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Lunes, 01 Marzo 2021

Uribe no ordenó en 2003 que levantamientos en combate fueran hechos por el CTI

Por José Felipe Sarmiento

Un argumento del expresidente para defender su actuación frente a los “falsos positivos” es que dio una orden que, en realidad, hubiera sido contraria a otras decisiones del principio de su administración.

Entre las afirmaciones con las que el expresidente Álvaro Uribe ha defendido su gobierno luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelara que en sus seis primeros años (2002-2008) hubo 6.402 asesinatos que el Estado hizo pasar por muertes en combate, una de las más repetidas es que él ordenó, en 2003, “no mover los cuerpos dados de baja hasta que la Fiscalía, el CTI [Cuerpo Técnico de Investigación], hiciera el levantamiento”.

La frase está en un trino que contiene otras dos afirmaciones ya verificadas por Colombiacheck: que su administración firmó un convenio con la Fiscalía en 2006 con ese mismo propósito (verdadera pero) y que autorizó el pago por información solo a civiles, no a militares (falsa). El dato también está en un comunicado suyo compartido en Twitter, en otro de su partido, el Centro Democrático, y en un hilo de mensajes que esta agrupación política publicó en la misma red social.

Trino de Álvaro Uribe sobre supuestas medidas de su gobierno contra falsos positivos

Trino del Centro Democrático sobre supuestas medidas de Uribe contra falsos positivos

Estas últimas fuentes fueron a las que su equipo de prensa pidió que nuestro portal se remitiera en los dos chequeos anteriores. Al ver la insistencia sobre ese punto en particular, decidimos revisar su veracidad y encontramos que es falso. El CTI ya hacía levantamientos de bajas en combate en 2003, pero no por orden de Uribe. De hecho, las decisiones de su administración al respecto en esos años iban en sentido contrario.

En una sentencia de 1993, la Corte Constitucional determinó que la coordinación de las actividades de policía judicial (entre ellas la inspección de cadáveres y lugares de los hechos) es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. O sea que la Presidencia no tiene potestad para dar órdenes al respecto.

En el 94 expidió otra en la que concluyó, además, que la Carta Política prohíbe que estas labores les sean asignadas a las Fuerzas Militares, incluso de manera transitoria. Desde entonces, se ha pronunciado varias veces en el mismo sentido, al igual que la Corte Suprema.

Es más, el Consejo Nacional de Policía Judicial del 4 de septiembre de 2002, cuando Uribe llevaba poco menos de un mes en la Casa de Nariño, discutió la propuesta de buscar una reforma constitucional para abrir esa posibilidad. En el acta consta que la idea contaba con el apoyo de Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Militares y el recién posesionado gobierno, a través de su director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera; la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y el de Interior y Justicia, Fernando Londoño.

El cambio quedó incluido en un acto legislativo de 2003. Este fue propuesto por el Gobierno con la firma, como ministro de Defensa encargado, de otro asistente a esa reunión: el general Jorge Enrique Mora Rangel, entonces comandante de las Fuerzas Militares.

Al notar que la aprobación del proyecto en el Congreso fue irregular porque se había desconocido una votación que debió causar su archivo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible y, por tanto, lo dejó sin efecto. Sin embargo, la providencia dejó registro de que el gobierno lo defendió hasta el final, incluyendo el parágrafo que les daba funciones de policía judicial a los militares.

El propio presidente Uribe y sus nuevos ministros de Interior, Sabas Pretelt, y Defensa, Jorge Alberto Uribe, intentaron darle desarrollo a esa reforma constitucional con el proyecto de Estatuto Antiterrorista de 2004, que también fue aprobado por el Legislativo pero quedó sin piso tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma superior a la que hacía referencia. Así que su administración en ese entonces no estaba realmente interesada en que “todos los levantamientos” de cadáveres fueran hechos por el CTI, como dice que lo ordenó.

Mientras tanto, sucedían casos como el asesinato del reciclador Wilfrido Chantrix Quiroz (quien tenía una discapacidad mental) en Agustín Codazzi, Cesar, el 21 de octubre de 2003. Los militares responsables, hoy sometidos a la JEP, movieron el cuerpo y alteraron la escena para simular una baja en combate antes de que llegara la Fiscalía al lugar para la inspección.

También ocurrieron homicidios como los de los vendedores ambulantes Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda, ejecutados en Viotá, Cundinamarca, el 26 de junio del mismo año para hacerlos pasar como paramilitares. El levantamiento de sus cuerpos en el sitio de los hechos fue evadido por los militares, que los trasladaron en un camión con la excusa de que la Fiscalía, a la que nunca contactaron, “no podía hacerlo” por razones de orden público (el mismo argumento propuesto para justificar la reforma).

El balance que el propio gobierno de Uribe publicó en abril de 2010, a cuatro meses de terminar su segundo mandato, sobre las medidas que tomó tras el escándalo que estalló en 2008 por los llamados “falsos positivos” de Soacha, Cundinamarca, tampoco menciona ninguna acción para fortalecer el trabajo con el CTI anterior al convenio de 2006. En cambio, cita directivas del Ministerio de Defensa en ese sentido que fueron posteriores y recuerda la jurisprudencia al respecto.

Incluso el exfiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, en ese entonces vicefiscal, considera que “no era necesario que hubiera un convenio en ese sentido” porque la competencia de la policía judicial estaba clara desde mucho antes. Además, como se detalla en el chequeo al respecto, considera que el acuerdo se cumplió pero que no era garantía para evitar los “falsos positivos”.

El informe de 2010 también menciona que el Código Penal Militar de 1999, todavía vigente para la época, permitía que la inspección de cuerpos fuera hecha por instrucción militar. Sin embargo, indica que se prefería dejarle la competencia a la policía judicial en virtud de lo dictaminado por las cortes y que el nuevo código contemplaría esto con mayor claridad.

A este proyecto solo le faltaba la sanción presidencial, pero Uribe no lo firmó antes de irse a pesar de que su trámite en el Congreso había terminado en 2008. Fue su sucesor, Juan Manuel Santos, quien lo convirtió en ley 10 días después de posesionarse.

Ya como expresidente en 2012, el mismo Uribe publicó una columna en la que de nuevo apoyaba una reforma para darle la competencia inicial sobre cualquier caso a la Justicia Penal Militar, como también está citado en el chequeo sobre el convenio de 2006. Es decir, volvió a expresar una posición contraria a la orden que hoy dice haber dado.

A pesar de todo esto, Colombiacheck hizo una búsqueda avanzada en Google para dar con la supuesta orden de 2003 y no apareció. El resultado fue el mismo al explorar los archivos digitales de medios de comunicación, en particular El Tiempo, El Espectador y Semana. Ni siquiera los registros históricos del portal de la Presidencia de la República arrojaron esas declaraciones.

Por el contrario, hay otro documento en el que el Uribe del pasado desmiente al actual. Se trata de las palabras que pronunció en el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en agosto de 2009. “Desde hace casi dos años [o sea desde 2007] no puede haber el levantamiento de un cadáver sin presencia de la Fiscalía”, dijo el entonces jefe de Estado.

De modo que no hay pruebas de la orden que hoy dice haber dado en 2003. En realidad, lo que hizo al principio de su gobierno fue buscar que las facultades para hacer levantamientos fueran a manos de los militares y ha insistido en eso incluso después de dejar el cargo.

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Jueves, 19 Noviembre 2020

A las fuerzas armadas en Colombia no les han quitado presupuesto, pero sí pie de fuerza

Por Sania Salazar

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acierta en que el pie de fuerza ha disminuido, pero se equivoca al asegurar que el presupuesto en general también lo ha hecho. Expertos explicaron que se ha reducido el dinero para inversión, aspecto clave.

En un informe de Noticias Caracol del 25 de septiembre sobre las investigaciones disciplinarias que la Procuraduría General de la Nación tiene abiertas contra miembros de las fuerzas armadas, el exministro de Defensa y actual presidente ejecutivo de Probogotá, Juan Carlos Pinzón, aseguró que “a las fuerzas armadas se les ha debilitado desde 2015, tienen menos presupuesto, menos pie de fuerza, menos equipos y por lo mismo menos entrenamiento que el que se tenía antes”.

Colombiacheck contactó a Pinzón a través de Whatsapp y de llamada telefónica, pero no obtuvo respuesta. También se contactó con su equipo de prensa de Probogotá, pero no fue posible hablar con él para saber en qué fuente basaba su afirmación.

Aclaramos que nos centramos en verificar lo concerniente al presupuesto y al pie de fuerza, pues el aspecto de equipos y de entrenamiento es difícil de cuantificar y por lo tanto de verificar. 

Después de revisar el presupuesto y el pie de fuerza que reporta el Ministerio de Defensa  para estas entidades y de consultar a expertos, calificamos la afirmación como cuestionable porque, aunque los presupuestos generales de las fuerzas muestran un aumento general, contrario a lo que afirma Pinzón, lo que aumenta cada año es el dinero para el funcionamiento, y no necesariamente para inversión, un rubro que los expertos consideran clave para el mejoramiento de las capacidades de las fuerzas militares. Además, porque si bien los números le dan la razón a Pinzón en cuanto a la reducción del pie de fuerza, las opiniones de los expertos están divididas en cuanto a si reducir el número de efectivos se traduce necesariamente en debilitar estas instituciones.

En respuesta a un derecho de petición el Ministerio de Defensa le envió a Colombiacheck los presupuestos de cada fuerza (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) correspondientes al lapso 2015-2020 que se pueden ver en los siguientes cuadros, y que muestran, en general, un aumento sostenido del presupuesto total.

Presupuesto anual total

*Cifras en millones de pesos

2015: 10’181.375

2016: 10’349.702

2017: 10’578.020

2018: 10’944.650

2019: 11’388.269

2020: 11’564.339

Al mirar en detalle el comportamiento del presupuesto en la parte de funcionamiento se ve ese aumento sostenido, solo se evidencian algunas reducciones al Comando General de las fuerzas militares. No pasa lo mismo con el presupuesto para inversión, en el que son más constantes las reducciones.

En el presupuesto de la Policía Nacional, que aunque tenga armas es considerado un cuerpo civil, se nota la misma tendencia general y en los detalles de los presupuestos de funcionamiento y de inversión.

Presupuesto anual total

*Cifras en millones de pesos

2015: 7’640.090

2016: 8’215.944

2017: 8’538.245

2018: 8’932.032

2019: 9’220.200

2020: 9’701.672

Pantallazo derecho de petición Mindefensa

El equipo de prensa de Mindefensa le indicó a Colombiacheck que el 80% del presupuesto de ese sector se destina para personal y pensiones y reconocieron que los recursos de inversión se han reducido.

Pie de fuerza 

Según datos del Mindefensa, Pinzón tiene razón en que el pie de fuerza ha disminuido, en general, entre 2015 y 2020, al pasar de 451.124 efectivos, entre fuerzas militares y Policía, a 402.308 a septiembre de 2020.

En un boletín de la Contraloría General de la República titulado Pie de fuerza militar y capacidades de las fuerzas militares en la disminución del conflicto y la construcción de la paz 2008-2017, el análisis del periodo 2008-2017 arrojó un mantenimiento de los uniformados efectivos (oficiales, suboficiales, personal en formación en diferentes niveles y soldados de diferentes naturalezas de Ejército, Armada y Fuerza Aérea) hasta el año 2014, pero a partir de ese año evidencia una reducción constante, es decir, la disminución habría empezado antes del lo que dice Pinzón.

“Una comparación entre las FFMM y la Policía Nacional, indica que los militares efectivos ascendieron en 2017 a 237.876 uniformados y la Policía Nacional tiene activos 175.620 uniformados en el mismo año. En el periodo de análisis, mientras las FFMM se han reducido en un 13,3%, la Policía Nacional creció en 34% (44.567 activos adicionales), especialmente en los rangos de alumnos (359%), Nivel Ejecutivo (63%) y Oficiales (55%)”, indica el documento.

El siguiente cuadro, del libro Detrás de la Guerra en Colombia, de Ariel Ávila, muestra una tendencia general del aumento del pie de fuerza tanto en las fuerzas militares como en la Policía en la década del 2000.

Pantallazo libro Detrás de la guerra en Colombia


Inversión, la clave

Pedro Piedrahíta, director de la maestría en estudios políticos y constitucionales de la Universidad de Medellín, y magíster en seguridad y defensa, le dijo a Colombiacheck que si bien es cierto que se ha disminuido el pie de fuerza, eso obedece al contexto específico de la seguridad en el país donde ya no se necesita aumentar el pie de fuerza, tal vez mantenerlo, porque aunque el país tiene todavía muchas amenazas de seguridad, el aumento de pie de fuerza era una fase necesaria que ya se dio en el marco de la política de seguridad democrática.

“No obstante fue una aceleración en el incremento del pie de fuerza que tuvo muchos problemas porque en el afán de tener más personal se cometieron muchos errores en términos de instrucción y entrenamiento y por eso aparecen tantos problemas al interior de la fuerza pública en general, en eso se explica la violencia policial, los falsos positivos. Hay perspectivas que plantean que en el afán de tener muchos se descuidó la calidad”, indicó.

Para Piedrahíta ahora los organismos de seguridad del Estado deben centrarse en mejorar las capacidades estratégicas a nivel internacional y las capacidades de la inteligencia.

El experto aseguró que la inversión en seguridad en Colombia es mínima y aclaró que cuando se habla de inversión se hace referencia a mejorar capacidades de los organismos de seguridad en aspectos como ciencia, tecnología e innovación, mientras que la mayor parte del presupuesto se va en gastos de funcionamiento y de personal, como efectivamente lo muestran las cifras.

Para Piedrahíta no es que exista una política de debilitamiento de las fuerzas armadas, porque debilitarlas o fortalecerlas no solamente depende del personal, pues la cantidad de personal no se traduce necesariamente en que sean fuerzas de alta capacidad, porque, reiteró, las capacidades en temas de seguridad están actualmente dadas sobre todo en la inversión en ciencia, tecnología e innovación y en reestructurar los componentes de instrucción y entrenamiento. Para él tampoco se trata de presupuesto, pues como son menos miembros se gasta menos, la discusión debería ser en cuánto del presupuesto está yendo a mejorar las capacidades.

“Uno de los grandes problemas de las fuerzas armadas en Colombia tiene que ver con la instrucción y el entrenamiento porque sigue primando el enfoque del enemigo interno comunista en la formación de policías y de militares, estamos formándolos bajo las mismas doctrinas del siglo XX y eso no puede ser posible. Necesitamos una mayor especialización de las fuerzas militares y la especialización de las fuerzas armadas en el mundo hoy está asociada a los derechos humanos”, aseguró.

Jean Carlo Mejía, profesor de las universidades Nacional y Católica de Colombia y experto en derecho operacional, resaltó que él viene llamando la atención sobre ese debilitamiento de la fuerza pública desde 2015 en eventos académicos, pues considera que desde ese momento se empezó a reducir el pie de fuerza.

Mejía coincidió con Piedrahíta en el poco dinero que se destina a inversión, es decir, en los medios que se necesitan para cumplir de una mejor manera la misión de esas instituciones. Además, considera que cuando más se necesita una fuerza pública fuerte es cuando más se ha debilitado, pues las fuerzas armadas más fuertes de la historia contemporánea deben ser las del posacuerdo.

El profesor también afirma que la desconfianza y la mala imagen de las fuerzas armadas es coyuntural y muy específica, “eso viene desde 2013, momento desde el cual se ha incrementado un descontento en el mundo, lo que obviamente tiene una repercusión en Colombia y los gobiernos no han sabido enfrentar las protestas sociales, carecen de políticas claras para manejar el orden público”, concluyó.

Aunque el asunto del pie de fuerza parece ser de percepción, los expertos sí coinciden en que la clave para el fortalecimiento de las fuerzas armadas es destinar más dinero al rubro de inversión, que es la parte que sí ha sufrido reducciones en el periodo señalado por Pinzón.