Según los hallazgos de la CEV, en la práctica, las ejecuciones extrajudiciales se ampararon en  la lógica del “enemigo” para justificar los homicidios de civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate con el fin de mostrar resultados en la lucha contrainsurgente. “El objetivo en este caso no fue ‘ganar la guerra’, sino ‘aparentar ganar la guerra’”, puntualiza la Comisión.

Sin embargo, el argumento del Centro Democrático es que “se priorizaron las desmovilizaciones (53.663) por encima de las bajas (13.000)”, cifras para las que no referencian fuente ni documentos en los que se impartiera esta orden. 

Una frase que contrasta con las denuncias de militares que señalaban al general (r) Mario Montoya —quién ocupó el cargo de comandante del Ejército Nacional entre 2006 hasta 2008— de impartir órdenes a las Fuerza Militares que se resumía en “Las bajas no es lo importante, es lo único” y “La guerra se mide en litros de sangre”, según lo ha documentado Verdad Abierta.

El Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, de marzo de 2010, resalta que “Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del ‘número de bajas’”.

Algunas de las cifras públicas sobre desmovilización que pueden usarse para contrastar lo sostenido por el Centro Democrático las guarda el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En la publicación Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC se precisa que entre 2003 a 2006 se desmovilizaron 31 mil paramilitares.

Sobre la desmovilización guerrillera —Farc, Eln y disidencias guerrilleras— el CNMH precisa que “sin duda existe un incremento marcado en el volumen de deserciones guerrilleras en los mandatos del presidente Uribe, precisamente durante los ocho años siguientes. Esto porque la ‘desmovilización individual’ –el estímulo a las deserciones guerrilleras– se convirtió en una pieza central de su política de escalamiento de la ofensiva frente a la insurgencia, dotada de importantes recursos y un impactante despliegue propagandístico con apoyo en piezas comunicativas diversas que van desde los escenarios regionales del conflicto armado hasta la opinión pública del país en general”.

Y aunque el 2008 es el año con los índices más altos de desmovilizaciones individuales (3.461), entre 2002 a 2010 no se alcanza a consolidar las más de 53 mil desmovilizaciones que sostiene el Centro Democrático. 

Según el documento Logros de la política de consolidación de la Seguridad Democrática del Ministerio de Defensa, a marzo de 2008 se habían capturado 29.335 guerrilleros de distintos grupos, lo que corresponde con la cifra cerrada de las 29 mil capturas que resalta el Centro Democrático en su comunicado, aunque no del periodo completo de gobierno de Uribe, sino de menos de seis años. Situación distinta ocurre con las bajas y las desmovilizaciones.

De acuerdo con el consolidado de MinDefensa, entre 2002 a marzo de 2008, fueron abatidos 11.154 guerrilleros y 2.323 paramilitares. Al sumar las dos cifras se acerca a la cifra de los 13 mil que resalta el partido de gobierno de Uribe. 

Sobre las bajas, unos años atrás, Colombiacheck había analizado una afirmación similar que había hecho la congresista Margarita Restrepo. En un tuit de su cuenta reluce una imagen con la frase “Durante 2 periodos presidenciales, se desmovilizaron 53.540 personas”. Según cifras de las Agencia de Reincorporación Nacional (ARN), “durante la presidencia de Uribe Vélez, se desmovilizaron 17.348 guerrilleros (2.980 del ELN y 14.368 de Farc) y 35.822 paramilitares, para un total de 53.170 personas”, se lee en el artículo de Colombiacheck, lo que indicaría que la cifra que usa el Centro Democrático junta ambos procesos de desmovilización indistintamente.

Con las investigaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de las que se sirvió la CEV para sustentar el tema en su Informe, quedan en duda los resultados de haber supuestamente priorizado las capturas. Según el Auto 033 del 2021, de 2002 a 2008, la justicia transicional pudo identificar 6.402 víctimas de esta práctica, siendo 2007 —el principio del segundo periodo presidencial de Uribe— el año en que más casos se presentaron: un total de 1.012 víctimas.

Durante el mandato de Uribe, según precisó la Comisión en su informe final, se consolidó una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad democrática y publicitar su efectividad. 

“Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, particularmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que fueron asesinadas en estado de indefensión y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. (...) Estos crímenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares”, explica la CEV.

Así que tras estas evidencias calificamos las cifras usadas en el comunicado del Centro Democrático como cuestionable, pues no citan fuente ni éstas tienen relación directa con los “falsos positivos”.

En el mismo comunicado, el partido del expresidente Uribe asegura que “desde el año 2003 se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI; en el año 2006 se formalizó un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para tal fin”.

Un argumento que tiene antecedentes en el revuelo que levantó el anuncio de la cifra de 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que hizo pública la JEP en febrero de 2021. En ese momento, Uribe y su partido se expresaron en contra de esa cifra y para librarse de la responsabilidad de los ‘falsos positivos’, se respaldaron en la supuesta directriz que impartió para que los levantamientos de guerrilleros muertos en combate fueran hechos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. 

Colombiacheck ya había verificado esta aseveración en ese entonces y encontró que es falsa.

“En una sentencia de 1993, la Corte Constitucional determinó que la coordinación de las actividades de policía judicial (entre ellas la inspección de cadáveres y lugares de los hechos) es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. O sea que la Presidencia no tiene potestad para dar órdenes al respecto”, precisó este medio meses atrás.

Otro hallazgo fue que, contrario a lo que señala el Centro Democrático, el gobierno bajo la presidencia de Uribe pretendió que las labores de levantamiento judicial de cadáveres las pudieran realizar las Fuerzas Militares a través de una reforma constitucional, para lo cual impulsó el Acto Legislativo 2 de 2003. Sin embargo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-816 de 2004.

Un hecho que se lee en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe final es que funcionarios de la Fiscalía y el CTI participaron en casos de ‘falsos positivos’. Según la CEV, habrían contribuido a “a la dinámica de ‘legalización’ de cadáveres, certificando pruebas falsas, implantando evidencia fraudulenta y generando un esquema de impunidad para que la maquinaria de muerte se siguiera cometiendo hasta llegar al menos a 6.402 víctimas entre los años 2002 y 2008”.

En el comunicado del Centro Democrático se lee que “mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam o body counting, esa mentira se cae por su propio peso”. En el capítulo de Hallazgos y recomendaciones del Informe de la Comisión no se menciona esta doctrina. Este punto del comunicado lo que busca es confrontar a quienes han sostenido que la priorización del número de bajas era una orden dentro de las Fuerzas Militares. 

Según el informe La guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: Sus más altos responsables están en la impunidad, “Para la época, cinco oficiales del Ejército llegaron a declarar públicamente: ‘la gente no llega a imaginarse la tortura psicológica de tener que entregar resultados todos los días’”, entrevistas con la que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) evidencia la tendencia dentro del gobierno del expresidente a priorizar las bajas.

La Silla Vacía, en 2018, precisó que Human Right Watch (HRW) tuvo acceso a documentos en los que se evidencia incentivos por bajas. Uno de los que salta a la vista es el que lleva por nombre “política del señor mayor general Mario Montoya”. En este resalta que los comandantes de las unidades militares eran evaluados por sus resultados.

“De igual forma, el plan de campaña 2007-2010 de la Séptima División, una de las siete divisiones del Ejército en esa época, señala que las unidades se evaluarán, primero, por las bajas enemigas, segundo, por la disminución de actos terroristas y, tercero, por la cantidad de bajas en las propias filas”, señala el artículo. 

Otro de los que ha hecho referencia a esa política es el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018). En junio de 2021, Santos compareció ante la Comisión de la Verdad para entregar información y reconocer responsabilidades del Estado en la práctica de los ‘falsos positivos’. En su reconocimiento ante la CEV, Santos sostuvo que durante el periodo presidencial de Uribe empezó a conocer rumores de que se estaba estimulando la aplicación de la llamada Doctrina Vietnam, es decir, el conteo del “número de enemigos muertos” para medir el éxito de las acciones.

Como resultado de la aplicación de esta directiva, las cifras de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate habrían crecido. Y si bien es difícil determinar si bajo ese nombre existía una directriz desde el gobierno de Uribe, algunos documentos reflejan la fijación por las muertes en combates.  

A Santos lo antecedió Camilo Ospina Bernal en la cartera de Defensa, quien estuvo en ese cargo entre los años 2005 y 2006. Según VerdadAbierta.com, el 17 de noviembre de 2005, Ospina expidió la Directiva 29, mediante la cual se establecieron criterios “para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.

Por estas razones calificamos esta afirmación como falsa.

Finalmente, el comunicado concluye con “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país” y adjunta una gráfica poco legible.

Al buscar en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, en la página 139 aparece dicha gráfica que registra el número de homicidios, desapariciones, secuestros y reclutamientos desde 1985 a 2018. Lo que se observa es una disminución de estos flagelos desde 2002. Sin embargo, no se precisa nada sobre ejecuciones extrajudiciales en la gráfica.

En diferentes publicaciones, Human Right Watch (HRW) ha señalado cómo en el periodo del gobierno de Uribe se mantienen las cifras más altas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas legítimas en combate. 

“Desde 2002 hasta 2008, brigadas del Ejército en Colombia ejecutaron rutinariamente a civiles en lo que se conoce como asesinatos de ‘falsos positivos’. Bajo la presión de sus superiores para mostrar resultados ‘positivos’ y aumentar el número de cadáveres en su guerra contra la guerrilla”, sostuvo HRW.

Lejos de acabar esta condenable práctica, las directrices de conseguir a cómo dé lugar resultados militares a través del número de muertos continuaron después del periodo Uribe. 

La JEP hizo público el 12 de febrero de 2021 el Auto 033 con el que determinó que entre 2002 a 2008 ocurrieron la mayor cantidad de falsos positivos: 6.402. Sin embargo, después de ese periodo, aunque en menor cantidad, no dejaron de presentarse. 

Según el cruce de bases de datos que hizo Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, entre 2011 y 2016, periodo presidencial de Juan Manuel Santos, se presentaron 252 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Tomado del Auto 033 el 12 de febrero de 2021 de la JEP

El fenómeno volvió a estallar recientemente durante el periodo Duque. A inicios de 2019, el general (r) Nicacio Martínez Espinel, fungiendo como comandante del Ejército Nacional, ordenó a su guarnición militar intensificar los ataques contra los Grupos Armados Organizados y que esos resultados alcanzarán mayores números de muertes. El New York Times obtuvo el testimonio de tres oficiales de alto rango que manifestaron su preocupación sobre esa directriz, pues consideraban que podría derivar en un nuevo capítulo de ‘falsos positivos’.

“Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000”, recoge el medio estadounidense.

Uno de los casos que conmocionó al país fue el de Puerto Leguízamo, Putumayo. El 28 de marzo de este año, el presidente Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, anunciaban por redes sociales que en la vereda Alto Remanso se había “logrado la neutralización” de 11 integrantes de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, una investigación periodística realizada por Cambio, Vorágine y El Espectador  mostró evidencias con las que la justicia podría concluir que, mientras comunidades del Putumayo celebraban un bazar, habrían muerto al menos cuatro civiles a manos de las fuerzas militares colombianas y los uniformados habrían alterado evidencia en la escena del supuesto combate.

Por lo que también calificamos como falsa esta afirmación, pues el gráfico en cuestión no tiene ningún dato relacionado con dichas ejecuciones y no demuestra que en el gobierno de Álvaro Uribe “se acabaron los falsos positivos”.