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Miércoles, 01 Junio 2016

Nadando en coca

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Alejandro Ordóñez: “La Procuraduría advirtió que íbamos a nadar en coca y estamos nadando en coca. De 40 mil hectáreas pasamos a 159 mil, de acuerdo a la última información de la Embajada Norteamericana”.

Al Procurador General de la Nación le preguntaron por peras y respondió con manzanas. Esa podría ser la conclusión al escuchar las respuestas que dio Alejandro Ordóñez Maldonado a las preguntas que le hicieran unos periodistas en el aeropuerto El Dorado, cuando quisieron saber su opinión sobre la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la cual sentó un precedente sobre la cantidad de la dosis mínima de marihuana que puede portar una persona en Colombia.

En la sentencia de Casación #41760 del 9 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, se abordó el caso de un soldado adicto desde niño a este psicoactivo y quien fue apresado con 50 gramos de marihuana, 30 más que la dosis mínima vigente hasta ese momento en el país.

La defensa del soldado argumentó que el militar, por ser adicto, necesitaba una dosis más alta que la permitida por la ley y que, además, como estando de servicio se le encomendó un patrullaje en zona rural, donde le era difícil proveerse de la sustancia, consiguió los 50 gramos de marihuana para su consumo personal.

Los argumentos de la defensa fueron jurídicamente sólidos para la CSJ, que los acogió y falló a favor del acusado, entre otras razones porque “no se demostró su intención de comercializarla”.

El veredicto no sólo sirvió para absolver al soldado Yesid Arias Pinto del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, sino que sentó un precedente: Ahora la cantidad de dosis mínima para quien demuestre que es una persona enferma, afligida por una adicción, que necesita una cantidad superior para colmar su ansiedad y que no está comercializando el psicoactivo, puede ser superior a los 20.5 gramos.

¿Procurador confundido?

Sobre la anterior sentencia varios periodistas abordaron al procurador en el Aeropuerto El Dorado el 15 de marzo y uno de ellos le lanzó dos preguntas: ¿Es una flexibilidad nueva de la Corte? ¿Es peligroso para el aumento del consumo de drogas en el país?

En ese momento el procurador inició la mezcla de peras con manzanas. El jefe del Ministerio Público respondió que la sentencia de la Corte permitirá que el país "legalice el microtráfico" y que Colombia va a “nadar en coca”. Además, para apoyar su argumento el Procurador usó las cifras de dos estudios diferentes que tratan el tema de los cultivos ilícitos.

El primer aspecto que es fundamental aclarar en este caso es que la sentencia del alto tribunal sólo abre la puerta para la redefinición de la dosis mínima de marihuana: El texto solo abordó ese psicoactivo y nada más. En ninguna parte de la sentencia la sala de casación de la CSJ mencionó otro tipo de sustancia y, mucho menos, dio vía libre a la legalización del consumo de cocaína o a la producción de coca.

Para comprender este punto no se necesita ser abogado ni experto en derecho penal, tan solo con realizar una lectura del resuelve del fallo de la CSJ, cualquier ciudadano puede confirmar el yerro en el planteamiento del Procurador.

En segundo lugar y donde la confusión del Procurador se torna más compleja, es cuando menciona dos cifras para apoyar su afirmación: “De 40 mil hectáreas pasamos a 159 mil, de acuerdo a la última información de la Embajada Norteamericana”.

“A la hora de usar las cifras, Ordoñez mezcló dos estudios que técnicamente no se pueden unir ya que fueron realizados con diferente metodología”, sostuvo María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.

Las 40 mil hectáreas de coca sembradas que mencionó el Procurador como indicador de la más baja cantidad de cultivos ilícitos en el país, fue tomada del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y, no solo es inexacta, porque en realidad se trata de 48 mil hectáreas, sino que corresponde al año 2013.

Por otro lado, las 159 mil hectáreas que señaló como la cifra más alta, corresponde al estudio hecho por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas, entidad que dependen de la Casa Blanca de los Estados Unidos, cifra con corte a diciembre de 2015 y la más alta desde 2002.

Así las cosas la declaración del Procurador, no solo hace referencia a una sustancia de la que no habla la sentencia de la CSJ, su primer error, sino que llama al engaño cuando usa las cifras de dos estudios distintos, cuyas metodologías difieren y que, según Daniel Rico, experto en políticas antinarcóticos con tesis en cultivos ilícitos, “tienen sus ventajas y desventajas”.

Según Daniel Rico, quien aprovechó la entrevista para contarnos su preocupación por la proliferación de los cultivos de coca, es completamente razonable alarmarse por el aumento de los cultivos de coca en el país pero es importante no mezclar las cifras de ambos estudios a la hora de hacer comparaciones.

Según Rico, “la medición estadounidense se hace por medio de fotografías satelitales y usa el sistema Geotools que brinda una mayor resolución satelital”, mientras que la metodología del informe de la ONU, “también usa imágenes satelitales pero se combina con un trabajo de campo, algo fundamental porque permite comprobar que verdaderamente los cultivos de las fotografías son coca y no simplemente maleza u otras especies vegetales”.

La desventaja del estudio de la ONU, según Rico, es que éste toma un promedio del año y no da la cifra exacta de la cantidad con que termina cada año. Algo que sí hace el de la Casa Blanca que da la cifra con base a lo proyectado en diciembre de cada año.

Luego de explicar las diferencias metodológicas Rico señaló que ningún estudio está por encima de otro “simplemente tienen diferente metodología”.

La salvedad que quiso dejar Rico, quien al momento de la entrevista estaba en Putumayo en trabajo de campo, es que la situación seguramente podría ser mucho más grave de lo que anunció el Procurador. Para el investigador, efectivamente el país sí nada en coca y especula que la cifra de cultivos sería mucho mayor a las 159 mil hectáreas reportadas por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca: Esta situación podría deberse a que ambos estudios toman como referencia diciembre de 2015, “omitiendo los primeros meses de 2016”.

Con lo anterior se puede concluir que si bien el Procurador tiene razón en prender las alarmas respecto al aumento de los cultivos de coca en el país, ya que hasta el mismo Ministerio de Defensa acepta que este es uno de sus mayores retos, lo hizo de una forma poco clara, razón por la que tiene a más de un colombiano confundido. ¿Marihuana o coca? ¿Peras o manzanas?

Lunes, 15 Julio 2019

Las cuatro falsedades de Pastrana en su entrevista con El Espectador

Por Ana María Saavedra y Sania Salazar

Cuatro de las afirmaciones que le dio el expresidente Pastrana a El Espectador sobre coca, la violencia de su gobierno, la CPI y las Farc son falsas.

El pasado 6 de julio, el expresidente Andrés Pastrana (quien gobernó el país entre 1998 y 2002) le dio una entrevista al periódico bogotano El Espectador sobre el proceso de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc. De esa entrevista vino su polémica frase “el de Santos fue el peor proceso de paz”.

Para sustentar esa posición, Pastrana dio varias opiniones y afirmaciones. En Colombiacheck encontramos cuatro afirmaciones verificables. Revisamos las cuatro y encontramos que todas son falsas.

Colombiacheck contactó al expresidente a través de WhatsApp y le envió las preguntas para conocer las fuentes en las que basa sus afirmaciones, pero nos remitió a su secretaria, quien nos dijo que él nos podía atender solo cuando volviera al país, a finales de agosto.

 

Falsa

“Cuando dejamos 40.000 hectáreas de coca con el Plan Colombia; cuando habíamos derrotado a las Farc, porque lo que las lleva a sentarse en la mesa de negociación es el Plan Colombia, ¿que nos dejó Santos?: 300.000 hectáreas de coca (...).

Esta fue la respuesta a la pregunta: “las Farc fueron uno de los males más grandes de Colombia durante cincuenta años y hoy ya no lo son, ¿eso no es suficiente?“

Aunque Pastrana no nos contestó la pregunta de en qué periodo las cifras de cultivos de coca llegaron a 40.000, encontramos que en 2017 el expresidente en una entrevista con W Radio había hablado del mismo tema. 

“Cuando llegó en 1998 Ernesto Samper me había dejado a mí como Presidente y al país cerca de 180.000 hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, las reduje a 90.000 hectáreas de coca y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40.000 hectáreas”. Además, añadió: “de 40.000 hectáreas de coca hoy estamos entre 200.000 y 230.000 hectáreas”, señaló en ese momento.

Esta frase la verificamos en el chequeo “¿Cálculos de Andrés Pastrana sobre cultivos de coca son correctos?” y encontramos que era falsa.

En Colombia, explica Daniel Rico en su columna “¿Y las cifras de la coca?”, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Los dos primeros son públicos y han sido difundidos en los últimos años. Al revisar las cifras de los dos monitoreos encontramos que Pastrana no acierta en ninguno de los números de hectáreas de coca.

Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington, recopiló en el siguiente gráfico las cifras de los dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994.

isaacson

En las cifras se puede ver que en ningún año Colombia ha tenido 40.000 hectáreas. Cuando Pastrana asumió la presidencia, en 1998, según las cifras de Estados Unidos, teníamos 102.000 hectáreas y en su salida, en 2002, las hectáreas aumentaron a 144.000.

La medición de la ONU, como se ve en el recuadro, arranca a partir de 1999, con 160.100 y muestra 102.000 hectáreas en 2002. 

Pastrana asegura que el Plan Colombia durante su gobierno y el de Uribe logró reducir a 40.000 las hectáreas de coca, pero en 2002, el último año del Gobierno de Uribe, los dos informes hablan de cifras mayores: 100.000 hectáreas (EE.UU.) y 62.000 (ONU). 

La cifra más baja de cultivos ilícitos se reportó en 2012, durante el gobierno del presidente Santos: 78.000 hectáreas (EE.UU) y 48.000 (ONU).

Otra de las cifras dadas por Pastrana de los cultivos de coca es que Santos nos dejó “300.000 hectáreas de coca”. Sin embargo, este número también es falso. El informe de los cultivos de 2018 de la ONU aún no ha salido, pero el de 2017 dio la cifra de 180.000 hectáreas.

En cuanto al informe de Estados Unidos, revelado recientemente, fue de 208.000 hectáreas. Una cifra que difiere en 92.000 hectáreas a la dada por el expresidente. 

Falsa

“Eso de los 2.000 actos al año se desvirtuó, porque lo que el Ejército hacía era que, en las llamadas “pescas” de las Farc, por ejemplo, retenían diez buses y si en cada uno de ellos iban cien personas, se contaban entonces como mil secuestrados. Nunca escuché la cifra de 2.000”.

Con esa frase, el expresidente Pastrana respondió la pregunta: “en el pasado, las Farc cometían hasta 2.000 actos terroristas al año: atentados, secuestros, tomas de pueblos. Hoy esas cifras no llegan ni a cien por parte de las disidencias, ¿eso no es suficiente para apoyar el proceso de paz, así tenga falencias?”.

Para verificar esta afirmación, nos remitimos a las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al descargar los datos, buscamos los siguientes actos cometidos por las Farc: acciones bélicas (sin contar los combates), asesinatos selectivos, masacres, ataques a poblaciones, atentados terroristas, atentados que ocasionaron daños en bienes civiles (explosivos y atentados contra la infraestructuras eléctrica o petrolera) y secuestros.

La información de estos documentos está por casos y no por número víctimas. Asimismo, Memoria Histórica define un atentado terrorista como “todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización”. 

La base datos incluye hechos ocurridos desde 1965 hasta 2016. Revisamos los años en los que Pastrana fue presidente del país: asumió el poder en agosto de 1998 y lo entregó en agosto de 2002.

Es así como en 1998 encontramos que se presentaron 1900 actos de violencia cometidos por las Farc; en 1999, 2.163; en 2000, 2.321; en 2001, 2.232, y en 2002, 2.874.

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Con esta información, extraída de la base de datos del conflicto, calificamos la afirmación de Pastrana como falsa, pues, en sus años de Gobierno la cifra de acciones de las Farc sí superó los 2000 casos.

Asimismo, encontramos notas de prensa que mostraban las altas cifras de violencia durante esos años. Por ejemplo, una nota de Caracol Radio, titulada “Colombia rompió todos los records de violencia en 2000”. La nota relataba que, “pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros”, indicaba la noticia.

Falsa

“En mi gobierno me tocó negociar la CPI y pedí una moratoria de siete años para no cerrarle la puerta a mi sucesor, a ver si las Farc querían hacer la paz”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues Pastrana lo que hizo fue acogerse a un artículo del Estatuto de Roma que permitía un plazo de siete años para que la Corte Penal Internacional, CPI, pudiera juzgar específicamente crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Colombiacheck contactó al expresidente y le preguntó a qué se refería con que le había tocado “negociar la CPI”, pero como ya explicamos, nos remitió a su sercretaria, quien dijo que el expresidente solo se pronunciaría después de volver a Colombia en agosto.

La CPI es un institución con la facultad de juzgar a personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional cuando los Estados no hayan procesado y castigado a esas personas.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, en 2002, año en que esta entró en vigencia, pero se acogió al artículo 124 del Estatuto, que establece que los Estados pueden abstenerse de aceptar la competencia de la CPI durante siete años contados a partir de la fecha en la que lo firman específicamente para los crímenes de guerra.

Es decir, Pastrana no tuvo que negociar ese plazo, el Estatuto ya lo contemplaba, lo que hizo fue firmarlo con esa condición en junio de 2002. El proceso de paz de ese gobierno con la guerrilla de las Farc se había roto en febrero del mismo año. 

René Fernando Urueña Hernández, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le explicó a Colombiacheck que acogerse al artículo 124 del Estatuto era una opción que tenían los países y que solo lo hicieron Colombia y Francia.

“Hacerlo implicaba un costo político, los países se unían al Estatuto y no usaban esa oportunidad. Hacerlo mostraba que Colombia no sentía que podía cumplir sus obligaciones con el Tratado de Roma inmediatamente, entonces eso es costoso internacionalmente y nacionalmente era costoso porque el Estatuto le servía al Gobierno para forzar a los guerrilleros a negociar, entonces cuando el Gobierno Pastrana decide no tener esa herramienta, al menos para crímenes de guerra durante siete años, es un costo político, porque eso mina su posición en la negociación”, indicó el profesor.

Urueña Hernández explicó que los países adoptan los tratados voluntariamente y que los tratados normalmente permiten reservas, es decir, adherirse, pero solicitar que no aplique alguna cláusula, pero el Estatuto de Roma no permite esas reservas, entonces los Estados que lo negociaron decidieron incluir el artículo 124 para los crímenes de guerra. El profesor aclaró que los países pueden acogerse a ese artículo solo al firmar el tratado y por una sola vez.

El Tratado entró en vigor en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no para crímenes de guerra (homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, entre otros).

Falsa

“Las Farc [son] el mayor cartel del narcotráfico del mundo”

Colombiacheck ya había chequeado esta frase, pues la habían mencionado en varias ocasiones el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, partido de Uribe.

La conclusión del chequeo, después de consultar varias fuentes y de revisar documentos al respecto es que, si bien hay pruebas de que ese grupo estuvo involucrado en dicha actividad ilegal, su papel no alcanzó las dimensiones para configurarse como el mayor cartel de narcotráfico del mundo.