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Jueves, 28 Junio 2018

Las mentiras acerca de la consulta anticorrupción

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En la última semana las redes sociales se han inundado de cadenas y trinos que desinforman a la ciudadanía para que se abstenga o marque No a los puntos de la consulta.

El próximo 26 de agosto los colombianos acudirán a las urnas para votar los siete mandatos de la Consulta Popular Anticorrupción. Un mecanismo de participación ciudadana con el que se busca, entre otras cosas, bajarle el salario a los congresistas, limitar los periodos de reelección en las corporaciones públicas y enviar a la cárcel a quienes cometan actos de corrupción.

Este es el tarjetón con los siete puntos que deberán marcar los ciudadanos habilitados que decidan salir a votar.

Tarjetón de la consulta anticorrupción

La iniciativa, impulsada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano -sus principales promotoras-, surgió ante la incapacidad del Congreso de la República de auto reformarse, según Joan Manuel Correa, del proyecto Congreso Visible.

Ahora, para que la consulta sea aprobada se requiere que al menos un tercio del total del censo electoral, es decir 12’075.756 personas, salga a las urnas y que cada uno de los mandatos obtenga mínimo 6’037.878 de votos por el “Sí”.

Si se llegan a cumplir los umbrales y son aprobados los mandatos de la consulta, estos volverán al Congreso, quien tendrá la tarea de hacer su reglamentación, punto a punto, para que salgan como leyes de la República.

En la última semana, no obstante, las redes sociales se han llenado de información engañosa sobre la consulta.

Colombiacheck revisó una cadena y dos trinos para verificar la información que se está difundiendo.

La cadena

En varios grupos y páginas de Facebook se ha difundido una cadena que invita a no votar la consulta anticorrupción e incluye varios motivos que vale la pena revisar.

Cadena en Facebook con mentiras sobre la consulta anticorrupción

Aunque varios de los puntos son especulaciones o agresiones que no tienen datos verificables con la metodología exacta de Colombiacheck, hicimos el ejercicio de analizar los cinco puntos. Para ello consultamos a analistas de universidades u observatorios electorales, así como a las promotoras de la consulta.

“Es una consulta disfrazada de buenas intenciones que lo que busca es utilizar las leyes a favor de quienes las hacen.”

Aunque este punto es una especulación sobre las intenciones que tienen quienes promueven la consulta, Claudia López ha insistido en afirmar que impulsarla no busca el beneficio personal ni político de nadie.

Por su parte, Juan Pablo Milanese, jefe del departamento de estudios políticos de la Universidad Icesi, dice que no se trata de una manipulación sobre las leyes a favor de nadie, “sino de un cambio en las mecánicas y en las leyes que rigen la política colombiana en búsqueda de transparencia”.

Asunto en el que coincide Angélica Lozano, quien añade que “los siete mandatos van a regir para todos los servidores públicos de elección popular. No es para unos sí y otros no”.

Ahora bien, lo que dicen tanto Milanese como Yann Basset, director del observatorio electoral de la Universidad del Rosario, es que será inevitable que si la consulta resulta exitosa, tanto López como Lozano terminen políticamente favorecidas.

Sin embargo, según el investigador del Icesi, eso no es malo porque justamente cuando López se lanzó al Senado en 2014, la lucha contra la corrupción fue uno de sus principales caballos de batalla. “Eso siempre ha hecho parte de su agenda política y lo que está haciendo es cumplir con lo que dijo”, dice Milanese.

“Busca que los senadores solo tengan derecho a dos periodos en el congreso por lo tanto como la piedra en el zapato para la oposición es Uribe, lo que buscan es que este no cuide más los ciudadanos en el congreso” (Sic.).

En primer lugar, la afirmación tiene una imprecisión porque la consulta anticorrupción no habla de limitar a dos los periodos en el Congreso. Plantea “máximo tres periodos para ser elegido en una corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales”.

Y en segundo lugar, Milanese aclara que con esto “no se busca limitar el mandato para un senador específico, sino para todos los senadores y representantes, y en otros cuerpos colegiados”.

Si este punto se aprueba, no es retroactivo y regirá a partir del año siguiente a su aprobación, aclara Lozano. Álvaro Garzón Alarcón, coordinador del área de derecho penal del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, confirma lo dicho por la representante y agrega que la reglamentación de la consulta es la que establecerá a partir de qué momento debe entenderse la entrada en vigencia de la nueva ley.

Es decir que, dado el caso de que el senador Álvaro Uribe, podría hacerlo en tres oportunidades más (2022, 2026 y 2032) aparte de las dos recientes (2014 y 2018). Lo mismo para cualquier otro congresista electo.

En todo caso, lo que busca realmente esta propuesta es evitar que congresistas se ‘atornillen’ en sus puestos “sabiendo que cuando están en el Congreso adquieren las relaciones que les permiten generar recursos para perpetuarse en ese puesto”, explica Basset.

“3. Claudia López y su mujer preparan sus candidaturas a la presidencia durante estos cuatro años con esta consulta populista, así ellas tendrán el camino libre para llegar al poder, quitando después a Duque facultades para que tampoco pueda ser senador en un futuro luego de su mandato y así ellas crear su siniestro plan que consta de:

  1. llegar a la presidencia.
  2. cumplir la agenda homosexual en su gobierno.
  3. sin el doctor Uribe, paloma Valencia, la doctora vivían, Alejandro Ordóñez y sin la doctora María Fernanda cabal, legalizaran el aborto, lo que sería muy contra la moral y nuestras costumbres.
  4. buscarán luego legalizar el matrimonio homosexual y discriminaran al heterosexual.
  5. Querrán educar a nuestros hijos con bases homosexuales.” (Sic.).

Nuevamente se trata de una especulación sobre las intenciones que puedan tener Claudia López y de Angélica Lozano con la consulta anticorrupción. Frente a esos señalamientos, la exsenadora respondió:

“Dijeron que me inventé la consulta para lanzarme a la presidencia. Ya fui candidata y la consulta sigue. Después, que era para lanzarme a la vicepresidencia, ya fui la candidata a la vicepresidencia y esta consulta sigue. Y lo quiero decir con toda claridad: no soy candidata a nada. Soy senadora que está terminando su periodo, ciudadana y vocera en mi condición de ciudadana, de 4 millones 300 mil ciudadanos que firmamos para pedir la consulta”.

Que Claudia o Angélica saquen réditos políticos de la consulta no es algo chequeable, pero el punto de quitarle facultades a Iván Duque sí es falso, porque la consulta anticorrupción no cuenta con el mecanismo para hacerlo, está enfocada a los congresistas y miembros de las corporaciones locales y departamentales. No en el presidente.

Y en ese sentido, ni a Alejandro Ordóñez y ni a Viviane Morales, nombrados en el punto C de la cadena, los afecta en absoluto la consulta, su aprobación, ni su reglamentación. A menos, claro está, que como funcionarios del Estado cometan actos de corrupción, en concordancia con el mandato 2 que ordena “quitarle los privilegios a los corruptos”.

Pero en todo caso, como se ha podido ver recientemente en varios videos compartidos en redes sociales, el presidente electo Iván Duque apoyó como senador la consulta y se mantuvo en esa posición durante la campaña presidencial y después de su victoria. Este es un trino publicado por el mismo Duque.

 

 

Además, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y una de las mencionadas en la cadena, dijo a Colombiacheck.com que ha ayudado a que la consulta salga y que espera que “la saquen adelante”.

Finalmente, sobre lo que menciona la cadena de “cumplir la agenda homosexual”, legalizar el aborto ㅡdespenalizado en 2006ㅡ y el matrimonio homosexual ㅡposible desde 2016ㅡ y educar a los niños con “bases homosexuales”, Basset es enfático en afirmar que “no hay ninguna pregunta en esta que involucre ninguno de estos temas. Es una consulta que se restringe única y exclusivamente al tema de la corrupción”

Con respecto a este punto de la cadena, Yann Basset, sostiene que en el fondo hay muchos argumentos que no se enfocan en las preguntas que contiene la consulta, sino que descalifica a sus promotoras por otras posiciones que tienen y que no están relacionadas con este tema.

“4. No acabara la corrupción en cambio la ocultara, para hacer creer que no la hay.” (Sic.).

Todos los consultados por Colombiacheck coinciden en que este punto tiene algo de cierto. “En ningún momento hemos dicho que la consulta acaba toda la corrupción”, sostiene Lozano, y agrega: “Lo que busca es hacer cambios institucionales y poner límites y reglas claras que van a hacer más difícil cometer actos de corrupción”.

De acuerdo con Basset, se trata de medidas puntuales para tratar de ayudar a combatir un tipo de corrupción en el Congreso y las corporaciones públicas de elección popular, que pueden ayudar pero que, de hecho, no acaban la corrupción de por sí. “Pero todo esfuerzo que se haga para disminuirla bienvenido”, agrega Milanese.

Y que la “oculte para hacer creer que no la hay”, es dudoso, porque las medidas de transparencia contempladas en el punto seis, por ejemplo, que ordena hacer público a los ciudadanos la declaraciones de bienes, desmiente esta afirmación. “Al contrario, hay una voluntad de transparencia en la consulta”, sostiene el director del observatorio de la Universidad del Rosario.

“5. Perseguirán a la derecha por corrupción, para que está pierda su espacio y fuerza.” (Sic.).

“Esta consulta no persigue ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro, ni a los abstencionistas”, dice Lozano, pues los corruptos se ubican en cualquier parte del espectro político y hacen parte de cualquier partido.

Por su parte, Basset asegura que las preguntas tal como están formuladas no asumen un blanco particular, sino que se trata de medidas que aplicarían a todos los congresistas.

Para Milanese, sin embargo, resulta “curioso” este punto de la cadena porque parece asumir que la derecha es corrupta. “Que la derecha tenga miedo me da la impresión que es rabo paja”, concluye el investigador del Icesi.

Los trinos

En Twitter también circuló información falsa referente a la consulta en la que se decía que los promotores de esta recibirían 5.000 o 5.600 pesos por cada voto a través del mecanismo de la reposición de votos.

Estos fueron los trinos que se difundieron:

Mentira sobre reposición de votos en consulta anticorrupción

Tuit falso sobre reposición de votos en consulta anticorrupción

Para el caso de ambos, Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, sostiene que “en los mecanismo de participación ciudadana no existe reposición de votos, alcance o no el umbral”.

Estos se hacen “a palo seco”, dice Claudia López. “No hay un solo centavo de plata pública. Ni para recoger las firmas, ni para promover la participación, ni reposición de votos. Todo es única y exclusivamente con voluntariado y aporte ciudadano”.

“En la consulta no hay anticipos, tampoco reposición de votos. Eso quiere decir que los promotores no recibirán recursos por los votos obtenidos”, sostiene Fabián Hernández, de la Misión de Observación Electoral, MOE.

Frente al segundo trino que afirma que Claudia López pretendería utilizar el dinero obtenido supuestamente por la consulta para su campaña a la Alcaldía de Bogotá, la exsenadora ha sido reiterativa en afirmar que no es candidata a nada.

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Lunes, 02 Octubre 2017

¿No habrá implementación completa del Acuerdo Final?

Por Sania Salazar

Henry Acosta, mediador entre el Gobierno y las Farc, llama la atención sobre varios puntos del Acuerdo Final que, asegura, no se están cumpliendo, por lo que teme que el Gobierno le quede mal a la Farc y el proceso fracase. Ninguna de las frases es completamente cierta.

Circula desde hace unos días por Whatsapp una cadena cuyo autor dice ser Henry Acosta, el empresario que sirvió como intermediario entre el Gobierno y las Farc para iniciar las negociaciones de paz. Acosta se declara preocupado ante la posibilidad de que la implementación del Acuerdo Final se quede a medias y señala cinco puntos específicos en peligro, de los cuales chequemos tres que consideramos verificables.

A través de Whatsapp, él nos confirmó ser el autor de la cadena, y ya el 13 de septiembre había manifestado en Caracol Radio inquietudes al respecto.

Colombiacheck califica la cadena como inflada, pues ninguna de las frases es completamente cierta.

“Se está discutiendo en la Corte Constitucional la posibilidad legal de SI o NO, pueden la Farc hacer política. Se sabe que el NO está teniendo posibilidades. Eso sería el fin del fin” (sic).

Es cierto que la Corte Constitucional está revisando los actos legislativos 1 y 3 para la reincorporación política de la Farc. El acto legislativo número uno de 2017 define que los exguerrilleros no serán inhabilitados para hacer política a pesar de que sean sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

El acto legislativo número tres define la manera como el partido de la Farc obtendrá la personería jurídica, su financiación y la de su centro de pensamiento.

Acosta asegura que tiene conocimiento de que cinco de los nueve magistrados de la Corte piensan que la Farc sí puede hacer política, pero después de que sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Habrá que esperar qué decisión toman, por lo que calificamos la frase como ligera.

Hay que recordar que el objetivo principal de la negociación con la antigua guerrilla de las Farc era que participaran en política sin armas.

“Las 16 zonas electorales creadas en el Acuerdo Final, para fortalecer la participación política y democrática de los territorios abandonados; están en discusión en el Parlamento nacional, con serias posibilidades que las autoricen pero con menos 175 municipios”.

En el Acuerdo Final se pactó la creación de “16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales”. El objetivo de estas Circunscripciones es “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política”.

En efecto, el Congreso estudia el proyecto de acto legislativo por medio del cual se crearán esas circunscripciones, al que le falta el último debate en Plenaria de Senado y Cámara.

La discusión se generó por un cambio que se le introdujo al proyecto en el tercer debate. Antes de esa discusión, se había pactado que cuando las circunscripciones (zonas donde se podrán elegir a los 16 Representantes a la Cámara) tuvieran más de 50.000 ciudadanos aptos para votar, solo se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de ese municipio, excluyendo la cabecera municipal.

En cambio, se insertó un parágrafo en el que se quitan las cabeceras municipales de “cada uno de los municipios” que conforman la circunscripción y se habilitan puestos de votación y censo electoral solo de zona rural.

“Para la MOE, esta disposición es a todas luces inconveniente. La MOE ha observado que, según datos del DANE, en los municipios donde se están excluyendo los puestos urbanos, el 44% de la población habita en la cabecera municipal, sin embargo, el 61% del censo electoral está inscrito en los puestos de las cabeceras, lo que quiere decir que gran parte de la población rural vota en la cabecera. Habilitar solo los puestos de votación de las zonas rurales excluiría del derecho al voto a grandes porciones de población rural, la cual hace parte de los sujetos hacia quienes están dirigidas las Circunscripciones”, concluye el documento.

“Hay un debate que se está abriendo con el informe de ponencia que llegó ahorita, donde hay un micazo y es que se excluyen las cabeceras municipales de los más de 174 municipios que están dentro de las 16 circunscripciones en función de que estas no participen en las elecciones”, aseguró el pasado 21 de septiembre en el programa Semana en Vivo Jairo Rivera, vocero de la agrupación política Voces de Paz, y miembro de dirección colegiada del nuevo partido de la Farc.

La Silla Vacía contó el pasado 25 de septiembre, que, según los congresistas que firmaron la ponencia, lo que se busca es evitar que, en los cascos urbanos, las maquinarias regionales tengan injerencia en esa votación.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues el cambio introducido al proyecto no quita 175 municipios, como dice Acosta, sino sus cabeceras municipales, es decir, los cascos urbanos, no el territorio completo, aunque, como resalta la MOE, la decisión le quitaría el derecho al voto a un número significativo de población.

“El Tribunal y Salas de la JEP están siendo seleccionadas para que lo conformen exmagistrados y exjueces de diferentes estamentos de las FFMM. Y ese Tribunal y Salas deberá juzgar a todos los actores del conflicto”.

El pasado 26 de septiembre se conocieron los nombres de los 51 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que hay tres provenientes de la justicia penal militar.

Se trata de Camilo Andrés Suárez Aldana, coronel presidente del Tribunal Superior Militar, quien será magistrado titular en el Tribunal de Paz; Claudia Rocío Saldaña Montoya, quien se desempeñó desde 1997 y hasta el año pasado como Juez de instrucción penal militar, ella estará en la Sala de Justicia; y Sandra Rocío Hernández Cruz, quien fue directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública y está entre las suplentes de las salas de Justicia.

Colombiacheck califica la frase como falsa, pues los magistrados que han trabajado con la justicia penal militar no son la mayoría, como lo sugiere Acosta, sino todo lo contrario. Por una supuesta tendencia contrario, es decir, de izquierda también han llegado los reproches.

En su columna de opinión, Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, resalta que en la JEP hay tanto integrantes provenientes de organizaciones de derechos humanos, “que algunos asocian a la izquierda”, como personas que vienen de trabajar con la justicia penal militar, “que otros asocian a la derecha”, por lo que lo califica como un tribunal filosóficamente plural. “En todo caso, de estos magistrados se espera que decidan con base en la evidencia y no en sus visiones ideológicas”, concluye.

“Sobre los jueces penales militares, el Comité encontró valioso que se inscribieran porque es una muestra de su confianza en el proceso. Estos aspirantes fueron evaluados por su trayectoria y reconocimiento, repito. No creo que sea posible y tampoco útil para la reconciliación y la paz etiquetar a cada individuo en el espectro de las fronteras ideológicas, excepto para reproducir la polarización”, aseguró Claudia Vaca, integrante del Comité de Escogencia para la selección de integrantes del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en entrevista con El Espectador.