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Verdadero pero...

Sábado, 23 Julio 2016

Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ni un sólo día de cárcel para las Farc, ha sido una de las más fuertes críticas del expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz. Colombiacheck verificó y en este caso tiene razón. Pero no tanta.

Colombiacheck verificó la afirmación que ha dicho el expresidente Uribe sobre el tema de no cárcel para las Farc, una consigna que no sólo ha dicho el actual senador sino un gran número de personas afines al uribismo, críticos del proceso de paz, postura que representa a un buen número de colombianos.

 

 

Lo primero que hay que decir respecto a las continuas afirmaciones de que no habrá cárcel para las Farc, es que es un argumento que apela al imaginario colectivo de una prisión con celdas pequeñas separadas por barrotes. Algo que puede confundir a los colombianos ya que los desmovilizados de las Farc sí pagarán sanciones con restricción efectiva de su libertad, solo que lo harán en otro tipo de espacios, según el Acuerdo General de paz.

Ese tema se trata, específicamente, en el punto sobre Víctimas. El cual deja muy claro que los guerrilleros que se acojan al proceso de paz y cumplan con ciertos requisitos, no pagarán sus penas en una prisión tal y como las conocemos.

Esa imagen de guerrilleros tras las rejas, especialmente los miembros del Secretariado de las Farc, por la que claman Uribe y sus seguidores, es poco probable que la veamos. Mucho menos si la imaginamos al estilo de Hollywood: con pijama de rayas o con sudadera naranja como suele mostrarlos el cine norteamericano.

La afirmación de Uribe se basa en el numeral 60 del punto de Víctimas, el cual sentencia: “La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”.

 

El camino de la verdad

Respecto a penas y sanciones, el Acuerdo General de paz, dispone dos tipos de tratamientos para los guerrilleros. Por un lado los que digan la verdad, asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición, sin importar si se trata de delitos graves, amnistiables o no amnistiables, no pagarán cárcel.

Tal y como lo ha sostenido el expresidente, lo que tendrán será restricción de la libertad y de movimiento. Inicialmente, luego de la firma del Acuerdo General, estarán seis meses en las famosas 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y en los ocho campamentos de ubicación en donde se realizará el proceso de desarme y reintegración a la vida civil.

Luego de esos seis meses, los combatientes irán a unas zonas de reincorporación que aún están pendientes de acordar entre Gobierno y Farc, como parte del tercer punto de Fin del Conflicto. Zonas de las que aún se desconocen sus detalles.

Precisamente el tema de las penas ha sido uno de los aspectos que el uribismo ha puesto como condición para participar de los diálogos en La Habana. “Si el Gobierno y las Farc aceptan reabrir algunos capítulos como el de la impunidad y la elegibilidad política, estaríamos dispuestos a participar en esa conversación”, sentenció el senador Uribe el 21 de julio en una cumbre del Centro Democrático.

 

El camino de los renegados

Los guerrilleros que no digan la verdad ni asuman su responsabilidad, también estarán en las Zvtn y en los ocho puntos de ubicación, pero al no cumplir con los requerimientos del Acuerdo General, su camino será diferente.

Estos desmovilizados tendrán que afrontar la justicia ordinaria o en su defecto ajustarse a las máximas penas alternativas pactadas en la negociación, que en ningún caso podrán superar los 20 años de cárcel, según el numeral 60 del punto de Víctimas.

“Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves”.

Básicamente estas son las únicas dos opciones que tienen los militantes de las Farc que se sometan al Acuerdo General de paz, zanahoria o garrote.

A grandes rasgos el gobierno colombiano apuesta por un concepto alternativo de lo que significa pagar las penas o sanciones. Los miembros de las Farc, de asumir su responsabilidad, no estarán en La Picota, La Modelo, El Buen Pastor o extraditados en Estados Unidos, ya que la no extradición quedó acordada en el numeral 72 del punto de Víctimas.

Respecto al debate sobre si las Farc pagarán sanción intramural, Colombiacheck dialogó con María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), quien explicó que no hay estándares internacionales que manifiesten que las penas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos deben ser intramurales.

Lo importante, según Moreno, es que no pueden dejar de ser sancionados. La directora de Ictj explicó que la costumbre internacional son las prisiones intramurales pero que cada país que negocie un proceso de paz con un grupo armado, tiene la potestad para definir cómo serán las sanciones.

Respecto al hecho de que sean elegibles (como lo expresó el exmandatario Uribe en su tuit) es preciso indicar que el Acuerdo General los habilita para participar de las elecciones pero que esto no será una carrera breve, tal y como lo explicamos en el chequeo ¿Timochenko presidente?

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Lunes, 22 Agosto 2016

“Acuerdos de La Habana posibilitan reemplazar servicio militar obligatorio por servicio social”, Lozada

Por Sania Salazar

La iniciativa de la que habla Carlos Antonio Lozada, integrante de las Farc, no hace parte de lo acordado en la mesa de diálogos. Pero la firma de los acuerdos dejaría el terreno fértil para que la propuesta prospere.

Tal parece que varios actores sociales del país están pensando ya en el panorama colombiano luego de que las Farc y el Gobierno firmen los acuerdos de la mesa de La Habana.

Carlos Antonio Lozada, integrante del secretariado de las Farc publicó este trino el pasado 31 de julio:

 

 

¿Pero han hablado Gobierno y Farc sobre este cambio?

Le solicitamos al equipo de prensa de la delegación de paz de las Farc una entrevista con Lozada, pero nos contestaron que él se encontraba en Colombia visitando los puntos en los que se instalarán las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, por lo que no podía atendernos.

“Aunque la iniciativa está inscrita en el espíritu del proceso, no hace parte de la mesa”, explicó el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, uno de los autores del Proyecto de Acto Legislativo N° 096 de 2015 “por medio del cual se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones”.

El proyecto, radicado el 26 de agosto del 2015 y que pretende modificar los artículos 22 y 216 de la Constitución Política de Colombia, quedó archivado porque se vencieron los términos para su discusión y será nuevamente puesto a consideración del Congreso, pues según Cepeda, hay proyectos de ley que es necesario presentar varias veces.

Colombiacheck encontró que la afirmación del comandante de las Farc es Aproximada, pues aunque los acuerdos pueden dejar el terreno propicio para que este cambio se dé, hay que esperar a que la propuesta se cristalice.

El objetivo del proyecto

“En líneas generales este Proyecto de Acto Legislativo propone la creación de un servicio que posibilite a los jóvenes opciones diversas para cumplir con sus deberes ciudadanos, mediante acciones y dinámicas en los territorios que incentiven y propendan por una cultura de paz basada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos, como soporte para la ampliación y fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho”, dice el texto del Proyecto.

Cepeda explicó que la iniciativa contempla dos posibilidades, que solo sea servicio social o que se pueda elegir entre servicio militar o social, e indicó que eso se concertará en el camino.

“El objetivo de este Proyecto de Acto Legislativo es establecer los fundamentos para la creación del Servicio Social para la Paz; este proyecto no desarrolla el Servicio Social para la Paz (el cual deberá ser posteriormente reglamentado por la ley), solo crea y establece sus principales características”, aclara.

Entre las características propuestas están: duración máxima de 12 meses. Se prestará en entidades gubernamentales civiles, organizaciones sociales y comunitarias, del orden nacional y regional, en coordinación con las entidades del Estado designadas para ello. Se certificará como práctica no remunerada y se podrá cumplir al terminar los estudios básicos o durante la realización de los estudios superiores según la vocación profesional, o como profesional en su respectiva área.

Colombiacheck quiso conocer la opinión del Jefe de reclutamiento del Ejército, sobre este posible cambio, pero su jefe de prensa, Juan David Moreno, nos explicó que a los militares no les está permitido pronunciarse sobre asuntos políticos.

Una propuesta que no ha prosperado

Consultamos a Congreso Visible sobre las propuestas que han buscado eliminar o modificar el servicio militar en Colombia y nos informaron que desde 1998 hasta el 20 de junio de 2015 se radicaron 83 proyectos, cinco de ellos han pretendido eliminar el carácter obligatorio del mismo.

Los más recientes, de 1998 y 2002 que buscaban, precisamente, la eliminación del servicio militar obligatorio y la creación de un servicio social.

El presidente Juan Manuel Santos prometió en su última campaña presidencial que si lograba la paz eliminaría el servicio militar obligatorio.

El senador Cepeda le dijo el año pasado a El Espectador que este cambio se necesita en el momento histórico del país “para desarrollar los acuerdos que se logren en La Habana y buscar la sostenibilidad de la paz en sus territorios”.

Si bien para Cepeda la mesa de La Habana posibilita este cambio, habrá que esperar que efectivamente el proyecto de ley se apruebe y se aplique.