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Jueves, 14 Julio 2016

Nariño, entre la guerra y la coca

Por Sania Salazar

Es el cuarto departamento con más víctimas del conflicto y el primero en cultivos de coca. Por eso su gobernador, Camilo Romero, pide que sea protagonista durante el posconflicto.

 

Uno de cada cuatro nariñenses es víctima del conflicto. Así lo aseguró el Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, a la emisora la Fm, que trinó la frase el pasado 8 de julio.

 

 

Llamamos al Gobernador y a su jefe de prensa en varias ocasiones, les dejamos mensajes en sus buzones de voz solicitándoles una entrevista para saber en qué datos se basa la afirmación, pero hasta la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.

Buscamos en las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en las que se calculan 1.765.906 habitantes en Nariño para 2016. El 25% (1 de cada 4) son 441.476 personas.

Después consultamos el Registro Único de Víctimas (RUV) y encontramos que en Nariño hay 417.922 afectados por hechos violentos ocurridos en ese departamento, lo que corresponde exactamente a un 23,6% de la población, cifra muy cercana al 25% que calculó el Gobernador.

Por número de víctimas dentro del territorio, Nariño es el cuarto departamento colombiano con mayor cantidad de afectados después de Antioquia (1.566.567), Bolívar (598.883) y Magdalena (479.427).

Los datos de la (RUV) también se refieren a víctimas por “declaración”, que son afectados que denuncian los hechos violentos en lugares distintos a donde les sucedieron. A Nariño han llegado 382.134 personas a declararse víctimas.

Ubicación poco favorable

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, tiene un diagnóstico de Nariño en el que señala la presencia de las Farc y el ELN desde los ochenta. Además indica que en el 2005 aparecieron las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Como si fuera poco, también hay autodefensas y delincuencia organizada.

La presencia de estos grupos armados, sumado a su ubicación en la frontera con Ecuador y su salida al océano Pacífico ha convertido a Nariño en una zona estratégica para la actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando de mercancías o la negociación de divisas en el mercado negro, señala el informe.

Primeros en cultivos de coca

En el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), conocido el pasado 8 de julio, Nariño aparece como el departamento con más hectáreas sembradas con coca: 29.755. Allí está el 31% de la coca del país.

Además, Tumaco, en Nariño, es el municipio colombiano con la mayor área sembrada de coca (16.960 hectáreas).

Precisamente, el gobernador Romero habló con varias emisoras sobre el resultado de este estudio y en sus distintas declaraciones reiteró la importancia de que el proceso de paz se traduzca en un Nariño libre de coca, pero enfatizó en que la solución no está simplemente en arrancar las matas, pues aseguró que se trata de un problema social que hay que combatir con políticas públicas y con proyectos productivos.

Con este panorama queda claro por qué la insistencia de Romero en la importancia de que los diálogos entre el Gobierno y las Farc se vean materializados en cambios de fondo que beneficien a su región.

Miércoles, 12 Septiembre 2018

En Colombia las desapariciones son más que en las de dictaduras de Chile y Argentina

Por Sania Salazar

Un trino compara, sin tener en cuenta el contexto, el número de desaparecidos de las dictaduras de Chile y Argentina con las del conflicto colombiano.

Un gráfico difundido en Twitter indica que los desaparecidos en el conflicto colombiano (según el trino, 86.000) superan a los de las dictaduras de Chile (3.200) y Argentina (40.000). La información del gráfico es Aproximada porque no hace la comparación con la metodología adecuada pues para sacar conclusiones en casos como este hay que tener en cuenta los periodos comparados y la población de cada país en esos lapsos.

 

 

El reporte más reciente del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sobre desaparición forzada indica que en Colombia se han registrado 80.569 desapariciones entre 1958 y 2018. Aunque en ese mismo Observatorio se había hablado de 86.000 desaparecidos, se depuraron las bases de datos y se llegó a esa nueva cifra. En el trino no se indica el periodo de tiempo cuantificado en el caso de cada país, ni la fuente en la que se basan las cifras.

La gráfica compara cifras de periodos violentos de distinta duración. La dictadura en Chile duró 17 años (entre 1973 y 1990). Por su parte, la dictadura en Argentina duró siete años (de 1976 a 1983). Las estadísticas de Colombia, en cambio, corresponden a 60 años de conflicto armado (1958-2018), por lo que la comparación es inexacta, según explicó Andrés Suárez, director del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH-

Suárez, además, indicó que la única comparación viable entre la situación de desaparecidos en estos tres países tendría que basarse en la tasa de víctimas por 100 mil habitantes (es decir, qué porcentaje de la población que tenía cada país en el momento de los hechos fue afectada) para saber en dónde fue más grave la situación.

Según el informe del CNMH titulado Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, en Chile hubo 3.500 desapariciones documentadas y 10.000 en Argentina, en donde la proyección de ese delito es de 30.000 casos.

Para confrontar las cifras de una manera mínimamente comparable, sobre todo en términos de tiempos, Suárez recomendó tomar el lapso entre 1997 y 2004 que es el periodo más crítico de desapariciones en el caso colombiano, con 41.200 casos.

También recomendó, en el caso de Argentina utilizar la cifra de 10.000 desaparecidos por ser los casos que están documentados.

Al hacer ese ejercicio, el resultado es que Colombia sí es el país más afectado por ese delito con 93,2 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. El segundo Argentina con 35,8 y Chile el tercero con 30,2 por 100 mil habitantes. (Si en el caso argentino se tomara la cifra de los 30.000 casos proyectados, el resultado sería de 107,4 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, un resultado más alto que el de Colombia).

Aunque en el trino se habla de Seguridad democrática haciendo alusión a la llamada política de seguridad del Estado que se denominó así durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hay que aclarar que esa política se implementó durante el doble periodo de Uribe (2002-2010) y la cifra de desaparecidos del CNMH corresponde a 60 años de conflicto.

También hay que señalar que entre 2002 y 2010 hubo 29.251 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado (de las 80.569 que se han registrado), pero también que en el periodo de consolidación de esa política hubo un decrecimiento de ese delito, (como se puede ver en el gráfico).

Infografía sobre desapraición forzada con datos del CNMH

Suárez señaló además, que esa reducción pudo ser mayor de no ocurrir los falsos positivos y resaltó que entre los responsables de las desapariciones forzadas no solo está el Estado, sino que es un crimen en el que tienen responsabilidad otros grupos armados. “A diferencia de las dictaduras no hay cómo probar en estos momentos que la desaparición fue una política sistemática o una estrategia del poder militar en Colombia o del Estado colombiano, con eso hay que tener cuidado”, concluyó Suárez.

El caso colombiano

En Colombia este es un crimen de lesa humanidad que “ha afectado sobre todo a los líderes sindicales y su familia, a la población civil sindicalizada y su familia, a los estudiantes, a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y sus familiares, a los miembros de las organizaciones de defensa de los DD.HH.” indica el informe Hasta encontrarlos.

Ese informe indica además que también han sido víctimas de desaparición forzada los abogados o investigadores judiciales que se han ocupado de las denuncias y los miembros de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han hecho eco de los reclamos de los allegados a las víctimas.