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Sábado, 23 Julio 2016

Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ni un sólo día de cárcel para las Farc, ha sido una de las más fuertes críticas del expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz. Colombiacheck verificó y en este caso tiene razón. Pero no tanta.

Colombiacheck verificó la afirmación que ha dicho el expresidente Uribe sobre el tema de no cárcel para las Farc, una consigna que no sólo ha dicho el actual senador sino un gran número de personas afines al uribismo, críticos del proceso de paz, postura que representa a un buen número de colombianos.

 

 

Lo primero que hay que decir respecto a las continuas afirmaciones de que no habrá cárcel para las Farc, es que es un argumento que apela al imaginario colectivo de una prisión con celdas pequeñas separadas por barrotes. Algo que puede confundir a los colombianos ya que los desmovilizados de las Farc sí pagarán sanciones con restricción efectiva de su libertad, solo que lo harán en otro tipo de espacios, según el Acuerdo General de paz.

Ese tema se trata, específicamente, en el punto sobre Víctimas. El cual deja muy claro que los guerrilleros que se acojan al proceso de paz y cumplan con ciertos requisitos, no pagarán sus penas en una prisión tal y como las conocemos.

Esa imagen de guerrilleros tras las rejas, especialmente los miembros del Secretariado de las Farc, por la que claman Uribe y sus seguidores, es poco probable que la veamos. Mucho menos si la imaginamos al estilo de Hollywood: con pijama de rayas o con sudadera naranja como suele mostrarlos el cine norteamericano.

La afirmación de Uribe se basa en el numeral 60 del punto de Víctimas, el cual sentencia: “La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”.

 

El camino de la verdad

Respecto a penas y sanciones, el Acuerdo General de paz, dispone dos tipos de tratamientos para los guerrilleros. Por un lado los que digan la verdad, asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición, sin importar si se trata de delitos graves, amnistiables o no amnistiables, no pagarán cárcel.

Tal y como lo ha sostenido el expresidente, lo que tendrán será restricción de la libertad y de movimiento. Inicialmente, luego de la firma del Acuerdo General, estarán seis meses en las famosas 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y en los ocho campamentos de ubicación en donde se realizará el proceso de desarme y reintegración a la vida civil.

Luego de esos seis meses, los combatientes irán a unas zonas de reincorporación que aún están pendientes de acordar entre Gobierno y Farc, como parte del tercer punto de Fin del Conflicto. Zonas de las que aún se desconocen sus detalles.

Precisamente el tema de las penas ha sido uno de los aspectos que el uribismo ha puesto como condición para participar de los diálogos en La Habana. “Si el Gobierno y las Farc aceptan reabrir algunos capítulos como el de la impunidad y la elegibilidad política, estaríamos dispuestos a participar en esa conversación”, sentenció el senador Uribe el 21 de julio en una cumbre del Centro Democrático.

 

El camino de los renegados

Los guerrilleros que no digan la verdad ni asuman su responsabilidad, también estarán en las Zvtn y en los ocho puntos de ubicación, pero al no cumplir con los requerimientos del Acuerdo General, su camino será diferente.

Estos desmovilizados tendrán que afrontar la justicia ordinaria o en su defecto ajustarse a las máximas penas alternativas pactadas en la negociación, que en ningún caso podrán superar los 20 años de cárcel, según el numeral 60 del punto de Víctimas.

“Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves”.

Básicamente estas son las únicas dos opciones que tienen los militantes de las Farc que se sometan al Acuerdo General de paz, zanahoria o garrote.

A grandes rasgos el gobierno colombiano apuesta por un concepto alternativo de lo que significa pagar las penas o sanciones. Los miembros de las Farc, de asumir su responsabilidad, no estarán en La Picota, La Modelo, El Buen Pastor o extraditados en Estados Unidos, ya que la no extradición quedó acordada en el numeral 72 del punto de Víctimas.

Respecto al debate sobre si las Farc pagarán sanción intramural, Colombiacheck dialogó con María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), quien explicó que no hay estándares internacionales que manifiesten que las penas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos deben ser intramurales.

Lo importante, según Moreno, es que no pueden dejar de ser sancionados. La directora de Ictj explicó que la costumbre internacional son las prisiones intramurales pero que cada país que negocie un proceso de paz con un grupo armado, tiene la potestad para definir cómo serán las sanciones.

Respecto al hecho de que sean elegibles (como lo expresó el exmandatario Uribe en su tuit) es preciso indicar que el Acuerdo General los habilita para participar de las elecciones pero que esto no será una carrera breve, tal y como lo explicamos en el chequeo ¿Timochenko presidente?

Martes, 25 Julio 2017

En masacres los ‘paras’ ocupan un horroroso primer lugar

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo ante la Corte Constitucional que hubo más de 2.000 masacres y de ellas más de la mitad fueron cometidas por los paras.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha sido tema de debate en la Corte Constitucional, uno de ellos se vivió el pasado 6 de julio cuando ante los magistrados de dicha corporación se presentaron distintas posturas frente a la JEP, por ejemplo, la de Soraya Gutiérrez, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y la del general retirado Jaime Ruiz, presidente de Acore, Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares.

Ambos presentaron posiciones diversas frente a la JEP, por ejemplo, el general Ruiz sostuvo que “Son totalmente victoriosos ustedes junto con la extrema izquierda radical en las acciones conducidas respecto a esta guerra jurídica”. “Nos derrotaron”, añadió.

Al escuchar el término “guerra jurídica” la vocera del Movice reaccionó, pidió derecho a réplica y explicó que no se trata de una “guerra jurídica”.

“Nosotros no hacemos guerra jurídica. Precisamente esa noción de guerra jurídica es una extensión de lo que ha pasado en Colombia de doctrinas de seguridad nacional, de doctrinas del enemigo interno”, señaló Gutiérrez.

En su réplica al general Ruiz la vocera del Movice se extendió y añadió que “más de 2.000 masacres cometidas en Colombia no pudieron haberse cometido simplemente porque las autoridades no actuaron, sino que tuvo que haber una connivencia directa. Más de 1.100 masacres cometidas por grupos paramilitares tuvieron que haberse cometido con la connivencia y con la complicidad de fuerzas militares”.

Los anteriores datos los seleccionó Colombiacheck con el objetivo de verificar la veracidad de los mismos, es decir, para conocer si realmente en Colombia ha habido más de 2.000 masacres y si de ese número más de 1.100 fueron cometidas por grupos paramilitares como lo declaró Gutiérrez.

¿Cuántas masacres hay registradas en Colombia?

Consultamos con la vocera del Movice respecto a la fuente que empleó ante la Corte Constitucional para argumentar los datos expresados. Gutiérrez respondió que la información la emitió fundamentada en el informe ¡Basta Ya! del Grupo de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Revisamos dicho informe y encontramos que las cifras citadas por Gutiérrez son muy aproximadas pero no totalmente exactas. Según ella, todo se debió a no tener las cifras a mano.

En realidad el número de masacres en Colombia no son “más de 2.000” sino 1.982, es decir, 18 hechos victimizantes menos, dato que se encuentra en la página 47 del informe ¡Basta Ya!

“La distribución ya mencionada de la participación de los actores armados en las 1.982 masacres cometidas entre 1980 y 2012 (58,9%, grupos paramilitares; 17,3%, guerrillas; 7,9%, Fuerza Pública; 14,8%, grupos armados no identificados; 0,6%, paramilitares y Fuerza Pública en acciones conjuntas; y 0,4%, otros grupos) revela que de cada diez masacres seis fueron perpetradas por los grupos paramilitares, dos por las guerrillas y una por miembros de la Fuerza Pública”.

De acuerdo con el documento, la afirmación de Gutiérrez sería aproximada, sin embargo, como dicho informe tiene datos con corte a 2013 Colombiacheck buscó información más actualizada del número de masacres en el país y la encontró. Según aclaró el Centro de Memoria Histórica a este medio en la base de datos de masacres del Observatorio de Memoria y Conflicto con corte al 15 de septiembre de 2016, ya no hay 1.982 masacres registradas en el país sino 2.252, es decir, más de 2.000 como lo aseveró Gutiérrez.

La información actualizada también revela que el número de personas muertas en esas masacres es de 13.268, en promedio seis personas muertas por masacre.

Datos del horror

La afirmación de Gutiérrez sobre que los paramilitares cometieron más de 1.100 masacres también es correcta, según el informe Basta Ya, entre los actores armados que cometieron las 1.982 masacres, los grupos paramilitares lideran esa deshonrosa clasificación con el 58.9% de las masacres, lo que equivale a 1.167 masacres.

En relación al número de muertos que dejó cada masacre es fundamental explicar que los paramilitares también fueron el grupo armado que más acabó con vidas humanas.

Dice el informe que en todas las masacres estudiadas se causó la muerte a 11.751 personas, un promedio de seis personas muertas por masacre. “7.160 personas murieron en las masacres cometidas por paramilitares, lo que corresponde a un 61,8% del total; 2.069 en las realizadas por la guerrilla, un 17,6%; 870 en las perpetradas por miembros de la Fuerza Pública, lo que corresponde a un 7,4%; 1.486 en las ejecutadas por grupos armados no identificados, es decir, un 12,6%; las masacres organizadas por dos o más actores armados en acción conjunta dejaron 98 víctimas fatales, un 0,8%; y 68 (0,6%) víctimas en las cometidas por otros grupos armados”.