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Miércoles, 14 Junio 2017

¿Las Farc manejarán su propia ‘platica’?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“El decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”, afirmación imprecisa que fue difundida por el programa radial La Hora de la Verdad de Fernando Londoño.

La semana pasada el periodista D´mar Córdoba Salamanca, productor de contenidos en Radio Red RCN y quien ha trabajado con Fernando Londoño desde 2004, como lo certifica su perfil, sostuvo que “el Decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”.

 

 

Para verificar su aseveración es necesario revisar el contexto ya que los bienes de las Farc ha sido un tema de gran controversia a lo largo del proceso de paz. En un principio las Farc dijeron no tener bienes, luego aceptaron poseer varios activos y después el papel protagónico en el asunto lo ha tomado el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien hace dos semanas le dijo a Noticias Caracol que por primera vez la Fiscalía tiene el listado de los bienes y los testaferros de las Farc.

“Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados (…) Estamos hablando de billones de pesos”, explicó Martínez.

El tema no es cosa menor porque, según quedó establecido en el decreto 903, antes que se acaben jurídicamente las Zonas Veredales de Transición y Normalización, Zvtn, las Farc deben entregar la lista de sus bienes y activos.

“Las Farc elaborarán un inventario definitivo de sus bienes y activos dentro del término o plazo que habrá de coincidir con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y Puntos Transitorios de Normalización, PTN”, dice el decreto.

Esa fecha es el 1 de agosto de acuerdo al cronograma que entregó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Mm&v.

Cronograma para la dejación de armas de las Farc

Respecto al asunto el Acuerdo Final en su página 186 es puntal: Bienes que no reporte las Farc pasarán a manos de la jurisdicción ordinaria (la Fiscalía) y por ende podrán ser llevados a un proceso de extinción de dominio.

“Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Sobre la recepción y manejo de dichos bienes y activos, el Gobierno nacional por medio del decreto 903, al que hace referencia el periodista Córdoba Salamanca, decidió que se irán para el Fondo de Víctimas, es decir, para la reparación de las personas que hayan sido víctimas del conflicto armado.

Dice el decreto que se creará “un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los términos de administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio a su cargo, y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba”.

La aseveración del periodista Córdoba Salamanca fue encaminada a expresar que dicha fiducia, o contrato fiduciario como lo señala el decreto 903, en la que estarán los bienes de las Farc sería “manejada por las mismas Farc”.

La afirmación, según pudo establecer Colombiacheck, es inflada porque de acuerdo al mismo decreto las Farc sí tendrán incidencia en dicho contrato fiduciario pero no serán autónomas para manejar los recursos que se obtengan de dichos bienes y activos. El decreto explica que: “El Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). La administración del fondo fiduciario la hará la entidad que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo”.

Respecto a esto la gran pregunta es: ¿quiénes conforman la Csivi que recomendará al Gobierno nacional sobre la administración del Consejo Fiduciario que recibe los bienes y activos farianos?

La respuesta la tiene el decreto 1995 de diciembre de 2016 que en su artículo 2 establece que la Csivi “estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida legal, o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Los representantes del Gobierno Nacional serán de alto nivel y serán designados por el Presidente de la República”.

Como ha sido de público conocimiento, y como Colombiacheck verificó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), los tres representantes de alto nivel por el lado del Gobierno son Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, éste último saldría de la Csivi en caso de ser candidato presidencial en 2018, así lo confirmaron de la oficina de prensa y comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado.

Es decir, tres personas afines al Gobierno recomendarán al mismo Gobierno como administrar el Consejo Fiduciario al que llegarán los bienes y activos de la guerrilla que se tendrán que usar para reparar a las víctimas.

Por el lado de las Farc, los tres representantes en la Csivi son Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez.

La información sobre quién recomendará respecto a la administración de la fiducia es clara, la mitad serán personas afines al Gobierno y la otra mitad representantes de las Farc. Es decir, sí habrá una incidencia de la guerrilla en cuanto a la administración de sus propios bienes y activos pero no tendrán autonomía total como lo aseveró el periodista y abogado de La Hora de la Verdad, D´mar Córdoba Salamanca.

Colombiacheck contactó a D´mar Córdoba Salamanca quien explicó que en el tuit que se publicó en el programa La Hora de la Verdad en definitiva sí debió hacerse más claridad que los fondos no solo los manejarían las Farc. Córdoba añadió que en el programa él explicó con más detalles el tema pero que igual queda claro que las Farc sí tendrán incidencia en el manejo de sus propios recursos.

Viernes, 01 Marzo 2019

No es verdad que exguerrilleros puedan hacer política si le incumplen a la JEP

Por Sania Salazar

Los exguerrilleros que participan en política deben cumplir con los requisitos de la JEP para mantenerse en esa actividad. Incluso se arriesgan a perder esa oportunidad si no aportan verdad y aceptan responsabilidad tempranas.

Lina García se describe en su cuenta de Twitter como columnista y uribista. El pasado 18 de febrero García aseguró en su cuenta que todos los procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, podrán participar en política así incumplan las condiciones de esa jurisdicción. La congresista uribista María Fernanda Cabal retrinó la información.

Retweet María Fernanda Cabal

Calificamos la afirmación como falsa pues, según lo pactado en el Acuerdo Final, para mantenerse en la justicia transicional es necesario cumplir con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso quiere decir que si los exguerrilleros de las Farc que están haciendo política incumplen alguna de esas condiciones, perderán los beneficios de la JEP y no podrán continuar con la labor política.

García le dijo a Colombiacheck que se había basado en el artículo “30 “micos" de en la JEP, según el uribismo”, del periódico El Nuevo Siglo. Le preguntamos si se había dado cuenta de que se estaba basando en un artículo publicado el 2 de octubre de 2017 y nos dijo que sí.

El artículo informaba sobre 30 aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, criticados por el uribismo durante el estudio de la ley estatutaria de la JEP en el Congreso.

Hay que recordar que “la esencia del fin del conflicto es el rompimiento del vínculo entre política y armas para transitar a un escenario en el que todos juegan con unas mismas reglas de juego, que son las de la democracia. Eso quiere decir que, por una parte, quienes dejan las armas y transitan a la democracia deben garantizar dicha condición para vincularse a los procesos políticos democráticos (fin de la combinación de todas las formas de lucha)”, como se explica en el Tomo tres sobre participación en política de la Biblioteca sobre el proceso de paz.

En 2017, el proyecto de ley estatutaria de la JEP, en su artículo 26, indicaba que, en cuanto a participación política de sancionados por esa jurisdicción, se cumpliría lo dispuesto por el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, que dice que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará para la participación en política.

Pero, en la revisión que la Corte Constitucional hizo en agosto de 2018 de la Ley Estatutaria de la JEP, que es la norma de funcionamiento de esa jurisdicción, se recordó que en esa materia se mantienen las disposiciones tomadas en la sentencia de revisión del Acto Legislativo 01 de 2017:

-”Es incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias”. Es decir, quienes hagan política perderán el derecho a hacerlo si no aportan verdad temprana en los procesos ante la JEP y no aceptan su responsabilidad en los hechos por los que se les investiga. Las sanciones alternativas y ordinarias de la JEP se impondrán a quienes no digan la verdad en las etapas tempranas de los procesos.

-A quienes reciban sanciones ordinarias se les mantendrán las restricciones para hacer política.

-“La suspensión de las inhabilidades se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 01 de 2017 (dejación de armas, sometimiento al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, atención de las obligaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, y el compromiso de no volver a delinquir).

-”Compete a la JEP verificar el cumplimiento de estas condicionalidades y adoptar las medidas de levantamiento de la suspensión en caso del incumplimiento de las mismas, así como determinar la compatibilidad con la participación en política” y

-”Corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad entre el cumplimiento de la condena y la participación simultánea en Política”.