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Verdadero pero...

Sábado, 23 Julio 2016

Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ni un sólo día de cárcel para las Farc, ha sido una de las más fuertes críticas del expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz. Colombiacheck verificó y en este caso tiene razón. Pero no tanta.

Colombiacheck verificó la afirmación que ha dicho el expresidente Uribe sobre el tema de no cárcel para las Farc, una consigna que no sólo ha dicho el actual senador sino un gran número de personas afines al uribismo, críticos del proceso de paz, postura que representa a un buen número de colombianos.

 

 

Lo primero que hay que decir respecto a las continuas afirmaciones de que no habrá cárcel para las Farc, es que es un argumento que apela al imaginario colectivo de una prisión con celdas pequeñas separadas por barrotes. Algo que puede confundir a los colombianos ya que los desmovilizados de las Farc sí pagarán sanciones con restricción efectiva de su libertad, solo que lo harán en otro tipo de espacios, según el Acuerdo General de paz.

Ese tema se trata, específicamente, en el punto sobre Víctimas. El cual deja muy claro que los guerrilleros que se acojan al proceso de paz y cumplan con ciertos requisitos, no pagarán sus penas en una prisión tal y como las conocemos.

Esa imagen de guerrilleros tras las rejas, especialmente los miembros del Secretariado de las Farc, por la que claman Uribe y sus seguidores, es poco probable que la veamos. Mucho menos si la imaginamos al estilo de Hollywood: con pijama de rayas o con sudadera naranja como suele mostrarlos el cine norteamericano.

La afirmación de Uribe se basa en el numeral 60 del punto de Víctimas, el cual sentencia: “La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”.

 

El camino de la verdad

Respecto a penas y sanciones, el Acuerdo General de paz, dispone dos tipos de tratamientos para los guerrilleros. Por un lado los que digan la verdad, asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición, sin importar si se trata de delitos graves, amnistiables o no amnistiables, no pagarán cárcel.

Tal y como lo ha sostenido el expresidente, lo que tendrán será restricción de la libertad y de movimiento. Inicialmente, luego de la firma del Acuerdo General, estarán seis meses en las famosas 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y en los ocho campamentos de ubicación en donde se realizará el proceso de desarme y reintegración a la vida civil.

Luego de esos seis meses, los combatientes irán a unas zonas de reincorporación que aún están pendientes de acordar entre Gobierno y Farc, como parte del tercer punto de Fin del Conflicto. Zonas de las que aún se desconocen sus detalles.

Precisamente el tema de las penas ha sido uno de los aspectos que el uribismo ha puesto como condición para participar de los diálogos en La Habana. “Si el Gobierno y las Farc aceptan reabrir algunos capítulos como el de la impunidad y la elegibilidad política, estaríamos dispuestos a participar en esa conversación”, sentenció el senador Uribe el 21 de julio en una cumbre del Centro Democrático.

 

El camino de los renegados

Los guerrilleros que no digan la verdad ni asuman su responsabilidad, también estarán en las Zvtn y en los ocho puntos de ubicación, pero al no cumplir con los requerimientos del Acuerdo General, su camino será diferente.

Estos desmovilizados tendrán que afrontar la justicia ordinaria o en su defecto ajustarse a las máximas penas alternativas pactadas en la negociación, que en ningún caso podrán superar los 20 años de cárcel, según el numeral 60 del punto de Víctimas.

“Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves”.

Básicamente estas son las únicas dos opciones que tienen los militantes de las Farc que se sometan al Acuerdo General de paz, zanahoria o garrote.

A grandes rasgos el gobierno colombiano apuesta por un concepto alternativo de lo que significa pagar las penas o sanciones. Los miembros de las Farc, de asumir su responsabilidad, no estarán en La Picota, La Modelo, El Buen Pastor o extraditados en Estados Unidos, ya que la no extradición quedó acordada en el numeral 72 del punto de Víctimas.

Respecto al debate sobre si las Farc pagarán sanción intramural, Colombiacheck dialogó con María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), quien explicó que no hay estándares internacionales que manifiesten que las penas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos deben ser intramurales.

Lo importante, según Moreno, es que no pueden dejar de ser sancionados. La directora de Ictj explicó que la costumbre internacional son las prisiones intramurales pero que cada país que negocie un proceso de paz con un grupo armado, tiene la potestad para definir cómo serán las sanciones.

Respecto al hecho de que sean elegibles (como lo expresó el exmandatario Uribe en su tuit) es preciso indicar que el Acuerdo General los habilita para participar de las elecciones pero que esto no será una carrera breve, tal y como lo explicamos en el chequeo ¿Timochenko presidente?

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Miércoles, 10 Abril 2019

En el archivo: ley estatutaria de JEP no da impunidad para reincidentes

Por Colombiacheck

Paloma Valencia repitió un argumento falso en contra de la JEP, diciendo equivocadamente que las objeciones a su ley estatutaria son necesarias para que reincidentes sean investigados por la Fiscalía.

Este 9 de abril, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia trinó un mensaje en apoyo a las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, enviadas por el presidente Iván Duque al Congreso. En ese mensaje, dijo:

"¿Ud está de acuerdo con que quienes reincidan en crimen habiendo recibido beneficios de las JEP, sean investigados por la Fiscalía? Si es así ud está #DeAacuerdoConLasObjeciones".

Trino Paloma Valencia

Sin embargo, como ya habíamos explicado en un chequeo reciente titulado "Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir", este argumento es falso.

En esa publicación escribimos que, 

en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”. 

Además, precisamos que

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.