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Martes, 30 Agosto 2016

Memes para promover el sí y el no al plebiscito causan confusión

Por Sania Salazar

Algunas de las imágenes que las campañas a favor y en contra del plebiscito difunden por redes sociales son confusas o engañosas. La sociedad debe exigir una campaña basada en verdades.

Una imagen con el título Cómo votar el plebiscito y con 10 preguntas relacionadas con el fin del conflicto en Colombia a las que se puede responder sí o no se está difundiendo por redes sociales. Colombiacheck se dio cuenta de que varias personas preguntaron si esa era la papeleta que se marcará en el plebiscito.

 

 

Debido a la confusión que detectamos porque en la publicación no se aclara que lo que se pretende con la imagen es promover el voto positivo, Colombiacheck califica la imagen como engañosa. Más aún cuando hoy el Presidente Juan Manuel Santos dio a conocer la pregunta que los colombianos deberemos contestar en esta consulta:

¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

Una de las personas que publicó la imagen fue Martín Santos, hijo del Presidente y director de la Fundación Buen Gobierno. Por eso, Colombiacheck solicitó una entrevista con él a su oficina de prensa, pero no la otorgaron.

¿Por qué una pregunta?

La sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional explica por qué es una sola pregunta:

“El Acuerdo Final, en tanto decisión política, debe ser entendido como un todo, integrado por asuntos transversales, no separables. De allí que resulte justificado que la integralidad del Acuerdo Final y no sus componentes particulares, sean sometidos al escrutinio del Pueblo. Si se aceptara que la votación pudiese hacerse de manera seccionada, entonces ello generaría irresolubles problemas, debido a que si el Acuerdo Final es parcialmente aprobado, no solo generaría su desarticulación, sino también obligaría a una renegociación del mismo, a pesar que la competencia exclusiva para ello la tiene el Presidente”.

Debido a que es al pueblo a quien le corresponde aprobar o desaprobar el acuerdo al que el Gobierno llegue con las Farc, la sentencia puntualiza: “si el elector está parcialmente en desacuerdo con la agenda de acción política fruto de la negociación del Gobierno, deberá ponderar dicho desacuerdo frente a una visión integral sobre los contenidos del Acuerdo Final, a fin de decidir si opta por apoyarlo o rechazarlo”.

Además, la sentencia deja claro que la pregunta debe estar redactada de forma clara y debe contestarse con un “sí” o “no”.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, recordó, precisamente, que “la Corte fue enfática en aclarar que no se someterá a votación el contenido ni alcance del derecho a la paz, sino el Acuerdo entre Gobierno y Farc, una expresión de ese derecho. En ese sentido, la pregunta del plebiscito debe apuntar a ello, esto es, a validar el Acuerdo resultado del proceso de negociación con la guerrilla”.

La oposición también tiene su campaña

Los opositores del Acuerdo de paz con las Farc no se quedan atrás. El expresidente y ahora senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe, lidera la campaña #YoNoMeTragoEsteSapo.

La iniciativa llama la atención sobre puntos del Acuerdo Final que los opositores consideran demasiada concesión de parte del Gobierno a las Farc y es por eso que piden una renegociación.

A través de redes sociales Uribe y sus partidarios divulgan mensajes que en su mayoría Colombiacheck ya verificó y que no son precisamente verdaderas.

 

 

 

 

Piezas promocionales por Sí y No

El fallo de la Corte hace también una distinción sobre las nociones de divulgación y promoción del Acuerdo en las que queda claro que la pieza divulgadas tanto por Martín Santos como por Uribe, son promociones del voto por el sí y por el no, respectivamente.

Según la Corte, por divulgación debe comprenderse la información a los ciudadanos, de manera objetiva e imparcial, de los contenidos del Acuerdo Final, actividad que está unívocamente dirigida a permitir que las personas se ilustren sobre la materia y de manera libre decidan qué postura van a asumir en la votación.

“La promoción, en cambio, es un ejercicio que pretende convencer a los electores para que asuman una postura particular, esto es, a favor del sí o del no”, señala la Corte.

Juan Andrés Sampedro, decano de la Facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana, indicó que si bien las preguntas de la imagen publicada por Martín Santos, no son la del plebiscito, sirven para hacerse un autoexamen y definir el voto.

“Esto es la opinión de una persona en concreto tratando expresar su criterio de qué es lo que nos debemos preguntar para entender cómo votar un plebiscito como el que vamos a tener. No me parece mal, es una guía para hacer una serie de reflexiones alrededor de algunos temas que son importantes de valorar a la hora de tomar una decisión”, comentó.

Sampedro calificó como legítima la opción de las partes de promover el voto positivo o el negativo, pero señaló que para que el plebiscito se desarrolle de manera correcta las campañas deberían ser más explícitas sobre la clase de voto que promueven porque se corre el riesgo de confundir al elector. Además, hizo un llamado para que sea la sociedad la que exija una campaña basada en verdades.

Más allá de las campañas por el sí o por el no, algunas de las cuales ofrecen visiones sesgadas del acuerdo, el Estado tiene la obligación de informar de manera neutral y amplia los alcances de la negociación lograda con las Farc. Una responsabilidad que es compartida con los ciudadanos, quienes deben buscar suficiente información para votar responsablemente.

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Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?