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Chequeo Múltiple

Martes, 05 Julio 2022

Medidas tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe no acabaron con ‘falsos positivos’

Por Carlos Mayorga, especial para Colombiacheck

En un comunicado de cuatro puntos, el partido Centro Democrático buscó convencer a la opinión pública de la disposición del gobierno Uribe por minimizar el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, sus argumentos son falsos y cuestionables.

Tras la entrega por parte de la Comisión de la Verdad del Informe Final acerca del conflicto armado en Colombia, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que se centró en defender las acciones tomadas para evitar la práctica de ejecuciones extrajudiciales durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010).

 

 

En el comunicado se indica: “Frente a unas conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre los falsos positivos, se hace indispensable recordar las cifras que corresponden a los resultados de la política de Seguridad Democrática y la doctrina de las Fuerzas Militares”. 

Y enlista cuatro afirmaciones: uno, “Se priorizaron las desmovilizaciones (53.663) por encima de las bajas (13.000) o las capturas (29.000)”; dos, “Desde el año 2003 se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI; en el año 2006 se formalizó un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para tal fin”; tres, “Mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam o body counting, esa mentira se cae por su propio peso, así lo constatan declaraciones del general Mora Rangel y del entonces viceministro Juan Carlos Pinzón, así como los documentos oficiales de las Fuerzas Militares”; y cuatro, “Gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país”.

Es así como en Colombiacheck decidimos verificar todo el comunicado y encontramos que tres afirmaciones son falsas y una es cuestionable.

Solo fue hasta 2008 que los asesinatos de civiles indefensos perpetrados por tropas de las Fuerzas Militares para ser presentados como bajas en combate, fenómeno conocido como ‘falsos positivos’, saltaron a la opinión pública luego de que un puñado de madres del municipio de Soacha, Cundinamarca, denunciara que miembros del Ejército engañaron a sus hijos bajo la promesa de un trabajo, y posteriormente, los hicieron aparecer como supuestos guerrilleros muertos en confrontaciones con los uniformados en zona rural del departamento de Norte de Santander.

“Mientras tanto, las denuncias de los crímenes de Estado no fueron reconocidas, a pesar de los enormes esfuerzos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos por hacerlas. Solo algunos casos, tras un tremendo esfuerzo y lucha de las víctimas, pudieron avanzar en la investigación judicial y mostraron esas verdades ocultas o distorsionadas”, se lee en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones que hace parte del Informe Final y al que el Centro Democráticose refiere en su comunicado.

Esa práctica afianzó la relación de las Fuerzas Militares con grupos paramilitares. Como lo explica la CEV, “dichas colaboraciones estuvieron lejos de ser fruto de unas manzanas podridas, entendidas como responsables individuales sin una implicación de las instituciones. Al contrario, las alianzas fueron centrales en la conformación de estos ejércitos ilegales y se hicieron múltiples y continuadas en el tiempo, ocasionando operaciones contrainsurgentes conjuntas entre unidades militares y paramilitares, consecución de resultados falsos a través de ejecuciones extrajudiciales y otros mecanismos criminales”.

“Se priorizaron las desmovilizaciones (53.663) por encima de las bajas (13.000) o las capturas (29.000)”

 

Según los hallazgos de la CEV, en la práctica, las ejecuciones extrajudiciales se ampararon en  la lógica del “enemigo” para justificar los homicidios de civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate con el fin de mostrar resultados en la lucha contrainsurgente. “El objetivo en este caso no fue ‘ganar la guerra’, sino ‘aparentar ganar la guerra’”, puntualiza la Comisión.

Sin embargo, el argumento del Centro Democrático es que “se priorizaron las desmovilizaciones (53.663) por encima de las bajas (13.000)”, cifras para las que no referencian fuente ni documentos en los que se impartiera esta orden. 

Una frase que contrasta con las denuncias de militares que señalaban al general (r) Mario Montoya —quién ocupó el cargo de comandante del Ejército Nacional entre 2006 hasta 2008— de impartir órdenes a las Fuerza Militares que se resumía en “Las bajas no es lo importante, es lo único” y “La guerra se mide en litros de sangre”, según lo ha documentado Verdad Abierta.

El Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, de marzo de 2010, resalta que “Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del ‘número de bajas’”.

Algunas de las cifras públicas sobre desmovilización que pueden usarse para contrastar lo sostenido por el Centro Democrático las guarda el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). En la publicación Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC se precisa que entre 2003 a 2006 se desmovilizaron 31 mil paramilitares.

Sobre la desmovilización guerrillera —Farc, Eln y disidencias guerrilleras— el CNMH precisa que “sin duda existe un incremento marcado en el volumen de deserciones guerrilleras en los mandatos del presidente Uribe, precisamente durante los ocho años siguientes. Esto porque la ‘desmovilización individual’ –el estímulo a las deserciones guerrilleras– se convirtió en una pieza central de su política de escalamiento de la ofensiva frente a la insurgencia, dotada de importantes recursos y un impactante despliegue propagandístico con apoyo en piezas comunicativas diversas que van desde los escenarios regionales del conflicto armado hasta la opinión pública del país en general”.

Y aunque el 2008 es el año con los índices más altos de desmovilizaciones individuales (3.461), entre 2002 a 2010 no se alcanza a consolidar las más de 53 mil desmovilizaciones que sostiene el Centro Democrático. 

 

 

Según el documento Logros de la política de consolidación de la Seguridad Democrática del Ministerio de Defensa, a marzo de 2008 se habían capturado 29.335 guerrilleros de distintos grupos, lo que corresponde con la cifra cerrada de las 29 mil capturas que resalta el Centro Democrático en su comunicado, aunque no del periodo completo de gobierno de Uribe, sino de menos de seis años. Situación distinta ocurre con las bajas y las desmovilizaciones.

De acuerdo con el consolidado de MinDefensa, entre 2002 a marzo de 2008, fueron abatidos 11.154 guerrilleros y 2.323 paramilitares. Al sumar las dos cifras se acerca a la cifra de los 13 mil que resalta el partido de gobierno de Uribe. 

Sobre las bajas, unos años atrás, Colombiacheck había analizado una afirmación similar que había hecho la congresista Margarita Restrepo. En un tuit de su cuenta reluce una imagen con la frase “Durante 2 periodos presidenciales, se desmovilizaron 53.540 personas”. Según cifras de las Agencia de Reincorporación Nacional (ARN), “durante la presidencia de Uribe Vélez, se desmovilizaron 17.348 guerrilleros (2.980 del ELN y 14.368 de Farc) y 35.822 paramilitares, para un total de 53.170 personas”, se lee en el artículo de Colombiacheck, lo que indicaría que la cifra que usa el Centro Democrático junta ambos procesos de desmovilización indistintamente.

Con las investigaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de las que se sirvió la CEV para sustentar el tema en su Informe, quedan en duda los resultados de haber supuestamente priorizado las capturas. Según el Auto 033 del 2021, de 2002 a 2008, la justicia transicional pudo identificar 6.402 víctimas de esta práctica, siendo 2007 —el principio del segundo periodo presidencial de Uribe— el año en que más casos se presentaron: un total de 1.012 víctimas.

Durante el mandato de Uribe, según precisó la Comisión en su informe final, se consolidó una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad democrática y publicitar su efectividad. 

“Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, particularmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que fueron asesinadas en estado de indefensión y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. (...) Estos crímenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares”, explica la CEV.

Así que tras estas evidencias calificamos las cifras usadas en el comunicado del Centro Democrático como cuestionable, pues no citan fuente ni éstas tienen relación directa con los “falsos positivos”.

 

“Desde el año 2003 se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI; en el año 2006 se formalizó un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para tal fin”

En el mismo comunicado, el partido del expresidente Uribe asegura que “desde el año 2003 se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI; en el año 2006 se formalizó un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para tal fin”.

Un argumento que tiene antecedentes en el revuelo que levantó el anuncio de la cifra de 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que hizo pública la JEP en febrero de 2021. En ese momento, Uribe y su partido se expresaron en contra de esa cifra y para librarse de la responsabilidad de los ‘falsos positivos’, se respaldaron en la supuesta directriz que impartió para que los levantamientos de guerrilleros muertos en combate fueran hechos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. 

Colombiacheck ya había verificado esta aseveración en ese entonces y encontró que es falsa.

“En una sentencia de 1993, la Corte Constitucional determinó que la coordinación de las actividades de policía judicial (entre ellas la inspección de cadáveres y lugares de los hechos) es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. O sea que la Presidencia no tiene potestad para dar órdenes al respecto”, precisó este medio meses atrás.

Otro hallazgo fue que, contrario a lo que señala el Centro Democrático, el gobierno bajo la presidencia de Uribe pretendió que las labores de levantamiento judicial de cadáveres las pudieran realizar las Fuerzas Militares a través de una reforma constitucional, para lo cual impulsó el Acto Legislativo 2 de 2003. Sin embargo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-816 de 2004.

Un hecho que se lee en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe final es que funcionarios de la Fiscalía y el CTI participaron en casos de ‘falsos positivos’. Según la CEV, habrían contribuido a “a la dinámica de ‘legalización’ de cadáveres, certificando pruebas falsas, implantando evidencia fraudulenta y generando un esquema de impunidad para que la maquinaria de muerte se siguiera cometiendo hasta llegar al menos a 6.402 víctimas entre los años 2002 y 2008”.

 

“Mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam o body counting

En el comunicado del Centro Democrático se lee que “mienten aquellos que afirman que existía una doctrina de Vietnam o body counting, esa mentira se cae por su propio peso”. En el capítulo de Hallazgos y recomendaciones del Informe de la Comisión no se menciona esta doctrina. Este punto del comunicado lo que busca es confrontar a quienes han sostenido que la priorización del número de bajas era una orden dentro de las Fuerzas Militares. 

Según el informe La guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: Sus más altos responsables están en la impunidad, “Para la época, cinco oficiales del Ejército llegaron a declarar públicamente: ‘la gente no llega a imaginarse la tortura psicológica de tener que entregar resultados todos los días’”, entrevistas con la que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) evidencia la tendencia dentro del gobierno del expresidente a priorizar las bajas.

La Silla Vacía, en 2018, precisó que Human Right Watch (HRW) tuvo acceso a documentos en los que se evidencia incentivos por bajas. Uno de los que salta a la vista es el que lleva por nombre “política del señor mayor general Mario Montoya”. En este resalta que los comandantes de las unidades militares eran evaluados por sus resultados.

“De igual forma, el plan de campaña 2007-2010 de la Séptima División, una de las siete divisiones del Ejército en esa época, señala que las unidades se evaluarán, primero, por las bajas enemigas, segundo, por la disminución de actos terroristas y, tercero, por la cantidad de bajas en las propias filas”, señala el artículo. 

Otro de los que ha hecho referencia a esa política es el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018). En junio de 2021, Santos compareció ante la Comisión de la Verdad para entregar información y reconocer responsabilidades del Estado en la práctica de los ‘falsos positivos’. En su reconocimiento ante la CEV, Santos sostuvo que durante el periodo presidencial de Uribe empezó a conocer rumores de que se estaba estimulando la aplicación de la llamada Doctrina Vietnam, es decir, el conteo del “número de enemigos muertos” para medir el éxito de las acciones.

Como resultado de la aplicación de esta directiva, las cifras de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate habrían crecido. Y si bien es difícil determinar si bajo ese nombre existía una directriz desde el gobierno de Uribe, algunos documentos reflejan la fijación por las muertes en combates.  

A Santos lo antecedió Camilo Ospina Bernal en la cartera de Defensa, quien estuvo en ese cargo entre los años 2005 y 2006. Según VerdadAbierta.com, el 17 de noviembre de 2005, Ospina expidió la Directiva 29, mediante la cual se establecieron criterios “para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.

Por estas razones calificamos esta afirmación como falsa.

“Gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país”

Finalmente, el comunicado concluye con “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país” y adjunta una gráfica poco legible.

Al buscar en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, en la página 139 aparece dicha gráfica que registra el número de homicidios, desapariciones, secuestros y reclutamientos desde 1985 a 2018. Lo que se observa es una disminución de estos flagelos desde 2002. Sin embargo, no se precisa nada sobre ejecuciones extrajudiciales en la gráfica.

En diferentes publicaciones, Human Right Watch (HRW) ha señalado cómo en el periodo del gobierno de Uribe se mantienen las cifras más altas de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas legítimas en combate. 

“Desde 2002 hasta 2008, brigadas del Ejército en Colombia ejecutaron rutinariamente a civiles en lo que se conoce como asesinatos de ‘falsos positivos’. Bajo la presión de sus superiores para mostrar resultados ‘positivos’ y aumentar el número de cadáveres en su guerra contra la guerrilla”, sostuvo HRW.

Lejos de acabar esta condenable práctica, las directrices de conseguir a cómo dé lugar resultados militares a través del número de muertos continuaron después del periodo Uribe. 

La JEP hizo público el 12 de febrero de 2021 el Auto 033 con el que determinó que entre 2002 a 2008 ocurrieron la mayor cantidad de falsos positivos: 6.402. Sin embargo, después de ese periodo, aunque en menor cantidad, no dejaron de presentarse. 

Según el cruce de bases de datos que hizo Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, entre 2011 y 2016, periodo presidencial de Juan Manuel Santos, se presentaron 252 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

 

Tomado del Auto 033 el 12 de febrero de 2021 de la JEP

 

El fenómeno volvió a estallar recientemente durante el periodo Duque. A inicios de 2019, el general (r) Nicacio Martínez Espinel, fungiendo como comandante del Ejército Nacional, ordenó a su guarnición militar intensificar los ataques contra los Grupos Armados Organizados y que esos resultados alcanzarán mayores números de muertes. El New York Times obtuvo el testimonio de tres oficiales de alto rango que manifestaron su preocupación sobre esa directriz, pues consideraban que podría derivar en un nuevo capítulo de ‘falsos positivos’.

“Más allá de eso, dijeron los oficiales, a los soldados que aumentan sus muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000”, recoge el medio estadounidense.

Uno de los casos que conmocionó al país fue el de Puerto Leguízamo, Putumayo. El 28 de marzo de este año, el presidente Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, anunciaban por redes sociales que en la vereda Alto Remanso se había “logrado la neutralización” de 11 integrantes de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, una investigación periodística realizada por Cambio, Vorágine y El Espectador  mostró evidencias con las que la justicia podría concluir que, mientras comunidades del Putumayo celebraban un bazar, habrían muerto al menos cuatro civiles a manos de las fuerzas militares colombianas y los uniformados habrían alterado evidencia en la escena del supuesto combate.

Por lo que también calificamos como falsa esta afirmación, pues el gráfico en cuestión no tiene ningún dato relacionado con dichas ejecuciones y no demuestra que en el gobierno de Álvaro Uribe “se acabaron los falsos positivos”.

 

 

 

 

 

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Jueves, 16 Agosto 2018

Es cierto que la bancada del Centro Democrático aún no entrega sus donaciones en Mocoa

Por Laura Camila Pinilla y Miriam Forero

Durante la campaña presidencial circularon imágenes asegurando que Duque y Uribe no quisieron donar cinco días de su sueldo para la tragedia de Mocoa. Colombiacheck encontró que, aunque la bancada uribista del Congreso anterior sí creó el fondo de donaciones que había prometido, las donaciones todavía no se han entregado.

El nuevo presidente, Iván Duque, tendrá que enfrentar su primera emergencia esta semana. Una nueva ola invernal está causando estragos en varias partes del país y el presidente ya anunció que viajará a Mocoa esta semana para atender la crisis.

Allí, también tendrá que enfrentar las promesas hechas por su partido durante otra emergencia el año pasado. El 31 de marzo de 2017, una avalancha en la capital de Putumayo dejó más de 300 muertos y 70 desaparecidos y sepultó parte de la ciudad. Cuatro días después, el Senado tomó la decisión en plenaria de donar cinco días de sueldo de cada parlamentario para apoyar la reconstrucción y las ayudas a los damnificados.

Al cierre del Congreso anterior, varios portales web les recordaron a algunos de los senadores salientes que nunca autorizaron el descuento acordado de sus sueldos para la donación, por lo que el monto final fue inferior al programado. De hecho, el tema fue usado en la campaña presidencial contra Iván Duque, pues el partido del nuevo presidente de Colombia se apartó de esa donación colectiva.

Imágenes como esta circularon masivamente en todo tipo de redes sociales:

Cadena sobre donación del CD a Mocoa

Colombiacheck decidió revisar qué tan cierto fue esto y qué pasó con los senadores que sí donaron y los que no.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, la entidad gubernamental encargada de recaudar todas las donaciones y gestionar la rehabilitación del municipio, reportó un total de 10.167 millones de pesos que entregaron instituciones y empresas nacionales, y más de 27.240 millones de pesos de entidades internacionales que apoyaron esta causa.

Por su parte, el Senado de la República hizo una donación de 370 millones, mucho menos de lo acordado en plenaria el 4 de abril del 2017, cuando se determinó que cada senador daría cinco días de su salario (unos 430 millones de pesos en total). Con esta decisión, se preveía contribuir a la construcción de albergues, casas y a la reconstrucción de infraestructura y la atención vitalicia a los afectados.

Hay tres razones para la disminución de las donaciones.

La primera es que a 71 senadores se les descontó lo acordado por nómina desde la Dirección Administrativa, según le informó a Colombiacheck Mauricio Lizcano, presidente del Senado para ese momento.

La segunda es que nueve congresistas de diversos partidos no autorizaron dicho débito. La tercera es que la bancada entera del Centro Democrático, aunque también autorizó el recaudo, se apartó de la donación conjunta del Senado, pues aseguraron que la harían por su cuenta, a través de una fundación.

→Asista al lanzamiento de la guía ‘Pistas para Narrar Emergencias. Periodistas que informan en zonas de desastres’, que presentará Consejo de Redacción el próximo 28 de agosto.

La fundación uribista con lazos bananeros

Efectivamente, el 3 de abril de 2017, tres días después de la tragedia de Mocoa, se creó la Fundación Mano en el Corazón, que luego fue registrada en la Cámara de Comercio de Medellín, con el fin de ofrecer ayuda a víctimas de desastres naturales.

Esta ong es manejada por personas de la entraña del uribismo. De hecho, su dirección en la capital antioqueña, su teléfono y su correo electrónico de contacto coinciden con los del conglomerado antioqueño Banafrut, cuyo gerente general y cabeza visible desde hace años es también el representante legal de la fundación, Nicolás Echavarría Mesa, exgerente de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

Registros de Banafrut

En 2011, el exparamilitar Raúl Emilio Habún Mendoza, alias “Pedro Bonito”, incriminó a Echavarría en una lista de ganaderos y bananeros que supuestamente apoyaron a las autodefensas durante su consolidación en el Urabá. El empresario es, además, miembro de la junta directiva de PharmaCielo, la primera compañía en recibir licencia para procesar y cultivar cannabis medicinal.

La representante legal suplente de Mano en el Corazón es Maria Claudia Salgado Rodríguez, quien fue asesora de la presidencia de Álvaro Uribe y resultó salpicada por Yidis Medina, quien la acusó de ofrecerle prebendas para votar a favor de la reelección presidencial. De hecho, la Corte Suprema le pidió a la Fiscalía investigar a Salgado por ese señalamiento.

El periodista Daniel Coronell, por su parte, investigó y denunció la manera presuntamente irregular en que la asesora llegó al cargo en Palacio sin cumplir los requisitos que exige la ley.

Los otros directivos de la junta de la fundación son Camilo Sáenz Koop, excandidato al Senado por el Centro Democrático en 2014 y Elsa Dorronsoro de Aljure, miembro de la dirección nacional de ese partido y líder uribista en Cali.

De acuerdo con su informe de gestión de 2017, la entidad sin ánimo de lucro recaudó 142’593.134 en donaciones de los senadores y representantes a la Cámara del Centro Democrático, lo cual da un promedio de 3,6 millones por parlamentario (la colectividad tenía 39 curules), un poco menos de lo que donó cada senador en la colecta hecha por los demás partidos. La oficina de pagaduría del Congreso le confirmó a Colombiacheck que a los congresistas de esa bancada se les hizo el débito, con destino a la Fundación Mano en el Corazón.

El documento de la ong indica que lo que se planeaba hacer con ese dinero es construir 24 soluciones de vivienda para los damnificados de Mocoa. Pero, a 31 de diciembre del año pasado, nueve meses después de la avalancha, el único avance consistió en “acercamientos” con los alcaldes de Mocoa y Villagarzón, ladrilleros y entidades que podrían donar la estructura y diseño.

Los avances, según las autoridades de Mocoa, no han ido más allá. José Antonio Castro, alcalde del municipio, le confirmó a Colombiacheck que el ahora presidente del Congreso, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, los llamó para ver qué disponibilidad de terrenos había, pero no se han dado más gestiones, ni donaciones por parte del partido o de la fundación.

Por su parte, la representante suplente de Mano en el Corazón, María Claudia Salgado, nos aseguró que actualmente siguen “diligenciando el lote para la construcción de las viviendas prometidas”, pero advirtió que no puede especificar en qué parte del proceso va dicha diligencia. “Tenemos un compromiso que vamos a cumplir”, le dijo a Colombiacheck, luego de asegurar que también su partido ha apoyado albergues y donado toneladas de comida y ropa.

La Ungrd nos confirmó que dentro de los donantes para la reconstrucción de Mocoa no está la Fundación Mano en el Corazón.

¿Y qué pasó con las donaciones de los otros partidos?

La ‘vaca’ que hicieron los demás senadores, según lo aprobado en plenaria el 4 de abril del año pasado, se tramitó a través de la Ungrd. Es decir, el dinero pasó a hacer parte del fondo común con el cual el gobierno de Santos trabajaba en la reconstrucción de Mocoa y la ayuda a las personas afectadas.

Sin embargo, reportes de los medios de comunicación y denuncias de la comunidad mocoana han señalado los incumplimientos e informes inflados por parte del ejecutivo. De hecho, uno de los puentes que se construyeron como reparación a la tragedia del año pasado no resistió la nueva emergencia de esta semana y se cayó por las fuertes lluvias.

Una investigación de marzo de La Liga Contra el Silencio, una alianza de periodistas y medios que combate la censura, encontró que, a un año de la tragedia, “las viviendas para los damnificados, los puentes vehiculares y el acueducto presentan retrasos considerables respecto a los anuncios hechos por el Gobierno”. El informe, además, identificó que la reconstrucción se estaba realizando sin un Plan Básico de Ordenamiento Territorial actualizado.

Finalmente, la otra parte del pastel la conforman los senadores que, según informó en mayo del año pasado la oficina de prensa de la alta cámara, no autorizaron el descuento de cinco días de salario para la recolección de fondos acordada. Ellos son: Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez y Javier Mauricio Delgado del Partido Conservador; Javier Tato Álvarez, Lidio Arturo García Turbay y Luis Fernando Duque García del Partido Liberal; Eduardo Enrique Pulgar y Germán Darío Hoyos del Partido de la U; y Juan Carlos Restrepo Escobar y Bernabé Celis Carrillo de Cambio Radical.

De estos nueve legisladores, tres le contestaron a Colombiacheck sus consultas al respecto. La jefe de prensa del senador Pedraza, Carolina Garzón, informó que él prefirió hacer su propia donación (el senador se negó a indicar la suma exacta) a la familia García Riofrío, que tenía cuatro mujeres adultas con discapacidad, cuyo caso conoció por las noticias de aquellos días. La gestión, según Garzón, se hizo a través de una fundación de la Policía Nacional en Mocoa, que les ayudó a los damnificados escogidos por Pedraza a comprar los muebles necesarios para su nueva casa.

Luís Fernando Duque y Javier Tato Álvarez aseguraron que hicieron donaciones en especie, el primero a través del Parlamento Andino y el segundo por intermediación de la diputada liberal Leidy García, expresidente de la Asamblea del Putumayo, a quien hicieron llegar dos camiones de ayudas el senador Álvarez y un grupo de amigos personales, según el parlamentario.

De este modo, la ayuda parece no haber sido tan contundente como se planteó al filo de la tragedia. Primero, no se lograron recaudar los 430 millones anunciados, pero sí se recaudaron 370, que corren el riesgo de hacerse agua si las gestiones del Gobierno nacional no superan pronto los laberintos burocráticos que están causando retrasos en las obras. Por otro lado, el aporte del Centro Democrático tampoco se ha concretado aún en casas para los damnificados y los dineros, al parecer, permanecen en la fundación que el partido creó para este fin.

* Laura Camila Pinilla es estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.