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Miércoles, 14 Junio 2017

¿Las Farc manejarán su propia ‘platica’?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

“El decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”, afirmación imprecisa que fue difundida por el programa radial La Hora de la Verdad de Fernando Londoño.

La semana pasada el periodista D´mar Córdoba Salamanca, productor de contenidos en Radio Red RCN y quien ha trabajado con Fernando Londoño desde 2004, como lo certifica su perfil, sostuvo que “el Decreto 903 indica que los bienes de las Farc pasarán a manos de una fiduciaria, que será manejada por las mismas Farc”.

 

 

Para verificar su aseveración es necesario revisar el contexto ya que los bienes de las Farc ha sido un tema de gran controversia a lo largo del proceso de paz. En un principio las Farc dijeron no tener bienes, luego aceptaron poseer varios activos y después el papel protagónico en el asunto lo ha tomado el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien hace dos semanas le dijo a Noticias Caracol que por primera vez la Fiscalía tiene el listado de los bienes y los testaferros de las Farc.

“Estamos hablando de miles de inmuebles urbanos, rurales, automotores, ganado, dinero, establecimiento de comercio que tenemos identificados (…) Estamos hablando de billones de pesos”, explicó Martínez.

El tema no es cosa menor porque, según quedó establecido en el decreto 903, antes que se acaben jurídicamente las Zonas Veredales de Transición y Normalización, Zvtn, las Farc deben entregar la lista de sus bienes y activos.

“Las Farc elaborarán un inventario definitivo de sus bienes y activos dentro del término o plazo que habrá de coincidir con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y Puntos Transitorios de Normalización, PTN”, dice el decreto.

Esa fecha es el 1 de agosto de acuerdo al cronograma que entregó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Mm&v.

Cronograma para la dejación de armas de las Farc

Respecto al asunto el Acuerdo Final en su página 186 es puntal: Bienes que no reporte las Farc pasarán a manos de la jurisdicción ordinaria (la Fiscalía) y por ende podrán ser llevados a un proceso de extinción de dominio.

“Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Sobre la recepción y manejo de dichos bienes y activos, el Gobierno nacional por medio del decreto 903, al que hace referencia el periodista Córdoba Salamanca, decidió que se irán para el Fondo de Víctimas, es decir, para la reparación de las personas que hayan sido víctimas del conflicto armado.

Dice el decreto que se creará “un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los términos de administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio a su cargo, y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba”.

La aseveración del periodista Córdoba Salamanca fue encaminada a expresar que dicha fiducia, o contrato fiduciario como lo señala el decreto 903, en la que estarán los bienes de las Farc sería “manejada por las mismas Farc”.

La afirmación, según pudo establecer Colombiacheck, es inflada porque de acuerdo al mismo decreto las Farc sí tendrán incidencia en dicho contrato fiduciario pero no serán autónomas para manejar los recursos que se obtengan de dichos bienes y activos. El decreto explica que: “El Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). La administración del fondo fiduciario la hará la entidad que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al Gobierno nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo”.

Respecto a esto la gran pregunta es: ¿quiénes conforman la Csivi que recomendará al Gobierno nacional sobre la administración del Consejo Fiduciario que recibe los bienes y activos farianos?

La respuesta la tiene el decreto 1995 de diciembre de 2016 que en su artículo 2 establece que la Csivi “estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida legal, o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Los representantes del Gobierno Nacional serán de alto nivel y serán designados por el Presidente de la República”.

Como ha sido de público conocimiento, y como Colombiacheck verificó con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), los tres representantes de alto nivel por el lado del Gobierno son Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo, éste último saldría de la Csivi en caso de ser candidato presidencial en 2018, así lo confirmaron de la oficina de prensa y comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado.

Es decir, tres personas afines al Gobierno recomendarán al mismo Gobierno como administrar el Consejo Fiduciario al que llegarán los bienes y activos de la guerrilla que se tendrán que usar para reparar a las víctimas.

Por el lado de las Farc, los tres representantes en la Csivi son Victoria Sandino, Jesús Santrich e Iván Márquez.

La información sobre quién recomendará respecto a la administración de la fiducia es clara, la mitad serán personas afines al Gobierno y la otra mitad representantes de las Farc. Es decir, sí habrá una incidencia de la guerrilla en cuanto a la administración de sus propios bienes y activos pero no tendrán autonomía total como lo aseveró el periodista y abogado de La Hora de la Verdad, D´mar Córdoba Salamanca.

Colombiacheck contactó a D´mar Córdoba Salamanca quien explicó que en el tuit que se publicó en el programa La Hora de la Verdad en definitiva sí debió hacerse más claridad que los fondos no solo los manejarían las Farc. Córdoba añadió que en el programa él explicó con más detalles el tema pero que igual queda claro que las Farc sí tendrán incidencia en el manejo de sus propios recursos.

Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?