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Miércoles, 01 Junio 2016

Nadando en coca

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Alejandro Ordóñez: “La Procuraduría advirtió que íbamos a nadar en coca y estamos nadando en coca. De 40 mil hectáreas pasamos a 159 mil, de acuerdo a la última información de la Embajada Norteamericana”.

Al Procurador General de la Nación le preguntaron por peras y respondió con manzanas. Esa podría ser la conclusión al escuchar las respuestas que dio Alejandro Ordóñez Maldonado a las preguntas que le hicieran unos periodistas en el aeropuerto El Dorado, cuando quisieron saber su opinión sobre la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la cual sentó un precedente sobre la cantidad de la dosis mínima de marihuana que puede portar una persona en Colombia.

En la sentencia de Casación #41760 del 9 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, se abordó el caso de un soldado adicto desde niño a este psicoactivo y quien fue apresado con 50 gramos de marihuana, 30 más que la dosis mínima vigente hasta ese momento en el país.

La defensa del soldado argumentó que el militar, por ser adicto, necesitaba una dosis más alta que la permitida por la ley y que, además, como estando de servicio se le encomendó un patrullaje en zona rural, donde le era difícil proveerse de la sustancia, consiguió los 50 gramos de marihuana para su consumo personal.

Los argumentos de la defensa fueron jurídicamente sólidos para la CSJ, que los acogió y falló a favor del acusado, entre otras razones porque “no se demostró su intención de comercializarla”.

El veredicto no sólo sirvió para absolver al soldado Yesid Arias Pinto del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, sino que sentó un precedente: Ahora la cantidad de dosis mínima para quien demuestre que es una persona enferma, afligida por una adicción, que necesita una cantidad superior para colmar su ansiedad y que no está comercializando el psicoactivo, puede ser superior a los 20.5 gramos.

¿Procurador confundido?

Sobre la anterior sentencia varios periodistas abordaron al procurador en el Aeropuerto El Dorado el 15 de marzo y uno de ellos le lanzó dos preguntas: ¿Es una flexibilidad nueva de la Corte? ¿Es peligroso para el aumento del consumo de drogas en el país?

En ese momento el procurador inició la mezcla de peras con manzanas. El jefe del Ministerio Público respondió que la sentencia de la Corte permitirá que el país "legalice el microtráfico" y que Colombia va a “nadar en coca”. Además, para apoyar su argumento el Procurador usó las cifras de dos estudios diferentes que tratan el tema de los cultivos ilícitos.

El primer aspecto que es fundamental aclarar en este caso es que la sentencia del alto tribunal sólo abre la puerta para la redefinición de la dosis mínima de marihuana: El texto solo abordó ese psicoactivo y nada más. En ninguna parte de la sentencia la sala de casación de la CSJ mencionó otro tipo de sustancia y, mucho menos, dio vía libre a la legalización del consumo de cocaína o a la producción de coca.

Para comprender este punto no se necesita ser abogado ni experto en derecho penal, tan solo con realizar una lectura del resuelve del fallo de la CSJ, cualquier ciudadano puede confirmar el yerro en el planteamiento del Procurador.

En segundo lugar y donde la confusión del Procurador se torna más compleja, es cuando menciona dos cifras para apoyar su afirmación: “De 40 mil hectáreas pasamos a 159 mil, de acuerdo a la última información de la Embajada Norteamericana”.

“A la hora de usar las cifras, Ordoñez mezcló dos estudios que técnicamente no se pueden unir ya que fueron realizados con diferente metodología”, sostuvo María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.

Las 40 mil hectáreas de coca sembradas que mencionó el Procurador como indicador de la más baja cantidad de cultivos ilícitos en el país, fue tomada del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y, no solo es inexacta, porque en realidad se trata de 48 mil hectáreas, sino que corresponde al año 2013.

Por otro lado, las 159 mil hectáreas que señaló como la cifra más alta, corresponde al estudio hecho por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas, entidad que dependen de la Casa Blanca de los Estados Unidos, cifra con corte a diciembre de 2015 y la más alta desde 2002.

Así las cosas la declaración del Procurador, no solo hace referencia a una sustancia de la que no habla la sentencia de la CSJ, su primer error, sino que llama al engaño cuando usa las cifras de dos estudios distintos, cuyas metodologías difieren y que, según Daniel Rico, experto en políticas antinarcóticos con tesis en cultivos ilícitos, “tienen sus ventajas y desventajas”.

Según Daniel Rico, quien aprovechó la entrevista para contarnos su preocupación por la proliferación de los cultivos de coca, es completamente razonable alarmarse por el aumento de los cultivos de coca en el país pero es importante no mezclar las cifras de ambos estudios a la hora de hacer comparaciones.

Según Rico, “la medición estadounidense se hace por medio de fotografías satelitales y usa el sistema Geotools que brinda una mayor resolución satelital”, mientras que la metodología del informe de la ONU, “también usa imágenes satelitales pero se combina con un trabajo de campo, algo fundamental porque permite comprobar que verdaderamente los cultivos de las fotografías son coca y no simplemente maleza u otras especies vegetales”.

La desventaja del estudio de la ONU, según Rico, es que éste toma un promedio del año y no da la cifra exacta de la cantidad con que termina cada año. Algo que sí hace el de la Casa Blanca que da la cifra con base a lo proyectado en diciembre de cada año.

Luego de explicar las diferencias metodológicas Rico señaló que ningún estudio está por encima de otro “simplemente tienen diferente metodología”.

La salvedad que quiso dejar Rico, quien al momento de la entrevista estaba en Putumayo en trabajo de campo, es que la situación seguramente podría ser mucho más grave de lo que anunció el Procurador. Para el investigador, efectivamente el país sí nada en coca y especula que la cifra de cultivos sería mucho mayor a las 159 mil hectáreas reportadas por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca: Esta situación podría deberse a que ambos estudios toman como referencia diciembre de 2015, “omitiendo los primeros meses de 2016”.

Con lo anterior se puede concluir que si bien el Procurador tiene razón en prender las alarmas respecto al aumento de los cultivos de coca en el país, ya que hasta el mismo Ministerio de Defensa acepta que este es uno de sus mayores retos, lo hizo de una forma poco clara, razón por la que tiene a más de un colombiano confundido. ¿Marihuana o coca? ¿Peras o manzanas?

Sábado, 05 Agosto 2017

“$424.000 es lo que gana mensual un cultivador de coca”

Por Paula Vásquez

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial por el partido Liberal, dio cifras difíciles de comprobar respecto al salario de los campesinos cocaleros pues su ingreso depende de las variables de cada zona.

Juan Manuel Galán, senador y precandidato presidencial por el partido Liberal, quien ha defendido la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, durante su participación en el debate sobre las estrategias de seguridad y justicia en los municipios más afectados por el conflicto armado, llevado a cabo el 2 de junio, se refirió a los ingresos mensuales de los campesinos cultivadores de coca.

“…lo que les da un ingreso mensual promedio neto de $424.000 pesos al mes, eso es lo que se gana un campesino cultivador de hoja de coca”.

Philipp Wodak, asesor de Galán, le dijo a Colombiacheck que el senador había basado su ponencia en la investigación Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, de la Universidad de los Andes.

Después de leer el estudio y hablar con un experto calificamos su afirmación como aproximada, porque no existen cifras exactas de los ingresos mensuales de los cultivadores ya que estas dependen de distintos factores.

Luego de revisar el estudio referido por el asesor de Galán, donde a pesar de que buscamos detalladamente no logramos encontrar la cifra que el senador expuso en su discurso, consultamos a Luz Perly Córdoba, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, experta en el tema, quien nos aseguró que la cifra no es precisa pues no existen datos exactos debido a la diferencia entre las regiones productoras.

“Esa puede ser una cifra cierta porque es menos de un salario mínimo, lo que ha descubierto Coccam es que no se puede hacer una tabla rasa con la producción de coca porque eso varía de una región a otra, depende de las condiciones de accesibilidad que la zona tenga, de la banda criminal que los maneje, no puede haber una tabla rasa que diga que en todo lado la gente gana lo mismo, pero lo que sí es cierto es que, al campesino es al que menos le quedan ganancias de ese proceso y que los pequeños cultivadores no se hacen ricos con la coca, tampoco tienen un nivel de vida aceptable o digna con el cultivo de coca”, explicó la representante de los cultivadores.

Para reforzar su explicación, Córdoba expuso el caso del Pacífico, donde afirma que al ser más fácil el acceso fluvial para sacar la coca, al campesino le quedan más ingresos a comparación de un departamento como el Guaviare.

Según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, investigación de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Unodc), la cifra de cultivos de coca tuvo un incremento del 52% al pasar de 96.000 hectáreas en el 2015 a 146.000 en el 2016.

Sustitución, no erradicación

Córdoba cuenta que los campesinos siempre han tenido la voluntad de sustituir cultivos, si y sólo si esta restitución se hace de manera integral. “Ellos no pueden cambiar simplemente una mata por otra, si tú cambias una planta ilícita, por una lícita, pero no hay vías de comunicación, pues la gente va a tener que regresar a la ilícita porque con esa las bandas criminales sí se meten donde les toque”, aseguró.

A principios de este año, las Farc y el Gobierno lanzaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos, (Pinis), que cuenta con la participación activa de la guerrilla y de las comunidades. Además, representa un avance en la implementación de la primera parte del punto cuatro del Acuerdo Final, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Según lo estipulado en el Acuerdo, el objetivo principal del programa es buscar la transformación estructural del campo colombiano para que de esta manera mejoren las condiciones para el campesino y al mismo tiempo se acaben cultivos ilícitos.

“Es un programa integral en el que a través de la sustitución hay un desarrollo del territorio”, indicó Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, en una nota publicada por el portal de la revista Semana.

En el especial realizado por el diario El Tiempo: Sustitución de coca, el diablo está en los detalles, publicado en mayo del 2017, cuentan que el Gobierno, las Farc y las comunidades han realizado 23 acuerdos que cobijan a 81.849 familias y 63.542 hectáreas de coca aproximadamente.

Entre los compromisos de estos acuerdos está el de sustituir y no resembrar, apoyar a las familias cultivadoras con un subsidio, mejorar las condiciones en las que se pueden hacer erradicación forzosa, entre otras.

“La gente de todas maneras tiene desconfianza con el Gobierno, porque ellos reiterativamente han incumplido los acuerdos que hacen con las comunidades y con todo el mundo, pero la gente ha recibido con muchísima esperanza el acuerdo de paz, en el anhelo de que se convierta en realidad”, afirmó la representante de Coccam.