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Miércoles, 11 Noviembre 2020

Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020

Por José Felipe Sarmiento y Santiago Luque Pérez

Políticos, medios y usuarios de redes asociaron a los pueblos indígenas con grupos armados ilegales. Esta es una radiografía de esa narrativa, tan débil de sustento como peligrosa en sus efectos.

Cuando la Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz emprendió el regreso a sus lugares de origen, tras recorrer en paz medio país y marchar de igual manera en Bogotá, todavía estaban en circulación las ideas de que fue infiltrada por ejércitos ilegales, coordinada por vándalos o financiada por el narcotráfico.

Los motivos de la protesta fueron expuestos desde el 6 de octubre en una carta abierta al presidente, Iván Duque, y un librillo. Los indígenas y organizaciones sociales del suroccidente del país reclamaban por el aumento de las masacres y los asesinatos, en especial de líderes; pedían respeto por sus territorios, por la protesta, por las decisiones judiciales, por los derechos humanos y, en particular, los derechos colectivos de los grupos étnicos; llamaban al Gobierno a cumplir con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC y a retomar los diálogos con el ELN; entre otros puntos.

Esto fue insuficiente para detener los discursos que insistieron en crear estigmas contra ellos. Por eso, Colombiacheck y Rutas del Conflicto nos unimos para hacer una radiografía de esta oleada de desinformación, en la que recopilamos y desmentimos sus argumentos, pero también contamos quiénes la movieron, exploramos su trasfondo y exponemos sus consecuencias. En este explicador, respondemos estas siete preguntas:

 

No es la primera vez. En diciembre de 2016, cuando la agenda del país estaba definida por el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón que acababa de entrar en vigencia, desnudamos juntos los peligros de relacionar a los pueblos indígenas como supuestos aliados de las guerrillas, en especial de las FARC. Con el chequeo ‘¿Indígenas aliados de la guerrilla? Una mentira muy peligrosa’, demostramos que se trata de un señalamiento falso, que generaliza y no tiene en cuenta las diferencias de fondo que separan las reivindicaciones indígenas y la lucha armada de la guerrilla.

La verificación fue publicada días después de que la Corte Constitucional, en una sentencia de tutela, le ordenó rectificar al programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión, por una serie de episodios emitidos en 2015 en los que violaron el derecho a la información veraz e imparcial de los pueblos indígenas y de su audiencia al hacer afirmaciones carentes de sustento o incluso contrarias a los datos recopilados en su reportería. Entre ellas, el director y presentador del espacio, Manuel Teodoro, dijo que en ciertas partes del Cauca “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”.

Cuatro años después, estos mensajes se siguen repitiendo. 

 

¿Qué se dijo de la Minga 2020?

Es innegable el pacifismo de los indígenas que llegaron a Bogotá el pasado 18 de octubre y marcharon al día siguiente hasta la plaza de Bolívar para hacerle un juicio político a Duque. No obstante, hay quienes han insistido en que hubo algo turbio detrás de tanta calma.

“Tesis: los líderes de la minga pidieron al jefe de los vándalos que no hubiera vandalismo mientras estuviera la minga en Bogotá. Por cuidar esos votos, el jefe aceptó. Conclusión: el vandalismo tiene jefe y organización jerárquica en Bogotá”, escribió el exsenador Alfredo Rangel en su cuenta de Twitter el 22 de octubre. No dio ninguna prueba de su acusación, más allá de este razonamiento plagado de falacias.

A esas alturas, ya se habían ido de la ciudad sin contratiempos hasta los últimos indígenas que se quedaron para apoyar el paro del 21 de octubre. Habían dejado impecable el lugar donde estaban instalados, el Palacio de los Deportes. No obstante, el mensaje del excongresista del partido Centro Democrático (CD) fue retuiteado 1.884 veces (1.260 sin comentarios) y recibió 2.622 ‘me gusta’.

Esto demuestra que, en cierto sector de la población, quedó tan bien instalada la narrativa sobre el vandalismo e incluso el golpe de Estado que supuestamente pretendía dar la minga, que hay personas dispuestas a defenderlo incluso después de que resultó evidentemente contrario a los hechos. Desde el punto de vista más inmediato, es el resultado de una serie de desinformaciones que se movieron a lo largo de por lo menos dos semanas.

Es cierto que también hubo inexactitudes o falsedades en publicaciones y discursos a favor de la protesta indígena y contra la Policía. Sin embargo, Colombiacheck encontró un patrón claro de estigmatización en por lo menos 14 chequeos sobre memes, videos u otros productos virales o pronunciamientos de figuras públicas que tenían como trasfondo la idea de vincular a la minga y los indígenas con el narcotráfico y grupos armados ilegales.

Reciclaron unas fotos con tatucos que ya habían circulado durante el paro de 2019. En realidad corresponden a 2012, cuando la Guardia Indígena desmanteló una caleta de las FARC en Toribío, Cauca.

Publicación falsa sobre indígenas del Cauca armados con tatucos

Viralizaron otras, en las que un joven, supuesto guardia indígena, posaba con armas. Resultó que era un impostor, un disidente de la extinta guerrilla que ya fue procesado por la Jurisdicción Especial Indígena. Además, las imágenes fueron subidas a redes por él mismo en 2016.

Difundieron un video de una supuesta incautación de armamento a líderes de la protesta. La verdad es que era de un operativo contra el ELN que sucedió en mayo pasado en El Tambo, Cauca.

Publicación falsa sobre supuesta incautación de armas para la Minga 2020

Con la etiqueta #Narcominga, compartieron un video de encapuchados pinchando llantas en una carretera. La grabación resultó ser de un bloqueo que hicieron campesinos y docentes de Nariño sobre la vía Panamericana en marzo de 2019. La grabación también había sido usada contra los indígenas del Cauca en abril de ese año por el activista Herbin Hoyos, que ha divulgado otras falsedades similares en el pasado.

Publicación falsa sobre encapuchados pinchando llantas en la Minga 2020

Varias publicaciones presentaron la “ausencia de indígenas” como el supuesto catalizador de un operativo en el que la Policía destruyó 63 laboratorios para la producción de base de coca en Caquetá y Cauca o como el motivo del regreso de la minga a sus territorios. Sin embargo, se trató de una acción rutinaria de la institución en una zona diferente al norte del Cauca, de donde provenían la mayor parte de los manifestantes, y que no es de “dominio” de estos pueblos, como decían.

Noticia falsa que relaciona destrucción de laboratorios con ausencia de indígenas

La senadora Paola Holguín trinó que hay 14.022 hectáreas de coca en resguardos, según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cosa que es cierta. Pero la congresista del CD omitió datos importantes del contexto: que es menos de la décima parte del total, que vienen disminuyendo desde 2017 (antes que en el resto del país), que algunos son propiedad de colonos, entre otros.

La Polla, una ‘youtuber’ de derecha, también acusó a los pueblos indígenas de ser “narcoproductores” y violar la Constitución con sus protestas, entre múltiples desinformaciones sobre varios temas. Incluso los llamó “terratenientes” con argumentos parecidos a los del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, que los criticó por tener muchas tierras igual que lo hizo un trino con un mapa descontextualizado. Ninguno consideró que sus territorios son colectivos e inalienables, no propiedades privadas, ni que la mayor parte está cubierta de bosques.

Publicación engañosa sobre mapa indígena

Los argumentos imprecisos sobre los cultivos ilícitos, las tierras y los presupuestos que manejan los resguardos, entre otros, también fueron retomados por una columna del exviceministro uribista Rafael Nieto Loaiza. Incluso puso en duda el tamaño y crecimiento de la población indígena entre los censos de 2005 y 2018 sin tomar en cuenta cambios metodológicos, factores demográficos y sociales, entre otras causas. En el texto, Colombiacheck encontró tres frases cuestionables, tres con peros y una sola verdadera.

El resto de publicaciones hablaban de temas diferentes, pero casi todas incluían señalamientos sobre “bloquear el país”, “desestabilizarlo” o “tomarse Bogotá”. Decían que organizaciones indígenas tuvieron contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos a cambio de no protestar, que le aportaron recursos a la campaña presidencial del hoy senador por la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro, en 2018 y que había una gran marcha de migrantes venezolanos desde la frontera hacia la capital para participar en las manifestaciones. Todo era falso.

Hasta les echaron en cara la supuesta “hipocresía” de dejar la ciudad llena de basura, con una foto de la Plaza de Mayo en Buenos Aires tras la posesión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en 2019.

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¿Quiénes promovieron la desinformación?

Además de la columna de Nieto y los trinos de Holguín y Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, este discurso se movió en las redes de otras figuras públicas que pertenecen o son cercanas al Centro Democrático y líderes de la derecha en general. Entre tanto, el gobierno de Iván Duque usó a algunos medios de comunicación para ambientar sus teorías que, a su vez, motivaron un pronunciamiento de la Fiscalía General.

El propio expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del partido político, ha sido uno de los mayores promotores de estos discursos desde el principio. El mismo 6 de octubre, cuando la minga le escribió a Duque, él publicó un comunicado de seis puntos en el que advertía que se trataba de una “toma socialista del Estado” que pretendía “justificar el vandalismo” y “defender sus acciones violentas”, entre otras afirmaciones.

Comunicado de Álvaro Uribe en Twitter sobre la Minga 2020

En ese entonces, el exmandatario todavía estaba detenido en su finca El Ubérrimo por orden de la Corte Suprema, como posible responsable de manipulación de testigos. La medida fue anulada días después por una jueza de control de garantías, puesto que el exmandatario se quitó el fuero de congresista cuando renunció a la curul que ocupaba en el Senado desde 2014 y, en consecuencia, la investigación pasó a la Fiscalía y cambió de normas procesales a su favor.

Ya libre, Uribe también escribió durante la minga que la protesta tenía “extremistas infiltrados que abusan de la buena fe de muchos indígenas”.

Trino de Álvaro Uribe sobre extremistas infiltrados en la Minga 2020

El día del paro, compartió cuatro minutos y medio de una entrevista de 2019 en la que el autoproclamado líder de víctimas José Antonio Vitonas, prófugo de la Jurisdicción Especial Indígena condenando por abuso sexual y secuestro, dijo que los resguardos en ese departamento tenían “convenios” con las antiguas FARC. Su interlocutor era el entonces director del canal televisivo de noticias RED+, Juan Lozano, quien fue ministro de Ambiente bajo el segundo mandato del expresidente.

Trino de Álvaro Uribe con entrevista de Juan Lozano a José Vitonas

El mismo exjefe de Estado había tergiversado en 2018 una de las fotos de supuestos indígenas armados que Colombiacheck volvió a desmentir porque circularon para criminalizar a la Minga 2020. Esta vez, la falsa asociación fue compartida por personajes como el pastor cristiano Marco Fidel Ramírez, exconcejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres; los directores del Movimiento de Católicos Solidaridad, Samuel Ángel, y del portal La Otra Cara, Sixto Alfredo Pinto, o el abogado y político huilense Luis Humberto Tovar Trujillo.

Las publicaciones chequeadas también aparecieron en otras cuentas, páginas o grupos que se identifican a sí mismas como uribistas o derechistas.

Una página que publicó el video de los encapuchados ya tiene incluso un antecedente en Colombiacheck por compartir información incompleta para criticar el proceso de paz: ‘Timochanda’, que usa como imagen de perfil una caricatura del presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. También publicó un meme, desmentido por la sección de verificación del portal La Silla Vacía, que acusaba al senador y líder nasa Feliciano Valencia de estar condenado por secuestro (fue absuelto) y ser miembro de las FARC, a las que ha criticado incluso después de que se desarmaron.

Otros divulgadores usaron los mensajes falsos para expresar su apoyo al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los debates de moción de censura convocados en su contra, o al presidente de Estados Unidos y fallido candidato republicano a la reelección, Donald Trump. El segundo es el caso de un militar retirado de Medellín que compartió el video del operativo contra el ELN.

No es el único exintegrante de la Fuerza Pública involucrado en esta campaña de desinformación. Otro exmilitar que se identifica en Twitter como uribista compartió las fotos del guerrillero que se hacía pasar por guardia indígena. Las imágenes también aparecieron en el perfil de la excongresista Lucero Cortés, del Partido de la U, pero borró la publicación.

Entre tanto, el policía retirado y ‘youtuber’ Leonardo Cuervo ayudó a difundir la mentira sobre los laboratorios. Lo mismo hicieron la página de Facebook ‘Vox Colombia’, inspirada en el partido ultraderechista español, y las cuentas en Twitter del médico Quintín Herrera Quiroz, excandidato al Senado del CD, y el programa radial La Hora de la Verdad, dirigido por el exministro del Interior uribista Fernando Londoño Hoyos; entre muchos otros sitios.

Trino de La Hora de la Verdad donde relaciona a la Minga 2020 con cultivos ilícitos

Las filtraciones de inteligencia de la Policía publicadas, entre otros medios, por el diario El Tiempo y la revista Semana entre el 12 y 13 de octubre también sirvieron para fortalecer el discurso sobre la supuesta infiltración y el vandalismo. La reacción del fiscal general, Francisco Barbosa, fue prometer la judicialización de “todos aquellos que alteren el orden público, la salud pública y que afecten a la mayoría de los colombianos” para impedir el “terrorismo urbano”.

El vocero del gobierno para hablar de la minga, que era el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, respondió a estos informes con un reconocimiento al trabajo conjunto con la Guardia Indígena para evitar las supuestas infiltraciones. No obstante, repetidamente descalificó la protesta por su carácter político ya que, según él, “el ámbito natural para cualquier debate” de ese tipo es el Congreso.

Ninguno de los funcionarios planteó dudas sobre los informes a pesar de que tenían varios puntos débiles al ponerlos en contexto, como lo demostró La Silla. No solo desconocían el proceso colectivo de toma de decisiones de los indígenas, también los crímenes contra sus líderes cometidos por los grupos armados con los que pretendían vincularlos e incluso los enfrentamientos entre estos. Además, la minga ni siquiera era mencionada en los audios revelados y las ubicaciones geográficas tampoco coincidían del todo con la ruta de las protestas.

De hecho, no es la primera vez que este tipo de reportes resulta estar más cerca de teorías conspirativas que de la realidad. Ya había pasado con el supuesto ataque coordinado a los comandos de atención inmediata (CAI) de Bogotá y Soacha en septiembre, que La Liga Contra el Silencio encontró “improbable”. Lo que hubo fue un estallido mayoritariamente espontáneo contra los abusos policiales tras el homicidio del estudiante Javier Ordóñez en una de esas instalaciones y los asesinatos de 13 personas más en las protestas del día siguiente, por disparos de uniformados.

No obstante, medios como el informativo de televisión Noticias RCN, dirigido por el periodista y político Lozano, insistieron en la supuesta infiltración de la minga con base en un video en el que dos guerrilleras le expresaban el apoyo del ELN a la protesta. Este mensaje tampoco revelaba ningún tipo de colaboración o incidencia real en ella, pero sirvió para mantener vigente el discurso estigmatizante. Así lo demostró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, al repetir los señalamientos días después.

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¿La ‘bodega’ uribista también participó?

Sí. En la dinámica contra la Minga 2020 también entraron, como mínimo, algunos de los miembros de la ‘bodeguita’ uribista, una estrategia de redes sociales coordinada por funcionarios y contratistas del gobierno para crear tendencias a favor del uribismo y en contra de otros sectores, que fue denunciada por La Liga en febrero pasado y ha sido foco de muchas desinformaciones.

Colombiacheck revisó los trinos publicados del 6 al 21 de octubre por las cuatro cuentas que, según esa investigación, estuvieron más activas durante el paro nacional de los últimos meses de 2019. Aunque esta vez no utilizaron etiquetas comunes para posicionar tendencias como antes, sí coincidieron en algunas de las mentiras y estigmatizaciones anteriores.

La más insistente fue @Arquiman2, de identidad desconocida, que tiene en su perfil todas las desinformaciones posibles sobre la minga (entre otros temas), con frecuencia como ataques a Petro. Por ejemplo, puso lo de los laboratorios [1, 2, 3] y los vínculos con cultivos ilícitos y narcotráfico [4, 5, 6, 7, 8, 9], el ELN o, indistintamente, las disidencias y el partido FARC [10, 11, 12, 13, 14, 15, la última incluyó un enlace al artículo de Semana]; las fotos fuera de contexto con tatucos y otras armas [16, 17, 18, 19, 20], el video del operativo viejo [21] y el cuento de que estos grupos étnicos son “los más grandes terratenientes” [22].

Trino de @Arquiman2 que relaciona a los indígenas y a Gustavo Petro con coca

Además, dio muestras claras de racismo al llamar a los indígenas “cochinos”, “borrachos” o “parásitos” [23, 24, 25, 26], entre otras expresiones [27, 28, 29]. De hecho, usó varias veces las etiquetas #MingaBorracha o #MingaRumbera, de las pocas contra la protesta en las que intervino (en otros casos, se valió de algunas más generales o utilizó las que estaban a favor para criticarlas). Además, en línea con el gobierno y varios medios de comunicación, los cuestionó por el riesgo de contagio de COVID-19 [30, por ejemplo].

El constructor Jorge Luis Henaocondenado por acceso carnal violento agravado contra una niña de 13 años y directivo del CD en Buga, también participó. Citando un video del prófugo Vitonas, se refirió al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como un “hervidero de guerrilleros”. También repitió insultos racistas [1, 2, 3], vinculó a los manifestantes con los invernaderos de marihuana del norte del departamento como lo hizo La Polla, lo que es cuestionable porque desconoce varios factores del problema, y publicó un meme de Pablo Escobar que relaciona el fin de la concentración en Bogotá con el narcotráfico y supuestas órdenes de Petro.

Trino de Jorge Luis Henao que relaciona a la Minga 2020 con invernaderos de marihuana

Jaime Villa Restrepo, de quien solo se conoce ese nombre y que es de Medellín, trinó relativamente poco sobre la minga. Había sido el más activo de la ‘bodega’ en el paro.

Escribió que a los indígenas deberían quitarles sus tierras. Primero, lo hizo citando un mensaje del experiodista Juan Carlos Pastrana (hermano de Andrés, el expresidente conservador) que preguntaba por los jueces competentes para “extinguir el dominio de las tierras dedicadas a cultivos ilícitos en resguardos”. Luego, en respuesta a la asociación entre los laboratorios destruidos y los indígenas que hizo el empresario José Miguel Santamaría, excandidato del CD al Senado que tuvo que retractarse en 2019 por calumniar al senador Iván Cepeda del Polo Democrático.

Trino de Jaime Villa contra los indígenas en el cita a Juan Carlos Pastrana

La cuenta @fredsanl, que solo se identifica con las iniciales FLS, también comentó que deberían expropiar a los indígenas en un trino de un tal Ángel Ferrer con la mentira sobre los laboratorios. Además, señaló a los migrantes venezolanos de ser un “caballo de Troya con complicidad del presidente”, en respuesta a un mensaje del actor y cantante Jorge Cárdenas que hablaba de la supuesta caravana que iba de Cúcuta a Bogotá para unirse a la minga.

El mismo usuario compartió un meme que relaciona a la protesta y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el ELN; así contestó una pregunta de la abogada uribista Natalia Bedoya sobre quienes “se toman fotos con indígenas para hacer politiquería”. En otro mensaje, publicó la captura de un trino del administrador ambiental Daniel Jiménez, que fue asesor del excongresista del CD Samuel Hoyos, donde dice que los indígenas tienen una “deuda histórica” con los “jóvenes que han sido destruidos por la droga, producto de sus narcocultivos”.

Otro detalle importante en el que coinciden estas cuentas ‘bodegueras’ es en su apoyo a la precandidatura presidencial de Nieto Loaiza por el Centro Democrático. Incluso el citado Jiménez se presenta como su coordinador de juventudes.

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¿Por qué son acusaciones infundadas?

La guerrilla también tuvo sus propios discursos estigmatizantes contra la población indígena. “La historia de nuestro resguardo y lo sucedido en el año 86 traía el chisme o las mentiras que decían que nosotros éramos todos godos o conservadores”, le explicó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) un sobreviviente de la masacre de Murindó, Antioquia, ejecutada por las FARC contra tres líderes emberas con el fin de acabar con sus procesos de organización comunitaria.

El propio Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante máximo que tuvo la antigua guerrilla, reconoció la responsabilidad sobre estos hechos. “Para mí es duro expresar cuán equivocados estábamos cuando hacíamos una lectura única de los territorios donde desarrollábamos nuestro accionar político y militar”, dijo Timochenko al pedirles perdón a las víctimas en el encuentro #LaVerdadIndígena que se realizó el pasado 23 de octubre.

Es que las luchas indígenas son mucho más antiguas y muy distintas a las de las guerrillas marxistas. Estas, por el contrario, buscaron apropiarse de ellas como instrumentos políticos pero sin entenderlas realmente. Los pueblos, que no se sintieron representados por ese accionar armado ni la ideología que decía defender, optaron por la neutralidad y esto los convirtió en objetivos de tomas, asesinatos, amenazas. Así lo contaron Rutas y Colombiacheck en 2016:

“Nunca les consultamos sus aspiraciones. Nunca les consultamos su opinión. [...] En ningún momento tuvimos en cuenta su cosmovisión, que es distinta a la nuestra. Nunca tuvimos en cuenta sus maneras de abordar los problemas y de resolverlos. Nunca tuvimos en cuenta sus formas de organización y sus propias visiones de lo que es la lucha por sus intereses”, reconoció Londoño Echeverry en el encuentro por la verdad.

Además, tampoco se trata solo de un choque cultural o un malentendido político. Una de las razones por las que los grupos armados matan a líderes indígenas y afros es para evitar que tomen acciones contra las economías ilegales que invaden sus territorios. El analista experto en cultivos ilícitos Salomón Majbub Avendaño afirma que llamarlos narcos es desconocer esas luchas.

Es más, para ellos, “no solamente los seres humanos resultan ser víctimas de estos factores subyacentes al conflicto, sino que el territorio también es víctima de estas economías [legales e ilegales] que usan la violencia como estrategia de dominación”, como recuerda el informe Tiempos de vida y muerte publicado en 2019 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). También lo reconoce así el decreto que reglamenta la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los pueblos indígenas. 

Claro, hay personas que cometen algunos de esos delitos o se unen a grupos armados. El caso es que el involucramiento de estas comunidades con esas conductas “no es mucho mayor que en otros sectores de la población”, dice el director de la firma de consultoría en seguridad y desarrollo rural C-Análisis, Daniel Mauricio Rico. De paso, agrega que “el narcotráfico es mucho más complejo que sembrar una mata”, es decir que tener un cultivo no implica pertenecer o tener mando en una organización criminal, lo que confirma Majbub.

El suroccidente del país está lejos de ser la excepción a estas consideraciones. Por el contrario, es una de las regiones donde mejor se ejemplifica la falta de sustento que tienen las acusaciones contra los indígenas que se exacerbaron durante la minga, proveniente sobre todo de esa zona.

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¿Cómo ha afectado a los indígenas el conflicto en Cauca?

Contrario a los señalamientos de “guerrilleros”, “narcotraficantes” e “integrantes de grupos armados” contra los indígenas, especialmente las organizaciones del departamento de Cauca que lideraron la Minga 2020, en la historia de los indígenas en todo el país han sido víctimas de los diferentes actores armados.

Según cifras de la Unidad de Víctimas analizadas por Rutas del Conflicto con corte hasta enero del 2020, el delito que tiene más registros de indígenas afectados en el país es el desplazamiento con más de 365.000 casos. Le siguen la amenaza con más de 24.000 hechos victimizantes y el homicidio con más de 16.000.

La entidad también tiene 381.839 indígenas reconocidos como víctimas del conflicto armado y el departamento que más eventos tiene es Cauca con 64.699, lo que representa un 17 por ciento del total. Se puede decir que cerca de 1 de cada 6 indígenas víctimas del conflicto armado viene de este departamento. La base de datos de víctimas de masacres del CNMH también muestra al Cauca en el primer lugar con 224 asesinatos.

Históricamente, la violencia contra los indígenas en el Cauca ha estado marcada por las tensiones alrededor de la tierra con los empresarios y los grupos armados. El homicidio del gobernador indígena Ramón Julicué, del resguardo San Francisco, en 1982 por parte del Frente Sexto de las FARC fue el primer asesinato de un indígena que se le atribuye a esa guerrilla.

Sin embargo, desde 1977 las tensiones con las autoridades ancestrales habían aumentado por la transformación de la guerrilla en un grupo más ofensivo que buscaba el control territorial del Cauca, según ha escrito el sociólogo y doctor en Antropología Sebastián Levalle, docente investigador de la Universidad de Buenos Aires. El mismo texto señala que las extorsiones a cambio de seguridad que las FARC les cobraban a los terratenientes también chocaban con los planes de recuperación del territorio.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en Guerra propia, guerra ajena (2015), en los años 80 nació el Movimiento Armado Quintín Lame como respuesta a los constantes ataques que recibía la comunidad. El grupo insurgente recibió el apoyo inicial del M-19 y el EPL porque nació como una autodefensa frente a los terratenientes, la Fuerza Pública y las FARC. El informe señala que esta guerrilla lo vio como una afrenta, sobre todo porque se alió con el frente disidente ‘Ricardo Franco’.

De todas formas, el Quintín Lame se desmovilizó en 1991 por petición de las comunidades indígenas. Ese mismo año, terratenientes del Cauca hicieron viajar desde Córdoba a los paramilitares al mando de Fidel Castaño que perpetraron la masacre de El Nilo en Caloto, Cauca. La Policía también participó en el crimen, que dejó 20 indígenas asesinados, como lo reseña Rutas del Conflicto.

Levalle indica que la incursión en política de los indígenas, dada después de la Constitución de 1991, fue mal vista por los grupos armados, especialmente por la guerrilla de las FARC, que los empezó a ver como parte del ‘establecimiento’ y los declaró objetivo militar.

La violencia contra los indígenas sumó otro actor armado cuando, a finales de los 90, los ‘grupos de seguridad privada’ de grandes empresarios empezaron a hacer parte de organizaciones narcotraficantes y paramilitares. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron desde el Valle del Cauca y consolidaron los bloques Calima y Farallones para combatir a los frentes 30 y 6 y a la columna móvil Jacobo Arenas.

Los mismos pueblos han denunciado a la columna móvil Jacobo Arenas y el Frente Sexto por atacar a las poblaciones y sostener enfrentamientos con la Fuerza Pública en cercanías de resguardos, como lo demuestran este comunicado de 2012 y los de los 80 en el informe del CNMH sobre el Quintín. El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, también había dicho en una carta de 2011 que “las FARC, desde su orilla también han declarado que el CRIC, la ACIN [Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca] y las autoridades indígenas deben ser debilitadas y suplantadas por oponer sus políticas de autonomía”.

Los indígenas del norte del Cauca incluso se enfrentaron a las FARC en varias ocasiones. Como ejemplo, podemos citar casos como el rescate de siete personas secuestradas por esa guerrilla en Jambaló en 2008, el de un joven estudiante en Toribío en 2011 y el de la hija de un comandante de Policía en Guachené en 2014, entre otros.

El Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano no fue el final de la violencia contra los indígenas. Las disidencias que quedaron en el territorio los declararon objetivo militar por oponerse al narcotráfico. Como informó El Tiempo en 2019, con cifras de la Fiscalía hasta octubre, habían sido asesinados 36 indígenas en el Cauca y la ONU había contado 26 en 2018.

A finales del año pasado, la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ cometió una masacre en Tacueyó, un resguardo en Toribío, que dejó cinco muertos, entre ellos la gobernadora del cabildo, Cristina Bautista. Según informó el portal Verdad Abierta, los motivos de este hecho estuvieron relacionados con que las comunidades nasa habían realizado una acción humanitaria con la que le impidieron al grupo armado ejecutar a unas personas.

Precisamente, la minga que viajó desde el departamento del Cauca a Bogotá tuvo como objetivo denunciar los asesinatos que han sufrido los pueblos indígenas en el departamento por parte de los diferentes grupos armados que han querido controlar la ruta de narcotráfico en el departamento. Una amenaza que en varias ocasiones fue denunciada por quien era el defensor del pueblo hasta agosto pasado, Carlos Negret.

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¿Por qué estos estigmas son peligrosos?

“Señalarlo a uno de guerrillero es hacerlo fusilar”, dice el líder nasa y consejero mayor del CRIC, Hermes Pete Vivas. Esa sola frase resume la situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas y sus líderes cuando cunden las falsas acusaciones y las versiones acomodadas que los presentan como aliados de grupos armados, socios del narcotráfico o una minoría supuestamente privilegiada con pretensiones totalitarias.

Estos discursos son revictimizantes. No solo porque desconocen que la guerra se ensañó de forma particular con estos grupos étnicos desde todos los frentes y que el origen de esas violencias se remonta siglos atrás, sino también porque perpetúan el ambiente propicio para su repetición. Es que de 115 pueblos que hay en Colombia, 68 están en riesgo de desaparición física y cultural por el conflicto armado.

Ese dato fue central en el encuentro #LaVerdadIndígena de la CEV. Los múltiples testimonios de comunidades en todo el país que se presentaron ese día confirman la gravedad de la estigmatización y sus consecuencias. “La verdad indígena tiene que ver con el continuo de violencias que proviene de la cultura y el trato colonial que aún persiste y no se ha superado en nuestro tiempo”, declaró la comisionada Patricia Tobón Yagarí en el evento. Agregó que la confrontación armada profundizó e incluso llevó a naturalizar ese tipo de situaciones.

La gravedad del daño que los distintos actores del conflicto armado interno le han hecho a los pueblos indígenas, hasta el punto de amenazar la existencia misma de sus culturas, no es algo que se haya inventado esta entidad creada en virtud del Acuerdo del Teatro Colón. En 2009, ya la Corte Constitucional había emitido un auto de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de la población desplazada en el que se refería de forma particular a la desprotección sufrida por estas etnias:

Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años – indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural.

Para el alto tribunal, los señalamientos se hacen “de manera arbitraria e infundada” por parte de la Fuerza Pública. Así, forman parte de los factores que alimentan los hechos violentos contra los indígenas en ciertas regiones, porque “con frecuencia resultan en homicidios, en amenazas, en desapariciones o, en algunos casos, en lo que se ha conocido como ‘falsos positivos’”.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) profirió una sentencia en 2007 con la que declaró responsable al Estado por el homicidio del líder nasa Germán Escué Zapata, gobernador del resguardo Jambaló, cometido por el Ejército en 1988 (el caso sigue en supervisión de cumplimiento, según la resolución más reciente, que es de 2016). Según la providencia, los militares que llegaron a su casa lo golpearon “mientras le preguntaban dónde estaban las armas y lo calificaban de guerrillero” antes de llevárselo a las montañas y asesinarlo a tiros en estado de indefensión.

El evento de la Comisión de la Verdad sirvió para hacer memoria de muchos otros hechos, ocurridos en diferentes momentos de la historia, en los que la estigmatización contra los indígenas desencadenó múltiples formas de victimización.

Por ejemplo, a finales de los 90 y principios del nuevo siglo, los paramilitares aliados con el Ejército estuvieron a punto de exterminar los kankuamos en el Atlántico a punta de masacres que pretendían justificar con señalamientos de que los indígenas habían sido aliados de las guerrillas. En los años anteriores, desde 1986, habían sido precisamente las FARC, el ELN y el M-19 quienes habían asesinado a miembros de sus comunidades por ser supuestos ladrones o informantes de la Fuerza Pública.

En total, fueron cerca dos décadas y media que dejaron 400 muertes. De nuevo, hasta la Corte IDH tuvo que intervenir en 2004, cuando emitió una resolución de medidas cautelares a favor de este pueblo y, aun así, el Estado tuvo que seguir respondiendo por esos hechos hasta 2011, cuando fueron levantadas.

“A nosotros también nos señalaban como guerrilleros, siendo que no es así, siendo que nuestras familias, nuestras mujeres se tenían que someter obligadamente por miedo de que fueran a reclutar o matar a los hijos, a los jóvenes”, le contó Esneda Saavedra, gobernadora del cabildo yukpa Sokorpak en la serranía del Perijá, a la CEV. A su pueblo también llegaron los paramilitares y el Estado con estos discursos estigmatizantes, después de que la comunidad había sufrido las acciones de las FARC y el ELN.

El propio Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, pidió perdón por el homicidio de Kimy Pernía Domicó, líder embera al que mataron en Tierralta, Córdoba, en 2001. Se refirió al caso como un “crimen de Estado” y le dijo a la familia que una de las “excusas” para dar la orden fue que la comunidad había sido señalada como supuesta colaboradora de la guerrilla. “Decían que ustedes allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona”, relató antes de explicar que esa y otras acciones en realidad estaban encaminadas a “debilitarlos y terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos”.

Herzaín Díaz, coordinador de la Comisión de Justicia del resguardo embera Cañamomo-Lomaprieta en Caldas, insiste actualmente en que “los procesos indígenas desde hace más de 500 años son en lucha y resistencia contra el exterminio” y agrega que “los señalamientos han hecho parte de eso”. Es más, el libro Pueblos indígenas de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2013) del abogado y sociólogo jurídico Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional, recuerda que este fue el primer país de donde llegó un caso sobre estas etnias.

La petición fue elevada a la Comisión Interamericana en 1960 por cuenta de la persecución y tortura que sufrían los guahibos en el Meta a manos de las Fuerzas Armadas y el entonces recién creado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las autodefensas liberales de los Llanos Orientales, de origen ganadero, se habían desmovilizado en 1953 y Guadalupe Salcedo, quien fue su comandante, había sido asesinado en 1957 por la Policía en Bogotá, pero el Estado adujo que la causa de los hechos era la “guerra irregular”.

Para la época en la que se envió esa respuesta, cuando el caso entró a estudio a principios de los 70, ya habían surgido las FARC, el ELN, el EPL y el M-19 pero ninguna existía una década antes ni tuvo su epicentro en esa zona y tampoco eran de origen indígena. En cambio, los hacendados de la región tenían la costumbre de organizar ‘guahibiadas’, o sea cacerías de indígenas, e hicieron correr la voz de una supuesta rebelión de una comunidad liderada por el exinspector Rafael Jaramillo Ulloa, a la que el Ejército reprimió en la masacre de Planas, como consigna un informe del CNMH (2018) sobre las autodefensas en la Altillanura.

Así como en esa época, la mentira estigmatizante parecería caerse de su propio peso en pleno 2020. Sin embargo, sigue atizando la violencia contra los indígenas. La Corte Constitucional también determinó, en otro auto de 2017, que esta situación no solo persiste sino que ha empeorado en algunos lugares. La Comisión de la Verdad incluso identificó 17 corredores del conflicto armado, distribuidos por todo el país, en los que estos pueblos todavía se ven afectados por la confrontación entre grupos armados por el control de diferentes economías ilegales (narcotráfico, minas, contrabando).

Mapa de corredores del conflicto y economías ilegales en territorios indígenas

La situación es tan grave que las voces de las víctimas aseguran que es un genocidio. Como lo detalló Colombiacheck en otro explicador, este es un delito en Colombia y un crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que consiste en llevar a cabo matanzas u otros actos contra miembros de un grupo, étnico en este caso, por el hecho de pertenecer a él o con el fin de destruirlo.

En 2010, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, publicó un informe en el que manifestó que urgía una visita a Colombia del asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. Adama Dieng, quien acaba de dejar ese cargo, tuvo una reunión de bajo perfil con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, la Alta Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección cuando Duque apenas llevaba un mes en la Presidencia, en septiembre de 2018.

El entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, le reportó al Congreso que “el Gobierno proporcionó información sobre los avances normativos atinentes a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas; los mecanismos de diálogo y concertación permanente entre el Estado y los pueblos indígenas; y los esquemas de protección individual y colectiva que el Estado despliega para prevenir la materialización de amenazas a líderes y comunidades indígenas”. Eso fue todo lo que se supo sobre la cita.

Dos años después, lo que está claro es el empeoramiento de la situación. En lo que va de 2020, han sido asesinados 90 líderes indígenas frente a los 84 que hubo en todo el año anterior, según Indepaz. La cifra no ha hecho sino crecer desde 2016.

En marzo pasado, Dieng le envió una carta al colectivo Defendamos la Paz en la que dijo estar “preocupado por el aumento reportado de la retórica polarizante y el uso de lenguaje estigmatizante, que pueden generar un mayor riesgo para poblaciones vulnerables”. Su comunicación fue la respuesta a la petición que la organización civil le hizo para que visite de nuevo el país y evalúe la matanza de líderes sociales en general.

No es gratuita su referencia al riesgo que representan los discursos. Así se han instigado múltiples crímenes alrededor del mundo, con la participación de los medios de comunicación. El siglo XX dejó sus más conocidos ejemplos con el imperio Turco Otomano contra los armenios, el Holocausto nazi, los hutus contra los tutsis en Ruanda y las guerras de los Balcanes, como lo reseña el historiador Juan Pablo Artinian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.

Sin ir más lejos, Colombia también vio sus consecuencias con el exterminio del partido Unión Patriótica. “Varios casos muestran que fue el personal de la fuerza pública dentro de las alianzas victimarias el que más utilizó estos mecanismos simbólicos, convirtiéndose en trasmisores de esta violencia entre las escalas local y nacional en la victimización de la UP”, cuenta el CNMH en Todo pasó frente a nuestros ojos (2018). A sus miembros los señalaban, sobre todo, de guerrilleros y criminales, tal como sucede con los indígenas.

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¿Cómo han cambiado estos discursos desde 2016?

Los indígenas, como víctimas de estas campañas de desinformación y estigmatización, sienten que la situación no solo no ha mejorado desde que entró en vigencia el Acuerdo del Colón, sino que cada vez son más intensos los señalamientos sin sustento en su contra. “Hasta que no reconozcan que este proceso de los pueblos indígenas es milenario y se despojen del odio, no va a haber paz”, sentencia el líder embera caldense Herzaín Díaz.

De frases como la que motivó el chequeo de hace cuatro años, cuando la Corte Constitucional le ordenó al programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión rectificar por haber dicho que “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”, se ha pasado un discurso discriminatorio mucho más abierto, envalentonado y plagado de mentiras como las expuestas en este informe. Para algunos líderes, es el resultado de una mezcla entre polarización y desesperación de las élites que siempre los han marginado.

Norman David Bañol, consejero mayor de Caldas, considera que “con la firma del acuerdo de paz hubo un desacierto de todos, como colombianos, y es que uno pensaría que nos debió haber acercado como sociedad y, contrario a eso, nos polarizó y ha hecho que la estigmatización sea aún mayor, más profunda”. El gobernador del resguardo Cañamomo-Lomaprieta, Mario de Jesús Trejos, señala sobre todo al gobierno Duque: “con Santos no mejoró mucho, pero al menos había un diálogo, nos escuchaba”.

Pete Vivas, del CRIC, siente que “la gente desde hace 10 años ya no es la misma”. En consecuencia, le atribuye la desinformación a un “acto de desesperación” de sectores políticos que “han ido perdiendo fuerza” y que “les gusta incendiar al país”. Según dice, “por eso no se les contesta igual, [porque] eso es rebajarse”.

Mientras el lenguaje arrecia y la desinformación circula, los ataques continúan. En poco más de un mes desde el 6 de octubre, Indepaz ha registrado los homicidios de nueve líderes indígenas. Seis de estas víctimas recientes eran del Cauca; las otras tres, de Nariño, Chocó y Antioquia. También hubo atentados contra el senador Valencia y la lideresa wayúu Irama Movil.

La respuesta de los sectores que movieron la desinformación contra la Minga 2020, en lugar de mermar sus señalamientos, ha sido crear más teorías infundadas y revictimizantes, como que fueron retaliaciones “por dejar solos los cultivos”. La pregunta que falta por responder es cuándo se detendrán.

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Jueves, 15 Julio 2021

Los indígenas Awá viven secuestrados en su territorio

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

Entre 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió cuatro alertas tempranas debido a la violencia en Tumaco y el Pacífico nariñense. Esta comunidad, una de las más afectadas por las disputas entre grupos armados, ha padecido confinamientos, amenazas, desplazamientos masivos y más de 40 asesinatos en los últimos 18 meses.

Por Gualtal, una vereda de Tumaco, Nariño, está prohibido transitar con la ventanilla cerrada. El vidrio debe ir abajo para que el informante o el “campanero” de la zona puedan identificar a quienes circulan por la zona. Son órdenes de uno de los grupos armados que se disputa la zona, y que puede castigar con balazos al infractor. Ubicado a media hora del río Mira y a pocos kilómetros de un batallón del Ejército, Gualtal es un caserío que a simple vista parece abandonado y que se encuentra al borde de la vía militarizada que conecta Tumaco con Pasto. 

En el último trozo del mapa, donde el Pacífico se encuentra con la selva, hombres armados decretan horarios de circulación, siembran minas antipersonales, destierran profesores, declaran objetivo militar al gobernador indígena que no se les subordine y pagan un millón o dos millones de pesos a los jóvenes para reclutarlos, cuentan varios líderes indígenas entrevistados. 

Uno de estos grupos amenazó a los agentes de tránsito. Desde entonces no volvieron a hacer retenes, ni a pedir documentos, ni a inmovilizar vehículos en Llorente, un corregimiento cercano. “Aquí se consigue de todo. Y de lo que no hay, le consiguen”, dice un guía de la zona. Allí, el 11 de agosto de 2020, balearon a Javier Cortés Guanga, defensor de derechos humanos y gobernador del resguardo Awá Piguanbí Palangala de Tumaco, adonde solo puede ir dos veces al mes después del atentado. Algunas comunidades allí viven confinadas, y condenadas por su cercanía a los ríos Guisa y Nulpe, que desembocan en el océano entre Colombia y Ecuador. 

Durante el último año y medio, 43 autoridades, líderes, guardias y comuneros indígenas Awá han sido asesinados. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha registrado más de 200 líderes amenazados, y desplazamientos masivos en siete resguardos; cuatro de ellos en Tumaco y tres en el municipio vecino de Barbacoas. 

“En el territorio no se puede vivir. Hay mucha amenaza, mucha muerte y muchas necesidades”, dice Rider Pai, consejero mayor de la organización que agrupa a los pobladores ancestrales de la costa nariñense. De ellos quedan casi 25.000, dispersos entre Samaniego, Roberto Payán, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, donde hay 16 resguardos legalmente constituidos. “No sabemos después de este cuarto congreso cuántos iremos a caer”, dice Henry Marín, exconsejero de derechos humanos de la Unipa, refiriéndose al congreso realizado a inicios de junio para renovar las consejerías de la organización.

En el Auto N° 004 de 2009, la Corte Constitucional aseguró que los Ingal-Awá, la “gente de la montaña”, estaba en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado y por el incumplimiento “grave de los deberes de prevención y protección” del Estado colombiano. La Corte ordenó implementar planes de salvaguarda étnica para los Awá y otros 33 pueblos indígenas. Doce años después, su situación socioeconómica y humanitaria sigue igual o peor. 

Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), 14 grupos armados se disputan el Pacífico en Nariño; 10 de ellos en Tumaco: el ELN, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Marihuanos, la Gente del Orden, el Clan del Golfo, el Frente Óliver Sinisterra, el Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente Iván Ríos, los Contadores y emisarios del Cártel de Sinaloa. Según PARES, los grupos están conformados por antiguos paramilitares, exintegrantes del Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC que no se desmovilizaron. La Policía asegura que estos grupos funcionan como “redes de apoyo al terrorismo”: jóvenes sin ideología que se venden para ejecutar cualquier acto ilegal. 

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, PARES identificó “la emergencia de numerosos ‘capos’ o ‘pequeños jefes’ del narcotráfico que intensifican la exportación ilegal de cocaína mediante lanchas rápidas y semisumergibles”. Esto diversificó el control de los centros donde se acopia la droga y su envío al exterior, fortaleció a las bandas criminales que se disputan su participación en el negocio.

En un estudio sobre las dinámicas territoriales del conflicto armado antes y después del Acuerdo de Paz, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) atribuye la proliferación de estructuras criminales a la localización geográfica de Tumaco: la franja más angosta de nuestro sistema andino, entre la Amazonía y el Pacífico, con ríos navegables y salida al mar, en una zona fronteriza sin control institucional y con poca información disponible, donde fueron secuestrados y asesinados tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, en 2018. “El Estado colombiano no ha sabido entender esta región, mientras que los actores ilegales sí lo han hecho, poniendo las ventajas geoestratégicas al servicio de sus objetivos criminales”, indica CAPAZ. 

Son cuatro los corredores en disputa que ha identificado esta organización. El primero es el río Mira, cuyo último tramo cruza el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera antes de desembocar en el Pacífico. Luego los ríos Rosario, Mejicano y Chagüi, junto a la ensenada de Tumaco. Después la vía Panamericana, que comunica a Llorente con Tumaco. Y por último los ríos Telembí y Patía, que también desembocan en el mar. 

Sobre el casco urbano de Tumaco existe un interés particular sobre las rentas de la extorsión, el control de los insumos que van del puerto a la zona rural, y la cooptación de los lancheros y pescadores que transportan el clorhidrato de cocaína. 

Con la desmovilización de las FARC, según varios entrevistados, la confrontación disminuyó. “Pensábamos que el país iba a cambiar. A diario encontrábamos muertos en el río. Al firmar el proceso, eso se perdió. No escuchábamos tiros ni helicópteros. Estaba muy bonito”, dice Jaime Nastacuas, exsecretario general de la Unipa y habitante del resguardo Hojal La Turbia de Tumaco. 

El acuerdo no se acompañó con inversión social ni gobernanza institucional, y lo poco que se implementó, por ejemplo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no solucionó las angustias de los entrevistados. En Tumaco 16.524 familias se inscribieron en el programa. De ellas, casi el 73 % había recibido la totalidad de los pagos ofrecidos por la institucionalidad como parte de la “asistencia alimentaria inmediata”. En todo el departamento de Nariño solo 1.407 familias inscritas en el PNIS contaban con proyectos productivos implementados. Los datos son del informe de seguimiento de la ONU, con información hasta diciembre de 2020. Es decir, la mayoría de las familias no cuenta con proyectos ni opciones reales de sustitución voluntaria. 

Muchos beneficiarios del programa gastaron el dinero o vendieron las gallinas que les regalaron. Otra parte de los recursos cayó en manos equivocadas. “Aquí vino gente de Pasto a cobrar [subsidios del PNIS]”, dice el guía. Las reservas del Presidente y el Centro Democrático hacia el acuerdo acentúan su descalabro. “El gobierno firmó fue la muerte de campesinos, negros, indígenas, soldados y policías”, dice Eduardo Marín Taicus, habitante del resguardo Pinguambi Palangala de Tumaco. 

Los nombres de los grupos y sus dinámicas bélicas han cambiado, pero la violencia permanece. A los Awá les preocupa la cantidad de grupos, y lo difícil que resulta distinguirlos. Además, no hay interlocutores de mando con quienes hablar, como hacían las comunidades cuando el territorio estaba controlado por las FARC. “El tema es que esta gente no tiene escrúpulos. Hoy asesinan delante de las esposas y de los hijos”, dice Javier Cortés Guanga. “Con la desmovilización de las FARC puedo decir que hay más peligro que antes”, manifiesta un líder del resguardo Ñambí Piedra Verde de Barbacoas, quien ha padecido amenazas y atentados, y cuyo nombre se omite por seguridad. “Ahorita no sabemos qué actor se mueve por el territorio. Todos los días sacan diferentes nombres. Aquí están matando mucha gente. Al campesino lo matan y lo entierran como el perrito, y nadie dice nada”, asegura Jaime Nastacuas. Según Medicina Legal, desde 2017 Tumaco se ha acercado o ha superado los 200 homicidios cada año. En el municipio más violento de Nariño se cometieron 153 homicidios en 2016 y 193 en 2020. 

Hasta el 30 de junio de este año, el Registro Único de Víctimas reportó 178.788 habitantes de Tumaco como víctimas de algún hecho. La mayoría de la población vive en el casco urbano: dos islas de concreto y palafitos ganadas al mar, sin alcantarillado, apenas surtidas de agua cada martes y jueves por un carrotanque. Pero el casco urbano de Tumaco representa menos del 10 % del territorio. El resto es selva y ríos donde se cobija la ilegalidad. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define a Tumaco como un enclave nacional de la coca, donde se concentra una alta cantidad de cultivos. Como el municipio costero comprende más territorio que soberanía, permite sembrar con facilidad la planta, procesarla, movilizar y embarcar la droga hacia el exterior. Toda la cadena en un solo sitio. 

En los resguardos conocieron la fiebre de la cocaína en los 90. La coca y sus males se sigue multiplicando porque, según el exsecretario Nastacuas, en algunos resguardos los Awá venden cinco hectáreas por 100 millones de pesos a “finqueros” de Putumayo, Caquetá, Pasto y otros municipios vecinos.  

Los compradores se hacen con la tierra, deforestan, siembran coca y después de tres o cuatro cosechas venden la tierra a otro finquero. Los Awá, explica Jaime Nastacuas, pasan de dueños a peones, y el dinero de la venta se esfuma. “Después quedan en la calle tirados y no sabemos qué hacer con ese problema”, cuenta. 

Un resguardo puede medir entre 594 y 28.000 hectáreas. La gente “llegadera”, dice Eduardo Marín Taicus, siembra hasta 200 hectáreas de coca, y los Awá también la cultivan en sus resguardos. “Dos o tres hectáreas para el sancocho de los hijos, y poder educarlos”, explica Taicus. Claudia Jimena Pai, exconsejera de Mujer y Familia de la Unipa, amenazada en 2016 cuando fue fiscal del resguardo Chiringuito Mira, sobre la frontera fluvial que separa Tumaco de Ecuador, agrega que los “llegaderos” y los grupos armados se apropian de los baldíos: hectáreas que los Awá consideran propias, pero que no están legalmente incluidas en los resguardos. 

Hoy Tumaco tiene más coca que hace diez años. En el Pacífico, una región donde la ONU agrupa a Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, está la tercera parte de toda la coca colombiana: 57.897 de las 154.000 hectáreas totales, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 9 % de la coca que hay en la costa del Pacífico está sembrada en resguardos indígenas. En el informe de 2020, Tumaco se acercaba a las 9.500 hectáreas. Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca) y este municipio costero de Nariño sumaban la cuarta parte de todos los cultivos del país. La rentabilidad del negocio se había incrementado, dijo la ONU. En el adelanto del nuevo informe, el organismo internacional dice que el país redujo el número de hectáreas cultivadas a 143.000, pero elevó su producción de cocaína. 

Para la Fundación Paz y Reconciliación, el gobierno se equivoca al atacar la siembra. Esta estrategia, según la organización, golpea la economía familiar de los campesinos sin oportunidades, pero no afecta a los grandes inversionistas. “Solo se conseguirá que las dinámicas criminales se reciclen, puesto que los narcotraficantes e intermediarios continuarán con la posibilidad de financiar las estructuras armadas que garanticen su negocio”, dice la fundación.

Víctimas de una guerra ajena

Los muertos que produce el narcotráfico son proporcionales a los dividendos que genera. La coca seduce a viejos y jóvenes con su dinero, pues no hay otra actividad que pueda competir en medio de tantas necesidades insatisfechas. Los grupos armados reclutan mano de obra con su oferta de billetes, mujeres, armas y alcohol. “El número de menores actualmente involucrados con grupos armados se encuentra en el nivel más alto desde antes del Proceso de Paz”, dijo la Defensoría del Pueblo al portal InSight Crime

“Hay una vulneración de derechos porque entran sin saber lo que implica”, dice Gabriel Bisbicus, exconsejero de educación de la Unipa. El director del centro educativo del Gran Sábalo, resguardo ubicado entre Barbacoas y Tumaco, sostiene que los jóvenes normalizaron los fusiles y los uniformes camuflados, y no diferencian al Ejército de los grupos armados ilegales. “No analizan que eso va traer problemas a la familia, y a su vida misma. Se dejan llevar como de la emoción, de la ilusión. Luego ya se arrepienten, salen, los matan, o los desplazan; y lleva del bulto la familia. Es muy preocupante”, explica Bisbicus.

En las comunidades de Tumaco y el Pacífico nariñense se preguntan por el paradero de jóvenes que el narcotráfico ha raptado. En Ñambí Piedra Verde, hace tres años, fueron reclutados dos niños de 14 y 15 años. Otros se salvaron porque fueron sacados del resguardo.

Los Awá se sienten secuestrados en su propia casa. Los armados fragmentaron el territorio; cruzar una frontera invisible o transitar por un camino en la noche puede costarles la vida. El control territorial ejercido por la Guardia Indígena para evitar que el covid-19 penetre en los territorios, se suma a lista de razones que desata la furia de los grupos. En el caso del ELN, los milicianos suelen presentarse ante la comunidad vestidos de civil, y se los ve tomando en las cantinas. Los transportadores son obligados a movilizarlos, y matan a cualquiera solo porque se rumora que colabora con otro grupo. “Muchos asesinatos han llegado por la mala información. Hay personas que por ver mal al otro, lo vinculan con grupos armados”, dice el líder de Ñambí Piedra Verde que pidió reservar su nombre.  

El Ejército, según este líder, no brinda protección en los territorios. Se les reprocha el maltrato y la estigmatización de las comunidades que deben convivir y obedecer a los grupos armados. Años atrás señalaban de guerrillero a todo aquel indígena que calzara botas. “Se meten en las casas vacías, en las escuelas, en los sitios sagrados. Cogen las remesas. Si es un plátano o una gallina, se la llevan. Y si vamos por un camino, nos detienen diciendo que somos de grupos armados”, se queja el consejero mayor Rider Pai. 

A la fuerza pública también se la señala de colaborar con algunos grupos. “A veces va el Ejército abriendo camino para que entren los otros. O entran juntos”, dice el gobernador Francisco Javier Cortés Guanga. “Los asesinatos ocurren cerca de donde está la fuerza pública”, agrega el exconsejero Henry Marín.  

La presencia de actores armados, legales o ilegales, pone en riesgo la vida, la autonomía, la unidad y la cultura, pilares de la armonía territorial para los Awá. En sus 31 años de existencia, la Unipa registra más de 800 líderes asesinados, autoridades y comuneros. Claudia Jimena Pai dice que las mujeres dejaron de usar vestidos, pues facilitaba el trabajo de los violadores armados. “El rol de las mujeres era criar a los hijos, transmitir nuestra lengua, nuestro tejido. Cuando muere el esposo por el conflicto armado, ya no se puede dedicar a la crianza, sino que les toca buscar trabajo”, explica la exconsejera. 

La Fiscalía y la Procuraduría, sostiene Claudia Jimena Pai, no han mostrado voluntad de atender las recientes denuncias, ni diligencia para reparar los daños provocados por la reciente crisis humanitaria. La Cola de la Rata y La Liga pidieron a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Unidad de Víctimas y al Ejército información sobre las acciones implementadas para mitigar la crisis de los Awá. No hubo respuesta. 

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Tumaco respondió que viene trabajando con todas las secretarías y dependencias de la administración para "brindar soluciones a todas las necesidades” de la población Awá. Entre las acciones que adelanta, detalló proyectos de inversión (en fase de estudio) en instalaciones de electricidad, dotación de estanques para proyectos piscícolas, y mejoramiento de algunas escuelas. El monto de la inversión en cuatro resguardos (Santa Rosita, Inda Guacaray, Inda Sabaleta, Piguambí Palangala) supera los 4.000 millones de pesos.

“Mientras cualquier gobierno municipal, departamental y nacional le deje la responsabilidad de desarrollo a la mata de coca, esto no va cambiar”, dice el gobernador Cortés Guanga. “A veces también sentimos frustración nosotros los adultos. Hemos luchado 31 años. Son innumerables las necesidades”, lamenta Gabriel Bisbicus.

En el cuarto congreso de la Unipa era evidente la alegría de los jóvenes cuando bailaban o hacían sonar la marimba y el tambor. Son fugaces los momentos en que viven la vida que quieren, y no la que impone la violencia armada. Aunque tienen una entidad de salud propia, casas de paso para los desplazados y talento para las artes, la Unipa no logra evitar el sufrimiento de los Awá: todavía algunos mueren de hambre, las mujeres sufren complicaciones en el parto, los resguardos quedan a oscuras por la noche y sus jóvenes se suman al narcotráfico.

Los líderes Awá temen convertirse en las próximas víctimas. “Yo me levanto de mi cama, me encomiendo a Dios, a los espíritus; y me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”, confiesa Javier Cortés Guanga con la voz entrecortada.