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Cuestionable

Viernes, 02 Octubre 2020

Medellín aún no tiene 1.000 UCI activas

Por Morada Noticias

Ni la Alcaldía de Quintero amplió en 200 por ciento la capacidad instalada de la ciudad. El gobierno de Medellín incluye dentro de sus cuentas las UCI “bloqueadas” y sin instalar.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, celebró la inauguración de la cama de Unidad de Cuidado Intensivo - UCI - número 1.000 en la ciudad el pasado 15 de septiembre. “Medellín ha cumplido su meta, y la ha superado, de tener 1.000 camas de cuidados intensivos”, dijo en una rueda de prensa

A través de sus redes sociales, además, expresó: “El 27 de marzo nos comprometimos con el Plan Mil. En solo 6 meses logramos ampliar la red hospitalaria de la ciudad, aumentando la capacidad instalada de camas UCI en un 200%. Cumplimos nuestra palabra”.

Las cifras compartidas por el alcalde implicarían que Medellín posee el 97 por ciento de la capacidad de atención de cuidados intensivos de todo el departamento de Antioquia. Y aunque la mayoría de camas UCI del departamento sí está en la ciudad capital, las declaraciones del alcalde son imprecisas.

¿Qué son las UCI?

“Una Unidad de Cuidados Intensivos es un lugar destinado en un hospital que cuenta con un personal médico y paramédico altamente entrenado en el manejo de pacientes con una enfermedad grave o crítica que implique un riesgo inmediato o temprano para la vida”, explicó Edison Gómez, especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias de la Universidad de Antioquia. 

Una cama UCI tiene también un equipo multidisciplinario alrededor del paciente y un equipo tecnológico a su disposición: monitores para medición de signos vitales, ventiladores mecánicos, máquinas de terapia de reemplazo renal, bombas de infusión (para suministrar medicamentos en dosis y velocidad constante), un carro de reanimación, equipos de aspiración, apoyo e intubación de emergencia, entre otros. Además, la cama debe permitir mover al paciente en distintas posiciones. 

Para operar una cama UCI se requiere un médico especialista en cuidado intensivo, un enfermero profesional y auxiliares de enfermería, un terapeuta respiratorio, personal de rayos x y laboratorio. “El recurso humano es lo más importante”, aseguró el médico Gómez que se desempeña en cuidados intensivos en el Oriente Antioqueño. 

Las 1.000 camas

Según la Secretaría de Salud de Medellín, en marzo, la ciudad contaba con 332 camas UCI. En mayo, consiguieron 121 más, para completar 453; en junio se sumaron 47 más (500 en total); en julio se entregaron 242 más (742 en total); en agosto 217 (959 en total) y en septiembre 41 extras, para el total de 1.000 UCI. Es decir que, de acuerdo con la entidad municipal, el aumento de camas UCI, de marzo a septiembre, es precisamente del 301,2% por ciento. 

Así presentó la Alcaldía de Medellín el incremento de nuevas UCI mes a mes, en rueda de prensa el pasado 15 de septiembre: 

Pero estas cifras no coinciden con las de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Según el gobierno departamental, al 1 de octubre en Antioquia hay 1.159 camas de Unidad de Cuidados Intensivos para adultos para tratar pacientes Covid y otras patologías. De esas camas, según el gobierno departamental, 598 están en Medellín. Es decir, que la capital paisa posee el 51,6 por ciento de las UCI del departamento.  

Por otro lado, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS del Ministerio de Salud, reportó para el 1 de octubre un total de 754 UCI de adultos en Antioquia, de las que 566 están en Medellín. Para el gobierno nacional, Medellín tiene el 75 por ciento de las UCI de adultos de Antioquia. 

El REPS también reporta que en Medellín, además, hay 50 UCI pediátricas y 79 neonatales, para un total de 695 camas UCI para pacientes de todas las edades.  

Las cifras de la nación se diferencian a las de la Gobernación y la Alcaldía porque estas últimas cuentan aquellas camas de UCI que se encuentran bloqueadas (es decir, inactivas debido a mantenimiento o falta de personal para operarlas), mientras que el REPS, por el contrario, cuenta la capacidad instalada y en funcionamiento en su reporte actualizado diariamente. Es decir, en el REPS están únicamente las UCI que se pueden utilizar apenas se necesiten. 

Por otra parte, el sistema MEData para el seguimiento del COVID-19 en tiempo real de la Secretaría de Salud de Medellín informa, a 2 de octubre de 2020, que la ciudad tiene 681 camas ocupadas, 11 bloqueadas y 308 libres. Dentro de este último grupo (las camas libres) hay 222 camas por activar. 

La Alcaldía reporta 72 camas UCI de uso inmediato más que el registro nacional. El alcalde Daniel Quintero aseguró en entrevista con la emisora Blu Radio el 16 de septiembre que no todas las camas habían sido cargadas al REPS porque “no hay personal suficiente ni son necesarias”. 

En MEData se evidencia que la Alcaldía también añade a su cifra global de 1.000 camas, 200 unidades que registran en dicho sistema como “UCI por aprobar INVIMA”. 

MEData

Si bien el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, vigila todo lo referente al uso de equipos médicos en una UCI, el equipo de prensa de la Secretaría de Salud de Medellín le dijo a Colombiacheck que el aval que falta para esas 200 unidades de cuidado intensivo es el de los ventiladores mecánicos de InnspiraMed, “una iniciativa de varias instituciones para la producción de ventiladores mecánicos de bajo costo para pacientes con COVID-19”. 

En este proyecto, profesionales de la Universidad de Antioquia, la Universidad EIA e Industrias Sampedro diseñaron tres prototipos de ventilador mecánico con apoyo de Ruta N y una sinergia de empresas privadas. 

Los prototipos se encuentran en su fase de prueba en humanos desde julio de este año y según el equipo de prensa de la Secretaría de Salud, es altamente probable que el INVIMA dé el aval pronto. 

Sin embargo, Mauricio Vélez, presidente de la junta directiva de Industrias Médicas Sampedro, y Leonor Hidalgo, líder de Innspiramed, aseguraron para el periódico Vivir en El Poblado, que existen dificultades para el reclutamiento de pacientes no COVID para pruebas y aún no hay financiación para la siguiente fase del proyecto. Por ello, tampoco hay una fecha específica proyectada para el uso de los ventiladores en pacientes de UCI. 

Ruth Elena Mena Pino, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de Medellín, afirmó que al 28 de septiembre, la ciudad contaba con las 770 camas UCI para adultos activas y de ellas, ninguna funcionaba con ventilador de InnspiraMed. 

Además, los ventiladores que aún no aprueba el INVIMA “podrán ser usados en circunstancias excepcionales graves, cuando se demuestre riesgo latente para la vida del paciente y se medie consentimiento informado con él y sus familiares responsables”, dijo la subsecretaria, pues la Circular Externa No.31 de 2020 del Ministerio de Salud lo permite como medida extraordinaria. 

Pero, según la consulta que Colombiacheck realizó con el urgentólogo Gómez, aún en una emergencia de ocupación, la disponibilidad de 1000 camas no sería inmediata, pues una UCI no se compone únicamente del ventilador mecánico. 

¿Cuántas camas nuevas puso la Administración de Daniel Quintero? 

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Medellín, entre el 17 de marzo y el 15 de septiembre de 2020, se logró un incremento del 200 por ciento en camas UCI al pasar de 332 a 1.000, de las cuales 342 fueron entregadas por el Gobierno nacional, 118 por la Alcaldía de Medellín y 540 por recursos propios de las IPS.

Si bien el alcalde no precisa los artífices del logro de “ampliar la red hospitalaria de Medellín”, el número de camas UCI no es únicamente por su gestión sino por las directrices de Presidencia de la República y Gobernación de Antioquia ante la contingencia generada por COVID-19. 

Asimismo, de acuerdo con el especialista Edison Gómez, una red hospitalaria no solamente son camas UCI, sino “las diferentes clínicas, hospitales e IPS (institución prestadora de salud) que se articulan para prestar los servicios”. 

Asimismo, el porcentaje de aumento alcanzado únicamente con recursos de la Alcaldía de Medellín, respecto a la capacidad que tenían los hospitales de la ciudad en marzo, es del 35,5 por ciento. 

Por las razones anteriormente descritas, calificamos las afirmaciones del alcalde Daniel Quintero como Cuestionables.

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Viernes, 18 Octubre 2019

Bogotá tiene tarifa diferencial de transporte para estudiantes, pero no se aplica

Por Sania Salazar

La candidata a la alcaldía de la capital por el Partido Alianza Verde, Claudia López, tiene razón en que la tarifa diferencial no se está aplicando, prometió hacerlo de ser elegida.

Hace unos días, varias organizaciones sociales de Bogotá realizaron lo que denominador el “Gran debate por la justicia social” al que solo llegó la candidata por el Partido Verde, Claudia López. 

Allí, López aseguró que “hay un acuerdo de tarifa estudiantil diferencial que no se está aplicando, es un acuerdo del Polo Democrático que se tiene que aplicar”, esto en respuesta a la pregunta de si reduciría la tarifa del transporte público para esa población durante su mandato, a lo que además dijo que el acuerdo se tiene que aplicar.

Colombiacheck califica la afirmación como “verdadero, pero”, porque es verdad que existe el Acuerdo del Concejo de Bogotá y que no se está aplicando, pero los involucrados en hacerlo realidad aseguran que no hay dinero.

El equipo de prensa de López le dijo a Colombiacheck que se trata de un acuerdo del Concejo de Bogotá, el 615 de 2015, con el que se creó la tarifa estudiantil en el sistema integrado de transporte público, Sitp, del distrito capital, “cuyo valor máximo será el equivalente al 70% de la tarifa ordinaria que aplique para los demás usuarios”.

El acuerdo establece que los beneficiados con la tarifa diferencial son los estudiantes de instituciones educativas del Distrito Capital, de grados sexto a once y los de instituciones de educación superior (técnica, tecnológica y universitaria) con sede en la capital que  pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y residan a más de un (1) kilómetro de distancia de la institución educativa.

Además, establece que “los costos de la reducción en el valor del pasaje, producto de la aplicación de la Tarifa Estudiantil prevista en el presente Acuerdo, será con cargo a los recursos de operación del SITP sujetos a los estudios que para tal fin realice Transmilenio S.A o la entidad que haga sus veces, asegurando que no se ponga en riesgo la estabilidad financiera del sistema” y aclara que serán Transmilenio y la Secretaría de Educación los encargados de administrar los recursos para cumplir con el Acuerdo.

El Acuerdo se firmó en 2015 y según Celio Nieves, concejal de Bogotá por el partido Polo Democrático y autor de la iniciativa, debía empezar a regir en 2016, pero es consciente de que antes de la implementación hay que dar unos pasos de carácter administrativo para determinar cuál es la población que se beneficiará. Pero han pasado cuatro años desde la aprobación del Acuerdo en el Concejo y la tarifa diferencial no se ha aplicado,  por lo que interpuso una acción de cumplimiento en contra de la Secretaría de Educación de Bogotá y de Transmilenio.

Tanto el Juzgado Cincuenta administrativo del circuito de Bogotá, en primera instancia, (julio de 2019) como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, (30 de agosto de 2019) negaron las pretensiones de Nieves.

El concejal dijo que interpuso esa acción “porque el alcalde Enrique Peñalosa y el gobierno en general no le ubicó recursos para cumplir ese mandato”.

Nieves cree que falta voluntad política del gobierno Peñalosa para hacer realidad el Acuerdo. “Tengo la aspiración de que quien llegue a la alcaldía de Bogotá tiene que darle cumplimiento o si no para qué aprobamos acuerdos de ciudad”, se preguntó.

En el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consta que Transmilenio dijo no tener dinero para cumplir con dicho acuerdo y aseguró que es la Secretaría Distrital de Hacienda “quien deberá garantizar las fuentes de los recursos así como la permanencia de estos en el tiempo”.

El equipo de prensa de la Secretaría de educación le explicó a Colombiacheck que en las próximas semanas entregarán a Transmilenio la actualización de un primer informe técnico que identifica a la población que cumple los requisitos para aplicarle la tarifa y que ya se había entregado a mediados de 2016, cuando se concluyó que no se tenía el dinero necesario para cumplir con el acuerdo. Con esa actualización, Transmilenio deberá hacer los estudios técnicos y financieros con las nuevas tarifas de transporte.

Fernando Rojas, experto en movilidad, explicó que el acuerdo está supeditado a la disponibilidad de dinero para hacerlo realidad. “No hay un único responsable en este caso, por más que Transmilenio quiera hacerlo, no tiene de dónde sacar los recursos, pero tampoco puede obligar a los operadores porque los operadores están quebrados, la responsabilidad es compartida entre Transmilenio y los operadores”, explicó Rojas, quien indicó también que el aporte de la administración distrital depende de la disponibilidad de dinero que tenga.

El experto enfatizó en que no es un problema de voluntad política, “es problema de una crisis estructural del sistema, como están hoy las finanzas del sistema es muy difícil que entre en funcionamiento porque no hay cómo cubrirlo, habría que quitarle esos recursos a otros rubros”, concluyó.

RedCheq