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Martes, 17 Septiembre 2019

No, hijo de Francisco Santos no falsificó su título de abogado

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Un artículo del portal Pluralidad Z retoma un informe de Caracol Radio y lo titula desacertadamente. Es cierto que el congresista Santos no se ha graduado de derecho, pero afirmar que falsificó el título es inexacto.

Hace dos semanas Caracol Radio publicó la primera entrega del informe “¿Mienten o no los congresistas en sus hojas de vida?”. Según el medio, “luego de revisar las hojas de vida de 278 congresistas, tanto privadas como públicas, 6AM Hoy por Hoy encontró inconsistencias en al menos 40”.

En esta primera entrega, la emisora reveló inconsistencias en la información académica de los congresistas Carlos Alberto Cuenca, Óscar Villamizar, John Jairo Cárdenas y Gabriel Santos García. Este último es el hijo del ex vicepresidente y actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.  

El portal Pluralidad Z retomó la información de Caracol radio y publicó, una semana más tarde, un artículo titulado: “Hijo de Pacho Santos terminó falsificando su título de abogado”.

Captura de pantalla

El primer párrafo del artículo dice: “Se descubrió que Gabriel Santos, el hijo de Pacho Santos (Francisco Santos Calderón), ostenta un título de abogado sin tener más que el de bachiller. Dicha noticia se descubrió después de una investigación rigurosa de varios funcionarios del gobierno donde se sacaron a luz sus títulos falsificados”. Y continúa mencionando el informe de la emisora. 

Esto fue lo que publicó Caracol Radio sobre Gabriel Santos: “En el portal del SIGEP [Sistema de Información y Gestión del Empleo Público] el representante Santos aparece como abogado, también dan a entender que tiene esa profesión su propia página web y Congreso Visible”. 

El informe continúa con una entrevista que le hicieron al congresista en la cual este señala que estudió nueve semestres de derecho en la Universidad de los Andes, pero nunca terminó la carrera y que después se fue un año a estudiar a la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. De ninguna de las dos instituciones obtuvo título alguno.

“Representante, ¿pero por qué en todos los perfiles que veo usted aparece como abogado junior… en el SIGEP?”, le pregunta el periodista. A lo que Santos responde: “No, yo presenté todo en el SIGEP, presenté los títulos y ahí está todo lo mío digamos hasta noveno”. 

“Pero también en su página web, en la página de Congreso Visible… dice que usted es abogado”, contrapregunta el periodista y el representante dice: “No, yo puse que estudié derecho. Sí trabajé en Gómez Pinzón Zuleta y en Holland and Knight. Lo que pasa es que ahí a veces le dan a uno ese título o de asistente o algo así”. Se refiere al cargo de asistente junior que aparece en la captura de pantalla que adjunta la emisora:

Érika Cepeda, monitora de investigación de Congreso Visible, le dijo a Colombiacheck que durante la pasada campaña al Congreso la organización desarrolló una investigación en la que se basó parte del informe de Caracol Radio. En esa primer investigación, Congreso Visible tomó datos de las páginas oficiales de los candidatos. 

Así quedó registrado en la página de Congreso Visible un párrafo en relación a los estudios de Gabriel Santos: “Decidí dedicarme a terminar mis estudios en derecho y posteriormente estuve vinculado a firmas de abogados, espacio donde trabajé en temas minero-energéticos”.

A excepción de este párrafo (que fue modificado y ahora dice “tengo estudios en derecho”), toda la biografía de Santos aparece en su página web tal cual como la tomó Congreso Visible.  

En una segunda etapa de la investigación de Congreso Visible, cuenta Cepeda, hicieron la actualización a través de entrevistas e información del directorio legal para realizar una base de datos. Y en esta base de datos, Congreso Visible no registra nivel educativo para el representante Santos. Esta fue la imagen de la misma que nos remitió Cepeda:

Por su parte, en el directorio legal de Gabriel Santos dice que no tiene títulos académicos.

Efectivamente el representante Santos da a entender que es abogado, porque indica que tiene estudios en derecho, pero no ha afirmado que los haya culminado y tenga el título. Y, hasta donde Colombiacheck pudo averiguar, no ha falsificado título alguno. En cualquier caso, de acuerdo con Érika Cepeda, no es requisito tener un título de universitario para ser congresista, “es más”, dice, “ni siquiera hay una clase de estándar mínimo de educación”.

De modo que calificamos la nota de Pluralidad Z como cuestionable, pues utiliza la información disponible para llegar a una conclusión errónea.

Miércoles, 01 Agosto 2018

La difícil pregunta sobre qué es la oposición

Por José Felipe Sarmiento Abella

Más que partidos tradicionales que “se hicieron los locos” desde 1991 para aprobar el Estatuto de Oposición (como tuiteó Piedad Córdoba), hubo más de una decena de iniciativas que fracasaron por falta de consenso.

Después de que el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Estatuto de la Oposición el 9 de julio, la exsenadora Piedad Córdoba lo calificó como “democrático y saludable”. Aun así, no desperdició la oportunidad para señalar que este “nació con la Constitución del 1991, [pero] los partidos tradicionales se hicieron los locos durante 27 años porque no les convenía”.

 

 

En efecto, el artículo 112 de la Carta aprobada entonces decía que “los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas”. Acto seguido, les reconocía a estos partidos una serie de derechos como el acceso a información oficial, el uso de medios de comunicación, la réplica ante ataques públicos y la participación en organismos electorales.

El texto también planteaba que las minorías políticas del Congreso, las asambleas y los concejos debían tener participación en las mesas directivas de esos cuerpos colegiados. Y en la última frase prometía una ley estatutaria que regularía en detalle todas esas garantías, una norma que salió apenas este año, como bien lo señaló Córdoba. No obstante, su afirmación resulta inflada porque sí hubo intentos previos de reglamentación, aunque hayan fracasado.

La reforma

El artículo constitucional en cuestión fue modificado con la reforma política de 2003. Esta especificó que, para que un partido fuera considerado de oposición, debía declararse como tal y no bastaba con estar excluido del Gobierno. Segundo, redujo las restricciones legales, que en principio aplicaban para todos los derechos mencionados, y quedaron solo para el acceso a información oficial reservada.

Otro cambio que introdujo esa reforma fue que el acceso a medios de comunicación quedó limitado a los del Estado, mientras que el texto original incluía también a los medios privados. En cambio, amplió el derecho de réplica al quitarle el complemento que lo hacía procedente solo “frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios”. Además, fue eliminada la participación de la oposición en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.

Pero la promesa de expedir el estatuto se mantuvo al final del párrafo del artículo constitucional. Y, de nuevo, aunque el estatuto solo se materializó 27 años después de la Constitución y 15 después de esta reforma, sí se intentó hacerlo antes.

Los intentos fallidos

Desde 1993, según la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria que dio origen a la norma que acaba de firmar Santos, se intentó aprobar en 11 intentos diferentes. Los primeros vinieron de partidos opositores o alternativos.

El senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda presentó el primer proyecto en 1993. La representante de la Alianza Democrática M-19 por el Atlántico, Janeth Suárez, radicó otro en 1995. Ambos fracasaron.

Pero los partidos tradicionales también intentaron aprobar un estatuto de la oposición, con los mismos resultados. Tres de esas iniciativas surgieron del Partido Liberal, una de esas del gobierno de Ernesto Samper.

El ministro del interior de 1995, Horacio Serpa, trató sin éxito de pasar una. Otro intento liberal fue el de la representante vallecaucana Yolima Espinosa, quien radicó otra propuesta en 1993 y repitió en 1997. La senadora liberal Viviane Morales también fracasó con la propuesta que presentó en 1998. Ese año el partido incluso se unió con Cambio Radical, cuando esta colectividad estaba recién creada, para poner sobre la mesa otra alternativa de estatuto y tampoco funcionó.

Otros proyectos surgieron de acuerdos entre partidos alternativos y tradicionales. Fue el caso del que planteó el senador Jimmy Chamorro por el partido Compromiso Cívico Cristiano (C4) en 1996, que se unió con otra iniciativa similar de la representante Espinosa. Lo mismo fue el de una propuesta que 80 congresistas de diferentes bancadas prometieron apoyar en 2004. Pero ni así consiguieron la aprobación. Chamorro hizo su segundo intento, también fallido, en 1997.

La propuesta perdida más reciente fue la de la senadora Elsa Gladys Cifuentes, del Partido de La U, en 2008. En esa ocasión fue ella misma quien retiró la iniciativa cuando apenas empezaba su trámite en el Legislativo.

La pregunta difícil

Para el politólogo Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, la causa de esta serie de fracasos es más compleja que el planteamiento de Córdoba. Para el académico, una de las principales razones es la “falta de claridad” sobre el concepto mismo de oposición. “Eso ha dificultado un consenso sobre el tema”, asegura.

La pregunta por la definición de la oposición fue incluso una de las principales discusiones en torno al proyecto recién aprobado. Por ejemplo, para algunos sectores, la oposición se limita a los partidos políticos que se declaran públicamente en contra del Gobierno de turno. Otros pretendían que las garantías aprobadas cobijaran también a movimientos y organizaciones sociales de base.

Pero además, Basset recuerda que Colombia tiene un patrón histórico de escasa o nula oposición, incluso desde antes del Frente Nacional (el acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder entre 1958 y 1974 para darle fin a la violencia interpartidista de mediados del siglo XX). Los presidentes han gobernado con grandes coaliciones en el Legislativo frente “pequeñas minorías, (...) que no son lo mismo que oposición”, explicó el docente.

Advirtió que, de hecho, en los países donde sí hay una oposición más desarrollada, no existen estatutos al respecto. Pero reconoció que lo que busca esta ley, entre otras cosas, es precisamente darles garantías a ciertos grupos políticos “para que no los maten”, debido al antecedente que existe con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político nacido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc en 1984 al que le asesinaron más de 3.000 integrantes y simpatizantes.

Basset explicó que fueron esos “debates interminables” sobre qué debería considerarse oposición los que demoraron casi tres décadas la creación del estatuto, “más que un gobierno totalmente cerrado” a aprobarlo.