3 DATOS CLAVE:

1. ByViral24, una consabida cuenta desinformadora, utilizó un titular de Revista Semana para realizar una comparación desmesurada y sin fundamento.
2. El artículo de Semana no habla sobre una nueva demanda, sino que aborda actualizaciones sobre un proceso con más de una década originado en el reclamo de reparación del hoy presidente como víctima de las chuzadas del extinto DAS.
3. Las pretensiones de Betancourt en 2010 ascendían a 13.000 millones, mientras que en 2012 Petro solicitó una reparación de 7.000 millones de pesos. En 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del entonces senador por un monto de 579 millones.

El pasado 18 de febrero, la cuenta de X @ByViral24 compartió una publicación de Revista Semana a la que agregó el texto “🇨🇴Familia @petrogustavo pide hasta 36 veces más que lo que pidió Ingrid Betancourt cuando demandó al estado por su secuestro” (sic).

El texto se reprodujo en la página de Facebook Timochanda. A día de hoy, la publicación en X acumula más de 26.000 reproducciones y casi 1.000 ‘me gusta’. En los comentarios se evidencia que los usuarios asumieron que la noticia trataba de una demanda reciente del presidente de la República contra el Estado que gobierna.

El usuario de X @ByViral24 es un consabido desinformador al que hemos verificado en numerosas ocasiones por generar contenidos falsos y cuestionables en contra del gobierno de Gustavo Petro. La página Timochanda, por su parte, pretende ser una parodia del líder de las extintas Farc ‘Timochenko’, y ha participado a su vez en la difusión de narrativas desinformadores, racistas y estigmatizantes contra la vicepresidenta Francia Márquez (1, 2) , la Minga indígena y el Acuerdo de Paz que hemos verificado.

En Colombiacheck indagamos al respecto de la publicación y encontramos que las afirmaciones son falsas, ya que el artículo de Semana no aborda una demanda reciente sino un proceso de más de una década. Aunque, en el tuit citado por By Viral 24, la revista tampoco aclara que data de 2012.

Asimismo, en su demanda, el hoy presidente solicitó una compensación económica menor a la que había solicitado antes Íngrid Betancourt a partir de su secuestro. Sus pretensiones estaban fundamentadas en los perjuicios que él y su familia sufrieron, ya que el hoy presidente fue víctima de las interceptaciones ilegales del extinto DAS.

El artículo

La publicación de Revista Semana que compartió By Viral 24, presenta el titular de un artículo que tiene enlazado: “Demanda de los Petro contra el Estado: el presidente pide que lo reparen a él y su familia por persecución. Detalles desconocidos”. Al revisarlo en la web del medio, encontramos que el texto sólo alude a “la millonaria indemnización”, sin especificar una cifra con la que se pudiera establecer la comparación propuesta por el usuario.

Por otra parte, encontramos que, basados en este artículo, incluso medios como Infobae y El País publicaron notas con títulos que sugieren que la demanda es la noticia, como si se tratara de un proceso nuevo o reciente. Pero en el primer párrafo de la publicación de Semana se especifica que el proceso al que se refiere es antiguo, pues explica que ya surtió un litigio y obtuvo un fallo, con una decisión que se revisa actualmente y es el asunto de las actualizaciones presentadas en el texto.

En este sentido, no encontramos fundamento para la afirmación de By Viral 24 en el artículo sobre el que comentó.

La demanda, el proceso y el fallo

Tras buscar en Google las palabras clave “Tribunal de Cundinamarca”, “Petro” y “Estado”, encontramos el fallo de dicho juzgado al que alude el artículo de la Revista Semana, emitido el 19 de febrero de 2020. En ese momento, el hoy mandatario era aún senador.

En el apartado “Antecedentes”, el documento expone una línea de tiempo sobre el caso que puede constatarse con publicaciones en medios de la época. El 27 de diciembre de 2011, Gustavo Petro, entonces alcalde electo de Bogotá, radicó en la Procuraduría General de la Nación una solicitud de Conciliación con agencias del Estado colombiano, cuya audiencia se llevó a cabo el 27 de febrero de 2012, cuando ya ocupaba el Palacio Liévano.

La solicitud surgió del reconocimiento del hoy presidente y su familia como víctimas de las interceptaciones ilegales realizadas en su contra por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en lo que se conoció como el escándalo de las chuzadas.

En la audiencia de conciliación, Petro no llegó a un acuerdo con los representantes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para recibir una compensación económica que, según declaró, pensaba donar al Fondo para la Reparación de Víctimas.

Debido a la conciliación fallida, Petro, junto a siete miembros de su familia, interpuso una demanda de reparación directa contra la Nación, representada por el DAS y la UIAF, con la pretensión de recibir una compensación económica por valor de 7.090’942.276 pesos. Aunque el fallo emitido en 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resultó favorable a los demandantes, el monto de reparación fue en total de 579’349.980, calculado según el salario mínimo de ese año.

Debido a los recursos de apelación interpuestos frente al fallo por la UIAF y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Iván Duque, el proceso llegó a revisión del Consejo de Estado el 29 de junio de 2021, donde continúa hasta el día de hoy en debate. Es en esa corporación donde se libran las discusiones que presenta el artículo de Revista Semana pero, como se evidencia, se trata de un litigio que abarca más de una década.

El caso Betancourt

El 9 de julio de 2010, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado para informar que Ingrid Betancourt Pulecio, exsenadora y víctima de secuestro por las hoy extintas FARC, interpuso ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial por “la suma global aproximada de 13 mil millones de pesos”. 

Betancourt apuntaba a ser compensada por entidades del Estado que, en su concepto, tuvieron alguna responsabilidad en los perjuicios que sufrieron ella y su familia a causa del secuestro. Estas fueron el Ministerio de Defensa Nacional (Ejército - Policía Nacional) y el Ministerio del Interior y de Justicia.

Días después de la controversia generada por su solicitud de conciliación, Bentancourt desistió de sus pretensiones y la audiencia finalmente no se llevó a cabo.

Con este contexto, vemos que al aplicar la ecuación asegurada por By Viral 24, implicaría que la familia de Gustavo Petro solicitó una compensación de 468.000 millones de pesos, resultantes de “36 veces” el monto pretendido por Betancourt en 2010. Un valor semejante no corresponde al proceso sobre el que versa el artículo de Revista Semana. Por el contrario, la petición fue por poco más de la mitad y lo que les concedió el fallo del tribunal, pendiente de revisión en el Consejo de Estado, fue 579 millones de pesos, muchísimo menos.

Así pues, calificamos como falsas las afirmaciones de By Viral 24, en tanto la demanda de la familia Petro contra el Estado colombiano se presentó por 7.000 millones de pesos, un monto mucho menor al que pretendía Ingrid Betancourt por la reparación de perjuicios ocasionados en su secuestro, y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió en 2020 una compensación de 579 millones. Aunque la publicación hace parecer que se trata de una solicitud reciente, la demanda que originó el proceso data de 2012, y aún se debate en el Consejo de Estado debido a que las entidades demandadas apelaron la decisión durante el gobierno de Iván Duque.