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Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Jueves, 26 Mayo 2022

Murillo acierta en aumento de áreas protegidas, pero eso no es suficiente para la conservación

Por Natalia Vivas / Redcheq

En una entrevista radial, Luis Gilberto Murillo destacó el aumento del número de hectáreas protegidas en Colombia, sin embargo dejó por fuera que esto no necesariamente ha representado la efectiva protección de estos territorios.

Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo, hizo la siguiente afirmación sobre el aumento de hectáreas de áreas protegidas en Colombia: "Nosotros avanzamos en la creación de áreas protegidas, pasamos de 13 millones de hectáreas a casi 31 millones de hectáreas de áreas protegidas y el país debe pasar a tener el 30% de su territorio protegido porque es un acto de responsabilidad con la humanidad". Esto lo mencionó durante una entrevista con W Radio.

Luego de revisar fuentes oficiales y consultar expertos, Redcheq califica su afirmación como discutible*, porque aunque Murillo acierta en la cifra sobre el aumento de áreas protegidas, expertos advierten que esto no necesariamente garantiza la conservación de las mismas.

Murillo, quien fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre mayo de 2016 y agosto de 2018, precisó que “el aumento de 13 millones a casi 31 millones de hectáreas se dio entre 2010 y 2018”.

Además, desde su oficina de prensa explicaron que al decir “nosotros avanzamos”, Murillo hacía referencia al Gobierno de Juan Manuel Santos, presidente entre 2010 y 2018. De hecho, Murillo le dijo a Redcheq que dicho aumento de hectáreas –equivalente a casi 18 millones– no se dio específicamente durante su gestión como ministro.

Con el fin de verificar la veracidad de las cifras dadas por Murillo, Redcheq habló con Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales, quien explicó que en el 2010 había 12'602.730 hectáreas de áreas protegidas según lo indica el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), que era la plataforma en la que se llevaba el registro de esta información antes de que se creara el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), plataforma que  consolida el número de áreas protegidas en Colombia y que es administrada por Parques Naturales de Colombia. Para el año 2018, de acuerdo con el RUNAP, había 30'963.881 hectáreas de áreas protegidas.

Tabla del RUNAP con corte a diciembre de 2018

En ese sentido, las anteriores cifras correspondientes al periodo entre 2010 y 2018 le dan la razón al cálculo de Murillo. El candidato, además, precisó que “entre el 2016 y 2018 se declararon y homologaron 7'195.055 millones de hectáreas, generando un acumulado de más de 30'921.869 millones de hectáreas protegidas”.

RedCheq consultó el RUNAP y encontró que en el 2016, cuando Murillo inició su gestión como Ministro, había 23'876.578 hectáreas de áreas protegidas y cuando finalizó –en el 2018– había un total de 30'963.881. Esto quiere decir que mientras fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible el aumento de hectáreas fue de alrededor de 7'087.303, una cifra que se ajusta con lo mencionado por el candidato.

Tabla del RUNAP con corte a diciembre de 2016

¿Qué tan efectivo es este mecanismo de conservación?

De acuerdo con el RUNAP, a la fecha hay un total de 31'484.914,94 hectáreas de áreas protegidas en el país: 19'030.903,44 hectáreas corresponden al área terrestre y 12'454.011,50 hectáreas al área marítima, lo cual equivale en total al 15,19% del territorio nacional.

Si bien las cifras presentadas por Luis Gilberto Murillo son ciertas, la declaración de áreas protegidas no ha significado necesariamente su protección total. Sandra Vilardy, directora de Parques Cómo Vamos, le explicó a Redcheq que “la capacidad institucional no ha crecido en la misma proporción de las áreas a administrar, lo cual impide que los objetivos de conservación se cumplan”.

De acuerdo con la experta, “el reto es poder ejercer la gobernabilidad de estas áreas, por lo que debe haber un fortalecimiento del presupuesto que se vea reflejado en aumentar funcionarios, modernizar los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia, además de crear mecanismos de gobernanza que eviten conflictos con quienes habitan o usan los territorios que se han ampliado”. Es importante resaltar que desde el 2010 se conformó formalmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) a través del Decreto 2372, compilado en el Decreto 1076 de 2015.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), “las áreas protegidas tienen un importante valor biológico por sus altos índices de biodiversidad, reflejados en especies endémicas, raras o de distribución reducida que estén amenazadas o en riesgo de extinción, o cuyos hábitats estén en riesgo. Además, estos territorios se caracterizan por proveer servicios ecosistémicos tales como la regulación del clima, la provisión de alimento, la reducción y mitigación de riesgos naturales y la protección de sitios con valor paisajístico único”.

A pesar de sus ventajas, Vilardy insiste en que el aumento en el número de hectáreas protegidas no garantiza por sí mismo el cumplimiento de los objetivos de conservación. “La experiencia de ampliación en los parques ha generado conflictos con comunidades campesinas y esto sigue sin resolverse”, concluyó la experta en diálogo con Redcheq.

* En este caso, la calificación discutible de Redcheq equivale al verdadera pero... en el sistema de Colombiacheck, teniendo en cuenta que el dato es cierto pero falta un elemento de contexto: el periodo al que se refiere Murillo no es solo su ministerio sino todo el gobierno Santos.

También puede leer nuestro chequeo múltiple a los candidatos presidenciales sobre temas ambientales.

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Falso

Sábado, 28 Mayo 2022

El decreto de esta imagen difundida en redes no deja por fuera a los testigos electorales

Por Mónica Ospino Orozco

El Ministerio del Interior expidió dos decretos con disposiciones para la jornada electoral del 29 de mayo, en uno de ellos se precisa el rol de los testigos electorales.

El pasado 25 de mayo, el Ministerio de Interior expidió un decreto en el que establece las condiciones para la actuación de los testigos electorales este 29 de mayo y el uso que pueden hacer de dispositivos electrónicos en la jornada electoral.

Sin embargo, en redes sociales como Facebook circulan publicaciones en las que se asegura que “¿ya se enteraron que el Gobierno Nacional expidió un decreto de orden público que deja por fuera los testigos electorales y elimina el uso de dispositivos electrónicos para reportar irregularidades en las elecciones de este domingo? Gravísimo”.

La publicación adjunta un pantallazo del decreto 836 del 25 de mayo de 2022 que de hecho lo que hace es detallar cómo será el trabajo de los testigos electorales al precisar en sus dos únicos artículos lo siguiente:

Artículo 1. Testigos electorales. A los testigos electorales les asiste el derecho de acceder el día de las elecciones a los puestos de votación desde las 7:00 a.m., y pueden permanecer hasta cuando concluyan los escrutinios de mesa o mesas para las cuales estén acreditados. Para ingresar deberán identificarse con la cédula de ciudadanía y la respectiva credencial diligenciada y firmada por la autoridad electoral. La credencial de testigo electoral tiene el carácter de personal e intransferible.

Artículo 2. Equipos electrónicos a los testigos electorales. Los testigos electorales pueden entrar al puesto de votación con teléfonos celulares, equipos terminales móviles o elementos de grabación de voz o video. Sin embargo, no los pueden utilizar dentro del puesto de votación entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Antes de las 8:00 a.m. y a partir de las 4:00 p.m. pueden utilizarlos sin limitación alguna. Los testigos electorales no pueden hacer insinuación ninguna a los electores, ni acompañarlos al cubículo de votación. Tampoco pueden manipular documentos electorales. 

Así lo corrobora además en este trino el Ministerio del Interior:

 

Confusión por decreto previo

Al analizar los decretos emitidos con relación a la jornada de elecciones de este domingo 29 de mayo de 2022, encontramos que el pasado 24 de mayo de 2022 el Ministerio del Interior expidió el decreto 830 en el que entre otras cosas regula aspectos como la divulgación de encuestas, el cierre de pasos fronterizos, la propaganda electoral, la prohibición del uso de dispositivos y la ley seca. 

En dicho decreto no se dan detalles respecto a las disposiciones para el ejercicio de los testigos electorales, aunque en el Artículo 12, que se refiere al uso de celulares y cámaras en los puestos de votación, que, “A partir de las 4:00 p.m. inician los escrutinios y es responsabilidad de la organización electoral garantizar que los testigos ejerzan la vigilancia del proceso a través de las facultades otorgadas en la ley, para ello recibirán copia de las actas de escrutinio y podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video”.

De hecho, medios de comunicación como El Espectador advirtieron la ausencia de estas disposiciones en el decreto 830 del 24 de mayo del 2022, al reportar, en este artículo que, “A diferencia de hace cuatro años, el Decreto 830 de 2022 con el que se dictaron ‘normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones presidenciales’ no incluye ningún artículo relacionado con los testigos electorales y el derecho a la reunión en sitios públicos. Esto genera preocupaciones en las campañas debido a que, sin los lineamientos, se podrían prohibir las funciones de los testigos o un alcalde podría tener la libertad de no permitir manifestaciones públicas”.

Similar ejercicio hizo W Radio, que también comparó en esta nota el decreto de hace cuatro años, el 847 de 2018, con el 830 de 2022 y consultaron al ministro del Interior, Daniel Palacios, quien “aseguró que hoy saldrá un decreto independiente para el tema de los testigos electorales, ya que los mismos partidos políticos lo pidieron para que existiera mayor claridad sobre el papel y los derechos y deberes de los testigos”.

Así es que, tras estas evidencias, calificamos como falsa la publicación que asegura que el “Gobierno Nacional expidió un decreto de orden público que deja por fuera los testigos electorales y elimina el uso de dispositivos electrónicos para reportar irregularidades en las elecciones de este domingo”, pues de hecho, el decreto 836 del 25 de mayo sí establece disposiciones en este sentido, aunque la confusión surgió a partir de la expedición del decreto 830 del 24 de mayo de 2022.