Colombiacheck ya había revisado el balance de víctimas escuchadas según el actor armado que las había violentado y, tras consultarle a la CEV, se conoció que en total la Comisión recopiló 26.038 testimonios, de los cuales 4.020 señalaban como victimarios a miembros de la Fuerza Pública, 10.829 a la guerrilla, 9.430 a paramilitares y 5.010 otros grupos armados. Así es claro que fueron escuchadas más víctimas cuyo victimario fueron las FARC que las Fuerzas Armadas. 

Además, la Comisión escuchó casos emblemáticos en los que las FARC tiene responsabilidad —como el atentado contra el Club El Nogal—, e incluyó en el Informe Final la voz de víctimas de secuestro, tomas guerrilleras o masacres. En algunos casos, reunió a miembros de esa extinta guerrilla con sus víctimas para crear un diálogo alrededor de la reconciliación, como, por ejemplo, ocurrió en el Encuentro por la Verdad ‘El valor de la verdad en la búsqueda de desaparecidos en Palestina, Huila’.

Por estas razones, calificamos como falsa la afirmación de Nieto pues la proporción de testimonios que recopiló las CEV de víctimas que violentó las FARC es incluso mayor que la de otros actores que jugaron un rol en el conflicto armado. 

Nieto se asienta en un comunicado emitido por 52 federaciones y asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados, agentes de la reserva activa y pensionados de la Fuerza Pública.

“Así mismo —se lee en el documento— durante todos los procesos y metodología que se siguieron por la comisión no se tuvieron en cuenta a todas las víctimas, lo cual significa una falta de equilibrio en los resultados que se vayan a presentar, es necesario recordar que los múltiples informes entregados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron ignorados, tal como el trabajo desarrollado por el comisionado Carlos Ospina, quien al renunciar a la CEV lo manifestó ante todo el país”.

Sin embargo, es de recordar que algunos militares retirados han tomado distancia de la posición de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (ACORE), la cuál lleva la vocería de este sector de militares. Uno de estos es el grupo Veteranos por la Paz, quienes plantean en el centro el respeto por los derechos humanos, según exponen en su página web. Este grupo, contrario a Acore, se mostró receptivo a las recomendaciones del Informe Final al momento de publicarse el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones.

Sobre la acusación de ignorar los informes de los exmilitares, según el documento anexo del Informe Final titulado Relacionamiento con la Fuerza Pública, entre 2019 y 2022, “se reportaron más de 165 hitos referidos a reuniones, simposios, intercambios pedagógicos, entregas de informes, actividades de preparación y desarrollo de espacios de escucha con integrantes y ex integrantes de las fuerzas pública, víctimas y sus familias, entre otras iniciativas”.

Sobre los informes y documentos que los miembros o exmiembros de la Fuerza Pública entregaron, señala que se centraron en seis temas: transformaciones desde la estructura organizacional, operacional y logísticas de las Fuerzas; operaciones exitosas; aportes de la fuerza pública a la paz; análisis temáticos (paramilitarismo, FARC-EP, asesor jurídico operacional, estructura delictiva, amenazas a la seguridad); casos (tomas, historias de vida, documentales) y victimización de los integrantes de la Fuerza Pública.

Entre 2018 y mayo de 2022, la CEV recibió 158 casos e informes. “De estos, el Comando General de las Fuerzas Militares entregó 14, el Ejército Nacional de Colombia presentó 107, la Armada Nacional entregó 12, la Fuerza Aérea Colombiana 6, y la Policía Nacional de Colombia 19” (sic), precisa.

En ese documento, la CEV reconoce el esfuerzo de este sector por construir memoria, profundizar en su relato sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado y reconocer los impactos del mismo sobre sus integrantes y familias. 

“El reto permanente de la Comisión de la Verdad fue el de procesar de manera oportuna y exhaustiva estos aportes de manera que la contribución pudiese ser efectiva y ocupar un lugar específico dentro del relato y dentro de los procesos adelantados por la entidad”, con esas palabras el equipo de la CEV dejó claro que los testimonios e informes que venían de la Fuerza Pública, como todos los relatos recopilados por la Comisión, iban a ser contrastados, pero no ignorados.

Colombiacheck considera falsas las afirmaciones en las que se basa Nieto, pues según los anexos del Informe Final, la CEV le brindó espacios de participación y contrastó la documentación entregada por la Fuerza Pública.

Como lo había chequeado este portal en el texto “Las cuestionables afirmaciones de Carlos G. Ospina en contra del informe final”, el excomisionado Ospina le sostuvo a Colombiacheck que había preparado borradores para que fueran incluidos en el texto final del informe, pero la respuesta, según él, de los otros comisionados, fue que los temas que trataba no estaban contemplados dentro de los ejes temáticos del documento final. Sin embargo, Ospina no pudo sustentar con documentos u otras pruebas su versión.

La CEV le aseguró a este medio que siempre le brindó a Ospina, “las garantías necesarias en términos del reglamento y funcionamiento internos, procedimientos y recursos de todo tipo para el desarrollo de las funciones que le fueron asignadas como comisionado”. Esas palabras son las únicas declaraciones que la Comisión brindó sobre los choques con el exmilitar. 

Al no conocer las pruebas que demuestran que la CEV no tuvo en cuenta las posibles contribuciones del Ospina o que sí las tuvo, Colombiacheck no puede chequear esta afirmación.

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) le entregó a la Comisión de la Verdad dos informes: uno, sobre la práctica del reclutamiento forzado y la utilización de los niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC; y un segundo texto que recopila los testimonios de víctimas del sector productivo, poniendo en evidencia las dinámicas de violencia en los territorios en contra de los emprendedores, comerciantes y empresarios. Este último se titula “Víctimas del conflicto armado en Colombia en razón de su vinculación al sector productivo”.

A pesar de la afirmación de Nieto, no solo el informe del ICP sobre reclutamiento forzado fue tenido en cuenta por la CEV, sino también el de las afectaciones a comerciantes y empresarios. 

Se evidencia, por ejemplo, en la página 547 del capítulo Hasta la guerra tiene límites, en el que recoge el testimonio de Javier Ballesteros, una víctima del ELN a la que esa guerrilla secuestró en Tumaco, Nariño, en 2004, caso que aparece en el informe del ICP. Con el plagio de Ballesteros, al ser la víctima director de la planta de tratamiento de palma “Palmeiras”, el grupo armado buscaba extorsionar a la empresa.

Por eso, al incluir explícitamente apartados del informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) en el capítulo de Hasta la guerra tiene límites  del informe final, Colombiacheck califica esta afirmación como falsa.

Nieto hace referencia a las cruentas guerras civiles por las que atravesaron países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras a inicios de la década de los 80 y que se extendieron hasta los 90, en plena Guerra Fría. Años en los que grupos armados revolucionarios de cada país buscaron implantar el socialismo en Centroamérica y la respuesta contrasubversiva, apoyada por Estados Unidos, dejó miles de muertos.

El triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, en 1979, potenció la lucha insurgente en los países vecinos: con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y pequeños movimientos guerrilleros en Honduras. El espíritu revolucionario se resumía en el lema de “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala seguirá”.

Sin embargo, el análisis de la relación con el narcotráfico y la terminación de los conflictos centroamericanos debe revisarse con cuidado. Según el docente, filósofo y politólogo Jalily Covezdy Rojas, no hay evidencias de que el narcotráfico haya financiado a las guerrillas centroamericanas, pero al considerar el alcance del negocio de las drogas, reconoce que es posible que haya pasado en algunos momentos.

Lo que sí es un hecho es que el narcotráfico jugó un papel determinante en el financiamiento de la guerrilla antisandinista conocida como la ‘Contra’, abreviación de ‘contrarrevolucionarios’, como lo ilustró el docente Javier Guerrero Barón, en el texto “Mercados  de  violencia” y guerra  civil  en  AméricaLatina  en  los  90.

En cuanto a lo registrado por la Comisión de la Verdad sobre la perpetuación del conflicto armado por el narcotráfico, en el tomo No matarás, del Informe Final, se detalla la vinculación de las FARC con la cadena del narcotráfico. Según el documento, inicialmente, en la década de los 70, en el sur del país, la guerrilla se opuso a que los campesinos sembraran cultivos de coca y marihuana, bajo las propuestas con las que los narcotraficantes habían llegado hasta esas comunidades.

“Hacia el 80, 81, ellos —las FARC— dejaron de molestar al cultivador, dejaron de pelear contra la economía de la región ya que ellos subsisten también de lo que el campesino subsiste. Además vieron que ellos podían sacar también réditos económicos importantes de la coca”, se lee en la página 164.

De esta manera el Informe precisa que años después, las FARC comenzaron a comprar la pasta base de coca al campesino y venderla directamente a los narcotraficantes. “El hecho de que las FARC-EP se convirtieran en un intermediario en el mercado de la coca las llevó a estrechar relaciones con los narcotraficantes, al mismo tiempo que se crearon conflictos”, precisa.

Para la década de los 90 cuando las guerrillas de Honduras, Guatemala y El Salvador llegan a terminación pacífica del conflicto, el Informe es claro en señalar que en Colombia el narcotráfico había perpetuado el conflicto y es claro en ilustrar que la guerra se sostuvo económicamente de la droga, pero no solo lo hicieron las guerrillas sino todos los actores involucrados: “Como economía, alimentó a todos los bandos armados”, se lee en la página 238.

Para mediados del 80, las guerrillas se habían planteado conseguir armas y ganar legitimidad en la opinión pública. “El requisito para lograr los objetivos que se habían trazado las guerrillas era conseguir dinero”, se lee en la página 177 del capítulo No matarás. “Según pudo establecer la Comisión de la Verdad, éstas no eran financiadas por los países socialistas o los gobiernos que las apoyaban. Solo les ofrecían cursos o entrenamiento militar. Los grupos insurgentes encontraron otras formas de sostener la guerra: el secuestro, las extorsiones y el narcotráfico”, se lee.

Por esto, calificamos como falso el hecho de que la Comisión de la Verdad desconoce el papel del narcotráfico como  un factor que fortaleció a la otrora guerrilla, pero, además, porque no fue el único factor que perpetuó la guerra. Según la investigación de la CEV, a inicios de la década de los 90, las FARC estipuló que cada Frente y Bloque debía buscar su propia financiación, echando mano así de la minería ilegal y el secuestro.

“Para 1993 el Gobierno estimaba que las FARC-EP tenían ingresos por 93.278 millones de pesos, de los cuales por lo menos la tercera parte era de gramaje, seguida de la producción de oro y el secuestro”, consigna la página 178 del capítulo No matarás.

Según la investigación de la Comisión de la Verdad, así como de otros investigadores sobre el conflicto, la frase de Nieto es una interpretación incompleta. Aunque es cierto que los narcotraficantes respondieron al secuestro de sus familiares con violencia, faltan más detalles de las movidas que llevaron a la conformación de grupos paramilitares en contra de los grupos insurgentes, algunos que venían desde la década de los 60, que asumieron “funciones de seguridad a través de grupos civiles armados y del suministro de información”.

Lo cierto, y por lo cual son falsas las palabras de Nieto, es que el Informe Final sí tiene en cuenta que los narcotraficantes le dieron cara y forma al paramilitarismo en el capítulo No matarás, en donde se hace un recuento histórico del conflicto.

El documento señala que las guerrillas llegaron afectar los intereses de los narcotraficantes —las FARC les cobraban por la presencia de laboratorios en los territorios selváticos o les impusieron reglas de juego en la compra de la base de coca; y el EPL, el ELN y las FARC los estaban extorsionando y secuestrando en el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá—. En respuesta, los capos de las drogas emprendieron una guerra contrainsurgente. 

En la página 183 de dicho capítulo inicia el apartado El MAS y la mentalidad paramilitar y como una antítesis a lo afirmado por Nieto, la Comisión de la Verdad consigna contundentemente que “El MAS es el hito fundacional del paramilitarismo en Colombia”. 

Muerte A Secuestradores (MAS), nace tres semanas después de que el M-19 secuestrara, el 12 de noviembre de 1981, a Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, socios de Pablo Escobar. 

La CEV amplía esa línea: “Si bien, como se ha mencionado antes, desde tiempo atrás actuaban civiles armados, se había legalizado el uso de armas privativas de las Fuerzas Armadas para los grupos de autodefensa y los narcotraficantes habían consolidado ejércitos privados para proteger su negocio, el MAS era otra cosa: una alianza entre la mafia, la fuerza pública y sectores económicos y políticos que se sentían afectados por la guerrilla”.

Desde Colombiacheck encontramos falsa la afirmación de Nieto, pues no contempla las primeras facciones del paramilitarismo a través de civiles armados desde la década del 60 y porque el Informe Final expresa de manera explícita el papel de los narcotraficantes de la década del 80 para conformar grupos paramilitares contrainsurgentes. 

Contrario a lo escrito por Nieto, el informe, en el capítulo de Hallazgos y recomendaciones, sí señala que el narcotráfico y los grupos armados perpetuaron la guerra. Esa reflexión la hace dentro de la política prohibicionista de la guerra contra las drogas, que, según explica la CEV,  fortaleció a los grupos armados y afectó profundamente a la sociedad colombiana.

Sobre la responsabilidad con el narcotráfico, se lee: “Emplazamos al Estado colombiano y a la sociedad en su conjunto a reconocer que el narcotráfico es un actor que no solo ha sido parte del conflicto armado y ha facilitado su persistencia causando profundos daños en territorios y comunidades, sino que también ha estado y está imbricado en los grupos armados ilegales, las instituciones, la sociedad, la política, la economía y la cultura”. 

Sobre el enfoque prohibicionista, la CEV hace un llamado a que reconozca que “se ha convertido en uno de los principales factores de persistencia del conflicto, ha fortalecido las organizaciones criminales, ha provocado el incremento de los niveles de violencia, ha promovido incentivos perversos enfocados en indicadores (hectáreas erradicadas, capturas) que no miden el bienestar socioeconómico de las personas y ha generado impactos políticos, económicos, sociales, ambientales y en los derechos de personas –incluidos los eslabones más débiles de la cadena–, comunidades y territorios que es prioritario atender”.

Colombiacheck ya había revisado varios aspectos que giran en torno al relato de verdad que construyó la CEV en relación al narcotráfico. En esa ocasión, analizó la postura del sacerdote Francisco de Roux y en sus palabras nuevamente se desmiente las afirmaciones de Nieto: “Hemos podido establecer que hoy en Colombia hay una sola guerra que une la insurrección y el narcotráfico” y continuó con “Ha demostrado cómo el tráfico de drogas ha sido la base del contrabando, de la corrupción, de la extracción criminal de oro y las importaciones de armas”.

Por estas razones y evidencias calificamos como falsa la aseveración de Nieto en relación con la postura frente al narcotráfico consignada y analizada en el Informe Final.

En las recomendaciones, la Comisión no habla específicamente de una “legalización global”. A esa interpretación se puede llegar con las afirmaciones en las que la Comisión relaciona el aumento de los cultivos de coca con “el fracaso de la llamada «guerra contra las drogas»”. 

Bajo esa línea intervino el sacerdote Francisco de Roux, entonces presidente de la CEV, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 14 de julio del 2022, para hablar sobre el Informe Final. “La Comisión pide terminar la guerra contra el narcotráfico y pide comprender lo equivocado de la pretensión de que el prohibicionismo armado puede detener al narcotráfico cuando lo que hace es aumentar las ganancias del negocio”, dijo ante los Estados miembros.

Por eso, el criminalista Daniel Rico considera sobre la apreciación de Nieto que el mensaje de la Comisión no sólo recae en Estados Unidos y Europa, sino, especialmente, en los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que incluye a Rusia y China.

De esta manera, la Comisión señala en su informe que “el problema del narcotráfico no puede ser atendido como una guerra”. “Las consecuencias de este planteamiento concertado —continúa— y en gran parte impulsado por Estados Unidos muestran que los sucesivos intentos de abordar el problema mediante las mismas fórmulas (no abordar su naturaleza económica y política, sino centrarse en su ilegalización; atacar los puntos más débiles de la cadena; basarse en el prohibicionismo; utilizar las fumigaciones y eliminar o extraditar las cabezas ilegales del negocio) no han llevado a superar la situación, sino que se ha llegado a un callejón sin salida”. 

En el capítulo de Hallazgos y recomendaciones, la CEV recomienda “Transitar hacia la regulación legal estricta”. De esta manera, aconseja que la política de drogas del país transforme su enfoque prohibicionista y transite a “la regulación de los mercados de droga”.

Sobre la erradicación forzada y el abandono del glifosato, la Comisión propone abordar el tema desde un “enfoque de derechos humanos y desarrollo y no como un problema de seguridad nacional”. Para eso insta al Estado a “desmilitarizar” la respuesta ante los cultivos, los territorios y las poblaciones afectadas. 

Una práctica que inicia desde 1980 y se escala a fumigaciones masivas desde mediados de los noventa bajo negociaciones con Estados Unidos, según análisis de la CEV. Desde entonces, esta práctica ha traído estigmatización y daños para comunidades campesinas empobrecidas: “La aspersión aérea con glifosato trajo consigo múltiples conflictos y profundos impactos en la salud de las comunidades y el medio ambiente, y conflictos entre los campesinos cultivadores de coca con la fuerza pública por la erradicación forzada de los cultivos”, se consigna en la página 528 del capítulo de recomendaciones.

El informe es claro en pedirle al Estado que renuncie a la aspersión con glifosato, pero contrario a lo que dice Nieto no pide que en Colombia se prohíba el uso total del glifosato, pues muchos herbicidas empleados en la actividad agrícola del país están hechos a base de glifosato y sobre esto no refiere el Informe.

Colombiacheck califica como cuestionable esta afirmación, pues el Informe Final sí insta a abordar de una manera distinta (no como una guerra) el problema de las drogas. Sin embargo, no es cierto que inste al Estado a prohibir todos los usos del glifosato, sino las aspersiones contra los cultivos ilícitos.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), que se soporta en el ​​Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el país pasó de 96.084,57 hectáreas de coca sembradas en 2015 —antes de que se firmara el Acuerdo— a 204.257,22 en 2021. 

Y sobre producción potencial de clorhidrato de cocaína, la UNODC señala que en 2021 se estima un alcance de 1.400 toneladas, mientras en 2014 proyectaba 368 toneladas. Sin embargo, la proporción no es la que Nieto expone, en realidad se multiplicó en 2,1 en el aumento de los cultivos y 3,8 en producción potencial de cocaína.

De otro lado, según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, para el país 2015 había registrado 159.000 hectáreas de coca cultivada y 564 toneladas potenciales de producción de cocaína, las cuales aumentaron respectivamente en 2021 a 234.000 hectáreas cultivadas y 972 toneladas potenciales de producción de cocaína. Con estas cifras se deduce que tras la firma e implementación del Acuerdo se multiplicó en 1,4 los cultivos ilícitos y en 1,7 la producción potencial de cocaína. Nuevamente, no dan las cifras de la columna.

Nieto atribuye los crecientes números de cultivos de coca y producción de clorhidrato de cocaína a la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la afirmación de Nieto es cuestionable, según analiza el criminólogo Daniel M. Rico. “No es tan correcto porque no es una relación de causalidad”, señala y agrega: “Si uno lee en detenimiento el Acuerdo, no establece el fin del glifosato y no establece un modelo de sustitución como el que se implementó. Ahí lo que tendría que volver a revisar es cuáles son las verdaderas causas del incremento en la producción de cocaína, que es mucho más compleja que atribuirle exclusivamente esto a lo pactado en el Acuerdo de Paz”.

Además, diversas organizaciones advirtieron durante años que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), derivado del Acuerdo de Paz, fue incumplido durante el gobierno Duque. 

Uno de ellos es el Tercer Informe al Congreso sobre el Estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, publicado en agosto de este año por la Procuraduría General de la Nación. En este consigna que los mayores retos para el cumplimiento del PNIS se centran en la articulación interinstitucional, el impulso a la Reforma Rural Integral, y el seguimiento a los operadores que son contratados para la implementación del PNIS.

La Comisión de la Verdad lo precisa en su Informe Final: “El PNIS ha tenido pocos avances, errores en su diseño y planeación, problemas de seguridad y falta de articulación con la reforma Rural Integral, así como demoras e incumplimientos en su implementación”, se lee en la página 670 del capítulo de Hallazgos y recomendaciones.

Según la CEV, los reclamos de la población rural organizada, frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz, se centran en los acuerdos individuales y colectivos del Plan de Atención Inmediata (PAI) del PNIS. Ese y otros incumplimientos de la ruta de implementación minó la confianza de los campesinos y causó que volvieran a la actividad ilícita, analizó el portal VerdadAbierta.com en el especial “Cinco años del Acuerdo de Paz”.

Asimismo, la CEV reconoce que desde la firma del Acuerdo, en ninguno de los años se han cumplido las metas de recursos planeadas para la implementación de lo firmado. “Lo que resulta especialmente sensible en algunos de los puntos que requieren mayores inversiones, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS)”, explica en la página 633.

En cuanto a la supuesta relación entre aumento de cultivos ilícitos y narcotráfico con los homicidios en el país, los expertos piden que se revise con cuidado el análisis de Nieto. Es cierto que los homicidios aumentaron en 2021, cuando venía presentando una baja progresiva año tras año. Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, el año pasado ocurrieron 13.873 homicidios. En 2020, 12.018, y en 2019, 12.656; y en 2018, 12.667.

“Eso no es fácil de trazar solamente con hectáreas sino tiene que ver con rutas, laboratorios. Hay muertos que ocurren a kilómetros de distancia o muy lejos de las zonas de narcotráfico”, dice Daniel Rico.

Por su parte, el director del área Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Jorge Mantilla, aclara que,  bajo su lectura, los homicidios del país no sólo están relacionados con el narcotráfico. “Hay otras variables que es importante tener en cuenta. El fracaso de la política de seguridad de Iván Duque, la fragmentación del conflicto y de los grupos armados en guerras cada vez más locales, el incremento del control territorial por parte de los grupos en donde pesan otros mercados como la minería ilegal, la extorsión o el acaparamiento de tierras, solo para poner algunos ejemplos”, expresó.

Por eso, calificamos como falsas estas afirmaciones, pues Nieto mezcla hechos reales como el aumento en la cifras de cultivos de uso ilícito, la producción de clorhidrato de cocaína y el aumento en los homicidios en el país; relacionándolos entre sí sin que uno de los factores dependa del otro, según explican los expertos. Además, porque varios criminólogos y estudiosos del conflicto distan de la idea de que el Acuerdo de Paz incrementó los cultivos de coca y la cocaína.

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto, que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.