propios bienes y activos pero no tendrán autonomía total como lo aseveró el periodista y abogado de La Hora de la Verdad, D´mar Córdoba Salamanca.

Colombiacheck contactó a D´mar Córdoba Salamanca quien explicó que en el tuit que se publicó en el programa La Hora de la Verdad en definitiva sí debió hacerse más claridad que los fondos no solo los manejarían las Farc. Córdoba añadió que en el programa él explicó con más detalles el tema pero que igual queda claro que las Farc sí tendrán incidencia en el manejo de sus propios recursos.

Viernes, 07 Julio 2017

¿El impuesto al uso de bolsas plásticas financiará la política de las Farc?

Por Sania Salazar

La teoría es del diputado del Magdalena Alex Velásquez Alzamora, quien la hizo pública en su cuenta de Twitter y tuvo eco en varios medios de comunicación nacionales. Verificamos y resultó totalmente falsa.

Críticas, exigencia de pruebas y hasta burlas han sido las respuestas que el diputado conservador del Magdalena, Alex Velásquez Alzamora, ha recibido a un trino en el que asegura que el impuesto al uso de bolsas plásticas que se empezó a cobrar en Colombia es para financiar la participación en política de las Farc.

 

 

Después de revisar la Ley que reglamenta el impuesto al uso de bolsas plásticas, el decreto donde se definen los gastos del Presupuesto General de la Nación para 2017 y de contrastar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación de Velásquez Alzamora como falsa.

Colombiacheck habló con el diputado. “Es un tributo que está colocando el Congreso de la República y los tributos o impuestos no tienen destinación específica, van al Presupuesto General de la Nación, los recursos que está destinando ese presupuesto son para la implementación de los acuerdos”, aseguró.

El diputado fue enfático al afirmar que “toda” la política nacional está destinada a la implementación del Acuerdo Final, “no existe otra destinación, así de sencillo, es mi criterio”, y añadió que se basó en el Plan Nacional de Desarrollo (ley 1753 de 2015) y en la destinación de los rubros del presupuesto.

La paradoja del impuesto a las bolsas plásticas

A diferencia de otros tributos, este es un impuesto que no busca recaudar mucho dinero sino desestimular el uso de las bolsas plásticas para disminuir la contaminación ambiental. Dicho concepto o espíritu de la norma fue confirmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo a la W Radio que ese impuesto tiene la “única vocación de que la gente no lo pague, es decir, que no compren bolsas plásticas”, e indicó que es una medida que Colombia estaba en mora de implementar porque existe en muchos países.

En el ABC del impuesto, que se puede descargar de la página del Ministerio de Ambiente, indican también que el objetivo es “desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago”.

En la oficina de prensa del Minhacienda explicaron que, efectivamente, el dinero del impuesto irá al Presupuesto General de la Nación, pero que no hay un cálculo exacto de lo que se pueda recoger, porque, enfatizaron, la idea es que la gente no lo pague, que usen bolsas de papel, tela u otros elementos. Además, aseguraron que el impuesto puede ir a cualquier programa del Gobierno.

El diputado tiene razón en que el impuesto no tiene destinación específica, pero por la misma razón que plantea, no se puede afirmar que vaya a ser utilizado puntualmente para la implementación del Acuerdo Final y mucho menos, que vaya a financiar la participación en política del partido que saldrá de la desmovilización de las Farc.

Revisamos también el Presupuesto General de la Nación, pero en ese documento no hay ninguna destinación específica para la participación política de las Farc. Allí se detallan inversiones relacionadas con la terminación del conflicto como atención a víctimas y reintegración de personas y grupos alzados en armas o justicia transicional, pero también hay destinaciones en sectores tan variados como la soberanía territorial y desarrollo fronterizo, hasta la calidad y fomento de la educación superior.

En septiembre de 2016, cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2017, el ministro Cárdenas resaltó que con ese dinero se debían cubrir, entre otros, gastos del posconflicto.

“Este impuesto no tiene destinación específica, sino que entra a una bolsa general del Gobierno y ninguna parte de esa plata está atada a un gasto en particular. En el presupuesto general hay un porcentaje que va para la implementación del acuerdo de paz, pero hay otra parte para muchas más cosas. Como el diputado lo está diciendo, entonces cualquier impuesto es para eso, desde el IVA, el predial, hasta el impuesto a la renta”, concluyó Andrés Castro, investigador del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia.

Hay que recordar que la financiación de la actividad política de las Farc ha causado polémica en las últimas semanas, por lo que Colombiacheck publicó recientemente dos chequeos sobre el asunto, pero en el Acuerdo Final quedó establecido que el movimiento político que resulte de esa guerrilla, ya desmovilizada, recibirá una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”, indica el Acuerdo Final. Ese dinero contribuirá a la financiación del Centro de pensamiento y formación política así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, explica el texto.