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Viernes, 20 Diciembre 2019

Meme exagera sobre los alcances de la Ley ‘Andrés Felipe Arias’

Por José Felipe Sarmiento

Una imagen que circula en Facebook es imprecisa sobre el objetivo del proyecto, que va para segundo debate, y miente sobre la cantidad de políticos condenados a los que beneficiaría su aprobación con retroactividad.

A raíz de la aprobación en primer debate del proyecto de ley conocido con el nombre del condenado exministro Andrés Felipe Arias, los usuarios de redes sociales han debatido sobre diferentes versiones de su contenido, algunas de las cuales no se ciñen a la realidad. Es el caso de la siguiente imagen, creada por una página que se presenta en Facebook y Twitter como “sistema informativo”.

Captura de pantalla de publicación sobre ley Andrés Felipe Arias en Facebook

Captura de pantalla de tuit sobre ley Andrés Felipe Arias

Según este meme, la propuesta “busca crear la figura de la doble instancia o doble conformidad retroactiva”. Además, asegura que esto “favorece a cerca de 700 condenados por parapolítica, narcopolítica, actos de corrupción y hasta condenados por el Proceso 8.000, [para que] se les reabran los procesos y se les juzgue de nuevo, con la posibilidad de quedar libres”.

Colombiacheck califica la publicación como cuestionable porque es inexacta sobre el objeto de la iniciativa y lo que dice el texto aprobado en primer debate. Además, miente sobre la cantidad de beneficiarios, al mismo tiempo que reduce los ejemplos a una minoría dentro de un universo de casos que es mucho más amplio que el de los aforados como el exministro de Agricultura.

De dónde viene y para dónde va

Para empezar, la imagen viral presenta como términos intercambiables dos derechos constitucionales que son diferentes aunque están emparentados.

La segunda instancia permite apelar o revisar cualquier decisión judicial. La impugnación o doble conformidad, como parte del debido proceso, se refiere a que toda sentencia condenatoria en materia penal tenga esa posibilidad, de modo que cualquier fallo en contra de alguien señalado de cometer un delito deba ser confirmado por un juez superior al que lo expidió. Así lo explicó el profesor Mauricio Cristancho Ariza, doctor en Derecho y Ciencia Política, en una columna de febrero pasado en el portal Ámbito Jurídico.

Esto es importante porque, en Colombia, una persona puede ser absuelta en primera instancia y condenada por primera vez en la segunda, cuando la Fiscalía o las víctimas se oponen a la decisión inicial. En este caso, el condenado debe tener la posibilidad de impugnar ante un superior del segundo juez, un tercer peldaño que no existía en la ley hasta 2018, excepto por mecanismos como la tutela o la casación que no les eran aplicables a todos los procesos por igual.

Además, estaba el problema con el proceso de los aforados, que son quienes responden penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por cuenta de su cargo, como ministros y congresistas. Ese tribunal era su única instancia. No podían acudir siquiera a la segunda por falta de un superior, al tratarse de la cabeza de esa jurisdicción. Entonces, la violación de la doble conformidad los afectaba a ellos, pero también a un grupo mayor de personas condenadas una sola vez sin posibilidad de impugnar.

Cristancho y las dos ponencias positivas (hubo una negativa de Alexánder López y Julián Gallo, respectivamente del Polo Democrático y la Farc, que fracasó) recuerdan que esta interpretación se materializó en una sentencia de la Corte Constitucional en 2014. La corporación determinó que el Congreso debería llenar esos vacíos jurídicos en un año. Pero el Legislativo se demoró más en hacerlo, con una reforma que entró en vigencia en 2018.

Desde entonces, los casos en mención se resolvieron para procesos futuros, incluso con la creación de nuevas salas en la Corte Suprema. La ley Arias sería el estatuto para reglamentar los procedimientos y definir cómo y a quiénes beneficia.

Esto también lo han pedido las mismas altas cortes, por ejemplo, en una sentencia de unificación de varias tutelas en mayo pasado y un fallo de la sala de casación de noviembre de 2018, que condenó por primera vez en segunda instancia al exalcalde de Arjona, Bolívar, Carlos Tinoco por concierto para delinquir en un caso de parapolítica. Mientras tanto, el alto tribunal se vio obligado a crear unas reglas provisionales en abril pasado.

El texto que se acogió en la comisión primera del Senado no fue el radicado por el partido Centro Democrático, que defendió la senadora Paloma Valencia en su ponencia, sino una versión sustituta de Roy Barreras.

Como lo explicó en el debate, el congresista del Partido de la U recortó la retroactividad de la norma de 1976 a 1991, articuló el contenido con los códigos de procedimiento penal (entre otras cosas, para evitar las prescripciones y liberaciones masivas), eliminó la creación de una nueva sala de descongestión en la Corte Suprema y, en su lugar, especificó las funciones de las que fueron creadas en 2018.

El senador también explicó en Twitter que “los 12 votos necesarios para garantizar ese derecho fundamental a la impugnación, que está exigido desde la Constitución del 91 y lleva 28 años sin cumplirse, se lograron con el compromiso de revisar la no retroactividad de la norma”. En efecto, la ponencia para segundo debate que presentó con Rodrigo Lara, de Cambio Radical, elimina cualquier retroactividad de la norma.

Esta modificación debe ser sometida a la plenaria del Senado. En caso de que la iniciativa sea aprobada, con o sin ese cambio, todavía le quedarían pendientes otros seis debates en el Congreso después de ese, por tratarse de un proyecto de ley estatutaria.

Cuántos y quiénes se benefician

De la retroactividad depende el beneficio de Arias, pero también de muchas otras personas. El meme asegura que son 700 políticos. Esta cifra es una aproximación que dio el autor de la iniciativa y representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, el uribista Juan David Vélez, en una entrevista con Blu Radio en julio. Según el congresista, serían hasta 500 casos adicionales a los de aforados, que calculó en 260.

En realidad, hay 232 condenas emitidas por la Corte Suprema en única instancia desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que es la fecha de corte que hace el texto aprobado en primer debate, hasta 2018. El listado completo, que incluye el caso del exministro, fue publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) con base en la respuesta que le dio ese tribunal a un derecho de petición enviado por esta organización.

Sin embargo, algunas personas aparecen repetidas porque tienen más de una condena en diferentes casos. Whitman Herney Porras y William Pérez Espinel, exgobernadores de Casanare, tienen respectivamente cuatro y tres condenas en contra en única instancia. Lucas Gnecco Cerchar, exrepresentante del Cesar, y Arnoldo José Rojas Tomedes, exgobernador del Guainía, también tienen tres.

Los que aparecen dos veces son el exdirector del DAS Jorge Noguera, los excongresistas Salvador Arana, Nelson Pardo Rodríguez, José Vicente Lozano y Édgar Eulises Torres; los exgobernadores José Luis González Crespo, Leslie Bent Archbold, Antonio Manuel Stephens, Norman Guillermo Espinosa, Mario Camacho Prada, Álvaro Londoño Aristizábal y José María López Gómez; los exfiscales María del Carmen Llerena Roca, Guillermo León Valencia Cossio y Jorge Cañedo de la Hoz y el exdiplomático Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento.

Al restar estas repeticiones quedan 207 personas. Aun así, muchas de ellas no podrían reclamar por diferentes razones.

Hay quienes ya fallecieron, como Bent Archbold y López Gómez. Otros ejemplos son el general José Guillermo Medina Sánchez, exdirector de la Policía; Miguel Ángel Torres Calero y Daniel Sinisterra Domínguez, ambos exmagistrados del Tribunal Superior de Cali; el excongresista y exconstituyente Jorge Tadeo Lozano Osorio; el exgobernador del Tolima Francisco Peñaloza Castro y los exrepresentantes Teodolindo Avendaño y Rubén Darío Salazar.

Otra excepción clave que señaló Barreras en el debate es la de quienes aceptaron cargos en primera instancia, como el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías o la exrepresentante Yidis Medina. En efecto, la Corte Suprema ya ha manifestado que la renuncia a juicio por medio de la confesión libre, consciente, voluntaria y espontánea implica también la imposibilidad de retractarse y, por ende, la persona pierde su derecho a controvertir los hechos (a menos que demuestre que mintió presionada, por ejemplo).

Además, muchos en la lista ya tienen libertad plena después de cumplir sus penas o condicional por estar próximos hacerlo. Entonces, tampoco es exacto decir que todos los aforados beneficiados saldrían de reclusión. No obstante, podrían reclamar indemnizaciones del Estado si los fallos en contra les fueran revocados en la nueva instancia, según la asesora jurídica de Barreras, Yury Sierra.

Algunos casos llamativos con esas características serían los del exprocurador Orlando Vásquez, los exministros Saulo Arboleda, Diego Palacio y Sabas Pretelt; los exsecretarios presidenciales Alberto Velásquez y Bernardo Moreno; la mayoría de los excongresistas de la parapolítica y otros como Regina Betancourt (‘Regina 11’), Carlos Alonso Lucio y Lucero Cortés e incluso, en su calidad de exgobernador del Valle, el escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Por su parte, el exsenador parapolítico Álvaro Ashton también tiene libertad condicional desde septiembre pasado, pero en su caso es anticipada y transitoria. Esta le fue concedida tras someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con compromisos concretos para la reparación de las víctimas y haber empezado su proceso de aporte a la verdad, dentro del esquema transicional diseñado en el Acuerdo del Teatro Colón.

En contraste, está el caso de Félix Salcedo Baldión, exrepresentante de Norte de Santander condenado en 2002 que, tras quedar libre y pasar años fuera de la vida pública, ahora enfrenta un nuevo juicio con medida de aseguramiento en su casa por su aparente participación en una red de tráfico de migrantes. El beneficio solo lo podría cobijar en el proceso antiguo, no tendría efectos sobre el que atraviesa actualmente y no podría salir de su actual reclusión por esa causa.

Por otro lado, el cálculo de 700 beneficiarios tampoco es claro cuando se habla de ciudadanos sin fuero constitucional que fueron condenados por primera vez en segunda instancia. No hay datos que permitan afirmarlo con certeza.

Según el equipo de Barreras, desde que se creó el sistema penal acusatorio en 2004, en el país se producen 42.000 condenas al año y hasta entonces, desde 1991, el promedio era de 31.000 anuales. Esto equivale a cerca de un millón de sentencias en este sentido hasta 2017. De estas, 350.000 fueron por primera vez en segunda instancia.

Sierra le dijo a Colombiacheck que la fuente de estos datos es la Corte Suprema. Sin embargo, este tribunal no lo confirmó y la CEJ tampoco tiene esa información.

El último boletín estadístico del Consejo Superior de la Judicatura daba cuenta de 419.998 condenas de 2007 a 2016, lo que de un promedio anual de 41.900, cercano al que tiene Barreras para ese periodo. También es similar a la cifra que se desprende de un informe de la CEJ, que es de 43.478 al año desde 2008 hasta 2014.

Sin embargo, el órgano judicial también cita un estudio de tiempos y procesos en el sistema penal acusatorio que hizo la CEJ en 2014, en el que dice que 90 por ciento de los casos en segunda instancia vienen de condenas en primera, no de absoluciones. Además, que solo el 5 por ciento de las impugnaciones revoca la sentencia inicial. Por tanto, solo 0,5 por ciento de los fallos de impugnación podría producir condenas por primera vez.

El citado boletín de la Judicatura presenta un promedio de 4.556 absoluciones anuales que, sumadas a las 41.900 condenas, dan 46.456 procesos en total. La CEJ, por su parte, calcula que 14 por ciento tienen segunda instancia.

Colombiacheck hizo algunos cálculos con esas cifras. Serían 6.504 procesos al año con dos etapas. De estos, solo 650 terminarían en absolución en primera instancia y apenas 32 o 33 serían revocados para condenar en segunda. Lo que llevaría a una estimación de 455 casos de 2004 a 2017.

Pero estas no dejan de ser cuentas alegres. Para tener la certeza de afirmar que serían 700 beneficiados, como lo hace la publicación chequeada, hace falta información más exacta y actualizada en algunos casos, también los datos detallados anteriores a la creación del sistema penal acusatorio y discriminar, como con los aforados, cuántas personas se repiten, cuántas ya fallecieron o cuántas han confesado. Lo demás, es especulación.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Miércoles, 24 Mayo 2017

Inasistencia alimentaria: ¿un delito por el que no hay nadie en la cárcel?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

El abogado Francisco Bernate trinó que en nuestro país no hay presos por ese delito pero se equivocó y luego rectificó. Colombiacheck indagó cuántas personas hay presas y da cuenta del debate por gran número de posiciones frente al tema.

Colombia tiene una grave crisis de hacinamiento carcelario, eso no es un problema nuevo pero sí un fenómeno que en las últimas semanas ha regresado al primer plano de la agenda pública nacional. El pasado 11 de mayo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, anunció que no recibiría más presos por el hacinamiento existente en las distintas cárceles del país y, además, porque no hay el número idóneo de guardias para custodiar los cientos de miles de reclusos.

La búsqueda a una salida del hacinamiento carcelario ha hecho que en el país se den distintas propuestas para la excarcelación masiva de presos, por ejemplo, la iniciativa de la Ley del Jubileo que busca reducir las penas y sacar de la cárcel personas que se encuentran en prisión por diversos delitos, eso lo contó Colombiacheck en un chequeo que hizo a la senadora Claudia López y al Fiscal General Néstor Humberto Martínez sobre cifras de impunidad en Colombia.

Precisamente fue el Fiscal quien propuso una idea para ayudar con la disminución del hacinamiento carcelario: la despenalización de la inasistencia alimentaria, es decir, que ya no sea delito que los padres o madres no respondan por las diferentes necesidades básicas de sus hijos.

La idea salió del Consejo de Política Criminal encabezado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Según el ente investigativo, lo anunciado por el Fiscal es apenas una idea que finalmente se plasmará en un proyecto de ley a radicar el 20 de julio próximo para estudio del Congreso de la República.

Respecto a la iniciativa el abogado Francisco Bernate, especialista en derecho penal y columnista de varios medios de comunicación, afirmó:

 

 

Colombiacheck pudo establecer que la afirmación del abogado Bernate no corresponde a la verdad porque sí hay personas presas por el delito de inasistencia alimentaria. De acuerdo con la información que pedimos al Inpec, en Colombia había hasta el 12 de mayo pasado, 1.493 personas privadas de la libertad por ese delito. Entre ellos hay 284 personas en la cárcel ya sea como condenados o sindicados.

En definitiva, son pocas las personas que se encuentran en prisión por ese delito, los datos del Inpec así lo demuestran.

Colombiacheck habló con el abogado Bernate y éste rectificó en su cuenta de Twitter que efectivamente sí hay presos por el delito de inasistencia alimentaria. Rectificó y advirtió que es necesario verificar quiénes son reincidentes o contumaces.

 

 

 

Un patio ‘lechero’ en La Picota

Colombiacheck además de los datos para desmentir a Bernate, conoció casos concretos de personas que están en la cárcel por el delito de inasistencia alimentaria. Según contó Sergio Fernández, politólogo y militante del partido Polo Democrático Alternativo, él conoce personas del Patio 6 estructura 1 de la cárcel La Picota, que están recluidos por ese delito, según Fernández, quien dicta clases en el centro penitenciario, ese lugar es famoso por su tranquilidad. “Es el patio de los extranjeros y de los padres recluidos por inasistencia alimentaria, lo llaman el patio del Tetero o Los Lecheros”, reveló.

Sobre el trino por el que ya el abogado Bernate rectificó en su momento uno de sus seguidores le manifestó:

 

 

Es evidente que sí hay presos por el delito de inasistencia alimentaria pero también es evidente que el número de los presos no es una cantidad significativa como para lograr una reducción del hacinamiento carcelario. De acuerdo a información del Inpec de 2016, en los distintos establecimientos de reclusión de orden nacional habían 120.736 reclusos. Es decir, despenalizar el delito de inasistencia alimentaria no contribuiría de manera notoria con la crisis de hacinamiento carcelario.

 

Padres a la cárcel: voces a favor y en contra

Ya teniendo claro que sí hay personas en la cárcel por inasistencia alimentaria pero que tampoco es que sean una proporción notable como para contribuir en la crisis de hacinamiento carcelario del país, tuvimos en cuenta voces a favor y en contra respecto a despenalizar la inasistencia alimentaria.

Sergio Fernández, en la misma línea del Fiscal, explicó que el hecho de poner a un padre en la cárcel por no responder económicamente por su hijo termina empeorando la situación del menor de edad porque ya no hay posibilidad alguna de que el padre responda.

Fernández también añadió que el objetivo de una cárcel es resocializar al sujeto pero que en los casos de los padres cuya conducta tipifica la inasistencia alimentaria, no se termina resocializado una conducta sino más bien una condición económica, “Criminalizando la pobreza”, dijo Fernández, quien añadió este interrogante: ¿Es criminal una persona que no puede pagar?

Respecto a la idea de continuar castigando con cárcel a los padres de familia, varios congresistas como Sofía Gaviria, Guillermo García Realpe y Eduardo Pulgar sostuvieron que es necesario mantener la sanción a los padres que no cumplan con sus hijos. El senador Julio Miguel Guerra fue más allá y sostuvo que es necesario “que paguen unas penas mayores porque definitivamente es la única forma de que la sociedad va a comprender”.

Por otro lado, la senadora Maritza Martínez ha propuesto que se cree una especie de Datacrédito para padres que no le cumplan a sus hijos. La iniciativa busca que los padres aparezcan reportados como morosos y así ocasionarles varios escollos en sus actividades financieras.

En síntesis, el debate apenas comienza. Lo que Colombiacheck pudo verificar es que sí hay presos por este delito, aunque son muy pocos. Lo que sí hay en gran número son las denuncias por inasistencia alimentaria. Según el Censo Delictivo Semanal de la Fiscalía General de la Nación en el primer cuatrimestre de 2016 hubo 24.052 denuncias por inasistencia alimentaria, un dato un poco mayor con respecto al mismo cuatrimestre de 2017: se reportaron 23.331 denuncias.