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Verdadero pero...

Sábado, 23 Julio 2016

Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ni un sólo día de cárcel para las Farc, ha sido una de las más fuertes críticas del expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz. Colombiacheck verificó y en este caso tiene razón. Pero no tanta.

Colombiacheck verificó la afirmación que ha dicho el expresidente Uribe sobre el tema de no cárcel para las Farc, una consigna que no sólo ha dicho el actual senador sino un gran número de personas afines al uribismo, críticos del proceso de paz, postura que representa a un buen número de colombianos.

 

 

Lo primero que hay que decir respecto a las continuas afirmaciones de que no habrá cárcel para las Farc, es que es un argumento que apela al imaginario colectivo de una prisión con celdas pequeñas separadas por barrotes. Algo que puede confundir a los colombianos ya que los desmovilizados de las Farc sí pagarán sanciones con restricción efectiva de su libertad, solo que lo harán en otro tipo de espacios, según el Acuerdo General de paz.

Ese tema se trata, específicamente, en el punto sobre Víctimas. El cual deja muy claro que los guerrilleros que se acojan al proceso de paz y cumplan con ciertos requisitos, no pagarán sus penas en una prisión tal y como las conocemos.

Esa imagen de guerrilleros tras las rejas, especialmente los miembros del Secretariado de las Farc, por la que claman Uribe y sus seguidores, es poco probable que la veamos. Mucho menos si la imaginamos al estilo de Hollywood: con pijama de rayas o con sudadera naranja como suele mostrarlos el cine norteamericano.

La afirmación de Uribe se basa en el numeral 60 del punto de Víctimas, el cual sentencia: “La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”.

 

El camino de la verdad

Respecto a penas y sanciones, el Acuerdo General de paz, dispone dos tipos de tratamientos para los guerrilleros. Por un lado los que digan la verdad, asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición, sin importar si se trata de delitos graves, amnistiables o no amnistiables, no pagarán cárcel.

Tal y como lo ha sostenido el expresidente, lo que tendrán será restricción de la libertad y de movimiento. Inicialmente, luego de la firma del Acuerdo General, estarán seis meses en las famosas 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y en los ocho campamentos de ubicación en donde se realizará el proceso de desarme y reintegración a la vida civil.

Luego de esos seis meses, los combatientes irán a unas zonas de reincorporación que aún están pendientes de acordar entre Gobierno y Farc, como parte del tercer punto de Fin del Conflicto. Zonas de las que aún se desconocen sus detalles.

Precisamente el tema de las penas ha sido uno de los aspectos que el uribismo ha puesto como condición para participar de los diálogos en La Habana. “Si el Gobierno y las Farc aceptan reabrir algunos capítulos como el de la impunidad y la elegibilidad política, estaríamos dispuestos a participar en esa conversación”, sentenció el senador Uribe el 21 de julio en una cumbre del Centro Democrático.

 

El camino de los renegados

Los guerrilleros que no digan la verdad ni asuman su responsabilidad, también estarán en las Zvtn y en los ocho puntos de ubicación, pero al no cumplir con los requerimientos del Acuerdo General, su camino será diferente.

Estos desmovilizados tendrán que afrontar la justicia ordinaria o en su defecto ajustarse a las máximas penas alternativas pactadas en la negociación, que en ningún caso podrán superar los 20 años de cárcel, según el numeral 60 del punto de Víctimas.

“Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves”.

Básicamente estas son las únicas dos opciones que tienen los militantes de las Farc que se sometan al Acuerdo General de paz, zanahoria o garrote.

A grandes rasgos el gobierno colombiano apuesta por un concepto alternativo de lo que significa pagar las penas o sanciones. Los miembros de las Farc, de asumir su responsabilidad, no estarán en La Picota, La Modelo, El Buen Pastor o extraditados en Estados Unidos, ya que la no extradición quedó acordada en el numeral 72 del punto de Víctimas.

Respecto al debate sobre si las Farc pagarán sanción intramural, Colombiacheck dialogó con María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), quien explicó que no hay estándares internacionales que manifiesten que las penas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos deben ser intramurales.

Lo importante, según Moreno, es que no pueden dejar de ser sancionados. La directora de Ictj explicó que la costumbre internacional son las prisiones intramurales pero que cada país que negocie un proceso de paz con un grupo armado, tiene la potestad para definir cómo serán las sanciones.

Respecto al hecho de que sean elegibles (como lo expresó el exmandatario Uribe en su tuit) es preciso indicar que el Acuerdo General los habilita para participar de las elecciones pero que esto no será una carrera breve, tal y como lo explicamos en el chequeo ¿Timochenko presidente?

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Lunes, 27 Febrero 2017

¿Un ‘orangután’ para favorecer a militares se está colando en JEP?

Por Sania Salazar

Integrante de Voces de Paz, movimiento político de las Farc que acompaña la implementación del Acuerdo Final, asegura que en el proyecto de acto legislativo sobre la JEP que estudia el Congreso, hay una modificación a la regulación de responsabilidad de mando que no debería estar allí. Se une a otras voces que señalan fallas en dicho proyecto.

En la cuenta de Twitter del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, @movicecol destacaron hace un par de semanas una frase de Judith Maldonado, vocera del movimiento político Voces de Paz en el Senado, sobre la responsabilidad de mando.

Se trata de un aspecto algo técnico, pero relevante, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha causado polémica.

Maldonado criticó que en el proyecto de acto legislativo que crea la JEP se hubiera incluido un capítulo sobre responsabilidad de mando.

 

 

Después de revisar documentos y consultar a expertos Colombiacheck califica la afirmación como ligera, pues técnicamente el capítulo se puede incluir.

Pese a esta calificación, es importante esta denuncia y la atención la avalancha de críticas sobre la orientación que se le está dando a esta regulación que, según expertos consultados, buscaría favorecer a los militares y, de rebote, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones en Colombia sobre la implementación del Acuerdo Final.

¿Por dónde se está colando ese ‘mico’?

Llamamos a Maldonado y nos explicó que se refiere, específicamente, al capítulo 7, artículos 21, 22 y 23, del acto legislativo sobre la JEP que están discutiendo actualmente en el Congreso.

“En la página 279 del Acuerdo Final dice que Gobierno y Farc concertaron diez puntos que debe llevar el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ahí no se encuentra ninguna mención a que se resuelva la responsabilidad de mando, en cambio a esta se hace mención en el acto legislativo que ya está en discusión en el Congreso”, especificó Maldonado.

Para comprender mejor el asunto hay que entender, primero, qué es responsabilidad de mando.

¿Eso con qué se come?

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, explica así el concepto en una columna publicada en El Espectador: “es una figura del derecho internacional que existe desde hace décadas y que establece cuándo un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. La tesis central es que, incluso si el comandante no ordenó las atrocidades ni participó en ellas, debe responder por los actos cometidos por sus subalternos si, pudiendo hacerlo, no evitó que éstas ocurrieran o se abstuvo de sancionar a los responsables”.

“El rechazo a este capítulo se debe a que no está incluido en el punto 5 del Acuerdo Final y tampoco en el acuerdo específico de lo que debe contener el acto legislativo y a nosotros eso nos parece un abuso”, detalló Maldonado.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que aunque el Acuerdo no establece que el tratamiento a Fuerza Pública debe incorporarse a la reforma constitucional que cree la JEP “eso no es obstáculo para que esa reforma constitucional lo incluya. No hay motivo”.

Un acto legislativo, como lo explica la Misión de Observación Electoral, MOE, es “una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales”.

Colombiacheck revisó la página 279 del Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc, allí no encontró menciones específicas a la responsabilidad de mando, como lo asegura Maldonado.

El siguiente paso fue mirar el texto definitivo aprobado en sesión plenaria de la Cámara y, efectivamente, en el capítulo 7, artículo transitorio 23, se determinan cuatro situaciones para aplicar la responsabilidad de mando. Ese texto se está discutiendo también en el Senado, donde pasó a último debate.

“El capítulo siete que nos quieren meter ahí es por cuestión, me imagino, de los intereses de los militares, del Ministerio de Defensa. El debate candente está, sobre todo, en la responsabilidad de mando, porque ellos quieren que esta se haga efectiva cuando ocurran simultáneamente cuatro condiciones que no están en el derecho penal internacional, la responsabilidad de mando está en el artículo 28 del Estatuto de Roma y es todo lo contrario”, precisó Maldonado.

Hay que mencionar que Colombia firmó el Estatuto de Roma en 2002, lo que quiere decir que el país se debe regir por este.

Maldonado criticó además el hecho de que inicialmente, la responsabilidad de mando estaba redactada de manera exacta tanto para las Farc como para miembros de la Fuerza Pública en el Acuerdo entre Gobierno y Farc, "ambas remitían al contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma, pero un día antes de la firma de dicho Acuerdo en el Teatro Colón, el Gobierno modificó unilateralmente el texto sobre la remisión al artículo 28 para militares", aseguró.

Unos a favor, otros en contra

“Es verdad que no hay ninguna referencia expresa al Estatuto de Roma, entre otras cosas, porque no hay ninguna obligación de aplicarlo directamente”, explicó el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en el programa Semana en Vivo y añadió que lo que se debe hacer es respetar los estándares internacionales.

“Los requisitos del artículo 28 del Estatuto de Roma están perfectamente contenidos en la Jurisdicción Especial para la Paz con términos distintos”, sentenció.

En la orilla opuesta está Dejusticia, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad que ha llamado la atención sobre tres inconsistencias en la regulación de la responsabilidad de mando que explican en el video que está en el siguiente trino:

https://twitter.com/Dejusticia/status/832585810998345730

“El problema que tiene la regulación con relación a los miembros de la Fuerza Pública es que se establecen cuatro criterios, como por ejemplo tener mando formal sobre el territorio, como tener la posibilidad formal y material de dar órdenes, son criterios razonables, pero el error es que dicen que para comprobar la responsabilidad de mando tienen que concurrir simultáneamente los cuatro criterios, pero eso no es lo que dice el derecho internacional, eso es contrario al derecho internacional”, indicó Uprimny.

El investigador advirtió que la responsabilidad de mando es un deber que existe en el derecho internacional y que si no se reconoce en la reforma constitucional y no se regula adecuadamente, esto es, conforme al derecho internacional, habrá una debilidad del proceso de justicia transicional en Colombia y se abre el camino para que la Corte Penal Internacional intervenga en el país.

Se está tratando de legislar en contra los acuerdos de paz y contra las obligaciones internacionales del Estado colombiano, creo que ha habido una presión indebida de parte de los militares activos”, aseguró Alirio Uribe, Representante a la Cámara por el Polo Democrático, en el programa Semana en Vivo antes mencionado.

La senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, también ha criticado que el texto que se discute en el Congreso no va acorde con lo que dispone el derecho internacional sobre responsabilidad de mando.

 

 

¿Por qué es importante la responsabilidad de mando?

Uprimny lo explica en la misma columna antes mencionada: “Que la JEP aplique adecuadamente esta responsabilidad del mando, tanto frente a la guerrilla como frente a agentes estatales, es fundamental no sólo para evitar la impunidad de quienes incurrieron en esta responsabilidad, sino además para dar solidez jurídica al proceso de paz”.